Comunidades Construyendo Paz

Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda con las FARC y la que viene con el ELN. Hay temas que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.

Desde Colombia, 12 de noviembre de 2012

Nosotras y nosotros construimos paz

1) ¿Las contradicciones?

• Santos habla de la paz mientras sigue haciendo la guerra contra nuestras comunidades. Militarizan nuestros territorios en contra de toda legitimidad causan violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario. Lean para tal fin los Informes y Constancias que ha dado a conocer la Comisión de Justicia y Paz de todas nuestras comunidades.

• Santos habla de la paz y crea un marco jurídico para la paz que en el fondo es una cortina de humo para los militares responsables de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.

• Santos habla de la paz mientras proyecta una reforma de impuestos que amplía la base para más gente y reduce el pago de impuestos a las transnacionales

• Santos habla de la paz y a través de una reforma a la justicia trató de beneficiar la impunidad de otra decena de políticos de ayer y de hoy que han llegado al senado con el apoyo de los paramilitares.

• Santos habla de la paz y anuncia a través de su Ministro de Defensa mayores batallones de energía, mayores integrantes de las fuerzas militares para que sean 490 mil antes de que llegue el final del año.

• Santos habla de la paz y tiene en su escritorio la reglamentación de la Consulta Previa para limitar nuestros derechos.

• Santos habla de la paz mientras sus agencias de inteligencia continúan haciendo interceptaciones ilegales y él mismo haciendo estigmatizaciones.

• Santos habla de la paz con la ley de víctimas y pide perdón a los militares que desaparecieron a 11 personas en 1985 en la cafetería del Palacio de Justicia, luego que dijera que se comprometía a respetar los fallos judiciales.

• Santos habla de la paz desde la ley de restitución de tierras y las que nos han despojado siguen en manos de los empresarios, exmilitares de alto rango.

• Santos habla de la paz e impulsa una ley de seguridad que limita nuestro derecho a la protesta.

• Santos habla de la paz y limita la libertad de expresión en internet a través de la ley Lleras.

• Santos habla de la paz e impulsa un desarrollo de estatuto rural con otros nombres para propiciar la extranjerización, limitar las disposiciones de protección ambiental.

Es claro que Santos habla de paz para seguir la guerra económica por muchos medios y mecanismos, necesita las buenas formas para seguir en lo mismo de su antecesor; necesita la paz para hacer viables las apuestas económicas estratégicas neoliberales, pero porque son clave las formas porque es posible que bajo las mismas cese por fin las operaciones paramilitares y sean abiertamente las de las fuerzas armadas

Pero nos llena de esperanza, el haber conocido el acuerdo de aproximación entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional de Santos y la reiteración del ELN de ser parte de un proceso. Respaldamos esa decisión riesgosa para dar fin al conflicto armado. Y esperamos que prontamente se habiliten acuerdos de aproximación para la discusión con el ELN, Es hoy el tiempo de la convergencia, de reconocer las diferencias para construir con imaginación el país que queremos y soñamos.

Nuestra memoria colectiva no indica que neguemos sus sueños, ni que aceptemos la impunidad como palabra de justicia

2) ¿Dirán ustedes porqué en esa posición?

Moral y psicológicamente estamos cansados, deseamos reconstruir la esperanza en un nuevo momento de la historia a través del diálogo Nosotros hemos vivido los efectos de la guerra, habitamos en zonas de conflicto armado, hemos sido víctimas de crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y de graves infracciones al derecho humanitario, también lamentablemente por la guerrilla con el uso de las minas o ataques que nos han afectado, sin que ese haya sido su propósito.

En particular, los crímenes de Estado y las operaciones empresariales que han beneficiado a despojadores, operadores extractivistas, ganaderos, palmeros y compañías de infraestructura se encuentran en absoluta impunidad de todo tipo.

Seguimos siendo víctimas de confrontaciones armadas, de hostilidades, de planes de consolidación, de montajes judicializaciones con falsos testigos, de permanentes chantajes, del uso de medios de guerra proscritos por el derecho internacional, tras de los cuales se continúan beneficiando sectores empresariales y políticos. Esos costos inenarrables, muchas veces desconocidos, exigen su cese definitivo.

