Comunidades en Retorno al Cacarica

A menos de un mes de conmemorarse los cuatro años del desplazamiento forzoso de los habitantes del Bajo Atrato Chocoano, entre otros los de la Cuenca del Cacarica, a raíz de la operación Génesis desplegada desde la Brigada XVII en coordinación, apoyo y participación de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas, en una acción militar sin precedentes en la región, que combinó un operativo por agua, por tierra y por aire con bombardeos indiscriminados, asesinatos y amenazas, las estructuras criminales que desarrollaron la sistemática e integral violación de los derechos humanos de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, se encuentran incólumes.

Bogotá, febrero 05 del 2001

Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

Doctor
GUSTAVO BELL LEMUS
Vicepresidente de la República

Doctor
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA
Ministro del Interior

Doctor
ROMULO GONZALEZ TRUJILLO
Ministro de Justicia y Derecho

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Vice Fiscal General de la Nación

Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

Doctor
EDUARDO CIFUENTES
Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Comunidades en Retorno al Cacarica.

Reciban un respetuoso saludo.

A menos de un mes de conmemorarse los cuatro años del desplazamiento forzoso de los habitantes del Bajo Atrato Chocoano, entre otros los de la Cuenca del Cacarica, a raíz de la operación Génesis desplegada desde la Brigada XVII en coordinación, apoyo y participación de los paramilitares de las Autodefensas Campesinas, en una acción militar sin precedentes en la región, que combinó un operativo por agua, por tierra y por aire con bombardeos indiscriminados, asesinatos y amenazas, las estructuras criminales que desarrollaron la sistemática e integral violación de los derechos humanos de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, se encuentran incólumes.

A los más de 80 asesinados y desaparecidos durante los meses de exilio interno, a la impunidad en que se encuentran estos crímenes y a la libertad que gozan los responsables del desplazamiento forzoso, a los incumplimientos humanitarios que golpean con crudeza a la población más vulnerable, le continúa acompañando una campaña de amenazas y de intimidación desde el caserío de Tumaradó, sin que desde hace 10 meses se hayan tomado medidas eficaces, prontas, oportunas para evitar nuevos daños y destrozos irreparables, se desmonte dicho retén y se realicen actuaciones de fondo en los centros de decisión en la región, desde los que se dirigen y planean los daños y atentados irreparables contra las comunidades, haciendas y lugares donde los victimarios, sin ningún reato, realizan decenas de entrevistas con periodistas nacionales e internacionales, encuentros con personalidades de la vida nacional, políticos, ganaderos sin que las autoridades hayan por lo menos, en lo que se conoce, realizado algún operativo tendiente a hacer cumplir las decisiones de algunos jueces.

Hoy nuevos hechos ocurridos en el retén de Tumaradó nos indican la actitud omisiva, permisiva, cuando no cómplice con los paramilitares que han iniciado nuevamente como hace más 55 meses el bloqueo económico a través de un control riguroso contra la población y sus bienes de comercialización, el impedimento a la libre circulación, la negación del derecho a la alimentación y al trabajo.

* El miércoles 27 de diciembre a primera hora de la mañana una embarcación tipo chalupa que transportaba rastras de madera canime y olleto de las comunidades indígenas, fue retenida por los paramilitares en el caserío de Tumaradó. Allí los hombres vestidos de civil y con armas cortas obligaron a los indígenas a entregar la carga, los detuvieron por varias horas, los amenazaron y les manifestaron que tampoco iban a dejar circular la cosecha de maíz. Los paramilitares les expresaron: “nada pueden entrar ni sacar sin nuestra autorización”. Los acusaron de auxiliar a la guerrilla y les recordaron que ellos iban a entrar al Cacarica.

Ese mismo día en la tarde a un grupo de campesinos les quitaron varios de los productos de primera necesidad como aceite y sal, que transportaban de Turbo a sus veredas.

* Lunes 1 de enero: a la altura de Sautatá un remolcador de maderas del Darién es visto hacia las 15.30 horas aproximadamente arrastrando más de un centenar de tucas de Madera de cativo, al parecer extraído ilegal e irracionalmente de la vereda conocida como La Balsa, comunidad que se encuentra cobijada con los títulos colectivos de Comunidad Negra del Cacarica 70. Esta embarcación no fue detenida a su paso por Tumaradó a pesar de que los paramilitares allí se encontraban.
* El martes 2 de enero, una embarcación que salió con unas rastras de madera desde el Cacarica hacia Turbo fue detenida por los paramilitares en el retén que tienen en Tumaradó. A sus pasajeros, campesinos mestizos y algunos afrocolombianos, los detuvieron por varias horas y los señalaron afirmando que el producto era de la guerrilla. Luego de robarles la carga les dijeron que no iban a respetar la sacada de maíz si no contaban con su autorización; anunciaron que iban a entrar al Cacarica

* El jueves 11 de enero aproximadamente a las 6:00 horas, fue detenida por los paramilitares cuando seguía su ruta del Cacarica a Turbo una chalupa de campesinos de las comunidades negras. Al evitar el retén paramilitar, tres hombres armados de civil y con armas cortas se subieron a una panga rápida interceptaron la chalupa de los campesinos, obligándolos a regresar al caserío de Tumaradó. Allí les hicieron desembarcar algunos productos de pan coger y toda la madera de pino que llevaban. Hacia las 10:00 hora local, luego de haberlos interrogado, de intimidarlos, de acusarlos de ayudar a la guerrilla les dieron la orden de seguir su camino a Turbo.

