Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Dabeiba, Cacarica y Bajo Atrato
A pesar de nuestras permanentes Constancias y Censuras que han dejado en su conocimiento los daños irreparables contra pobladores de San José de Apartadó, los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los habitantes de Dabeiba Antioquia, los habitantes del Bajo Atrato y la Comunidad del Cacarica, los intentos legítimos de ejercer sus derechos civilmente, como el derecho a retornar, a reconstruir sus propuestas de vida, sus formas de organización económica y su ejercicio político, se ven nuevamente entorpecidos por la persistente e incisiva actitud de la Brigada XVII de actuar en contra de los derechos de la población civil a través de acciones “contra insurgentes” a todas luces, por sus procedimientos y por sus mecanismos de actuación, contra todo principio universal que salvaguarda la dignidad humana.
Bogotá, Agosto 31 de 2001
Doctor
ANDRES PASTRANA ARANGO
Presidente de la República
Doctor
GUSTAVO BELL LEMUS
Vicepresidente de la República
Doctor
ARMANDO ESTRADA VILLA
Ministro del Interior
Doctor
ROMULO GONZALEZ TRUJILLO
Ministro de Justicia y Derecho
Doctor
JUAN CAMILO OSORIO
Fiscal General de la Nación
Doctor
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
Doctor
EDUARDO CIFUENTES
Defensor Nacional del Pueblo
Doctor
CAMILO GOMEZ
Alto Comisionado de Paz
Ref: Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Dabeiba, Cacarica y Bajo Atrato
Reciban un respetuoso saludo.
A pesar de nuestras permanentes Constancias y Censuras que han dejado en su conocimiento los daños irreparables contra pobladores de San José de Apartadó, los integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, los habitantes de Dabeiba Antioquia, los habitantes del Bajo Atrato y la Comunidad del Cacarica, los intentos legítimos de ejercer sus derechos civilmente, como el derecho a retornar, a reconstruir sus propuestas de vida, sus formas de organización económica y su ejercicio político, se ven nuevamente entorpecidos por la persistente e incisiva actitud de la Brigada XVII de actuar en contra de los derechos de la población civil a través de acciones “contra insurgentes” a todas luces, por sus procedimientos y por sus mecanismos de actuación, contra todo principio universal que salvaguarda la dignidad humana.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Desde el pasado 30 de Julio, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ubicada en la vereda La Unión, situada a 6 kms. del casco urbano del corregimiento, se vio obligada a desplazarse por el accionar armado irregular e ilegal de miembros de las Fuerzas Militares con integrantes civiles armados que operan como apoyo en acciones de contrainsurgencia a través de la estrategia paramilitar, quienes además de amenazar, de intimidar, de hostigar a los pobladores del caserío, asesinaron al joven ALEXANDER GUZMAN.
* Jueves 23 de agosto, a menos de un mes, ante la difícil situación humanitaria y con el propósito de recuperar sus sembrados familiares y comunitarios, las 52 familias de la Comunidad de Paz iniciaron nuevamente su retorno a la vereda La Unión llegando al lugar hacia las 10:30 hora local.
Desde ese momento y hasta las 17:00 horas los integrantes de la Comunidad de Paz lograron habitar sus casas y reiniciar su trabajo diario, a pesar de la presencia en el entorno de su asentamiento de miembros de las Fuerzas Militares de la Brigada XVII y de cinco integrantes de las mismas que ingresaron en diversos momentos al territorio de la población civil portando armas y radios de comunicación.
A las 16:00 horas, algunos de los uniformados tomaron fotografías a los integrantes de la Comunidad de Paz ingresando al territorio de la comunidad. De acuerdo con la información recibida el personal militar se encontraba al mando del Teniente CEBALLOS.
A las 10:00 hora local, a escasos cinco minutos a pie, al lado del caserío de La Unión fue retenido por tropas del Ejército un integrante de la Comunidad de Paz, que se había adelantado en sus labores de trabajo. El joven campesino fue trasladado a una cacaotera que se encuentra al lado de una valla que identifica el Territorio de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Al campesino, los armados se le identificaron, a través de un carné como integrante de las llamadas “Autodefensas Campesinas de Colombia”, AUC, le sustrajeron su machete, se lo pasaron por el cuello amenazándolo de muerte, afirmando: “Somos expertos en masacres de la zona”, “Nuestra meta es acabar la Comunidad de Paz”, “Aquí nos quedamos, vamos a controlar la zona”. Los armados, en un largo interrogatorio, preguntaron por los nombres de los líderes de la Comunidad de Paz y por las actividades que realizan. A eso de las 15:00 horas dejaron en libertad al campesino. Ante todos estos hechos, la comunidad decidió regresar al corregimiento de San José de Apartadó.
Dos días después, el 25 de agosto, en medio de la tensa situación, de los anuncios de nuevos atentados y ante la decisión de recuperar sus siembras, 49 familias retornaron. Al regresar a su territorio en la valla que contiene los principios de la Comunidad de Paz y el logotipo, se encuentra con letra de pintura de sprite, el siguiente letrero: “Benítez 50/20. Balata Alias Roquín. B.C.G 35”
Días antes del retorno se produjeron hechos que anuncian nuevos atentados y daños irreparables contra la Comunidad de Paz.
* Sábado 18 de agosto, a las 9:00 hora local en la Finca La Roncona, ubicada a 2 Kms. del casco urbano de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, fue retenido por tres Unidades de la Brigada XVII un joven campesino de la vereda La Unión, integrante de la Comunidad de Paz que se encontraba en situación de desplazamiento. Al campesino los militares lo interrogaron por su vinculación a la Comunidad de Paz, por su lugar de origen. Al responder que era habitante de la vereda La Unión, los militares lo increparon verbalmente, lo acusaron de mentiroso, pues ellos habían estado allí y a él no lo habían visto, luego lo dejaron irse.
A las 11:00 a.m. del mismo día, sucedió algo similar con otro joven de la Comunidad de Paz, desplazado de la vereda La Unión.
