Comunicado N° 3
La Misión de Verificación de Derechos Humanos, una vez terminado el segundo recorrido programado para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, entre los municipios de Chocontá, Ubaté, Tunja, Chiquinquirá, Paipa, Duitama, Tibasosa, Sogamoso, e intermedios, informamos a la opinión pública que:
Sogamoso, Colombia. 31 de agosto de 2013.
Durante los recorridos realizados se encontraron concentraciones pacíficas de manifestantes en las vías, con quienes dialogó la Comisión sobre sus condiciones actuales, permitiendo el paso normal de la Comisión, así como de las misiones médicas y de la defensa civil.
En algunos municipios recorridos la misión constató la suplantación de las autoridades civiles locales por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y de Fuerza Disponible de la Policía Nacional, quienes ostentan el control absoluto del orden público, bajo órdenes del ejecutivo nacional. Lo que ha posibilitado el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, así como el trámite violento de la protesta social.
Las comunidades campesinas dieron a conocer a la Misión el insuficiente apoyo humanitario, evidente en la falta de suministros de alimentos, víveres e insumos médicos. Además señalaron que en algunos casos las autoridades municipales responsables no han ejercido su deber de acompañamiento.
En diálogos con las autoridades civiles municipales, éstas denunciaron la comisión de graves actos vandálicos sucedidos en el marco de las jornadas del paro nacional agrario y popular, haciendo claridad que habían sido cometidos por personas ajenas al paro y a las comunidades. En ese sentido, la Misión recibió denuncias de manifestantes referentes a la presencia de agentes de seguridad del Estado infiltrados, vestidos como campesinos o estudiantes, realizando labores de inteligencia, detenciones arbitrarias, actos de violencia y provocación.
La Comisión verificó un subregistro de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública. Además, en varios municipios las detenciones arbitrarias documentadas no han sido reconocidas como tales por los organismos locales de control e investigación y, por tanto, no están siendo investigadas.
Manifestamos la preocupación ante las actitudes hostiles contra la Comisión por parte de agentes de la Policía Nacional, entre las que destacamos el registro audiovisual y fotográfico a las personas y a los vehículos de la Misión, la descalificación de la labor de defensa de los derechos humanos y la pretensión de impedir el paso de la caravana humanitaria. También denunciamos el robo de un chaleco distintivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) en el marco de la Misión.
Finalmente, en razón de las modalidades como fueron realizados los actos de violencia y abuso de poder en contra de la población civil de los diferentes municipios visitados, se constató la existencia una práctica sistemática y generalizada en el actuar criminal y violento de la fuerza pública, en particular del ESMAD.
La Misión de Derechos Humanos conformada por las organizaciones: Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Política de Boyacá y Casanare, Centro de Atención Psicosocial, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Campaña de Detenciones Arbitrarias, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Pueblos, Equipo Nizcor, periodistas independientes (El Turbión y Colombia Informa), con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz y la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
Con el apoyo local de:
Mesa de Derechos Humanos de Tunja, Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombia, Mesa de Trabajo de Derechos Humanos de Tunja, Mesa de Interlocución Agraria (MIA), FENSUAGRO, CPDH Boyacá, Corporación Zoscua, Fundación San Isidro y Red de Derechos Humanos Esperanza.