Tomar la decisión de prolongar la guerra es continuar haciendo inviable el país incluyente y democrático que por más de 60 años nos ha sido negado por intereses de poder inconfesables. Algunos calculan que continuar la guerra para someter a las guerrillas significaría 20 o 30 años más de derroche militar, calculando una derrota por vía militar o mejor reducción del movimiento armado eso es reprochable cuando se puede dialogar y concertar lo mínimo GARANTIAS.

Muchas de nuestras situaciones por efectos del conflicto armado han sido conocidas por Colombianas y Colombianos por la Paz y de primera mano por la Comisión de Justicia y Paz, ellos han continuado contando nuestros muertos, consolando a las familias de los que se mueren, continúan apoyando nuestros desplazamiento, comiendo sin comer, respirando el día a día de los bombardeos y los allanamientos.

Dirán algunos que somos flojos. No, no somos flojos, podemos resistir más, pero nuestros jóvenes y nuestros niños están partiendo. El campo se está quedando con abuelos. Ojo con abuelos nuestros hijos se están yendo de aquí. Entonces ¿La tierra para quién? ¿Quiénes vencen?

Somos conscientes que la guerra no se acaba por la entrega de las armas, somos conscientes que el diálogo no soluciona estructuralmente las causas del conflicto, pero creemos que es la oportunidad para intentar construir el proyecto político de la justicia integral

Creemos que cualquier proceso de diálogo hacia la paz debe enfrentar problemas estructurales algunos de ellos consignados en los temas de la agenda con las FARC y la que viene con el ELN. Hay temas que han quedado excluidos: la definición democrática del uso del suelo urbano, la impunidad jurídica y socio cultural que requiere un nuevo aparato judicial, la democratización en la propiedad y acceso a la información, entre otros.

Somos cocientes, y no por esto pesimistas, que el país no cambiará por acuerdos políticos en las conversaciones, será seguramente unos acuerdos que posibiliten avanzar en la construcción de un nuevo modelo democrático en lo político, lo social, lo económico, lo ambiental.

Se requiere mucha generosidad no solamente para cesar la militarización y propiciar un desarme, una des mentalización de la lógica de la seguridad nacional que ha dado origen incluso al paramilitarismo y la persecución judicial. Se requiere generosidad de empresarios, de la clase política y dirigente y un acuerdo por una información veraz que no afecte la decisión que apoyamos todos que la guerra debe terminar.

Será un avance hacia la paz el que se reconozcan los problemas estructurales que persisten y los que requieren ejercicios de gobierno transversal, horizontal, transparente con voluntad de cambio en la destinación de los recursos del Estado, entre ellos las regalías, y la aplicación de una política pública que proteja a la totalidad de las y los colombianos.

Ya hemos visto como una Constitución como la del 91 logró proteger un conjunto de derechos, pero también, como en su oposición y desestructuración, factores de poder han intervenido para limitar e imposibilitar la satisfacción de derechos de las mayorías y mantener un orden injusto, excluyente. O como, la llamada de ley de víctimas siendo un avance en algunos aspectos, hoy está siendo inviable por factores de poder interno como el neo paramilitarismo y los enfoques de desarrollo de la “prosperidad”.

Hemos constituido y desarrollado propuestas técnicamente asesoradas y probadas de enfrentamiento de la impunidad, de protección ambiental, de producción económica alimentaria, de protección del agua, de acueductos comunitarios, de educación propia, de vivienda saludable, de comunicación radial y televisiva, de salud que son mejoramiento de la calidad de vida de propuestas para enfrentar la pobreza y la exclusión y que proyectas acuerdos comerciales democráticos.

3) Nuestras propuestas

Por eso propusimos días antes de Oslo y antes de los acuerdos sobre metodología de la Habana que se definiera:

3.1) Un cese bilateral del fuego. Este debe ser incluyente y exigible a las fuerzas regulares y a los disidentes armados. Esta deberá ser de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional.

Colombianas y Colombianos por la Paz lo llamo un Acuerdo Especial profundizando en varios aspectos como el tema inhumano de los presos políticos.