Este mismo día a las 13:00 horas, dos hombres armados con fusiles, uno vestido de civil y el otro con prendas militares, interceptaron una chiva de servicio público en el caserío de Caracolí, a 15 minutos del casco urbano de San José de Apartadó y ordenaron al conductor esperar cinco minutos. Luego desviaron de la carretera un camión de gaseosas que acababa de hacer reparto en varias tiendas del casco urbano de San José de Apartadó, dirigiéndolo hacia el puente que comunica hacia la comunidad indígena de Las Playas. El conductor del camión y su esposa, quien le acompañaba, fueron asesinados y el camión quemado. Varios de los pasajeros que venían en la chiva alcanzaron a escuchar los disparos y a ver los cuerpos tendidos, cuando la chiva arrancó nuevamente.
A los cinco minutos, nuevamente la chiva fue detenida por unidades de la Brigada XVII, en el retén militar que se encontraba dentro de una de las empacadoras de la Comunidad de Paz lugar en el que no pueden permanecer militares por ser sitio de trabajo de la población civil. Los militares requisaron a los pasajeros y luego los dejaron seguir hacia el casco urbano de San José de Apartadó.
* Martes 21 de agosto, a las 18:00 horas, en el barrio Policarpa del municipio de Apartadó, miembros de los grupos paramilitares convocaron a una reunión a los habitantes del sector. Anunciaron que iniciaban con sus unidades especiales un trabajo de limpieza y de recuperación en Apartadó y que iban a golpear en San José de Apartadó. Al terminar la reunión se llevaron consigo a cinco personas, que fueron asesinadas.
* El miércoles 29 a las 13 horas, a 3 minutos del barrio Mangolo, en la vía que conduce al corregimiento de San José de Apartadó, agentes de la policía que se movilizaban en una moto, manifestaron a campesinos de la Comunidad de Paz que se movilizaban con mercados hacia San José, que hombres armados vestidos de civil que se encontraban en el puente eran agentes de seguridad del Estado. Estos dos hombres han actuado en anteriores hechos contra habitantes de la zona identificándose como miembros de las AUC.
*Jueves 30 de agosto a las 10:00 horas, desde un naranjo ubicado al lado de la Valla en la salida hacia la vereda La Unión, en el que se ocultan militares de la Brigada XVII que se encuentran realizando un retén selectivo, fueron detenidos varios miembros de la comunidad e interrogados por los habitantes que retornaron a la Unión, si hubo o no retorno y sobre la identidad de las personas que se encuentran allí.
Evidentemente nada se ha hecho para evitar estos daños irreparables contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. No solo persisten las amenazas, las estigmatizaciones, los señalamientos y los asesinatos sino que inexorablemente todo lo anunciado por los victimarios son hechos cumplidos en cualquier momento, es la repetición permanente y el ritual confeccionado que recuerda las formas perfectas de genocidio ante las cuales las omisiones, las complicidades y las actuaciones del Estado operan como los garantes perfectos de la destrucción de la vida humana. Hoy en La Unión Comunidad de Paz, sus habitantes están enfrentados nuevamente al sino de la barbarie que quizás podría ser transformado dando cumplimiento a la propia Política de Derechos Humanos y DIH.
Comunidades de Dabeiba
No todos los medios son lícitos en la guerra y las aplicación de mecanismos de control y de represión por encima del ordenamiento jurídico o de los Pactos Internacionales suscritos por el Estado hace que dichas actuaciones no solamente sean ilegales sino ilegítimas. Nuevamente el desborde, la distorsión y la irregularidad, son la constante en las prácticas y los métodos contrainsurgentes estatales en Dabeiba, municipio, llamado “Puerta de Urabá”
Dabeiba ha padecido tres bloqueos económicos realizados por los paramilitares en dos sitios ubicados en los municipios de Uramita y Mutatá, donde además de la presencia de los paramilitares se encuentran tropas del Ejército Nacional, al igual que en el casco urbano de Dabeiba con una fuerte presencia de tropas de la Brigada IV y XVII del Ejército Nacional y de la Policía Nacional.
El primer bloqueo: desde el 15 hasta el 25 de marzo , el operativo armado a través de civiles inicia el bloqueo económico al municipio de Dabeiba, diciendo que “es un paro armado para que se mueran de hambre los guerrilleros de Dabeiba” y que “la única que se beneficia con el comercio en Dabeiba es la guerrilla y hasta que la guerrilla no se vaya no va a terminar el bloqueo”
* Martes 20 de marzo, civiles armados actuando en la estrategia paramilitar asesinaron al indígena MARIO CARUPIA, quien fue sacado de su residencia, ubicada en el sitio conocido como Dabeiba Viejo, por varios hombres armados que lo condujeron por la carretera que conduce hacia Medellín. El cuerpo sin vida de MARIO fue dejado en el paraje conocido como Río Verde, jurisdicción del municipio de Uramita.
* Miércoles 21 de marzo, en medio de rumores sobre una posible incursión armada y de algunas llamadas a centros educativos en horas de la tarde, los estudiantes fueron enviados a sus casas.
Hacia las 18:30 horas, la Policía realizó varios disparos al aire frente a la iglesia de Dabeiba generando pánico entre los habitantes del casco urbano. De acuerdo con versiones de los habitantes “la Policía había dicho que todo era un simulacro con el objetivo de que la gente se fuera para la casa, por aquello de los rumores”.
En horas de la tarde distintos negocios comerciales recibieron llamadas telefónicas en que los paramilitares los amenazaron, diciendo que: “les queda prohibido abrir los negocios”.
* Jueves 22 de marzo, la mayoría de los comerciantes no abrieron las tiendas como consecuencia de las amenazas.
Algunos campesinos que en horas de la mañana partieron del casco urbano de Dabeiba hacia La Llorona, a 15 minutos en automóvil, lugar de su trabajo, fueron obligados a devolverse por orden del ejército, a algunos de ellos los intimidaron, los golpearon y los acusaron de ser colaboradores de la guerrilla.
