Comunicado emitido por la Corte Penal Internacional sobre el acuerdo de paz
Declaración de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
El anuncio del 24 de agosto de 2016 sobre la conclusión de las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (“FARC-EP”) es sin lugar a dudas un logro histórico para Colombia y para el pueblo colombiano, cuyas vidas se han visto profundamente afectadas por el conflicto armado de 52 años.
Saludo el anuncio del acuerdo final de paz como un paso crucial hacia el fin del prolongado conflicto durante el cual numerosas atrocidades fueron presuntamente cometidas por todas las partes. Esta oportunidad única para la paz marca el comienzo de un proceso a largo plazo que requerirá un esfuerzo decidido en el curso de su implementación. Comparto la esperanza de que este acuerdo de paz será la base para la construcción de una paz duradera en Colombia. El pueblo de Colombia no merece nada menos.
La importancia fundamental de una auténtica rendición de cuentas – que por definición incluye sanciones efectivas – en la consolidación de una paz sostenible no puede ser suficientemente enfatizada. Como Estado Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Colombia ha reconocido que los crímenes más graves constituyen una amenaza a la paz, la seguridad y al bienestar general del mundo. Asimismo, ha afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes, contribuyendo así a la prevención de los mismos.
Noto con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma.
El acuerdo de paz reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y sus legítimas aspiraciones de justicia. Estas aspiraciones deben ser atendidas plenamente, a través de medidas que aseguren que los responsables de sus sufrimientos sean genuinamente puestos a disposición de la justicia.
Se espera que la Jurisdicción Especial para la Paz que se establecerá en Colombia lleve a cabo esta función y que se centre en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado. Esta promesa de rendición de cuentas debe volverse una realidad para asegurar que el pueblo de Colombia aproveche plenamente los beneficios de la paz.
Desde el inicio de las negociaciones he apoyado en todo momento los esfuerzos de Colombia para poner fin al conflicto armado de varias décadas de conformidad con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, y continuaré haciéndolo de la misma manera durante la fase de implementación.
Los fines de una paz sostenible están intrínsecamente ligados a la realización de la justicia y a que ésta se vea realizada. Ante la apertura de un nuevo capítulo en la historia de Colombia en su búsqueda por la paz, mi oficina continuará apoyando sus esfuerzos de conformidad con su mandato bajo el Estatuto de Roma con independencia, imparcialidad y objetividad.
Source : Office of the Prosecutor
Fuente: https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=160901-otp-stat-colombia&ln=Spanish
Foto: https://i.ytimg.com/vi/5BjqcebgHPY/maxresdefault.jpg