Comisión interinstitucional de verificación de los hechos de las cuencas del Naya y Yurumanguí en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca

2 al 5 de mayo de 2001

INFORME

La entrada de los paramilitares empezó por el sitio de El Ceral; ahí mataron una señora, una muchacha de 18 años a la que le mocharon (cercenaron) las manos; luego siguieron hacia Los Robles por el carreteable hasta llegar a La Silvia, donde mataron a una señora. Luego llegaron al campamento y treparon haciendo la travesía hasta Patiobonito, donde hubo la mayor… la mayor cantidad de muertos, fueron siete en esa masacre. Ahí mataron al señor Daniel Suárez, a la señora Flor Tizú, a Gonzalo Osorio primo de Daniel Suárez, Humberto Arias Osorio, primo también de el señor Daniel y tres personas más que no conozco el nombre de ellas. Después comenzaron la bajada por La Fatigosa, que es la cuesta más dura que hay por el camino, de allá para acá (ascenso al Alto Naya). Siguieron bajando por La Pálida, otra cuesta muy brava, hasta Las Minas, donde siempre ha habido un sitio donde venden comida para la gente que entra y sale… siguieron bajando hasta Aguapanela, este es el sitio donde está una pendiente… según dice la gente que entró, fue donde encontraron unas camisas y varios pares de botas, pero el supuesto cadáver que quedó allí no fue sacado. Ellos continuaron bajando hasta una parte donde quedaron dos muertos, en Palosolo.

Después llegaron a la entrada para La Vega y mataron a tres personas. Bajando para Benjamín mataron otras personas, mataron cuatro personas, los sacaron de una finca en la que estaban trabajando, ya en El Naya, en El Playón. Después siguieron por un camino que no aparece en el mapa, un camino que llega al Río Minas. En esta parte, apenas comenzaron a bajar mataron a dos personas: al señor Luis Omar Aponsá y a un señor Esteban… llegaron al crucero del Río Ríominas, sobre un caminito que va a dar, que atraviesa hacia El Playón, donde mataron a un muchacho Alexander, el primer muerto de los que hubieron en Riominas hacia El Ceral; los demás, los desaparecidos deben estar en los precipicios de este camino. De ahí para abajo queda El Placer, La Concepción hasta Puerto Merizalde, como buscando el mar.

La comisión interinstitucional de Verificación

Como consecuencia de la incursión paramilitar a la región del alto y bajo Naya, en el norte del Cauca y sur occidente del Valle del Cauca, entre el 10 y 16 de abril pasados y por solicitud de las comunidades indígenas, negras y campesinas afectadas gravemente por la incursión de este grupo irregular, un grupo de organizaciones no gubernamentales y el acompañamiento en calidad de observadores de la Defensoría del Pueblo, Nacional, Valle del Cauca y Cauca), la gobernación del Cauca y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, iniciamos una visita a la zona desde el día 02 de hasta el 05 de mayo.

La Comisión se dividió en dos grupos así:

1. Un grupo que salió de Cali a Buenaventura con el propósito de llegar a Puerto Merizalde y eventualmente al caserío de la Concepción por el río Naya y por el río Yurumanguí a los caseríos de Veneral del Carmen y San Antonio, zona del Bajo Naya en el pacífico.

2. Un grupo que salió de Cali al resguardo indígena de la Paila, pasando por Jamundí, Santander de Quilichao, Timba y El Ceral. Esta subcomisión tenía el objetivo de ingresar hasta La Playa y El Playón, en el alto Naya.

La Comisión Interinstitucional tuvo como objetivos:

a. Verificar los hechos ocurridos en la región del Alto y Bajo Naya durante la semana del 10 al 16 de abril.
b. Realizar un seguimiento a la respuesta institucional frente a las alertas tempranas.
c. Constatar la situación humanitaria de la población desplazada y de la que se encuentra actualmente en la región donde ocurrieron los hechos.