* Viernes 23 de marzo, hacia las 5:00 hora local incursionaron a la vereda de Choromandó, aproximadamente 200 miembros del Batallón Voltígeros – adscrito a la Brigada XVII del Ejército Nacional-, mientras sobrevolaba un helicóptero. Cuando un grupo de militares se desplegaba hacia la zona alta de la montaña Choromandó Alto, en el caserío de Choromandó Bajo que se encuentra sobre la carretera a 20 minutos de Dabeiba en la vía que conduce a Mutatá, el ejército procedió a destechar seis viviendas. A los pobladores les dijeron que les quitaban el techo para que nos las volvieran a habitar porque “son casas usadas por guerrilleros”.
Hacia las 10:00 hora local se vio el sobrevuelo de dos helicópteros más y de un avión bombardero hacia el sitio conocido como La Elegía, distante a dos horas a pie de Choromandó Alto, en donde se produjo, al parecer, un enfrentamiento con un grupo de las FARC – EP. Los militares afirmaron a los pobladores que se encontraban “peleando con la guerrilla”.
En las casas destechadas se encontraron varias inscripciones con pintura en las que se lee: “BCG 26 ARHUACOS. BATALLON COYARA EL PAPA DE LOS PAP” En otra casa dice: “LLEGO EL TERROR DE LA GUERRILLA BCG 26” (El letrero se encuentra acompañado de un dibujo del diablo de una telenovela colombiana titulada: “Por Qué Diablos?”). Otro escrito sobre una pared, de la misma casa dice: “FARC MALPARIDOS. “BCG 26 ESTAMOS DISPUESTOS ACABARLOS. POR Q´ DIABLOS SE ESCONDEN. FARC MALPARIDOS” (Con el mismo dibujo del Anterior). Otra casa tiene la pinta que dice: “BCG 26 ARHUACOS. BCG 26 FUERA GUERRILLEROS. FUERA DE AQUÍ RATAS DE ALCANTARILLAS. BCG 26 ARHUACOS. FARC ESTAFADORES RATAS. FUERA DE AQUÍ HO”. En esta misma casa dice: “EL 26 GUERRILLEROS RATAS. FUERA SAPOS Y QUE” (Y el dibujo de señal de peligro o muerte: la calavera). En la misma casa en otra pared: “VENIMOS PARA MATAR. OJO CON EL 26 ES OTRO PRECIO. GUERRILLEROS NO SE ESCONDAN POR QUE LE TEMEN AL MEJOR B.C.G. 26”. “BCG 26 BUSCA LA PAZ Y SERAS FELIZ”. “26 ES CONTRA TODO. SOMOS LOS DIOSES”. MUERTE PARA EL BLOQUE CONBO BCG 26”. Y en el puente de la Quebrada Choromandó, otra pinta que dice: “BCG 26 ARHUACOS EL MEJOR BATALLON DE URABA: GUERRILLERO BUSCA LA PAZ”
Ese mismo día en Choromandó Alto, el Ejército detuvo a cuatro campesinos, luego de sacarlos a la fuerza de sus casas siendo llevados al lugar donde habían levantado un campamento. A los cuatro campesinos, al parecer los tuvieron retenidos durante tres días, pues de acuerdo con las versiones, el domingo 25 de marzo, fueron dejados en libertad. A cada uno de los campesinos lo obligaron a dejar su nombre, número de identificación y firma en un cuaderno.
Hacia las 14:00 horas aproximadamente, un grupo de militares detuvo a cinco campesinos que venían de la vereda Chever, localizada entre Mutatá y el Cañón de La Llorona, por la carretera que conduce de Mutatá a Dabeiba a 40 minutos aproximadamente de este municipio. Los aserradores de árboles, venían con un bloque de madera, un machete y una motosierra, uno de ellos venía acompañado de su mujer y de un hijo de 13 años de edad . A los tres hombres adultos, les ataron las manos hacia la espalda, los obligaron a que se agacharan y luego les colocaron encima de la nuca el bloque de madera que traían. A uno de los campesinos lo insultaron y lo amenazaron, y le colocaron el machete amolado en la nuca, diciéndole: “HP guerrillero, te vamos a matar”. Luego tomaron la motosierra y se la prendieron, amenazándolo con cortarle la cabeza, afirmando: “Usted está bueno para matarlo”. Le preguntaron por sus actividades, y agregaron: ¿qué va a hacer con su vida? El respondía trabajar. A los otros dos hombres les hicieron lo mismo pero con el machete. Al menor de edad, lo acusaron de limpiar armas. Ante esta acusación exigió respeto. Después de dos horas aproximadamente los dejaron ir advirtiéndoles: “esperamos que los sigamos viendo trabajar por aquí”.
Durante las tres semanas que permanecieron los militares en Choromandó y sus alrededores, detuvieron a varios campesinos acusándolos de tener a la guerrilla en sus casas. Cuando las campesinas, salían a mercar por un valor no mayor a los 40 mil pesos (U.S $ 18), la suma autorizada por los paramilitares, los militares les decían: “para que van a comprar, si lo que necesitan lo tiene la guerrilla, ustedes saben que ellos tienen mucho mercado”.
Los combates se mantuvieron hasta el domingo 25 de marzo. Una vez terminados, los militares se quedaron en el sitio conocido como Choromandó Alto, aproximadamente por tres semanas más.
Jueves 24 de marzo, se conoce de un posible asesinato de un campesino mayor adulto de 70 años de edad, en Chomoradó. Los familiares de la posible víctima solicita un apoyo humanitario para conocer de la situación de su padre. La Comisión Humanitaria Ad Hoc, llega a la vereda Choromandó encontrándose con integrantes de las Fuerzas Militares, entre ellos un Mayor de apellido CRESPO. El militar acusó a los familiares del campesino llamado JORGE, diciendo: “él es un bandido, auxiliador de la guerrilla. El ganado que hay en la finca es de la guerrilla. El está huyendo, no lo pudimos capturar. Solo tenemos dos indígenas detenidos a los que se les cogió municiones y un cargamento de víveres en sus casas”. Agregó el Mayor CRESPO: “cuando están metidos en problemas buscan a las hermanas, a los Padres y a la Cruz Roja”.
El Mayor CRESPO refiriéndose a los indígenas expresó: “los indígenas deben de salir porque vamos a bombardear a Choromandó” (…) “Los indígenas son guerrilleros, en la casa del gobernador actual estaba la planta de la luz. Un indio que anda como ayudante en una camioneta roja se hace pasar por ayudante pero no lo es, es un mandadero de la guerrilla que anda diciéndoles dónde y qué estamos haciendo nosotros. Por un indio no voy hacer matar mi gente, ellos son también colombianos”
A uno de los indígenas detenidos, ABEL DOMICÓ, lo vistieron con ropa de soldado, le colocaron un pasamontañas y lo bajaron a la carretera de Choromandó amarrado con cadenas en la cintura. Según versiones de testigos, a ABEL lo llevaron primero a Mutatá y de ahí posiblemente a Casa Verde en Apartadó. De acuerdo con las versiones de testigos, “A Abel lo trataron como un animal, le daban poca comida, le quitaban las esposas solo para comer”.
ABEL fue entregado a su organización indígena, el día 31 de marzo en Chigorodó y el campesino JORGE apareció dos días después.
* Viernes 06 de abril, un helicóptero bombardeó por los lados del sector conocido como Río Verde, entre Uramita y Dabeiba.
Segundo bloqueo: sábado 07 de abril el operativo armado reinicia el bloqueo de transporte y alimentos a Dabeiba que termina el 16 de abril.
El operativo, esta vez ejecutado por los paramilitares de las Autofensas Unidas de Colombia, AUC, no permitía entrar vehículos al casco urbano de Dabeiba. Iniciaron sus amenazas y estigmatizaron a la población como “guerrillera “.
El Ejército que se encontraba en Dabeiba se fue de la población hacia Uramita en los primeros días del mes de mayo. Al salir de Dabeiba manifestaron que: “nos vamos, en este pueblo hay mucha guerrilla”.
Tercer Bloqueo: miércoles 09 de junio en el marco del operativo armado iniciaron un nuevo bloqueo a Dabeiba que a la fecha de esta constancia se mantiene. A través de una llamada telefónica a una de las empresas de transporte intermunicipal, “Gómez Hernández” dieron a conocer el nuevo paro: “No despachen carros que desde las doce de la noche de hoy empieza un paro armado”.
Mientras que en el municipio Mutatá, dieron órdenes en las empresas de transporte y restaurantes de no despachar carros, ni preparar alimentos porque cerraban la vía a las 12:00 p.m. por tiempo indefinido. En Mutatá son varios los paramilitares reconocidos como los “jefes”, entre ellos el comandante “ELKIN”, “El BURRO” y “EL MOCHO”. Su trabajo es vigilar los alrededores del municipio en sus motos y como dicen ellos, “hacer limpieza”.
* Martes 12 de junio: del operativo armado se informa públicamente a través de un comunicado de los paramilitares del “Nuevo Estado Mayor de las AUC” al Alto Comisionado de Paz, según el cual,: “Cinco mil nuevos hombres de las Auc entraron al escenario de la confrontación en la geografía nacional. Tres epicentros de operaciones y cuatro corredores de abastecimiento que aún les quedan a las Farc comenzaron a ser copados y estarán en poder de las Auc antes de diciembre. (…) El Arauca pica en punta. Las Farc van a necesitar quién los proteja (Sic) en Urrao y Encarnación, en Ituango, Dabeiba y Uramita. Para volver a tomar el control antes del mes de diciembre de este año ”. (El Tiempo página 1-7 del 17 de junio de 2001)
* Martes 28 de Junio, como lo reseña la prensa, el operativo armado, a través de paramilitares de las AUC continuó su marcha, realizando una incursión al municipio de Ituango.
* Miércoles 4 de julio, el operativo avanza mediante la incursión en el municipio de Peque de por lo menos 2000 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, según dijeron los medios de información. En esta población también han prohibido el ingreso de alimentos, cortaron las líneas telefónicas y dieron un plazo de cinco días para desocupar el pueblo. A los campesinos de Peque los están haciendo desplazar hacia Dabeiba, según el periódico El Colombiano, pagina 12A del 6 de Julio de 2001: “En Peque hay 2.000 personas aterrorizadas y amenazadas, tanto que los paramilitares prohibieron a sus habitantes que contestaran los teléfonos y les dijeron a los campesinos que vienen desplazados del campo que tenían que irse también, ojalá, para Dabeiba (Dijo un habitante de Peque)”. El Colombiano, pagina 8A del 9 de Julio, hace referencia al Personero municipal, quien dice que: “a los dos mil habitantes de la zona urbana se sumaron tres mil desplazados del área rural, pero que hora tras hora siguen llegando más (…) es doloroso que importe más la Copa América que la suerte de 11.000 compatriotas que son antioqueños y colombianos”. Mientras los jefes paramilitares Marcos y Felipe advierten que la única forma de no hacerlos desplazar es que haga presencia permanente en Peque el Ejército y la Policía, los habitantes del municipio sostienen que les interesa más la presencia de organismos internacionales oficiales y no gubernamentales que permitan el retorno de los campesinos a los corregimientos y veredas.
