Comunicado de la Unión Patriótica al Director del Centro Nacional de Memoria Histórica
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2018
Doctor
GONZALO SÁNCHEZ
Director Centro Nacional de Memoria Histórica
Atentamente me dirijo a usted, para expresarle mi extrañeza por la forma como ha direccionado la investigación sobre la Unión Patriótica y los resultados que ésta arrojó. He leído varios de sus libros antes de que fuera el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, también he escuchado y leído numerosas veces afirmaciones suyas como Director en las que insistía que era necesario escuchar y visibilizar la voz de las víctimas en Colombia y que el Centro Nacional de Memoria Histórica realizaría su trabajo bajo los principios de respeto y dignificación de la voz y la memoria de las víctimas.
Como víctima y Presidenta del Partido Político Unión Patriótica jamás han escuchado mi versión. Descartar el Genocidio Político como hipótesis en la investigación desarrollada sobre nuestro partido, es no sólo desconocer las miles de voces y testimonios resultantes de la investigación -coordinada por Yezid Campos- que así lo sustentan; sino que es también desconocer la argumentación y tipificación que sobre esta victimización ha realizado la jurisprudencia colombiana. Que exista hoy en día la tipificación de este delito, ha sido posible a la incansable labor de los sobrevivientes de la Unión Patriótica que han arriesgado hasta su vida misma en la labor de denuncia en Colombia y en los distintos espacios de derechos humanos en el mundo. La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, durante más de 20 años, en trabajo riguroso no solamente buscaron los sobrevivientes escucharon y escribieron sus testimonios, si no que arriesgaron sus vidas recorriendo barrios, ciudades grandes y pequeñas y la Colombia profunda, y que sobre sus documentos producidos intentas, ustedes, alterar la verdad.
La investigación no puede invisibilizar, ni justificar la tragedia contra la Unión Patriótica a través de la censura de los conceptos -como Genocidio Político- que claramente describen, tipifican, explican lo vívido, así como determinan las responsabilidades del Estado. A nosotros no nos mataron por pertenecer a una etnia, a un grupo religioso o por nuestro color de piel o de ojos o algo parecido. Nos asesinaron, desaparecieron, torturaron, encarcelaron, desterraron y persiguieron por nuestra militancia política en la Unión Patriótica y en el Partido Comunista. Ninguno de nuestros compañeros fue asesinado en ningún combate con la guerrilla, fueron asaltados en sus casas, en su trabajo, en la universidad o cerca de sus lugares cotidianos. Llego a pensar que la mayoría de los casos fueron fusilamientos a un grupo de personas que creyó en un acuerdo de paz y en las garantías que este les daba para hacer política, y por ello es inaceptable cualquier interpretación destinada a justificar este Genocidio.
Al menos tres elementos han sido encontrados y sólidamente demostrados, en los escasos fallos judiciales nacionales e internacionales, que demuestran sin duda la responsabilidad del Estado sobre los crímenes contra la Unión Patriótica:
- El Estado fue permisivo frente al genocidio pues no quisieron actuar para defendernos.
- El estado actuó en complicidad con los victimarios, como por ejemplo en el crimen del alcalde de Sabana de Torres, donde los militares no solo pagaron el hotel de los sicarios si no que les entregaron las armas a los asesinos. Los escoltas que nos ofrecían, tenían la misión de informar y de hacer inteligencia sobre nuestra vida privada que, en varios casos facilito el asesinato de nuestros compañeros.
- El Estado actuó directamente, como en el caso de MANUEL CEPEDA VARGAS, en el cual los suboficiales involucrados fueron condenados.
Con razón, Gabriel García Márquez nos advertía que es hora de recostar las sillas en la puerta y de empezar a contar nuestra historia antes de que lleguen los historiadores. Nosotros tenemos clara la labor que -según la Ley- el Centro Nacional de Memoria Histórica, debe de cumplir: ésta no consiste en que unos expertos hablen de nosotros sin nuestro consentimiento y en contravía de nuestro sentir, con el fin de construir una historia oficial que busque beneficiar al Estado. De hecho es todo lo contrario, según lo expresa la Ley 1448 de 2011 en su Deber de Memoria (artículo 143), al cual se debe la existencia del CNMH y por consiguiente rige su labor:
“ARTÍCULO 143. DEL DEBER DE MEMORIA DEL ESTADO. El Deber de Memoria del Estado se traduce en propiciar las garantías y condiciones necesarias para que la sociedad, a través de sus diferentes expresiones tales como víctimas, academia, centros de pensamiento, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas y derechos humanos, así como los organismos del Estado que cuenten con competencia, autonomía y recursos, puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de memoria como aporte a la realización del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad en su conjunto.