¿Más allá de los cálculos de fuerza si se va a pactar la paz porque no se ahorran daños irreparables? O si lamentablemente se llegara a prolongar la guerra se podría avanzar ya en la concreción de lo humanitario. Concretar un Acuerdo Especial en medio de las confrontaciones posibilitaría:

a. Libertad de expresión

Nuestra posibilidad para pensar, participar, poder compartir y discutir nuestras propuestas en el escenario de las conversaciones se imposibilita en razón de la continuidad de las hostilidades y confrontaciones armadas y de actuaciones paramilitares.

Proponemos:

1. el cese de operaciones armadas ofensivas y la imposibilidad del uso de bienes y de espacios de la población civil para operaciones armadas.

2. Resultados inmediatos frente a estructuras paramilitares.

3. Respuesta de la Unidad de Protección a nuestras propuestas de esquemas de protección colectiva y de líderes y de respeto a las iniciativas humanitarias.

4. Acceso ya a medios de información públicos y privados para que nuestras propuestas sean conocidas y una discusión sobre las políticas de comunicación que permita democratización en la posesión y uso de los medios de información en FM, en televisión y en medios virtuales.

Saludamos el nacimiento de Alianza de periodistas y medios por la Paz, impulsada entre otros por Contagio Multimedia.

5. Necesidad de un acuerdo de contenido de las palabras y de los conceptos a fin de que el punto de partida de comprensión sea el mismo.

Para nosotros la tierra es parte del territorio, no es lo mismo. El suelo es susceptible de manera evidente de ser afectado por operaciones industriales de gran escala. El problema del uso no se reducen a un reconocimiento de legalidad o esclarecimiento de la propiedad, la restitución de tierras no es la devolución de un título.

¿Qué es lo que cada una de las partes entiende por esas palabras? ¿Qué es lo consensuado? ¿Qué es lo que de esas palabras para construir la paz es posible acordar como política pública?, ¿En qué tiempos?

6. Necesidad de que los conceptos, sus significados y significantes de las comunidades y organizaciones sean parte de las discusiones.

Nosotros o somos los habitantes de la propiedad o hemos sido los despojados y los integrantes de sus filas también lo son en diversas regiones del país como se puede discutir esos asuntos sin tenernos en cuenta.

b. Protección de Derechos territoriales.

Proponemos:

1. No realización de actuaciones armadas que protejan las operaciones empresariales, de modo que los habitantes tradicionales tengamos una condición básica de libertad para consultas previas y populares, para levantar diagnósticos técnicos y veraces sobre los efectos humanos y ambientales y la viabilidad o no de operaciones extractivas, obras de infraestructura y otras definiciones del uso de la tierra en todos los territorios de las comunidades que suscribimos esta misiva.

2. En los territorios de algunas de nuestras comunidades que cuentan con siembras de coca cese de las fumigaciones aéreas y de grupo de erradicadores e impulso de nuestras propuestas de sustitución.

3. Titulación de territorios colectivos de comunidades negra en Naya y Calima; titulación de Resguardos indígenas a comunidades Nasa de Putumayo; Constitución de Territorios Colectivos Interétnico en Putumayo; titulación de predios individuales y constitución de Zonas de Reserva en el Ariari; Sucre Tequendama; titulación y constitución de Zona de Reserva en La Balsita; titulación a las familias de Trujillo.

4. Adecuación de infraestructura vial por tierra y por agua de las comunidades, en particular cumplimiento a la tutela No T-48257 que ordena el destaponamiento del rio Jiguamiandó por la afectación a las comunidades de esa cuenca y los daños ambientales que provoca a esa área considerada zona de reserva.

5. Condonación de deudas con entidades bancarias públicas y privadas que no pudieron ser pagas por integrantes de nuestras comunidades debido al desplazamiento forzado y el despojo y ocupación de nuestras tierras en Blanquicet, San Onofre, Ariari, Puerto Asís, Curvaradó.

6. Discusión e implementación de aspectos que aseguren las propuestas de nuestras comunidades desde ya y a mediano plazo, tales como: protección forestal y de aguas, acueductos comunitarios, radios y televisión comunitaria, educación comunitaria, producción de alimentos sanos, planes de ordenamiento, vivienda saludable, zonas de reserva de la sociedad civil, intercambios comerciales y ambientales, entre otras.