El Tiempo 1-4 del 7 de julio, dice: “La presencia del grupo armado (paramilitares) en esta localidad del occidente antioqueño, a 226 kilómetros de Medellín, es la más reciente estrategia de guerra utilizada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para tener en control sobre la vía a Urabá y municipios aledaños, como Dabeiba, Buriticá, Uramita, Cañasgordas y Giraldo(…) El comisionado de Paz de Antioquia, Gilberto Echeverri, anunció que las autoridades esperan el primer reporte de una comisión de personal de la Cruz Roja y de la Defensoría del Pueblo que viajó ayer a la zona, para entrar luego con alimentos. Tropas de la Cuarta Brigada salieron de Uramita en dirección a Peque, pero la distancia es muy grande y las precauciones tienen que ser al máximo, dijo el comisionado. La Gobernación de Antioquia solicitó a la Conferencia Episcopal la mediación ante los mandos paramilitares, no solo para que las Auc abandonen el casco urbano y desistan de promover el éxodo masivo, sino para que terminen con la presión y las amenazas en los otros municipios de la región”.
La propuesta de “caravanas de transportadores escoltados por el Ejército” volvió a hacerse pública entre los días 6 y 8 de julio de 2001, a través de los medios de información, mientras daban la noticia de la incursión paramilitar al municipio de Peque, occidente antioqueño.
* El domingo 08 de julio de 2001, varios camiones cargados de alimentos entraron a Dabeiba por la vía de Uramita, escoltados por un helicóptero del Ejército, el cual sobrevoló el casco urbano mientras descargaban los camiones y volvieron a salir. Luego de este hecho, el bloqueo aún se mantiene.
A los pocos días de iniciado el tercer bloqueo económico, el comandante de los paramilitares de Mutatá dijo que: “Se abre el paso el 30 de junio” y días antes de cumplirse el plazo en Dabeiba dejaron un volante que decía que se prolongaba hasta el 18 de julio de 2001 y en Mutatá dijeron que hasta el 27 de julio de 2001. Desde el viernes 22 de junio de 2001, se dio a conocer en Dabeiba a través de rumores que llegaban de Mutatá y Uramita, que el bloqueo económico duraría hasta el día 09 de julio de 2001, con el fin de que se tomara todo el tiempo de vacaciones de mitad de año. Lo cierto es que el bloqueo económico se mantiene de manera indefinida y desde el 09 de julio de 2001 anunciaron, que se va a cerrar del todo el paso por ambas vías que comunican a Dabeiba.
Después de completarse 74 días del tercer bloqueo económico el día 21 de agosto de 2001, ya el comercio de Dabeiba presenta una etapa crítica, no se consiguen alimentos de consumo básico como la sal, el arroz, la papa, el maíz, los huevos y el pollo, al igual que la gasolina, lo que llevó a suspender el transporte de las chivas (vehículos de servicio público) hacia las veredas del municipio.
Varias cosechas se están perdiendo porque no hay transporte hacia Medellín por la vía de Uramita. Quienes se arriesgan a salir por la vía de Mutatá y comercian con Medellín las cosechas, tienen que dar la vuelta por la vía alterna, pasando de Urabá hacia el departamento de Córdoba y luego a Medellín con costos muy elevados del transporte por lo cual prefieren no hacerlo o comprar al campesino a precios muy bajos para justificar el transporte.
El operativo armado pone riesgo la vida de los habitantes de este municipio. Aísla a Dabeiba al tiempo que estigmatiza a sus habitantes como guerrilleros. La respuesta de la Gobernación de Antioquia y de la Brigada IV del Ejército Nacional a la situación se hizo pública a través de los medios de información en la primera semana de este último bloqueo económico.
Algunos habitantes se han arriesgado a salir del pueblo por la carretera hacia Uramita, movilizándose en vehículos pequeños, generalmente motocicletas y solo pueden llegar hasta la finca La Medina, a la altura de un punto conocido como el Eevenidero. Solo dejan transportar pasajeros, el operativo armado ha prohibido la entrada de alimentos u otra clase de carga por esta vía. Al llegar a este sitio, en ocasiones está esperando una
camioneta que lleva a los pasajeros hacia Uramita, pero generalmente las personas tienen que caminar casi dos horas hasta este municipio, de ahí en adelante el transporte hacia Medellín esta normal.
Algunas personas han entrado a Dabeiba de la misma forma y dicen que no hay retenes pero que si un vehículo pasa el sitio del Revenidero de una vez aparece un hombre en una moto o a caballo o caminando que les dice que “no es conveniente que hagan eso o es que no temen perder el vehículo”. Al llegar al casco urbano de Uramita se observa la presencia de tropas del Batallón Pedro Justo Berrío, adscritas a la Brigada IV del Ejército Nacional. En el tramo de la carretera nueva que comunica Uramita – Dabeiba, a la altura del sector de Río Verde, El Botón y Dabeiba Viejo no dejan pasar vehículos y durante el tiempo del bloqueo económico se han realizado trabajos de mantenimiento a la carretera por parte de trabajadores del municipio de Uramita.
A la altura del sector conocido como Chever Taparales, en la vía Dabeiba – Mutatá, se encuentran tropas del Ejército al igual que la hacienda La Recta, en la entrada a Mutatá. Por esta vía con permiso del comandante del Ejército de Mutatá, han salido de Dabeiba algunos vehículos que transportan tomate y que abastecen el comercio de varios municipios de Urabá. También algunos taxis de servicio público suben y bajan a Dabeiba, transportando personas que entran o salen al casco urbano.
Es evidente el desarrollo de una estrategia regional contrainsurgente que, bajo el pretexto de confrontar a las FARC-EP, sigue generando profundos daños irreparables en todas las comunidades a quiénes se les sigue concibiendo como el brazo civil de la insurgencia armada. Los métodos, los mecanismos y las estrategia de actuación expresan a las luces de la razón humana, la banalización de la dignidad humana, la erosión del Estado de Derecho por la cualificación y la estructuración cada vez mejor del modo paramilitar – acciones irregulares e ilegales de las fuerzas regulares a través de acciones encubiertas y clandestinas-.
