Comunidades del Bajo Naya no han podido participar en audiencias de exparamilitares
Victimas del consejo Comunitario del Bajo Naya envían carta a la Fiscal General de la Nación, Vivían Morales, por la imposibilidad de garantizar recursos para la participación de la comunidad en las audiencias que se están llevando a cabo con los exparamilitares.
Puerto Merizalde, 28 de marzo de 2011
Señora
VIVIANE MORALES
FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
GONZALO SÁNCHEZ
CNNRR – GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA
VOLMAR PÉREZ
DEFENSORIA DEL PUEBLO
Señores
MAPOEA
Los y las delegadas-os del consejo Comunitario del Bajo Naya, en atención a la convocatoria
hecha por la Fiscalía general de la Nación, según el oficio 58000-0465 ONJYP del 7 de marzo
de 2011, dejamos constancia y expresamos nuestra objeción y rechazo a la continuidad de
participación en la audiencias de los exparamilitares, en razón de,
La imposibilidad de garantizar por parte de la Fiscalía los recursos necesarios para
la participación activa como víctimas del Bajo Naya, con la instalación de al menos
dos antenas de transmisión satelital ubicadas en el territorio colectivo, accedimos
a participar como delegados y delegadas, trasladándonos hasta el lugar de Puerto
Merizalde, donde la Fiscalía se comprometió a transmitir en diferido la versión libre
de los 60 postulados, adelantada entre el 22 y 25 de marzo, en la fecha del sábado 26 y
domingo 27 de marzo; así como la transmisión en directo de las versiones de los días 28
al 1 de abril. A este lugar acudirían las víctimas de Yurumangui, Resguardo Indígena de
Joaquincito y Bajo Naya.
1. Dejamos constancia que de los acuerdos logísticos se cumplieron parcialmente, ya que
recibimos tres millones cien mil pesos m/cte. ($3.100.000.oo) destinados a alimentación
y seis millones de pesos m/cte. ($6.000.000) para transporte.
Que en atención a lo acordado, los delegados y delegadas acudimos al lugar, hora y
día señalados, sin embargo el material de video correspondiente a la versión libre ya
realizada, no llegó el día acordado. Lo que impidió la participación real y activa de las
víctimas en el proceso. Además se nos informó que no habrá transmisión en directo de
las versión libre del día lunes 28 de marzo, por ausencia de las antenas de transmisión
satelital y no se garantiza la presentación completa de las audiencias previas.
2. Que el objetivo de esta diligencia, según la convocatoria era escuchar las versiones libres
y participar en estas a través de preguntas. En ningún momento fuimos informados de
que se pretendían desarrollar actividades como: toma de registro de víctimas para lo que
no hay condiciones para que este se haga con los requerimientos necesarios; registros
fotográficos, audiovisuales y toma de testimonios, situación que debe ser consultada con
todo el consejo y para lo cual se requiere que se garanticen las condiciones de seguridad
y protección, en razón de la situación de vulnerabilidad de las comunidades.
3. En vista de lo anterior, consideramos que se han presentado serias irregularidades, en el
desarrollo de esta diligencia, que impiden la participación real de nosotros las víctimas y por
tanto no se garantiza el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y mucho menos
generara condiciones de no repetición a las que tenemos derecho, por lo que no vemos las
condiciones mínimas para participar de esta diligencia y hemos decidido retirarnos.
Estos nuevos hechos constatan las serias limitaciones de la aplicación de la ley 975, el obstáculo
para acceder a la verdad, al que se suma la imposibilidad de acceso a las versiones de los
extraditados, como Ever Veloza, quién tendría mucho qué decir sobre responsabilidades de altos
mando militares, empresarios en la consumación de la masacre del alto Naya y lo ocurrido en el
bajo Naya, con la violación y asesinato de nuestra hermana Juana Bautista Angulo, el saqueo, la
quema de bienes y nuestro desplazamiento.
Estaremos atentos a que nos brinden pronta y efectiva respuesta, expresamos nuestra voluntad
de continuar participando en las diligencias que se adelanten siempre y cuando se garanticen las
condiciones necesarias para cumplir con nuestro derecho de acceder a la verdad y se respeten
nuestras costumbres y decisiones. Reconocemos el esfuerzo hecho por los funcionarios que
asistieron a la diligencia pero expresamos que las instituciones estatales continúan en deuda con
la comunidad nayera.
Con profundo dolor por esta nueva burla a nuestros derechos.
Atentamente,
Delegados Comunidades del Bajo Naya