Comision internacional de verificación advierte de una posible masacre paramilitar en el Bajo Atrato

Respondiendo a la petición de la Comunidad de Santa Rosa del Limón para verificar los daños derivados del taponamiento del Jiguamiandó y las repercusiones de los trabajos no autorizados de la compañía Maderas del Darién sobre cuestiones estructurales del territorio, la Comisión Internacional de Verificación llevó a cabo, entre el 27 y el 29 de noviembre de 2012, una visita a las cuencas del Curvaradó, Jiguamiandó y Santa Rosa del Limón.

Las situaciones que se pudieron constatar subrayan la denuncia permanente de las comunidades sobre las posibilidades de que estas situaciones deriven en nuevos desplazamientos forzosos. Se constataron los siguientes hechos, que se consideran circunstancias de especial gravedad:

• La misión recibió testimonios directos que informan sobre la presencia de fuerzas paramilitares en la zona. Se denuncian amenazas. Particularmente, resulta preocupante la presencia de aproximadamente veinte paramilitares con uniformes camuflados y armas largas, que se identifican como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Los paramilitares están ocupando hogares de la población civil en el Guamo. La Comisión recibió el testimonio de un representante de la comunidad que paramilitares están planificando una masacre en la zona.

• Al mismo tiempo hemos constatado la construcción de una base militar en Llano Rico, Curvaradó. Según fuentes, la construcción empezó en septiembre de 2012. No hubo consulta previa de las comunidades del Curvaradó, sino que según testimonios recibidos se pusieron de acuerdo con el Señor Darío Montoya, ocupante de mala fe de ese predio. Varios miembros de los consejos comunitarios que hablaron con la Comisión expresaron profunda preocupación por la construcción, resaltando que todavía existen vínculos entre los paramilitares de la zona y las Fuerzas Militares.

• En las comunidades de Bijao y Nueva Unión, cuenca de Peguita y Mancilla, varias familias se encuentran amenazadas por haber regresado a su territorio. Esta situación se produce después de haber sido desatendidas sus exigencias por parte de las instituciones competentes del Estado, incluyendo la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Las familias informaron que han sido atacadas y sacadas de sus casas por trabajadores del administrador Juan Guillermo Gonzales Moreno, quien ha tenido relaciones estrechas con paramilitares y estuvo preso por ello, según consta en medios públicos de información. El 3 de noviembre los trabajadores del Sr. Moreno, vinculados con el Coronel retirado Luis Felipe Molano destruyeron la casa de la familia de Argemiro Hernández. Además se produjo el robo de dos cedulas de identidad el 26 de Noviembre. Sin embargo las familias reconstruyeron la casa con plásticos y se quedaron en su tierra.

• A pesar de la sentencia T48257 de la Corte Constitucional del 21 de octubre del 2010 ordenando el destaponamiento del Río Jiguamiandó, el río sigue tapado. El taponamiento sigue creciendo y está provocando la inundación de las comunidades Bella Flor Remacho, Caño Seco, Nueva Esperanza y Santa Rosa del Limón, dañando sus cultivos y el ecosistema en general e impidiendo la comunicación hacia el Rio Atrato. Según información recibida por el Presidente del Consejo Mayor de la Cuenca del rio Jiguamiandó, el taponamiento afecta a 35 kilómetros del rio. En consecuencia el tapón está impidiendo la realización de los derechos fundamentales de las comunidades y requiere acción inmediata del Estado.

• Constatamos la reciente construcción de un canal para facilitar la explotación de madera en el territorio colectivo de Santa Rosa del Limón que indica un interés económico fuerte en explotar madera de forma no autorizada, sin consulta previa. Dicho canal tiene una longitud de aproximadamente 800 metros del Caño Indio hacia el Caño Mojaculo. El canal fue construido con maquinaria pesada, ocasionando graves afectaciones al ecosistema. Según testimonio de la Comunidad Santa Rosa del Limón la empresa, Maderas del Darién entró en la zona e inició sin ninguna autorización el represamiento del Caño Indio, abriendo un canal e inventariando árboles de especial valor ecológico, entre ellos el Cativo, considerado por el Ministerio de Medio Ambiente una especie de especial protección. Después de reiteradas denuncias por parte de la comunidad la empresa retiró su maquinaria y la represa. Sin embargo, los daños están hechos y la comunidad sigue preocupada por el posible regreso de la empresa para terminar el canal y cortar los árboles.

• Con respecto a la siembra de cultivos ilícitos en territorios de la comunidad Santa Rosa del Limón, en la zona de Arenosa, que fue verificada por la Misión Internacional en Marzo del año en curso, la comunidad denunció que los mismos actores siguen sembrando, cosechando y procesando hoja de coca bajo la supervisión de fuerzas paramilitares, sin que las fuerzas armadas del ejército regular toman medidas efectivas, lo cual resulta preocupante por los riesgos evidentes que implican para la comunidad.

• Firmado en Río Sucio, el 30 de Noviembre de 2012

• Christian Aid

• Asociación Katío (España)

• Mensen met een Missie (Holanda)

• France Amerique Latine (Francia) Comisión Ética

• Colombia Land Rights Monitor (Estados Unidos)

• Kolko – Derechos Humanos por Colombia (Alemania)

• Dr. Stephen Haymes De Paul University (Estados Unidos) Comisión Ética