Comunidades del Cacarica y del Bajo Atrato
Desde Bajirá, departamento de Antioquia, que se encuentra con una gran presencia armada de militares y de paramilitares se han desplegado una serie de acciones contrainsurgentes contra las FARC-EP que han afectado por el sur a los habitantes del Bajo Atrato, durante este año en tres ocasiones. En esta subregión los pobladores de la zona en situación de desplazamiento manifestaron a nuestra Comisión los últimos atropellos y daños e irreparables que han sufrido y de los que han sido testigos varios campesinos que por intentar sobrevivir ocultándose entre la selva cercana se les tilda de “guerrilleros”.
* Martes 7 de agosto a las 9:00 hora local aproximadamente un grupo de aproximadamente 100 hombres, entre los que se encontraban unidades de la Brigada XVII y de Contra Guerrilla 35 con civiles armados, vestidos de camuflado incursionaron por la vereda El Firme, municipio del Carmen del Darién, margen izquierda del río Curvaradó, asesinaron a la señora UFROCINA TOVAR, quien al momento de su asesinato dio a luz a su hijo el cual también murió.
En el mismo caserío que fue rodeado, retuvieron a 8 personas, a las cuales después de varias horas las soltaron y las amenazaron afirmando: “desocupen la región, porque si no los vamos a matar”.
Después incursionaron en la vereda de Villaluz, municipio del Carmen del Darién, tratando de rodear a los pobladores que lograron sin embargo huir, al tiempo que los armados gritaban:”esta tierra es de nosotros. De aquí no nos vamos” . En el caserío destruyeron algunos cultivos de pan coger y se robaron 5 semovientes.
* Jueves 9 de agosto, los armados rodearon e incursionaron a la vereda de San José, ubicada a dos horas de Villa Luz, generando una estampida de la Comunidad. Al rodear el caserío testigos observaron como lograron retener a dos menores de edad, de 12 y 14 años, respectivamente. Los armados expresaron al ingresar al caserío que “esta tierra es de nosotros, desocupen, los vamos a matar”. Hasta el momento se desconoce el paradero de estos menores y el de varias familias entre ellas, ROSARIO, SANCHEZ, RAMOS, DELGADO, así como, los campesinos JOSE DEL CARMEN VILLALBA (65 años) y ALEXANDER TORRES (50 años de edad)
* Diez días después, en desarrollo del mismo operativo, el domingo 19 de agosto, a las 13:00 horas, llegaron a la vereda Caño Clarito. Allí rodearon el caserío y dispararon sobre la casa de un grupo de campesinos que no lograron huir. Luego de varios minutos, los campesinos pudieron escapar. Horas más tarde los pobladores regresaron y encontraron un número de viviendas quemadas con todos sus productos y enseres.
* Lunes 20 de agosto, a las 9:00 hora local, los armados incursionaron en la vereda Bella Flor Remacho, Carmen del Darién, quemando 20 casas de habitación, y afectando las maquinarias de un proyecto productivo de caña y arroz.
En el Cacarica el operativo militar irregular continúa con la presencia en la base de la Balsa, a dos horas y medida del asentamiento Nueva Vida de los civiles armados que actuaron en la Operación Génesis de la Brigada XVII del Ejército y que incursionaron desde 7 de junio a la Comunidad de Bijao, el 9 de junio al asentamiento Esperanza en Dios, el 10 de junio al asentamiento Nueva Vida y el 11 de junio hasta la Tapa en la vía que conduce a los dos asentamientos. Siguen moviéndose a plena luz del día en el municipio de Turbo y las amenazas de un ataque con graves daños a la comunidad, se siguen profiriendo.
* Lunes 16 de julio a las 14:30 hora local en el puesto de control fluvial, 8 hombres armados reconocidos como paramilitares se embarcaron en una panga de fibra de vidrio con motor de alta potencia y pasaron por el puesto de control en la Punta sin que ninguna acción se haya emprendido de parte de las autoridades contra ellos.
* Viernes 20 de julio: varias personas vieron al reconocido paramilitar VICENTE MUENTES salir de la sede del Batallón de Infantería No 50 y abordar un carro tipo campero de color rojo utilizado en el servicio Urbano donde lo esperaba el conductor. VICENTE MUENTES participó en la OPERACIÓN GENESIS de la Brigada XVII que generó el desplazamiento forzado de las comunidades en febrero de 1997 y en el operativo militar irregular en los Asentamientos Nueva Vida y Esperanza en Dios en junio de 2001, donde se presentó como uno de los comandantes.
* Lunes 23 de julio entre las 9:30 y 9:45 merodeaba por la casa misionera de Justicia y Paz en el barrio Buenos Aires de Turbo, en la que se encontraban miembros de las comunidades, el paramilitar CORNELIO MAQUILON. Este paramilitar participó en la Operación Génesis comandada por Brigadier General RITO ALEJO DEL RIO que generó el desplazamiento forzado de las comunidades del Cacarica en la última semana de febrero de 1997 y participó en el operativo militar irregular siendo visto el 11 de junio de 2001 en la Tapa, a media hora de los asentamientos Nueva Vida y Esperanza en Dios, en una de las embarcaciones de la Infantería de Marina que adelantaron acciones de registro de maletas, identidades y filmación de miembros de las comunidades y de del equipo misionero en la “Tapa”, en el territorio Colectivo del Cacarica.
* Martes 28 de julio a las 9:00 hora local en el sitio conocido como el Tancón en el municipio de Turbo, fue visto JAIME TORO MARTINEZ conocido como “JAIMITO” paramilitar que participó en el operativo militar irregular en el Cacarica e ingresó a los asentamientos Nueva Vida y Esperanza en Dios el 9 y 10 de junio, y a quien obligaron los comandantes a retirarse la pañoleta con la que se cubría el rostro, pudiendo ser plenamente identificado.
* Domingo 5 de agosto, a las 17:00 hora local, una embarcación con hombres armados pertenecientes a los paramilitares se acercan al caserío de Tumaradó lugar desde el que han controlado el movimiento de embarcaciones, la entrada y salida de cosechas y el ingreso de alimentos a las comunidades del Cacarica.
* Lunes 13 de agosto a las 16:00 hora local en el caserío de Tumaradó se constata la presencia de una panga en fibra de vidrio con 12 hombres armados y vestidos de camuflado pertenecientes a los grupos paramilitares.
* Nuevamente nuestra Comisión ha tenido conocimiento que se está preparando un operativo armado a los asentamientos Nueva Vida y Esperanza en Dios de las comunidades de retorno al Cacarica con la pretensión de causar mayores daños a los campesinos que resisten civilmente en la zona. Según la fuente, el operativo se adelantará en el mes de octubre del presente año.
El acompañamiento a las comunidades en proceso de resistencia, la verdad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos que ha sido confiada a nuestra Comisión y que nos sentimos en la responsabilidad evangélica de proclamar como Constancia Histórica y Censura Moral, siguen siendo cuestionadas y se pretende restar validez y legitimidad apelando a argumentos como el del desconocimiento del Estado en el acompañamiento que adelantamos, la similitud o cercanía a la insurgencia armada, la calumnia y ahora sembrando duda sobre la transparencia con que se manejan los recursos al servicio de las comunidades que acompañamos.
Cada uno de los tres últimos comandantes de la Brigada XVII del ejército ha buscado el modo de evadir la responsabilidad que recae sobre las unidades a su mando por las graves violaciones a los Derechos Humanos de las que han sido conocedores decenas de delegados de la comunidad internacional.
En abril de 1999 el genera MARTIN EMILIO CARREÑO en declaraciones al diario el Colombiano (23-03, p 2A) señalaba su “preocupación” por la presencia en las comunidades de representantes de “organizaciones internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, Justicia y Paz de Colombia. Por qué no se acompañan de algún miembro del Estado Colombiano? A mí me preocupa eso y a otra gente”. En agosto del 2000 e General VARGAS FORERO, comandante de la Brigada en ese entonces a raíz de las reacciones que se dieron después de sucedida la masacre de la vereda la Unión (8 de julio de 2000) manifiesta al “Heraldo de Urabá” (Nro 245 agosto p.1b) “Lo que han hecho esas personas anónimamente ha sido bastante negativo que afecta al ejercito por que eso les ha hecho mas daño que lo que puede hacer todo el frente del bloque Noroccidental de las FARC “ y que “la única ONG que los ataca es la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Esto ha sido en forma permanente, abierta indiscriminada vil y cobarde”.
En junio de 2001, después del operativo militar irregular en el Cacarica y ante la insistencia a la Brigada por parte de algunos funcionarios del Gobierno de conocer un informe sobre las gestiones adelantadas para evitar la incursión y después de explicar los motivos por los que no hubo reacción alguna que evitara que el operativo avanzara, el General PABLO ALBERTO MARTINEZ LAVERDE manifiesta, de manera súbita, en su informe dirigido al inspector general del ejército según oficio 03704 DIV1-BRXVII-B-3-375: “De la misma manera me permito informar a mi general que existen documentos enviados directamente a la Vicepresidencia de la República y otros organismos de control del Estado (los cuales se anexan) donde las comunidades retornadas manifiestan de manera abierta y acusan a la ONG Justicia y Paz y la Red de Solidaridad Social por los malos manejos de los diferentes recursos destinados para la solución de sus problemas”. La reacción a las Constancias continúa de la manera siguiente: “Contrario a las diferentes denuncias que en anteriores ocasiones se han recibido por parte de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, la comunidad de Riosucio (…) se ha manifestado en forma positiva por intermedio de un comunicado (…) donde expresan su apoyo incondicional a la institución armada y a la vez rechazan las acusaciones tendenciosas que se vienen haciendo en contra del Ejército Nacional”
En la mirada de la Brigada XVII en 1999 nuestra Comisión auspiciaba las repúblicas independientes, en el 2000 las reacciones a las graves violaciones a los Derechos Humanos son mas dañinas para el ejército que lo que hace la guerrilla y no son sus actuaciones las que deben ser investigadas, sancionadas y reparadas sino las reacciones a las misma y en el 2001 la verdad recogida y pronunciada es calificada como tendenciosa y sobre quien la pronuncia se extiende un manto de duda para restar legitimidad.
La evidencia de la barbarie no deja otro recurso de defensa que el ataque desconociendo en la práctica la política de Paz y Derechos Humanos promulgada por el mismo Gobierno y la directiva presidencial No. 7 de 1999, en cuyo inciso 2 se ordena a los funcionarios públicos “abstenerse de hacer falsas imputaciones que comprometan la seguridad, así como la honra y el buen nombre de las organizaciones de derechos humanos y sus miembros”. Seguramente ante los apartes de este informe se dirá que no hay imputación alguna, que como funcionario solo cita la denuncia de las comunidades , que ya fueron remitidas a la autoridad competente, que si los organismos de derechos humanos se sienten afectados están en todo el derecho de acudir al Ministerio Público.
En las incursiones vividas durante este año a muchas campesinas y campesinos que han intentado huir entre la selva o que han intentado ocultarse al ser descubiertos, no solo se les ha maltratado físicamente sino que se les ha amenazado de muerte anunciándoles que si no abandonan sus caseríos los van a matar y sus siembras han sido destruidas. Las acciones se han adelantado desde Bajirá donde se encuentra una base militar y, a pocos metros, los paramilitares que se colocan brazaletes de las Autodefensas Campesinas, en los caminos que conducen a los caminos conocidos como Las Brisas, Celino, La Despensa.
Es evidente que sobre las bases de la impunidad en las actuaciones de los agentes del Estado que han dirigido o que han participado en graves daños irreparables contra los habitantes del Urabá Antioqueño y del Bajo Atrato Chocoano es imposible seguir esperando que las actuaciones irregulares de la Fuerzas Militares sean corregidas, que las estructuras criminales que han generado la destrucción de vidas de campesinos mestizos y afrocolombianos sean abolidas como mecanismos de acción contrainsurgente.