Para que las conversaciones sean eficaces en este sentido se requiere saber qué sucede con aspectos sustanciales que colocan en riesgo los posibles acuerdos y la viabilidad de una paz sostenible y sustentable en el tiempo.

4). SOBRE LA PARTICIPACIÓN

El Acuerdo General hace referencia a la posibilidad de contar con la participación de expertos e igualmente indica que se recibirán documentos y propuestas sobre los puntos.

Por eso hemos propuesto al Gobierno, a las FARC y al ELN que se requiere que las organizaciones y comunidades tengamos espacios propios para que nuestras propuestas sean conocidas por ustedes, también debatidas para que hagan parte de una política sostenible de construcción de la paz.

Requerimos saber, de qué manera, por ejemplo, nuestras propuestas de habitación, de protección territorial, de respeto a la riqueza biológica y ecosistemas, de comisión de verdad, de reforma al aparato judicial, de no a la minería como definición del uso del suelo en zonas de reserva forestal y de páramos es presentada, discutida y concertada.

Para asegurar nuestra participación requerimos se nos informe:

1. ¿Cuál es el formato de presentación de la propuesta por medio electrónico?, ¿Las propuestas que se pueden presentar será por cada subtema de los 7 que contempla la ley de Desarrollo Agrario Integral?

2. ¿Cuál es el mecanismo para la presentación oral?

3. ¿Cuál es el mecanismo de discusión con ustedes?

4. ¿Cuál es el mecanismo para conocer la integración o no de nuestras propuestas en la etapa de implementación?

5. ¿Quien corre con los gastos de eventuales desplazamientos y alojamientos para presentar oralmente nuestras iniciativas?

5) SOBRE LOS TERRITORIOS

Nuestras organizaciones y comunidades frente al punto de las políticas agrarias cuentan con experiencias y proyectos construidos, en algunos casos durante 15 años, entre ellas Planes de Ordenamiento Territorial Alternativos; propuestas agroecológicas (protección de riqueza biológica y ecosistemas, aguas, producción alimentaria limpia, ecoaldeas y ecoturismo); Planes de Desarrollo Sostenibles; propuestas de educación propia y educación rural (primaria, secundaria, universitaria y técnica); construcción de vivienda saludable y de energía eléctrica, acueductos comunitarios, propuestas de mitigación de impactos sociales y ambientales frente a eventuales intervenciones sobre el suelo y el subsuelo en determinados territorios, en otros territorios, argumentos técnicos de por qué no es posible la minería a cielo abierto.

Apuestas todas con viabilidad técnica y financiera que permitirán el mejoramiento de la calidad de vida, democracia social y ambiental, fortalecimiento de relaciones comerciales locales, regionales e internacionales y serian posibles de adopción en una política pública con una redefinición del gasto público para que estas sean viables.

Para que las conversaciones sean eficaces se requiere saber qué sucede con aspectos sustanciales que colocan en riesgo los posibles acuerdos y la viabilidad de una paz sostenible y sustentable en el tiempo.

1. ¿Qué sucede con proyectos de ley o reglamentación que afectan los mecanismos de protección o de definición del uso del suelo y del subsuelo y la órbita geoestacionaria?

2. ¿Cómo se enfrentará el tema económico fiscal dado que el gobierno colocó como principio de las decisiones en la política un techo fiscal?

3. ¿Cómo se enfrentará la reforma tributaria que amplia los beneficios de impuestos a empresas extranjeras y que imposibilita una acumulación en manos del Estado de dinero para su redistribución? ¿Cómo se va hacer financiable el punto 1 de la agenda y en qué tiempo?

4. ¿Cuál va a ser la participación en los medios de información públicos y privados para dar a conocer los debates principales, los acuerdos posibles a los que se vaya llegando, los aportes de las comunidades que vivimos en zonas de conflicto?

6) Viabilidad Presupuestal

Satisfacción básica de algunos derechos con base en redistribución del PIB. Si hay voluntad de paz, las garantías requieren desmontes de mentalidades militares, eficacia judicial frente a criminalidad estatal, que no significa oposición a la paz, si no eficacia en investigación penal y sanción penal para discutirse como pagarse

Pero además, urge planeación y una redefinición del destino de los recursos que se usan en la guerra y de otros rubros que se financian por tributación directa e indirecta, una redistribución del PIB y de los de la cooperación internacional desde el 2014 y por 10 años por lo menos.