En esta Comisión participaron: la Asociación para la Promoción Social Alternativa –MINGA-, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS-, Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –FCSPP-, Secretaría de Gobierno del Cauca, y en calidad de acompañantes, la Defensoría del Pueblo del Cauca, Valle del Cauca y Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Para cumplir con los objetivos propuestos la Comisión se entrevistó con autoridades administrativas de carácter local, autoridades eclesiales, líderes sociales, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas víctimas de la incursión paramilitar. Así mismo se sostuvo entrevista con el Comandante de Inteligencia de la Segunda Brigada de infantería de marina con sede en la misma ciudad Teniente Coronel Suárez.

I.Contexto

La cuenca del Naya cuenta con cerca de 70 caseríos en los que habitan aproximadamente 17.000 personas de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinos colonos.

Esta región cuenta con importantes reserva hídricas y forestales, su cercanía al mar la convierten en una zona geoestratégica y en punto neurálgico de comunicación de la zona andina con el resto del sur-occidente colombiano y con el Ecuador. El control de las cuencas que conectan con el Océano Pacífico, son sin duda uno de los factores que colocan en la mira de diversos actores a esta región del país.

La implementación de megaproyectos, la puesta en marcha de obras de infraestructura vial y la creciente ola de inversión por parte de los poderosos grupos económicos del país, quienes alentados por la ley de exención tributaria –conocida como Ley Páez- han instalado en la zona los ingenios azucareros del valle, los trapiches paneleros del sindicato antioqueño, las madereras de Cartón de Colombia, la explotación de los yacimientos auríferos y carboníferos —entre otros recursos minerales que ofrece la región— e incluso disputas territoriales entre la Universidad del Cauca y algunas comunidades por buena parte de las tierras de la rivera del Naya.

A este panorama de intereses cruzados, se suma la presencia de algunos cultivos de uso ilícito,-coca y amapola- frente a la necesidad de los habitantes de conseguir ingresos que les permita sobrevivir, debido a que las actividades que habitualmente desarrollan no son permitidas (tala de bosque, pesca o cultivo de maíz) o no son rentables. Estos cultivos se ubican principalmente en algunos caseríos del Alto Naya.

Estos entre otros factores, explicarían en buena medida la disputa militar por el control y apropiación de estos ecosistemas como corredores estratégicos que comunican con las zonas bajas que permiten la salida al Océano Pacífico, principalmente a Buenaventura.

Pese al histórico abandono estatal, la zona del Naya, que se extiende entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, está atravesada por intereses geoestratégicos de orden económico, sociopolítico, cultural y militar. Además su creciente organización política y social, la ha convertido en los últimos años, en una zona primordial para todos los actores del conflicto armado.

En la zona alta ha hecho presencia desde tiempo atrás el Ejército de Liberación Nacional E.L.N., a través del Frente “José María Becerra” y se conoce del paso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC –EP a través del 30 Frente que también tiene presencia, en el medio y bajo Naya y la cuenca del río Yurumanguí.

A este panorama de por sí ya complejo, se añade la llegada y expansión del proyecto paramilitar en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, que tiene como estrategia central la desactivación sistemática de los procesos de organización social alternativos, existentes o en formación, a través de amenazas, asesinatos selectivos, masacres y actos de barbarie cargados de un fuerte mensaje de terror.

En el puerto de Buenaventura hay fuerte presencia paramilitar con el beneplácito de la fuerza pública, son constantes los retenes de estos grupos en barrios como La Isla, El Continente, Juan XXIII, El Caldas, Las Piedras, Antonio Bolívar, entre otros.

Se conoce de la presencia de los paramilitares en el departamento de Cauca y Sur del Valle desde mediados del año pasado de modo público a través de los frentes Calima y Páez. Estos grupos iniciaron su actuación en el sur del departamento del Cauca a través de retenes y bloqueos económicos, de asesinatos y desapariciones forzosas, que según las versiones reunidas llegan a una cifra de 200 víctimas. Como es usual en el actuar paramilitar, las víctimas han sido mutiladas y para ocultar los hechos, los cadáveres han sido arrojados a los ríos, no sin antes llenar sus entrañas de piedras para asegurarse que no salgan a la superficie. Esto genera tal desinformación que minimiza la magnitud de los hechos.

Todas estas acciones han sido cometidas durante todo el segundo semestre del 2.000, en medio de una fuerte presencia de militares adscritos a la Tercera Brigada del ejército al mando del Brigadier General Francisco René Pedraza y de efectivos de la policía de Robles. Uno de los reconocidos comandantes de los paramilitares apodado “MARTÍN” permanece en el sitio “Las Lomas”, con el conocimiento de todas las autoridades y sin que se presente acción alguna de represión contra estos grupos.

Pero esta es solo una parte de la violencia que se ensaña sobre esta región. Pese a la enorme riqueza que significan los recursos no renovables y la biodiversidad de esta región, la mayoría de su población vive en condiciones de miseria. El abandono del Estado es absoluto. El nivel de necesidades básicas insatisfechas es muy alto. Los pequeños caseríos del Alto Naya y los que se encuentran a la rivera de estos ríos, no cuentan con servicios públicos –agua, luz, teléfono-. En el Bajo Naya, el único caserío que cuenta con una planta eléctrica es Puerto Merizalde, pero el servicio es precario. Las únicas vías de comunicación y abastecimiento está conformada por trochas casi intransitables, los ríos y los esteros. Igualmente, algunos caseríos –los más grandes- cuentan con humildes instalaciones para atender las necesidades de educación de la población infantil, que obviamente es numerosa, pero muchos de ellos no cuentan con maestros desde hace mucho tiempo y los pocos que quedaban, a raíz de las incursiones, han abandonado la región. La atención en salud que se brinda en los pocos caseríos que cuentan con instalaciones médicas, no superan los primeros auxilios, siendo los hospitales más cercanos, los de Buenaventura (Bajo Naya) o Santander de Quilichao (Alto Naya), a los que se llega luego de largas jornadas por caminos de herradura o en lancha, en el caso del Bajo Naya, haciendo un recorrido que puede durar entre 3 y 6 horas, dependiendo de la mayor o menor cercanía del caserío al mar.

Como principales actividades económicas desarrolladas por la población se encuentran la agricultura de subsistencia, la pesca y la tala de árboles. Estas dos últimas actividades son las más importantes y las que más personas ocupa en las comunidades afrocolombianas de la zona. Las difícil topografía y clima de la región, el aislamiento y por ende de los altos costos de transporte y comercialización de productos, colocan a las comunidades de la zona en condiciones de total subordinación frente a los compradores de materias primas de Buenaventura y de la zona del Alto Naya.

La tala es manual, pues el alquiler de una sierra eléctrica alcanza los 90 o 100 mil pesos por día. Para vender el producto, deben trasladarse hasta el Puerto de Buenaventura, costeando los gastos de transporte que en solo combustible, pueden ascender a 600 mil pesos ida y regreso. En el Puerto, los madereros imponen las condiciones del negocio obligando a los campesinos afrocolombianos a vender a muy bajo precio su madera y a recibir como paga, bonos o a adquirir a crédito los víveres que requiere, para luego a la hora de recibir su injusta paga, deber más dinero del que reciben. Igual ocurre con las faenas de pesca, en donde, son en últimas, los intermediarios los que reciben las ganancias por el esfuerzo y el trabajo de las familias.

II.Antecedentes

1.1 Desde los primeros meses del año 2000, la región fue víctima de una sistemática violación de los derechos humanos que recayeron sobre líderes de organizaciones sociales, las comunidades indígenas, afrocolombianas y de campesinos colonos que allí habitan.

1.2. Luis Eduardo Yule fue asesinado el 19 de julio del año 2.000.

1.3. El 18 de Octubre asesinan a Alcides Dagua.

1.4. La masacre ocurrida en Cajibío el 20 de noviembre de 2.000, generó a lo largo del mes de diciembre el desplazamiento forzado de más de 7000 personas procedentes de varios corregimientos, veredas y resguardos. Este desplazamiento careció de respuestas integrales de atención humanitaria por parte del Estado colombiano. Con base en compromisos concretos del Estado, algunas de las comunidades desplazadas retornaron; dichos compromisos hasta la fecha no se han cumplido en su totalidad, entre ellos la protección debida a las comunidades en riesgo y aquellas ya desplazadas.

