Con ley santista se aseguran negocios en Cacarica
La ley de infraestructura.
El gobierno Santos sancionó a finales de noviembre la ley de infraestructura para tener manos libres esquivando entre otras la Consulta Previa de comunidades negras e indígenas y acelerando procesos de adquisición de predios para posibilitar el desarrollo de cinco megaproyectos carreteables.
Según manifestó, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, a Portafolio, con la ley el presidente despejará las trabas “tanto en Ruta del Sol como en la Transversal de las Américas, especialmente en Urabá y Córdoba, se requieren expropiaciones y licencias ambientales que se van a poder obtener más rápidamente”. (http://www.portafolio.co/economia/destrabaran-5-megaproyectos-ley-infraestructura).
Como se recordará, la mega obra de la antigua carretera panamericana, hoy llamada Transversal de la Américas, se enfrenta a la exigencia de las comunidades negras de Cacarica asociadas en CAVIDA de respeto a sus derechos
Estas comunidades han alegado ante el gobierno de Uribe y Santos, la empresa ODINSA y Tribunales nacionales, el desconocimiento de su derecho a la Consulta Previa y la ausencia de un informe de impacto socio ambiental por los daños irreparables a ecosistemas y riqueza biológica pues la obra atraviesa su territorio y el parque Natural Nacional de los Katíos.
(https://www.justiciaypazcolombia.com/Comunidades-demandan-contrato-de)
Para inversionistas privados y las llamadas locomotoras del desarrollo, la Consulta Previa, se ha convertido en un obstáculo.
Es más, las Consultas Populares realizadas como un ejercicio legitimo y en derecho propio de las ciudadanos se han convertido en una manifestación conciente de objeción y de reparos sustanciales a este tipo de proyectos.
A raíz de la última consulta ciudadana realizada en Tauramena en que mayoritariamente se rechaza la, exploración petrolera de la estatal Ecopetrol, Santos expresó en el diario El Espectador su pensar sobre esta expresión directa de participación. “esas consultas son ilegales y no tienen ningún efecto legal”
Así pocos esperan en Cacarica que el presidente Santos respete su decisión de objetar la realización de la obra como es el resultado de la Consulta Interna con mecanismos de participación y control democráticos en que los integrantes de CAVIDA objetan el desarrollo de esta obra.
Uno de los hechos que se destacan en el contrato vial es que además de desconocer derechos fundamentales y ambientales, parte de las tierras tituladas les son sustraídas para entregarlas a ODINSA.
Según el contrato, el consorcio podría implementar proyectos hoteleros y de servicios en el territorio colectivo, entre otros, a partir de la ejecución de la obra carreteable. .
El Tribunal de Cundinamarca ante el que CAVIDA interpuso la acción popular contra el consorcio Vía de las Américas SAS, expresó que “el desarrollo del proyecto está sujeto a diagnósticos ambientales de las autoridades pertinentes, las cuales han demostrado actuar de manera ajustada a la ley y sobre todo han señalado la imposibilidad de adelantar el tramo Palo de Letras – Cacarica – Lomas Aisladas”.
Este concepto sería invalidado con las potestades que la ley concede al presidente que obraría de manera abierta a favor de los intereses empresariales.
Un consorcio con mucho poder.
El Consorcio Vías de las Américas SAS está constituido por las empresas ODINSA, Valorcon y Construcciones Cóndor.
La concesión fue otorgada a estas empresas días antes de terminar el segundo período de gobierno de Uribe con una serie de cuestionamientos. Otros proponentes indicaron que el proceso carecía de transparencia.
El Consorcio tiene adjudicado hasta la construcción de un Puente que atravesaría el Atrato e incluso con la obligación de un estudio de impacto ambiental. Sin embargo, el estudio de impactos no fue prerequisito para la concesión lo que de suyo vulnera los derechos de la población.
Uno de los accionistas mayoritarios de ODINSA es William Vélez Sierra. Este empresario del círculo de Álvaro Uribe Vélez, está investigado por vínculos con paramilitares en negocios como el de las basuras en la Costa Atlántica.
Mandos exparamilitares extraditados en los Estados Unidos han indicado que éste empresario sería uno de los beneficiarios del despojo violento al que le habrían aportado más de 100 mil hectáreas de tierra.
Vélez Sierra desarrolla diversas actividades negocios con los hijos de Álvaro Uribe Vélez, según informan medios colombianos.
Una de los grupos económicos afectados con el programa “Bogotá Humana” es el de Vélez Sierra, lo que ha llevado a señalar a algunos analistas, que este es uno de los empresarios beneficiados con la destitución contra derecho decidida por el Procurador Ordóñez.
El rescate de lo público frente a los intereses privados en el tema de las basuras ha sido una de las razones de fondo de la destitución de Petro.
Las relaciones de Vélez Sierra también son cercanas con el actual mandatario, por lo menos eso se puede deducir de su relación en ODINSA. Juan Manuel Santos hasta 2007 figuraba como accionista de esta empresa. (http://www.contagioradio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4080:tierra-y-territorio-el-primer-punto-de-la-agenda-de-paz&catid=8:otra-mirada&Itemid=2)
Así las cosas, los padrinazgos de Vélez Sierra están a la medida de los intereses que se ocultan detrás de la ley de infraestructura.
El emporio de ODINSA ha logrado gran renombre y concesiones en diversos países de América dada los sectores poderosos que le respaldan.
Una región con la violencia viva.
En el caso de La Transversal de las Américas, el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Cacarica en 2007, con expertos internacionales, concluyó que la anunciada obra desde hace más de veinte años ha acelerado los procesos de violencia contra estas comunidades.
Por el territorio de Cacarica donde se desarrollará la obra, la brigada 17 del ejército comandada por el general Rito Alejo Del Río junto con paramilitares desarrollaron la operación “Génesis” en medio de la que asesinaron al afro colombiano Marino López, y desplazaron a afrodescendientes y mestizos de esas comunidades .
Este caso se encuentra hoy en espera de resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde “Génesis” hasta hoy más de 89 personas de estas comunidades han sido asesinadas y desparecidas.
En estos territorios luego del desplazamiento forzado en 1997, en medio de una base paramilitar, la empresa Maderas del Darién, hoy propiedad del grupo Sarmiento Angulo, desarrolló operaciones extractivas inconsultas.
Posteriormente, la llamada Casa Rendón Herrera, pretendió desarrollar el proyecto agroindustrial a través de Multifruits Ltda con la multinacional Del Monte.
Desde 2010 se han intensificado operaciones paramilitares de control con amenazas, saboteo, bloqueo económico, retenciones y cobros a los integrantes de estas comunidades, entre otros, en uno de los puntos por los que atraviesa la obra carreteable.
En la región las operaciones militares de la brigada 17 y de la guerrilla de las FARC EP son frecuentes.
Escollos, al decir de los inversores y contratistas, como los ambientales y los procesos de Consulta, serán de fácil remoción con los poderes especiales que la ley sancionada otorga al presidente Santos. Aspecto de fondo al que se agrega que con la militarización del territorio se asegurar la inversión.
Bogotá, D.C. 26 de diciembre de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz