Condenan al Estado por asesinato de militante de la Unión Patriótica

“Si hay una cuestión de reparación yo digo que hagan una escuela con el nombre de mi hermano. Él soñaba con una escuela agraria. Él luchó por eso. Soñaba con hacer una carrera política. Soñaba con ver a su gente bien. Soñaba con ver a los campesinos con sus tierras. Era el sueño de una persona que piensa por el prójimo”.

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) sabía de las amenazas en contra del dirigente de la Unión Patriótica y presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores de Bolívar Alberto Bravo Lara.

A mediados de 1993 el sindicalista había denunciado que su vida corría peligro, sin embargo, el DAS no hizo siquiera un estudio de riesgo para esclarecer si esto era verdad o no. Las amenazas se hicieron realidad el 28 de febrero de 1994. Alberto Bravo Lara fue asesinado por desconocidos cerca del cementerio de Magangué (Bolívar).

Veintitrés años después el Estado es condenado por negligencia a través de un fallo del Consejo de Estado. Aunque la familia de Bravo siente que la decisión del Consejo hace algo de justicia, aseguran que la Fiscalía no ha hecho nada para dar con los responsables de este crimen.

El hermano de Alberto, Pascual Bravo Lara, recuerda que al sindicalista le pedían con frecuencia que se fuera de Magangué. Temían por su vida. Incluso un gerente del Incora –hoy Incoder– le dijo que se marchara. Pero el sindicalista quería tanto su pueblo que siempre les respondía que si lo iban a matar, lo mataban en Magangué.

Tras su muerte, su madre Gloria se quedó sin el apoyo de su hijo y Carlos, su padre, se echó a la pena y se dejó morir en manos de la tristeza. Pascual se quedó con el recuerdo de su hermano. “Alberto quería estudiar Derecho. Hubiera podido ser un gran dirigente. Era aguerrido, sencillo y muy inteligente. Su afición eran los libros. No dejó nada sino libros. Eran cinco cajas grandes de libros. Apenas pude rescatar dos porque un tío mío quemó las demás por el ambiente que se vivía. Alberto los leía todos. Yo todavía encuentro sus subrayados y cuando ocurre eso me llena de recuerdos”.

“Si hay una cuestión de reparación yo digo que hagan una escuela con el nombre de mi hermano. Él soñaba con una escuela agraria. Él luchó por eso. Soñaba con hacer una carrera política. Soñaba con ver a su gente bien. Soñaba con ver a los campesinos con sus tierras. Era el sueño de una persona que piensa por el prójimo”. Pascual recuerda con tristeza que cuando fue a interponer la denuncia por la muerte de su hermano un fiscal le dijo que “para qué se iba a poner en esas”, que Mejor dejara las cosas quietas. “Decidimos dejarlo a la cuestión de Dios”.

Finalmente no fue la justicia divina sino el Consejo de Estado el que movió el caso. En un reciente fallo conocido por El Espectador esa corporación condena al Estado por la negligencia del DAS, señalando que la entidad hizo caso omiso a las denuncias y no tuvo en cuenta que la condición de Bravo Lara de sindicalista y dirigente de la Unión Patriótica merecían que, por lo menos, se le hicieran estudios para saber si su vida corría riesgo o no.

Esa corporación cita cifras del Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia para mostrar la magnitud del problema que encarna la violencia contra los sindicalistas.

“Cerca de 979 sindicalistas fueron asesinados entre el año 2000 y el 2011. Algunas ONG hablan de 2863 sindicalistas asesinados entre 1986 y 2011. Las personas dedicadas a actividades sindicales son identificadas como un grupo poblacional especialmente susceptible a la victimización por parte de los grupos armados a quienes les resultan molestos o disfuncionales (…) Vale recordar, además, que la región donde ocurrió el asesinato ha sido tradicionalmente marcado por las acciones derivadas del conflicto armado”, indica el Consejo de Estado.
Con este panorama concluyó que “El DAS debió desarrollar actividades tendientes a cumplir con su función de protección y tomar acciones que permitieran evaluar, por lo menos, la situación de la víctima, la seriedad de las amenazas en su contra y su nivel real de riesgo de ser objeto de un atentado. Sin embargo en el plenario no obra ni una sola pieza de material probatoria que acredite la ejecución de actividad alguna de averiguación o protección sobre la persona de Alberto Bravo Lara por parte del DAS. Esa entidad, incluso, pretende salvar su responsabilidad con la afirmación de nunca haber recibido la denuncia por parte de la Procuraduría cuando ello es desvirtuado por los documentos que fueron allegados al proceso por el Ministerio Público. Por lo tanto la Sala considera que el DAS no actuó conforme a los deberes que le fueron impuestos”.

Alberto Bravo Lara es uno de los cerca de 1400 miembros de la UP y 900 sindicalistas que, según las cifras más conservadoras, fueron asesinados.

Pascual se toca el pecho y dice que no ha olvidado a Alberto que para él no está muerto. “Yo pienso que la paz es necesaria”. Y aclara: “Hay que perdonar pero no olvidar”.

Por: Redacción Judicial

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-431258-el-militante-de-up-murio-negligencia-del-das