1.5. Luego de la masacre mencionada, el 1 de diciembre de 2.000, varias organizaciones no gubernamentales formularon una alerta temprana, advirtiendo sobre la inminencia de nuevas incursiones paramilitares en los municipios de Cajibío, Santander de Quilichao y Timba, entre otros municipios del departamento del Cauca, alertas que fueron desatendidas por las autoridades civiles y militares del orden nacional y departamental.

1.6. Debido a la grave situación de amenaza contra la vida que desde el año anterior sufren números dirigentes sindicales, líderes sociales y autoridades locales, un grupo de ONG presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitud de medidas cautelares, la CIDH accede a esta solicitud y el 3 de abril del 2001 solicita al Gobierno Colombiano tomar las medidas de protección para las personas amenazadas.

1.7. Desde la segunda semana del mes de marzo, los paramilitares ejercen un sistemático bloqueo al ingreso de alimentos hacia la región del Naya. El 18 de marzo son asesinadas una persona en Robles y otra en Timba y durante esos días son desaparecidas 4 personas más. El 22 de marzo es asesinado el expendedor de carnes de Timba e ingresan a esta población aproximadamente 400 paramilitares.

1.8. El 25 de marzo el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras autoridades realizaron una visita de verificación, la cual tuvo como resultado que la Defensoría del Pueblo hiciera una alerta temprana acerca de la presencia de estos 400 paramilitares que hacían presencia en Timba, y la inminencia de una incursión en la zona y solicitan protección para las comunidades.

ALERTAS TEMPRANAS PREVIAS A LOS HECHOS

III.Hechos

3.1. Hechos ocurridos en el Alto Naya entre el 9 y el 12 de abril.

3.1.1. La incursión se inició en el sitio conocido como la Silvia o El Despunte (llamado así porque allí termina el camino carreteable y se inicia el camino de herradura), donde paramilitares que bajaban de la montaña fueron vistos por primera vez el lunes 9 de abril hacia la 13:00 P.M. El grupo paramilitar reunió a un grupo inicial de 10 personas que venían de jugar un partido de fútbol y luego a otras 20, hasta las 15:00 P.M. las personas fueron interrogadas sobre la presencia guerrillera en el Naya y les anunciaron que iban hacía allá “a acabar con todo lo que sea guerrilla”. En ese sitio los paramilitares permanecieron hasta las 19:00 horas, tiempo dentro del cual continuaron arribando paramilitares, por lo se calcula que se trataba de aproximadamente 500 hombres.

3.1.2. El grupo paramilitar que llega a El Despunte se dividió, un grupo permaneció en el sitio, otros partieron hacia El Campamento de Cartón Colombia y de allí hacia Patio Bonito.

3.1.3. El grupo que se queda en El Despunte ese mismo lunes 9 de abril se regresa por la carretera hacia Robles, allí fue retenida una niña de 17 años -al parecer por no portar documentos de identificación-, a la que pusieron a cargar un morral militar y fue obligada a desplazarse con el grupo de paramilitares. En su recorrido carretera abajo, roban un vehículo que pertenece al cabildo indígena de la Paila en el sitio El Diamante. En él se desplazan hasta El Ceral donde el miércoles 11 de abril asesinan cruelmente a la niña y cercenan sus manos. Siguen avanzando hasta Marilópez donde abandonan el vehículo y se internan a la montaña presumiblemente hacia la Esperanza.

3.1.4. El grupo que se dirigió a Patio Bonito, llegó allí el día martes 10 de abril hacia las 9:00 horas en un grupo de alrededor de 50 miembros y permanecieron hasta las 12 horas. Allí asesinaron a siete personas: Daniel Suárez y su esposa Flor Tizú, Gonzalo Osorio, Humberto Arias Osorio, William y Freddy cuyos apellidos se desconocen y Cayetano Cruz alguacil del Cabildo Indígena de La Paila.

3.1.5. El mismo día, los paramilitares pasan por La Fatigosa. El día miércoles llegan a Minas en descenso hacia Agua de panela. Por este camino que recorrieron varias familias tratando de huir, no se encontraron cadáveres, pero sí camisas y botas que presentaban señales de violencia (sangre).

3.1.6. En la entrada a La Vega asesinan a tres personas, en Benjamín asesinan a cuatro personas que fueron sacadas de una finca.

3.1.7. En el camino de Palo Solo a Alto Sereno asesinaron a dos personas y luego el grupo paramilitar desciende por un camino entre estos dos caseríos.

3.1.8. En El Crucero por el camino que conduce a Río Minas, asesinan a Luis Omar Aponte y Esteban Delgado. Ya en el caserío asesinan a Antonio Ipía.

3.1.9. Los paramilitares llegan a Río Minas el miércoles 11 de abril hacia las dos de la tarde, anunciaron a la comunidad que les concedían 5 horas para salir del caserío, tan solo unos minutos después dan la orden de abandonar el caserío de manera inmediata: ante la solicitud de una persona llamada Alexander, de que le fuera permitido sacar algunas cosas de su casa, es asesinado.

3.1.10. De Río Mina salen a la Paz donde es asesinada una señora con moto sierra.

3.1.11. Durante el recorrido de huida que hacen los pobladores de Río Mina hacia Timba recorriendo el trayecto hecho por los paramilitares, el cual se hace por el borde de precipicios, encuentran señales como manchas de sangre, brechas abiertas en el matorral y malos olores que indican que algunos cadáveres fueron arrojados por dichos precipicios

3.1.12. Testigos de la incursión paramilitar señalan que algunos de los responsables de este crimen portaban prendas militares que a la altura del pecho tenían insignias similares a las que porta el Ejército Nacional y boinas color vinotinto con la inscripción Batallón Pichincha.

3.1.13. El 11 de marzo –a dos días de iniciada la incursión- la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pone en comunicación con el Capitán Vargas exponiendo la preocupación por las denuncias, a lo que responde que todo esta controlado.

3.1.14. El mismo 11 de marzo Andas presenta alerta temprana por los hechos que están desarrollándose y pide a las autoridades protección para las víctimas.

3.1.15. En la vereda El Placer, donde residen comunidades indígenas, el día jueves 12 de abril a las 8 horas, un grupo de paramilitares entraron en una vivienda en la que se encontraba un grupo de campesinos, se llevaron con insultos a uno de ellos a un lugar cercano, transcurrida media hora los demás campesinos fueron llamados diciéndoles que si “piensan que se van salvar”. Al llegar al sitio los campesinos encontraron al primer campesino tirado boca abajo en un lodazal, acto seguido los demás moradores fueron puestos en esa misma posición, tras de lo cual fueron torturados recibiendo golpes con el “plan” de un machete durante una hora, en la que les requerían información sobre quienes eran “guerreros o colaboradores”. Los paramilitares les dijeron que “los iban “a picar” (cortarlos en trozos) y “con uno que pique con esta hacha, los demás empiezan a hablar” “estamos esperando la orden para picarlos con esta hacha”.

También fueron objeto de la “ruleta rusa”, la macabra tortura consistente en dejar una sola bala en un arma, ponerla en la cabeza de una persona y hacer disparos para aterrorizar a la persona ante la inminencia de la muerte. Al final les dijeron que “por ser jueves santo se salvaron”.

Este grupo de paramilitares permaneció en la vereda hasta las 14 horas, del mismo día donde quemaron una vivienda de propiedad que pertenece a un alguacil del Naya de nombre Evelio Yule y se robaron varios animales.

La información recolectada por la Comisión indica que en las diferentes zonas donde ocurrieron los hechos, hubo algunos hostigamientos por parte de los grupos insurgentes a los paramilitares. El día miércoles 11 de abril, en el sitio de Alto Minas ocurrió un contacto armado entre el ELN y los paramilitares, por espacio de 30 minutos, sin alterar el recorrido de los paramilitares, que continuaron con la caravana de muerte asesinando a la población.

Del Placer avanzaron hacia El Saltillo, desde donde se desplazan al Bajo Naya.

3.1.16. En Santander de Quilichao el 2 de mayo en el sitio conocido como La Balsa, un grupo de paramilitares que permanece en la zona alta del Naya, retuvieron a tres personas, dos de ellas asesinadas y arrojadas al río Cauca, la tercera logró escapar.

