Comunicado público sobre situación en la universidad de Antioquia
Lo que viene sucediendo durante la última semana en la Universidad de Antioquia como reacción a los disturbios provocados por el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, al ordenar la toma violenta -por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)- del espacio universitario.
En donde el 15 de septiembre del año en curso profesores y estudiantes desarrollaban una protesta pacífica, manifestando el rechazo y la inconformidad generada por la implementación de la Tarjeta Integrada Personal (TIP) y por las medidas coercitivas que se vienen aplicando en el “Alma Mater”; colocan en vilo la condición pública del primer centro de educación superior de nuestro departamento, agrava su déficit de democracia -por demás- y constituye el pretexto perfecto para negar la diversidad, la condición crítica y deliberante como elementos propios de un espacio en el que se edifica y enriquece el conocimiento.
La asociación entre el ejercicio de una especie de delincuencia mafiosa encargada de expender sustancias alucinógenas al interior de la Universidad, las ventas ambulantes no autorizadas y la protesta estudiantil, constituyen una excusa perfecta para la implementación de una especie de estado de seguridad y policivo dirigido a suprimir el ejercicio de la crítica, la deliberación y la resistencia a las políticas públicas permisivas del debilitamiento de la condición pública de este espacio; tal vez, como suele suceder en nuestro país, a cualquier costo y mediante todos los medios posibles, para que se posibilite la “normalización” de la vida académica. En tales condiciones cualquier cosa puede resultar posible, pero lo más seguro es que el estado de paz y tranquilidad añorado termine siendo el propósito más difícil de alcanzar y los costos, en términos de socavamiento de las libertades y de la autonomía universitaria, resulten siendo altos.
Ahora finalmente entendemos el apresuramiento para determinar el cierre de las dependencias universitarias y la cesación o paro oficial decretado por el Consejo Superior, tal y como ha sucedido durante la última semana, quien sabe hasta cuándo. El Gobernador acaba de anunciar algunas de las medidas represivas o de “control” a tomar: colocación de cámaras de vigilancia en el mayor número de espacios universitarios posibles y el asalto o allanamiento de cada uno de los casilleros usufructuados por los estudiantes. A su vez, el Consejo Académico condiciona la reapertura a que cada uno de los estamentos universitarios se comprometa a respetar la Constitución, la ley y los reglamentos. ¿Acaso de esta institucionalidad que toma medidas lesivas del espíritu académico, se puede pregonar un estricto apego a la legalidad?
Dudamos lo anterior y hacemos un llamado urgente a los diferentes sectores sociales interesados en la defensa de la educación pública, en el ejercicio pleno de la igualdad y las libertades consagradas en nuestra Constitución, para exigir de la autoridad administrativa y directivas de la Universidad de Antioquia y del gobernador Luis Alfredo Ramos, la apertura inmediata e incondicional de este centro de educación superior.