La detención preventiva del General RITO ALEJO DEL RIO, su posterior puesta en libertad a través de un cuestionado Habeas Corpus, las manifestaciones públicas del Fiscal General de la Nación, muestran la ausencia de voluntad política para en Derecho, juzgar y sancionar los agentes estatales comprometidos en crímenes de Lesa Humanidad, como los vividos por estas comunidades en el pasado, por las omisiones de altos dignatarios del Estado como el Presidente de ese entonces ERNESTO SAMPER PIZANO, a quién de diversos modos y medios se les dio a conocer la situación que allí se vivía y que nunca obró para hacer respetar la vida e integridad personal de cientos de campesinos que hoy se encuentran asesinados o en los espacios de la noche y la niebla.
Hoy, como ayer, el olvido práctico que se profesa desde las acciones de guerra pretende enterrar la memoria de los campesinos y de las campesinas, que en medio del terror se atreven a desnudar lo que está sucediendo en la región, pues sus proyectos de vida, sus propuestas económicas, sus productos de pan coger están siendo destruidos, o sus formas de autosostenimiento tradicional están siendo boicoteados por las diversas formas de bloqueo que se han implementado.
Ellos, las víctimas y los testigos serán, como ayer, requeridos para sustentar, para ampliar, para presentar las pruebas, las fotografías, los videos que permitan dar inicio a investigaciones, envileciendo no solo el testimonio humano sino utilizándolo para justificar la inoperancia de la justicia o para ocultar la negligencia en la búsqueda de otro tipo de pruebas que se encuentran en las personas, los lugares y los sitios en los que, todo el mundo conoce, se planean los atentados. Nunca se buscan las pruebas en los lugares oficiales donde se realizan reuniones, en donde salen civiles que actúan vestidos de camuflado en los operativos militares, en las guarniciones oficiales, en las bases armadas que se encuentran entre Bajirá y Mutatá donde se encuentran los bancos de semilla de Palma Africana, proyecto que se quiere implementar en el Chocó, en los listados que deben reseñar las horas y los lugares de los operativos, quiénes los ordenaron, quiénes los dirigieron, en las sedes privadas, pero reconocidas públicamente de los paramilitares en Apartadó, Turbo, Necoclí, Riosucio, Mutatá.
El recorrido por esta conflictiva región devela mecanismos y métodos censurados por la humanidad en las acciones de defensa de la institucionalidad, principios que han nacido no como fruto del comunismo internacional sino de la conciencia de la razón humana que proscribe modos de ejercicio militar o armado que en cabeza del Estado, lo hacen distorsionar el sentido del Estado de Derecho.
Hace más de cuatro años fue la “Operación Génesis” y las acciones contra insurgente en la serranía del Abibe en las que se presentaron graves y protuberantes violaciones a los derechos humanos que dieron origen a múltiples formas de ejercicio de los derechos de la población. En esa época los bloqueos económicos, los asesinatos y las desapariciones forzosas, atentados y crímenes perfectos articulaban acciones de las fuerzas regulares con las paramilitares. Hoy se combinan diversos mecanismos y métodos como bloqueos sistemáticos en formas de diversas del control sobre la población: retenes móviles o fijos, ametrallamientos, cerco a las comunidades en acciones combinadas y camufladas con la participación de civiles, y la formulación de propuestas de “desarrollo” y de incentivos socio económicos. Los modos de la barbarie se han cualificado, se han sofisticado hasta hacerse cínicos. Las razones de Estado no legitiman que la población civil sea el objeto de las acciones militares. Las razones de Estado no legitiman que las víctimas sean producto de quién debe ser el garante de velar por el respeto de la dignidad humana so pretexto de la acción contrainsurgente. Las razones de Estado no legitiman que los derechos territoriales de las comunidades no sean respetados y que se propicie en la práctica nuevas formas de economía que requieren garantías para los menos y exclusión para la mayoría de campesinos mestizos o afrocolombianos que han sido marginados y ahora pretenden ser excluidos, gracias al “nuevo progreso”.
En este nuevo momento son evidentes las omisiones, las complicidades, las articulaciones, los modos de operación conjunta, la unidad de acción, las estrategias del engaño, del camuflaje, la pretensión de confundir para ocultar y para evadir responsabilidades y el recurso al desprestigio para restar peso a la verdad que sale a la luz. Nadie ha negado la existencia de la presencia de las FARC-EP en la región, sus acciones de guerra en la lógica de guerra de guerrillas, pero su presencia y el desarrollo de su estrategia militar en ningún caso y bajo ningún principio justifican que sus acciones sean combatidas o confrontadas, negando el carácter de población civil de los campesinos o atentando contra quienes se les concibe como su base social. Hoy estamos ante un nuevo escenario, no simplemente militar de la estrategia paramilitar, sino ante el inicio de un estado social económico y político contra unas comunidades que ejercen su derecho a la vida y a la defensa del territorio.
Es evidente que la Política de Derechos Humanos es inexistente, que no hay signos que muestren siquiera ataques o combates a las formas de desarrollo del paramilitarismo, que los derechos de la población civil, aún en condiciones de guerra, como la libre asociación, la libre movilización, el derecho a la alimentación, no son respetados.
Ante ustedes, nuevamente, desde la conciencia de un Dios que se encuentra en medio del terror animando la esperanza de las comunidades, nuestra expresión de Censura Moral ante los métodos y mecanismos adoptados en la lucha contrainsurgente, contra las pretendidas justificaciones y argumentaciones que son una abdicación del Estado de Derecho. Ante la humanidad nuestra Constancia para que la memoria de los hombres de buena voluntad, alguna vez esclarezcan lo que aquí ha sucedido y allanen caminos en la búsqueda de justicia ante tanto horror, terror, persecución, hostigamiento, sistematicidad de actuación, desapariciones, torturas psicológicas y asesinatos.
COMISION INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