3.1.17. El 2 de mayo la señora Reina Cecilia Fernández fue sacada de su casa en el caserío El Ceral hacia las 8:00 P.M, luego asesinada y su cabeza cortada en cuatro partes con un hacha: Estos hechos ocurrieron a pesar de que el 4 de mayo esta comisión constató la fuerte presencia del Ejército Nacional en El Ceral a aproximadamente 250 metros del lugar del asesinato de la señora. Así mismo la Comisión fue informada de la presencia permanente de la fuerza pública en el lugar desde el 29 de abril.

3.1.18. A pesar de la detención de supuestos paramilitares en días pasados, constatamos que un número importante de los paramilitares que perpetraron la masacre, permanecieron en la región, en lugares como Timba, La Balsa, El Playón, y El Carmen ubicado a pocos minutos de El Cacao donde la Armada Nacional hacía presencia; en las poblaciones del Bajo Naya y el corregimiento de Yurumanguí y en cercanías a los lugares en los que las comunidades en desplazamiento se han concentrado como en el caserío El Diamante en el resguardo indígena La Paila donde permanecieron a 15 minutos de distancia, por lo que la amenaza contra su vida es actual e inminente. La presencia paramilitar se mantuvo en algunos de estos lugares hasta el pasado 11 de mayo .

3.2. Hechos ocurridos en el Bajo Naya

Luego de realizar las masacres en el Alto Naya, el grupo paramilitar se detuvo en el Saltillo, debido a que necesitaban transportarse por el Río Naya y no contaban ni con lanchas ni motores fuera de borda.

3.2.1. El viernes 13 de abril aproximadamente a las 17:30 horas y mientras un sector de la comunidad se encontraba preparando los actos religiosos de semana santa, arribaron a la vereda La Concepción 3 hombres “vestidos de civil, nadando y con armas cortas”. Los hombres armados se identificaron como integrantes de los grupos paramilitares y le expresaron a los pobladores que “no venían a realizar ninguna masacre”, como la ocurrida en el recorrido de tres días anteriores en los poblados de Patio Bonito, Palo Seco, La Paz y El Placer en el Alto Naya. “Nosotros solo necesitamos salir” afirmaron. Los armados entre ellos un desertor del ELN apodado “Peligro”, exigieron a los habitantes varios botes y motoristas para trasladar a sus compañeros que estaban ubicados en el sitio llamado El Saltillo, petición ante la cual los habitantes se negaron. Los paramilitares lograron detener a tres integrantes de la comunidad a quienes obligaron a transportarlos y a permanecer junto con ellos en la noche.

3.2.2. Hacia las 06:00 horas del 14 de abril, obligaron a los moradores a movilizar las embarcaciones de la comunidad para dirigirse hacia el sitio El Saltillo. En este lugar se encontraban aproximadamente 130 paramilitares, quiénes fueron transportados hasta el medio día del sábado hacía La Concepción. En La Concepción, lugar también conocido como “La Concha”, los paramilitares asesinaron a una señora enferma mental, que al ver llegar a los uniformados los increpó y les manifestó “que era guerrillera y que los iba a matar”, saquearon las viviendas, los establecimientos comerciales, robaron joyas, dinero, arrojaron decenas de pertenencias al río Naya, se embriagaron y pasaron todo la noche en una fiesta de “celebración”.

3.2.3. Entre tanto, la población inició la huida presa del terror, pues ya sabían —a través de los medios de comunicación masiva— de la masacre cometida por los grupos paramilitares en El Alto Naya. Esa misma noche del viernes iniciaron el éxodo en pequeñas embarcaciones, en mulas o a pie buscando refugio en las veredas contiguas.

3.2.4. Algunos de ellos lograron llegar a Dos Quebradas y otros hasta el corregimiento de Puerto Merizalde. Con el paso de los días y con la persistente constatación de la presencia paramilitar, las personas se desplazaron hacia El Tambor, Betania, Las Palmas y San Fernando, entre otros sitios.

3.2.5. El domingo 15 de abril, aproximadamente a las 7:00 horas, un grupo de milicianos de las FARC-EP, intercambiaron algunos disparos con un reducido número de paramilitares que se encontraban sobre el río Naya a las afueras del corregimiento de La Concepción.

