Comunidad internacional debe fortalecer Consulta Previa en Cauca
Una delegación de representantes de comunidades afrodescendientes e indígenas del norte de Cauca sostuvo audiencia con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, para denunciar que el gobierno no está cumpliendo con la Consulta Previa. Washington. La audiencia se realizó el pasado el día 5 de noviembre, y asistieron a ella miembros del Proceso de Comunidades Negras (PCN), del Consejo Comunitario de La Toma y del Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC), quienes fueron acompañados por la ONG NOMADESC.
Gimena Gimena Sanchez-Garzoli
Adicionalmente a la audiencia con la OEA, los miembros de la comisión visitaron el Congreso de los EEUU donde informaron a los legisladores sobre la situación actual de las comunidades étnicas del Cauca, y pidieron que tomen acciones para proteger las vidas y los derechos territoriales de sus comunidades.
El Representante del Consejo Comunitario de La Toma participó en la reunión formal de consulta sobre la certificación de los condicionamientos de derechos humanos para que Colombia pueda recibir financiamiento militar de los EEUU. En la reunión con oficiales del Departamento de Estado, las ONGs EEUU, el Representante de la Toma y la ONG Colombiana CJL de Medellín expresaron su desacuerdo con el Departamento de Estado, por haber certificado en septiembre del 2009 que Colombia está cumpliendo con los condicionamientos.
En relación al condicionamiento de derechos humanos, relacionado con los derechos de las comunidades afrocolombianas e indígenas, WOLA resaltó que en el 2009 había recibido reportes de por lo menos 20 casos de asesinatos de líderes afrocolombianos por parte de diferentes bandos, incluyendo el caso de un niño de 13 años, asesinado debido a acciones de las fuerzas públicas, y el caso del señor Benjamin Gómez, de la comunidad de Curvaradó. También señaló amenazas y seguimientos contra líderes y organizaciones afrodescendientes, así como desplazamientos forzados en medio de la mayor impunidad.
Acerca de las comunidades indígenas, se comentó que ellas han sido víctimas de múltiples abusos por parte de las fuerzas armadas y de asesinatos de líderes por los diferentes bandos.
El representante del Consejo de La Toma, además, resaltó la necesidad de que los oficiales EEUU actúen para proteger las vidas de los líderes afrocolombianos e indígenas, quienes están recibiendo amenazas debido a su labor de defensa de los derechos territoriales.
Los representantes afrocolombianos e indígenas señalaron que ellos no se oponen al desarrollo económico, que desean que sus comunidades mejoren su calidad de vida, pero se oponen a esa idea de desarrollo que implica la muerte y el desplazamiento forzado de miembros de su comunidades. Se oponen a un desarrollo que no consulta con las comunidades afectadas, que no informa ni considera su participación en las decisiones que implican grandes cambios en sus formas de vida y en sus territorios, que no considera el bienestar de quienes residen ahí.
Los representantes denunciaron a la comunidad internacional el aumento de la violencia y el deterioro de los derechos fundamentales y territoriales que han experimentado sus comunidades en la los últimos nueve años. Desde el año 2000, cuando los paramilitares incursionaron en la región del norte del Cauca, las comunidades han sufrido un gran número de violaciones de sus derechos humanos, incluyendo desplazamientos internos masivos, masacres, asesinatos de sus líderes, desapariciones forzadas, violaciones a mujeres, y el reclutamiento forzado de sus niños.
Los líderes resaltaron que las violaciones han sido cometidas por todos los bandos: guerrillas, paramilitares y miembros de las fuerzas armadas y que muchos de los abusos fueron cometidos con el beneplácito de la fuerza pública. Ellos notaron que pese al proceso de desmovilización de la AUC en la región, los abusos no han cesado. En la zona, los grupos paramilitares conocidos como “Los Rastrojos,””Nueva Generación,” y “Águilas Negras” vinculados al narco-trafico, violan muchos derechos de estas comunidades étnicas y están activamente contribuyendo al despojo de sus tierras ancestrales.
Igualmente, estas comunidades siguen siendo víctimas de un número alto de abusos por parte de las fuerzas armadas colombianas, el ESMAD y el GAULA.
Muy doloroso para esas comunidades fue el asesinato por parte de miembros de las fuerzas armadas de Edwin Legarda, esposo de la Consejera del CRIC, Aida Quilqué, en diciembre del 2008. Ellos denunciaron recientes amenazas que recibieron en los últimos meses, incluyendo una amenaza por escrito del día 22 de octubre por parte de los paramilitares de las Aguilas Negras-Nueva Generación, donde ellos son denominados blancos militares por oponerse a los proyectos económicos que impulsa el gobierno colombiano en su región.
Adicionalmente, los líderes señalaron que la ONG NOMADESC, quien acompaña estos procesos, ha observado monitoreo y otras actividades sospechosas por parte de hombres desconocidos.
Explicaron que la presencia y actuaciones de los grupos paramilitares en la región pese, a la fuerte militarización en la zona, se debe a un presión muy grande por intereses económicos de compañías nacionales e internacionales, que quieren implementar varios mega proyectos en la zona.
Los proyectos económicos que ejercen presión incluyen la implementación de monocultivos como la caña de azúcar y biocombustibles, construcción de represas como La Salvajina, y la explotación minera del oro.
Paralelamente a la presión fuerte que se ejerce contra estas comunidades por parte de los paramilitares, también ha habido un esfuerzo de parte del gobierno nacional de legislar a favor de fuertes intereses económicos, tal es el caso del código de minas en el área, que ha llevado a un debilitamiento a los derechos territoriales de las comunidades étnicas en Colombia.
Los representantes denunciaron que el Ministerio de Minas y Energía ha venido tramitando y entregando títulos de concesión minera a empresas para la exploración y explotación de recursos; en el caso del oro por ejemplo, se otorgó licencia a la compañía multinacional Anglo Gold Ashanti, sin respeto al derecho de Consulta Previa y el consentimiento previo, libre e informado que establece el Convenio 169 de la OIT.
En la audiencia de la OEA, los representantes mostraron cómo se otorgaron 30 títulos mineros a compañías en los municipios de Suárez y Buenos Aires, donde hay territorios ancestrales afro colombianos e indígenas, y donde no se aplicó la Consulta Previa, ni el consentimiento libre e informado con las comunidades correspondientes.
Los representantes pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que realice una visita al norte -del Cauca para que observe el incumplimiento de la Consulta Previa en territorios afrocolombianos e indígenas, y que la Comisión realice un seguimiento.
También pidieron que la comunidad internacional, en especial el Congreso EEUU, insista en que el gobierno Colombiano respete el proceso de Consulta Previa en el Cauca y que implemente los autos 004 y 005 de la Corte Constitucional, sobre el desplazamiento interno de comunidades indígenas y afrocolombianas.
Esta visita fue exitosa, permitió visibilizar en los EEUU la realidad que están viviendo las comunidades del Cauca y exigir que se fortalezcan los derechos territoriales de grupos étnicos