* El domingo 21 de enero a eso de las 16:00 hora local estos mismos campesinos cuando regresaban al Cacarica fueron detenidos por más de una hora. Los paramilitares los volvieron a detener, los presionaron para que se devolvieran a Turbo porque ellos no respondían. Luego de amenazarlos y acusarlos les ordenaron seguir al Cacarica.

Entre los paramilitares que desde diciembre se encuentran en Tumaradó hay dos de tez negra, uno de nombre GILBERT y su hermano, otro apodado “Cepillo”, y otro de nombre JOSE LUIS.

A pesar de la solicitud de las medidas cautelares de la O.E.A. desde febrero de 1997, de la conformación de una Comisión Mixta de Verificación desde abril de 1998 -con la participación de los organismos de Naciones Unidas, de observadores internacionales y de una embajada acreditada en nuestro país-, de decenas de reuniones al más alto nivel , de la firma de acuerdos entre el gobierno nacional y la comunidad del Cacarica (Dic-99), de las decenas de Constancias y Censuras Morales, no se han tomado las medidas de fondo que contempla la misma Política de Derechos Humanos del actual gobierno en uno de cuyos apartes reza: “la política nacional contra los grupos de Autodefensas es una Política de Estado. Se adelanta a partir de dos ejes complementarios: el primero, tendiente a combatir de manera directa y efectiva sus acciones y el segundo, de carácter disuasivo, dirigido al desmantelamiento de los factores que inciden en el surgimiento y desarrollo de tales grupos” p. 17.

Entre tanto continúa siendo evidente en la tensa conflictividad de la región, que las acciones criminales que desde hace cuatro años se realizaron por el Estado, como lo reconoció una funcionaria del gobierno en un foro público en Bogotá, amparadas en la “oscuridad” y la impunidad en que se encuentran los desplazadores y los victimarios han consolidado el desarrollo de las estructuras paraestatales durante estos 48 meses. Por eso hoy continúan los retenes en distintos puntos del Atrato, se desarrollan nuevos mecanismos de control y de restricción con la actuación de las mismas autoridades, se producen nuevas formas de bloqueo económico, nuevos mecanismos de señalamientos y de estigmatización de las comunidades, nuevas formas de perpetración de los crímenes, como lo muestran los atentados en Buenavista, Curvaradó (Enero 15), El Abierto, Caño Pedeguita (Enero 19) y Bella Flor Remacho (Enero 27), este último según un informe de la Personería Municipal. Los dos primeros hechos de los que se tiene mayor conocimiento expresan el cinismo con que los victimarios ejecutan sus crímenes, sin el mínimo de recato y de sensibilidad humana. Ahí está la manifiesta erosión del Estado de Derecho.

La novedosa ronda paramilitar en los límites del Bajo Atrato y Medio Atrato, aparece como menos grave aunque igualmente barbara pues se trata de matar o herir a quien sea, lo importante es el terror, la destrucción de las propuestas que las comunidades construyen. Ronda silenciosa, para que el terror ataje circularmente a las pequeñas comunidades, para que no se diga mucho, para que no se conozca la erosión del Estado de Derecho y su sustitución por el Paraestado.

A lo largo de estos 47 meses de desplazamiento, de un año de un retorno aún no culminado, es manifiesto que el derecho a la verdad y el derecho a la justicia han sido negados de fondo por la inoperancia de los aparatos de justicia, por las evidentes omisiones para enfrentar, combatir, indagar, perseguir, sancionar las responsabilidades institucionales estatales e individuales en el desplazamiento, en el bloqueo económico que le precedió, en los crímenes cometidos y los que aún se cometen. Justo por la ausencia de justicia, las omisiones, las complicidades, las articulaciones, las estructuras que así se crean, hoy los paramilitares alardean de sus crímenes, se jactan de su poder, se consolidan en sus bases de Necoclí, de Santa María, de San Pedro de Urabá, de Lomas Aisladas, del Tomate, de Valencia, de Mutatá, de Bajirá, de Zapzurro, de Santa Catalina.

Evidentemente nada habría ocurrido ni estaría ocurriendo si se hubiera impartido justicia, si el Estado hubiera adoptado con firme voluntad las mismas formulaciones que han plantean en las políticas de derechos humanos, si tal vez se hubieran acogido con voluntad las recomendaciones de la comunidad internacional, si se hubiera perseguido y desmontado el andamiaje irregular, paralelo inspirado en las Doctrinas de la Seguridad Nacional, todo esto sería distinto.

Ante ustedes nuestra expresión de Censura Moral ante los daños irreparables contra la vida de campesinos de la región, ante las amenazas existentes contra las comunidades del Cacarica conocidas por todos ustedes y ante las cuales nada absolutamente nada se ha hecho, pues las expresiones fácticas y verbales así lo expresan, los crímenes anunciados están por venir, se están preparando. Y esos signos, nos muestran las protuberantes omisiones con que el Estado está actuando, pues desde hace 10 meses, todo lo que se ha podido conocer del retén de Tumaradó es de su conocimiento, pero no hay acciones ni preventivas ni coercitivas, todo sigue igual y está en crescendo. Ahora no se argumenta la ausencia de presupuestos para enfrentar estas estructuras, se argumenta que los “vándalos” son muy hábiles, o se argumenta que no es posible asumir la

responsabilidad. Todas las argumentaciones más que excusas expresan, no los temores sino, la voluntad omisiva que es una expresión de apoyo o de respaldo, de anuencia y de complacencia.

De toda consideración,

COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ

c.c.: Comunidad Internacional