Comunidades del Cacarica

El 28 de febrero culminó la tercera y última etapa de retorno de las comunidades del Cacarica luego de 96 meses de persistente, tozuda y terca decisión de las familias de sostener su proceso comunitario, a pesar de los asesinatos y desapariciones sufridas en este cuatrienio, de los hostigamientos y señalamientos, de la crisis humanitaria por los incumplimientos en materia alimentaria y salud, de las muertes ocurridas por la desnutrición, del inicio del retén paramilitar en Tumaradó desde el que anunciaron, durante un año, su ingreso a los asentamientos de retorno y desde donde se inició el bloque económico contra todos los habitantes de la zona, comunidades étnicas indígenas y afrocolombianos.

Bogotá, abril 10 del 2001

Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República

Doctor
GUSTAVO BELL LEMUS
Vicepresidente de la República

Doctor
ARMANDO ESTRADA VILLA
Ministro del Interior

Doctor
ROMULO GONZALEZ TRUJILLO
Ministro de Justicia y Derecho

Doctor
ALFONSO GOMEZ MENDEZ
Fiscal General de la Nación

Doctor
JAIME CORDOBA TRIVIÑO
Vice Fiscal General de la Nación

Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación

Doctor
EDUARDO CIFUENTES
Defensor Nacional del Pueblo

Ref: Comunidades del Cacarica

Reciban un respetuoso saludo.

El 28 de febrero culminó la tercera y última etapa de retorno de las comunidades del Cacarica luego de 96 meses de persistente, tozuda y terca decisión de las familias de sostener su proceso comunitario, a pesar de los asesinatos y desapariciones sufridas en este cuatrienio, de los hostigamientos y señalamientos, de la crisis humanitaria por los incumplimientos en materia alimentaria y salud, de las muertes ocurridas por la desnutrición, del inicio del retén paramilitar en Tumaradó desde el que anunciaron, durante un año, su ingreso a los asentamientos de retorno y desde donde se inició el bloque económico contra todos los habitantes de la zona, comunidades étnicas indígenas y afrocolombianos.

Hoy , cumplido un mes de culminado el retorno, los indicios de las amenazas de masacrar, no cumplidas en diciembre, se vuelven a repetir. A través de diversas fuentes reunidas en el casco urbano del municipio de Riosucio, en el corregimiento de Piedrecitas, municipio de Turbo y en el municipio de Unguía se conocieron versiones que expresan nuevamente el riesgo de daños irreparables y atentados contra las comunidades del Cacarica por parte de las estructuras paramilitares.

• El jueves 1 de marzo a las 15.00 horas, el teniente BALLEN se presentó a la Casa Misionera de nuestra Comisión en Turbo, vestido de civil en una moto sin placas, solicitando información a la misionera presente en el lugar, sobre los tres retornos del Cacarica, sin dar explicación del por qué requería dicha información.

• El lunes 5 de marzo en horas de la tarde, nuestra Comisión convocó a una reunión extraordinaria de la Sub Comisión de Protección de la Comisión Mixta de Verificación que acompaña a la Comunidad del Cacarica, pues se conoció una versión inicial de que existían problemas de orden público en la región, tanto para esta comunidad como para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, según expresó el Coronel CASTILLO en una comunicación escrita dirigida a Peace Brigades International (PBI), fechada el 2 de marzo. Nuestra Comisión solicitó vía telefónica, además, a la Vice Presidencia de la República y al Ministerio del Interior –Unidad de Derechos Humanos- se aclarara dicha situación, pues preocupaba altamente lo que pudiese ocurrir con la población de ambas comunidades.

A eso de las 19:00 horas, las entidades gubernamentales en reunión en la sede de nuestra Comisión, nos expresaron que el Comandante de la Brigada XVII, el General RODRIGUEZ LAVERDE les manifestó, que todo en la región estaba normal. Agregaron que el Coronel CARLOS CASTILLO, Jefe del Grupo Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, indicó que respondería por escrito a la solicitud de aclaración que el gobierno había solicitado acerca de que “en las comunidades de Paz de San José de Apartadó y las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad de la Cuenca del Cacarica, a concepto del Ejército Nacional me permito informarle, que debido a la delicada situación de orden público en la citada región, plenamente conocida por ustedes – refiriéndose a PBI-, no es recomendable visitar dicha zona del país – “

• El Jueves 8 de marzo, en horas de la tarde, un grupo de desplazados procedió a encadenar la embarcación “Nueva Vida” de propiedad de nuestra Comisión, al servicio de la Comunidad en retorno al Cacarica que se encontraba en el Puerto de Turbo.

• El viernes 9 de marzo, al lado de este grupo de personas, cuatro integrantes de los paramilitares permanecieron custodiando la embarcación, mientras agentes de la Policía de Turbo desarrollaban su guardia normal.

• En la segunda quincena de febrero, dos milicianos de las FARC – EP, Frente 57, uno de ellos conocido por el apodo de “Chivirico”, desertaron de sus filas y se dirigieron al casco urbano del municipio de Riosucio huyendo por uno de los afluentes del río Salaquí. Desde ese momento, los milicianos se incorporaron a los paramilitares de las “Autodefensas Campesinas” circulando por las calles principales del casco urbano de este municipio, y en todas las áreas del comercio a la vista de todas las autoridades, y transportándose en las pangas que navegan por el río Atrato.

