Comunicado público de respaldo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Rechazamos las acusaciones, los señalamientos y la desinformación de la que ha sido objeto el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, en los últimos días por el trámite del caso de la masacre de Mapiripán ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ocurrida en 1997 y respaldamos su labor en la defensa de las víctimas, la protección y la promoción de los Derechos Humanos.
Como víctimas agrupadas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE:
Rechazamos las acusaciones, los señalamientos y la desinformación de la que ha sido objeto el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR, en los últimos días por el trámite del caso de la masacre de Mapiripán ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ocurrida en 1997 y respaldamos su labor en la defensa de las víctimas, la protección y la promoción de los Derechos Humanos.
Rechazamos que el propio presidente Juan Manuel Santos y su ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sin conocimiento de fondo, hayan realizado aseveraciones públicas que desinforman, usan o se convierten en parte de una operación de difamación y de señalamientos, conducentes a vulnerar las garantías para defender los Derechos Humanos. Dichas actuaciones sirven para desconocer la responsabilidad del Estado en la continuidad, tanto de las violaciones a los Derechos Humanos, como de los crímenes de lesa humanidad y, por consiguiente, de la impunidad, justificando de esta manera la ausencia de investigaciones eficaces.
Las afirmaciones que deslegitiman la labor del CCAJAR, incluso con manifestaciones que pretenden sostener la existencia de engaño y fraude procesal, o con otras que plantean la edificación de una “operación” de un grupo o un “cartel criminal” cuyo objeto es enriquecerse a costa de las víctimas, buscan asegurar la impunidad social y jurídica de los responsables en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Damos fe de que el CCAJAR solamente representó a cinco familias, de un total de víctimas que el Estado no ha identificado en su totalidad, siendo esto último su deber en conformidad con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; es claro que al respecto no ha habido referencia ni mediática ni institucional. Y lo más grave, se realizó una campaña mediática de cuatro días en la que se pretendió estigmatizar al CCAJAR, estrategia utilizada en el pasado para justificar atentados contra opositores políticos.
Le exigimos al presidente de la República respetar a las víctimas y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a sabiendas de que el sólo hecho de insinuar la existencia de un “carrusel de las víctimas”, por medio de epítetos ofensivos como los tendientes a calificar de “avivatos” y “corruptos” a quienes defienden los derechos de las víctimas, es nada más ni nada menos que ofender a las víctimas mismas, restar importancia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ratificar que lo contenido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es letra muerta.
En el fondo, hay un plan sistemático para desvirtuar los argumentos y exigencias de las víctimas y por esta vía despejar el camino para llevar a feliz término el fuero penal militar, de manera que altos mandos militares resulten beneficiados, ejemplo del Palacio de Justicia, en el que está por resolverse en segunda instancia el caso del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega; caso masacre de San Carlos de Guaroa, luego de que la Fiscalía vinculara formalmente al general (r) Jaime Humberto Uscátegui; caso ejecuciones extrajudiciales, que involucran a sin número de altos mandos militares; entre otros tantos.
Exigimos la no estigmatización y acusaciones falsas en contra de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que claramente desconocen la realidad y el debido proceso, así como a todos sus funcionarios a actuar y a manifestarse en los mismos términos.
De la misma manera, le exigimos al gobierno nacional que actúe en conformidad con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de las demandas de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
Somos semilla, somos memoria, somos el sol que renace ante la impunidad, Somos el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
1 de noviembre de 2011