Allí deberán caber nuestras propuestas de habitación y agroforestales, de acueductos comunitarios, de producción, la Comisión de Verdad construida con la Comisión Ética, las de educación, sean incluidas.

Una redefinición del gasto propiciara la viabilidad de enfrentar la exclusión social con una nueva mentalidad en los acuerdos comerciales y en la que se limiten seriamente las operaciones extractivas.

Esa paz con justicia será procesal, si existe voluntad de cambio

7) Mecanismos de Refrendación de los acuerdos con participación directa Constituyente o Referendo.

El gobierno de Colombia y las guerrillas representan algunos intereses, de algunos sectores urbanos y rurales colombianos, pero no necesariamente en las partes se ven reflejados todas nuestras exigencias, nuestros derechos y propuestas en su integralidad, así existan puntos de coincidencia.

Si se logran acuerdos, insistimos, que no van a cambiar los factores estructurales, pero si es posible cimentar las bases procesales a la paz. Lo que es nuestro deseo, es que estos sean refrendados por algunos de estos mecanismos de participación directa como los arriba propuestos, esto supone una reforma al sistema electoral y los mecanismos de participación política con acceso libre y permanente a medios de información.

Hay una crisis de representación del poder legislativo de los intereses de los colombianos, lo que se ha hecho evidente en las movilizaciones sociales o en el hundimiento a la reforma a la justicia reflejando la capacidad de corrupción en diversas instancias institucionales, así que la carta de acuerdos hacia la solución del conflicto implica su refrendación por otros mecanismos de representación y de participación.

Es hora de empezar en la reconstrucción del país, en fortalecer lo que hemos ido construyendo las víctimas, de lo contrario un proyecto de país en paz será imposible para las próximas generaciones.

La paz es una democracia para todas y todos con justicia integral en un proceso que debe empezar pronto, con realismo y eficacia estructural.

Para nuestras comunidades es claro que un proceso hacia la paz verdadera se hace realidad es con la sociedad. La resolución del conflicto requiere el reconocimiento de las especificidades del desarrollo del mismo, sus identidades locales y regionales, y sus propuestas de salida duradera. Nosotros somos una expresión de esa multiplicidad de regiones, sin las que difícilmente un proceso hacia la paz con democracia con derechos territoriales, ambientales, sustentables y sostenibles.

Muchas Gracias

• Asociación Agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA,Trujillo, Valle.
• Asociación Campesina Agroecológica Bien Andante, Sucre, Cauca.
• Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca.
• Asociación campesina de desarrollo sostenible de San Salvador, ASCADES, Puerto Asís, Putumayo.
• Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta.
• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca
• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inza, Cauca.
• Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro”, ASPROCAF, Puerto Asís, Putumayo.
• Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz”, ASPROSEPAZ, Puerto Asís, Putumayo.
• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia.
• Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta.
• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia.
• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó.
• Comunidades de Nueva Unión, Pedeguita y Mansilla, Carmen del Darién, Chocó.
• Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó.
• Consejo comunitario de la comunidad negra del río Naya, Buenaventura, Valle.
• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, Puerto Asís, Villa Garzón, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo.
• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco, Toribio, Cauca.
• Familia Martínez, finca la Alemania, municipio de San Onofre, Sucre.
• Familia Mausa, Blanquicet y municipio Carmen de Bolívar, Bolívar.
• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, municipio Carmen del Darién, Chocó.
• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó.
• Familias del consejo comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla.
• Familias del consejo comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla.
• Jóvenes unidos por el Bajo Calima, JUBCA, Buenaventura, Valle.
• Los familiares de once jóvenes asesinados por el ejército, en los conocidos como “falsos positivos”, municipio de Tolú Viejo, Sucre.
• Pueblo Kamëntsá de San Francisco, Sibundoy y Colón, Putumayo.
• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Carmen del Darién, Chocó.
• Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle.
• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ADISPA, Puerto Asís, Putumayo.
• Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo.