“Con software incompleto y sin auditoría” Laura Gil

Una persona, un voto, un voto contado. Ésa es la regla de oro de las elecciones.

En 2018, el Consejo de Estado consideró “de suma importancia que se adopten las medidas necesarias para que, en los procesos subsiguientes que se adelanten en todo orden, la Organización Electoral cuente con toda la infraestructura propia, completa y necesaria”, incluyendo el “software de escrutinios propio y soporte técnico especializado que vigile y controle el aplicativo a utilizar”. Le preocupaba que los códigos fuente de los programas utilizados permanecieran cerrados a auditorías de las autoridades electorales.

La Organización Electoral está compuesta por la autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, el brazo logístico. Ésta última está encargada de toda la contratación.

El Registrador, Alexander Vega, dividió los contratos de software de los comicios en dos: uno que cuenta y transmite los votos desde lo zonal a lo departamental, y otro que totaliza los resultados de 32 departamentos, Bogotá y los colombianos en el exterior.

El Estado no es el dueño del primero. Una unión temporal liderada por la firma Thomas Greg and Sons recibió un contrato de prestación de servicios para “la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2021 y 2022”, incluyendo la administración del software. Serán ellos los que entreguen los resultados del preconteo, tal como lo han venido haciendo durante décadas.

El segundo sí pertenece al Estado. Sirve para consolidar los resultados finales, una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. La Registraduría llamó a licitación: en la primera ronda, nadie se presentó; en la segunda, la empresa española INDRA  fue la única proponente. El contrato se adjudicó en los últimos días de 2021.

Nada con tanta premura puede salir bien. Sólo el 5 de marzo INDRA entregó a la Registraduría los códigos fuente del software de escrutinio, que aún no ha sido remitido al Consejo Nacional Electoral, su destinatario final. El software no ha sido finiquitado y continúan las pruebas.

Miembros del Consejo Nacional Electoral estiman que el registrador Vega incumplió la orden del Consejo de Estado por dos razones: uno, la totalidad de los paquetes informáticos no pertenece al Estado; dos, a tan solo cuatro días de los comicios, el Consejo Nacional no lo tiene ni lo ha probado.

La Registraduría reconoce que el software está en afinamiento, confirma también que la autoridad electoral no dispone de él todavía y recuerda que el escrutinio del Consejo Nacional Electoral inicia una semana después de los comicios. Tanto Alexander Vega como los técnicos no tienen la menor duda de que INDRA responderá conforme a las expectativas y piensan que hay tiempo suficiente. Los comicios no están en juego, insisten.

Software funcional sí hay, así esté en etapa de perfeccionamiento, y resultados finales sí arrojará. Pero no está aún donde debe estar ni ha sido analizado por actores independientes con detenimiento.

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral reclamaron en sucesivas comunicaciones al registrador Vega una auditoría externa.

El registrador anunció, primero, que una universidad pública sería contratada vía la Organización de Estados Iberoamericanos para ello. Precisó ahora que no se pudo avanzar. Contrató, entonces, a la firma JAH MacGregor para realizar una auditoría del proceso electoral entero. Según los técnicos de la Registraduría, MacGregor hará auditoría del software de INDRA sobre la marcha. No alcanzará a terminarla para esta parte del ciclo electoral.

Una auditoría exige revisión de hasta 200.000 líneas de código de programación con equipos de expertos en protección de la confidencialidad del voto, transmisión, transparencia, identificación y demás. Así se hizo en Venezuela con técnicos especializados y en presencia de todos los partidos políticos. Se realizó durante seis semanas con 24 sesiones de seis horas cada una. Hasta la oposición reconoció la robustez del sistema electoral. La destrucción de la democracia en Venezuela, en acelerada profundización, no pasó esta vez por la autoridad electoral.

Una auditoría como la de Venezuela es lo que necesitamos. Paradójico, ¿no?

Fuente: Con software incompleto y sin auditoría | Cambio Colombia