Comunidad amenazada en una “lista negra”
Los paramilitares están buscando a miembros de las comunidades de la cuenca del río Curvaradó, en el noroeste de Colombia, para matarlos. También han estado vigilando a miembros de una ONG de derechos humanos que trabaja en la región, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ONG de derechos humanos, supo el 28 de abril que unos paramilitares que actúan en la zona de la cuenca del río Curvaradó, en el departamento noroccidental del Chocó, tenían una lista de seis miembros de la comunidad a los que habían anunciado que iban a matar: Gustavo García, Adrián Pérez, Elkín Urango, Emiliano Velásquez, Guillermo Díaz y Enrique Cabezas.
Los paramilitares amenazaron al hermano de Enrique Cabezas con un arma el 26 de abril, y le dijeron que iban a matarlo. El 2 de mayo, unos paramilitares entraron en la Zona Humanitaria Argenito Díaz, en el área de Llano Rico de las tierras de propiedad colectiva del Curvaradó, buscando a Guillermo Díaz.
Entraron en la casa de Guillermo Díaz y, al no encontrarlo allí, se marcharon. Los paramilitares han podido actuar libremente en la zona pese a la fuerte presencia de las fuerzas de seguridad, en cuya compañía se les ha visto.
Los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz que acompañan a las comunidades de la cuenca del río Curvaradó estuvieron sometidos a vigilancia el 2 de mayo en la capital, Bogotá. En el pasado, ha habido casos de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido vigilados por hombres armados antes de que se produjeran atentados contra su vida. El padre Alberto Franco, Danilo Rueda y Abilio Peña, de la Comisión Intereclesial, han sido todos sometidos a vigilancia este año.
Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:
Expresando preocupación por la seguridad de los miembros de las comunidades de la cuenca del río Curvaradó y por la del padre Alberto Franco, Danilo Rueda y Abilio Peña, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz;
pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la amenaza de muerte contra seis líderes de la cuenca del río Curvaradó y sobre el aparente atentado fallido contra la vida de Guillermo Díaz; pidiéndoles que hagan públicos los resultados de esa investigación y que lleven a todos los responsables de estos hechos ante la justicia; instándolas a brindar protección efectiva a quienes la soliciten, de estricta conformidad con los deseos de los afectados; instándolas a desmantelar los grupos paramilitares y romper sus vínculos con las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos; recordándoles que deben cumplir con su obligación de garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo sin temor, tal y como establece la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.