Parágrafo. En ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y pensamiento. Se respetará también la prohibición de censura consagrada en la Carta Política”.
En este sentido expresamos una vez más, como lo hemos venido haciendo durante más de treinta años, que mientras respiremos y tengamos vida no permitiremos que se distorsione nuestra historia, bajo el argumento de que los “expertos” la escribirán, sin nosotros. Nuestra voz vale y debe ser tenida en cuenta en cualquier estudio sobre nuestra experiencia que el Centro Nacional de Memoria Histórica desee realizar.
Solicitamos de manera respetuosa y explícita que el Centro Nacional de Memoria Histórica se abstenga de publicar alguna investigación o informe sobre la Unión Patriótica, teniendo en cuenta que no han hecho un proceso respetuoso, ni han garantizado la participación efectiva de las víctimas a lo largo del mismo. En la etapa de la edición y escritura del texto no se ha teniendo en cuenta la voz de REINICIAR ni de quien en su momento coordinó la investigación (Yezid Campos), ni los resultados arrojados por la misma y mucho menos la voz de las víctimas y sobrevivientes de la UP, como es la obligación y como lo había prometido reiteradamente el Centro Nacional de Memoria Histórica en cabeza de su Director desde el 2014.
Así mismo, teniendo en cuenta que los Acuerdos de Paz crearon un Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición que tiene como fin garantizar los derechos de las víctimas del conflicto interno y que dentro de dicho sistema se ha creado la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; respetuosamente solicitamos al Centro Nacional de Memoria Histórica hacer entrega de los archivos y demás insumos recolectados sobre la Unión Patriótica, incluyendo el borrador final entregado por el coordinador de la investigación Yezid Campos, para que sea dicha Comisión quién desarrolle los procesos de: esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido con la UP, sus causas, patrones e impactos; de reconocimiento de responsabilidades y de reconocimiento y dignificación de las víctimas de la Unión Patriótica; así como de construir recomendaciones y propuestas de Garantías de No Repetición. Lo anterior porque ésta institución (la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición) de rango constitucional y claramente autónoma, es la que cuenta con el mandato para desarrollar la investigación de la UP de una forma completa y nos garantiza ciertos criterios claramente definidos en su decreto no. 588 de 2017 como: la centralidad de las víctimas (el CNMH en el informe final y conclusiones que se encuentra elaborando sobre la UP ha construido conclusiones que se encuentra elaborando sobre la UP ha construido conclusiones que van en contravía a lo expuesto en este sentido por parte de las víctimas); imparcialidad (por la forma en que han desarrollado la investigación y la censura que hemos vivido, consideramos que dicha imparcialidad no existe en el CNMH y la vemos menos posible teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa hace parte de su órgano directivo); participación efectiva a lo largo de todo el proceso de esclarecimiento (la cual no ha sido posible garantizar en el CNMH, teniendo en cuenta que desde 2014 se comprometieron a reuniones mensuales para ver los avances de la escritura del texto final y que hasta el momento no se ha tenido la primera, así como no tenemos conocimiento alguno del texto final que buscan imprimir).
Nunca pensé que además de todas las revictimizaciones de que fuimos víctimas, nos tocaran defendernos hasta de los historiadores que desean contribuir a limpiar a los gobiernos que ocasionaron el peor genocidio en Colombia a lo largo de más de 20 años.
Agradecemos la colaboración y diligencia para avanzar en las solicitudes que a través de esta carta realizamos. Quedamos atentos a su respuesta.
Atentamente,
AIDA AVELLA ESQUIVEL
Presidenta
Unión Patriótica
(Imagen: Semanario Voz, en: Unión Patriótica. Expedientes contra el olvido de Roberto Romero Ospina)
Documento Dr. Gonzalo Sánchez (Centro de Memoria) by justiciop on Scribd