Comunidad afrodescendiente es desalojada a la fuerza
Desde el pasado lunes 21 de octubre pobladores de la comunidad negra de El Crucero, en bajo Calima, decidieron bloquear de manera pacífica la vía ancestral y privada que conduce al estero agua dulce.
Su respuesta fue en razón de negación de sus derechos. Desde hace 3 meses la empresa Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce SPIA, de manera inconsulta inició trabajos de intervención con maquinaria pesada causando daños irreparables a la biodiversidad y desconociendo derechos colectivos.
Una de las exigencias es que se congelen las obras de infraestructura vial adelantadas por la empresa Agua Dulce.
Las comunidades pretenden que resuelva de fondo el reconocimiento jurídico del territorio, el cumplimiento por parte de la alcaldía de Buenaventura a dar trámite a la inscripción del Consejo Comunitario y Biodiverso El Porvenir y la realización de una real y efectiva consulta previa.
Durante los días del bloqueo la administración distrital les citó a reunión en el palacio municipal. La secretaría de gobierno, Ledis Copete, señaló falta de condiciones de seguridad para reunirnos en la comunidad porque había presión de otras personas y otros grupos.
Ayer a las 2:45 p.m en un procedimiento que desbordó el uso de la fuerza, con lanzamiento de gases lacrimógenos contra niñas, niños, adultos mayores del territorio colectivo.
El gas alcanzó una de las viviendas de donde tuvieron que sacar de urgencia a una mujer que dentro de su vivienda fue afectada por los gases.
No contentos con estos atropellos señalaron a una joven de estar corriendo con un arma para justificar su detención, igualmente uno de los jóvenes quien también se encontraba en el lugar con una tablet registrando imágenes fue agredido, detenido y de su equipo fueron borradas las imágenes de los atropellos.
Por otra parte, varias personas fueron conducidas en la tanqueta del Ejército hasta Buenaventura y luego de 2 horas dejadas en libertad.
A Mayerli Perea, la señalaron de portar un arma, los policiales hirieron a Abraham Advinculay y Celinda , madre de los jóvenes detenidos y dueña de la vivienda donde la fuerza pública arrojó el gas.
Bogotá, octubre 29 de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz