Comunicado Público
Familias de consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó asociadas en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad rechazan afirmaciones hechas por Boris Zapata, director de asuntos de Comunidades negras de Ministerio del Interior sobre la restitución de tierras.
COMUNICADO PÚBLICO
¿De qué modelo exitoso de restitución de Tierras habla
el gobierno?
1. Rechazamos las afirmaciones hechas por el señor Boris Zapata director de asuntos para Comunidades Negras de Ministerio del Interior en el artículo publicado por El Espectador: “Arranca tercer anillo del censo a desplazados del Curbaradó y Jiguamiandó”, cuando expresó: “sabemos que el camino a transitar es largo y difícil, y que puede costar sangre”.
La afirmación es grave pues reconoce el alto riesgo que significa la habitación y la recuperación del uso de las tierras en nuestros territorios. Zapata no dice que el gobierno no ha hecho nada frente al aumento de la presencia paramilitar, es más, cuando estas operaciones son con la complicidad de la brigada 17, como viene sucediendo desde 1996 o cuando la propia brigada 17, imposibilita nuestra libre movilización y saquea nuestros medios de supervivencia acusándonos de ser guerrilleros o cómplices de la guerrilla.
Así por supuesto, el funcionario, está anunciado más muertes, ¿de quiénes? ¿De los qué denunciamos? ¿De los qué hemos afirmando que somos nosotros los que debemos definir el uso de la tierra y no empresas nacionales y multinacionales, algunas de ellas parte del paramilitarismo o beneficiarias del paramilitarismo? ¿Ya denunció a los posibles responsables de esta sangre que va a correr? ¿Qué medidas preventivas ha exigido? ¿Qué le ha respondido su propio Ministro de Interior, del qué es subordinado? Qué medidas concretas, cuando la encargada de resolver las medidas materiales, ni siquiera las ha entregado? ¿Somos 37 lideresas y lideres amenazados y ni una sola respuesta concreta para asegurar la libertad, la vida y la integridad? ¿Qué medidas frente a más de 50 hectáreas sembradas en coca, con libre movilización de insumos para el procesamiento de cocaína, por paramilitares y sus auxiliares? Un año de denuncias y nada pasa en la “prosperidad democrática”? ¿Va a derramarse sangre por exigir nosotros a los ocupantes de mala fe en nuestros territorios?; ¿Y si la situación, como el funcionario la dice es de tal gravedad, por qué el gobierno no está facilitando a nuestros delegados/as la socialización de información recogida en el proceso de censo de manera oportuna?.
2. Invitamos al gobierno que nos escuche, que sea respetuoso de nuestros planteamientos.
El Estado en su conjunto ejecutivo y judicial debe hacer el saneamiento del territorio y después la devolución del suelo, y esto significa medidas eficaces para enfrentar el paramilitarismo armado, empresarial y político.
El gobierno debe reconocer las diversas formas de habitación en el territorio, entre ellas, el respeto a nuestras propuestas humanitarias, de protección ambiental y de ecosistemas, y nuestras apuestas productivas, en cuanto persiste el conflicto armado.
El gobierno ante las decenas de familias desplazadas que han planteado que no van a regresar, debe dar respuesta del derecho a la reubicación.
El gobierno no da respuesta a este derecho, impulsa censo, y da legitimación a terceros que no van habitar en nuestro territorio para tomar decisiones sobre el territorio, ¿no es eso ilógico? ¿Qué sentido, tiene el que decidan sobre la administración del territorio?
El gobierno debe propiciar mecanismos para la socialización de la información que nuestros delegados han recibido en la segundo anillo, que no conocemos, porque no se ha posibilitado tiempos ni apoyo logístico, para que ellos regresen a compartirnos la información.
El gobierno en vez de impulsar campañas de publicidad como Vuelve a tu Tierra sobre nuestra situación debe reconocer el dolor y sufrimiento que vivimos, debe consultar con las comunidades los propósitos de esa campaña, que no compartimos.
El proceso de Censo no ha sido un tema de voluntad del gobierno anterior ni de esto, sino el reconocimiento de derechos de la Corte Constitucional, sin su intervención, la situación sería absolutamente grave. El Auto de la Corte de 18 de mayo de 2010 presenta avances solamente en la elaboración del censo, sin que haya habido garantías plenas de participación, pero el fondo de la situación que ha generado el desalojo no se ha resuelto. Los riesgos siguen y nadie del ejecutivo hace absolutamente nada.
La Fiscalía General de la Nación debe realizar una investigacion eficaz contra victimarios de crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio, y posibilitar que estos no culpabilicen y criminalicen a personas de nuestras comunidades.
¿Qué más tiene que suceder para que exista una devolución de tierras con dignidad?
Familias de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiandó asociados en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad
Zona Humanitaria Camelias es Tesoro, Cuenca del Río Curbaradó , Municipio Carmen del Darien, , Chocó, 22 febrero 2012