Entre el 5 y el 11 de marzo los ex – milicianos, junto con un grupo de paramilitares ingresaron sobre el río Salaquí cuando se presentó un enfrentamiento con milicianos de las FARC- EP. De estos hechos se desconocen oficialmente los resultados, aunque algunas versiones indican que en esta confrontación la insurgencia armada tomó de los paramilitares varios motores fuera de borda, radios de comunicación, cartuchos y granadas; no se sabe de heridos o de víctimas entre los combatientes.

Mientras se presentan indicios de una nueva ofensiva paraestatal diseñada para la región del Urabá y el Atrato a través de bloques militares, como están actuando en otras regiones del país, y la persecución en caliente como se realiza en las zonas fronterizas de Ecuador y Panamá, se verificó el desmonte temporal del retén paramilitar en Tumaradó y la planeación de una incursión militar a los asentamientos “Nueva Vida” y “Esperanza en Dios” .

• Desde el Martes 20 de marzo y hasta la fecha, diversos pobladores del bajo Atrato han observado la navegación más recurrente y pública de paramilitares desde Riosucio hasta el sitio conocido como El Cuarenta, al que se ingresa por el río Tumaradó, donde se encuentra una base paramilitar; desde Riosucio hasta Unguía y Santa María La Antigua del Darién; desde Riosucio a Pedeguita o desde Riosucio a Turbo o Necoclí, este último municipio centro de dirección y de operaciones, y desde Riosucio hasta Zapzurro donde existe una evidente presencia paramilitar y un centro de entrenamiento militar, como lo divulga un reciente informe de prensa del diario El Tiempo (01-04-01 p. 4) y en el pasado una entrevista televisada del telediario R.C.N (Octubre del 2000). En la navegación por el Atrato pobladores de las comunidades afrocolombianas, mestizos e indígenas han observado la presencia temporal de los paramilitares, y entre ellos los dos desertores, en el caserío de Puente América, comunidad del Territorio Colectivo de las comunidades del Cacarica y desde el que se controla el ingreso a los asentamientos de los retornados.

• Pobladores del caserío de Piedrecita, corregimiento de Turbo, Antioquia, informaron a nuestra Comisión, en la primera semana de marzo, que los paramilitares vienen realizando reuniones semanales desde febrero en este lugar, tratando de lograr que jóvenes y adultos ingresen a sus filas para participar en las acciones contra “la guerrilla en la población del Salaquí y El Cacarica” . Los paramilitares han cobrado a los habitantes de este lugar por la inasistencia a sus reuniones $ 10.000 (U.S $ 5).

• El viernes 23 de marzo nuestra Comisión conoció que integrantes de los grupos paramilitares que se encuentran asentados en el municipio de Riosucio, Chocó, en cabeza de un hombre llamado ALBERTO QUINCO, en diversas reuniones realizadas en el casco urbano están preparando una incursión a la cuenca del Cacarica.

Dejamos nuevamente en su conocimiento, la constatación de que, luego de cuatro años de desplazamiento forzoso y de cinco de inicio del desarrollo de la estrategia paramilitar en la región del Bajo Atrato, las estructuras generadoras del desplazamiento, las estructuras paraestatales, se mantienen incólumes. No solamente no han sido combatidas a pesar de ser conocidos los lugares de entrenamiento militar, las fincas desde las que se planean los atentados y las acciones criminales contra la población civil, los lugares desde los que se conceden citas y prolongadas entrevistas a medios de información nacional e internacional, y a personalidades del país; muchos de estos lugares, sino la totalidad, cuentan con cinturones de seguridad de las fuerzas regulares.

En la conflictividad de la región, que tiende a agravarse mucho más, las derrotas militares y las acciones lícitas de guerra según el Derecho Internacional Humanitario, tienden a ser “vengadas” en los pobladores a quiénes se les sigue mirando como auxiliares de la insurgencia de las FARC-EP; a quienes han ejercido el Derecho a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación por ser víctimas de las políticas contrainsurgentes se les sigue interpretando en la guerra como brazo de los rebeldes, porque a pesar de su exigencias en el marco del Estado de Derecho, la respuesta ha sido la impunidad a sus desplazadores y a los criminales de más de 80 asesinados y desaparecidos; a quienes siguen construyendo su Proyecto de Vida en la guerra desde su identidad como población civil y en el principio de la Autodeterminación en el conflicto armado interno se les interpreta como base de la insurgencia a pesar que ellos permanentemente, frente a los Actores de la Guerra, a través de su organización y sus manifestaciones explícitas sostengan su identidad.

Por eso, los rumores y las informaciones que se han recaudado indican que los propósitos de daños irreparables contra la vida e integridad personal y comunitaria continúan latentes gracias a la ausencia de aplicación de las políticas de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, gracias a las omisiones de represión contra los paramilitares, gracias a la complicidad en todos los órdenes con sus actuaciones, gracias a la anuencia y aquiescencia en sus tácticas y estrategias por parte del Estado, gracias a la impunidad en que se encuentran los procesos por el desplazamiento y los que se adelantan por los asesinados y por los desaparecidos.

Dejamos nuestra Constancia frente a lo que se ve venir contra las Comunidades, nuestra expresión de Censura Moral ante la estrategia paraestatal que se mantendrá por la estructuras que la han concebido y la impunidad en que ella ha crecido, ante la ausencia de una política de paz que recoja las expresiones de la población civil que construyen sus propuestas de vida y dignidad evitando daños contra la vida e integridad de las personas y de las comunidades.

Con profunda preocupación,

COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ

c.c: Comunidad Internacional