3.2.6. Los paramilitares decidieron entonces salir hacia el corregimiento de San Lorenzo, unos a pie atravesando trochas y otros en canoas, y pasaron la noche allí. El lunes 16 de abril se trasladan a Dos quebradas, allí saquearon y destruyeron los bienes de los habitantes, consumieron algunas bebidas y alimentos, y al parecer violaron a una mujer con problemas mentales JUANA BAUTISTA ANGULO.

3.2.7. Permanecieron en Dos Quebradas hasta el jueves 19 de abril cuando siguen su camino hacia San Francisco. En San Francisco durmieron en el templo de la iglesia católica, hicieron un recorrido casa por casa, golpearon fuertemente las puertas, registraron y revolvieron las pertenencias que se encontraban en las casas (para ese entonces muchas de ellas se encontraban vacías); saquearon algunas viviendas y ofrecieron a la venta algunas de las mercancías robadas a los pobladores de las comunidades vecinas, y violaron a una pobladora más.

3.2.8. De San Francisco los paramilitares salieron para Calle Larga el viernes 20 de abril a las 10:00 a.m. allí permanecen hasta el domingo 22 de abril donde por trochas se mueven hasta el poblado El Carmen, de allí a Santa María y luego a La Sagrada Familia.

3.2.9. El lunes 23 de abril dos paramilitares obligan a pobladores de la región a movilizarlos en embarcación hacia Puerto Merizalde. Los paramilitares al llegar al corregimiento de Puerto Merizalde en horas de la tarde y durante el día martes 24 de abril, presionan a la población para que les entregaran gasolina y una embarcación para transportarse a Buenaventura. A varios pobladores los paramilitares les manifestaron que iban a Buenaventura por los “familiares” – refiriéndose a los militares -. En las zonas cercanas a Puerto Merizalde la mayoría de ellos se dispersan.

3.2.10. El viernes 27 de abril de acuerdo con los reportes de prensa se conoce de un operativo militar de la Armada en la parte del Medio y del Bajo Naya en el que se capturan a 15 paramilitares en el corregimiento de La Concepción. De acuerdo con la mismas fuentes informativas de prensa, el lunes 30 de abril, en el sitio conocido como San María, son capturados 40 paramilitares luego de contactos armados entre éstos y la Armada Nacional.

3.2.11. En la zona baja y de acuerdo con las declaraciones recibidas por la Comisión el 5 de mayo de 2001 por parte del Comandante de los operativos en Puerto Merizalde, Mayor Aguas, a la fecha habían sido capturados 73 integrantes de las “Autodefensas”, 4 de ellos fueron encontrados ahogados y 2 de ellos heridos. Según el oficial, durante las operaciones se produjeron 5 contactos –enfrentamientos- con los integrantes de los grupos de “Autodefensas”.

3.2.12. La Comisión fue informada que esa misma tarde seis (6) integrantes de los grupos paramilitares fueron vistos desde las 14:00 horas y hasta las 18:00 horas en el retén que los militares ubicaron en desarrollo de los operativos en el punto denominado El Cacao. Así mismo se nos informó que los paramilitares fueron vistos departiendo con toda tranquilidad con las unidades militares acantonadas en el retén. Los testigos informaron a esta Comisión que estos seis (6) paramilitares forman parte de los más de 50 que se encuentran entre los caseríos de la Sagrada Familia, Santa María y El Carmen.

3.2.13. Por estas situaciones existe una profunda preocupación de los pobladores pues es notoria la cercanía y la camaradería entre los militares y los integrantes de los paramilitares en la región y aunque es de conocimiento de las autoridades, las acciones de represión y control no se desarrollan con intensidad desde el martes 1º de mayo.

3.2.14. El conjunto de familias del corregimiento de La Concepción se encuentra en situación de desplazamiento en el corregimiento de Puerto Merizalde y en el municipio de Buenaventura. 420 personas desplazadas de Puerto Merizalde están asentadas en Buenaventura a partir de la llegada al pueblo de los grupos paramilitares. En el caserío El Tambor (una de las bocanas del Naya) se encuentran 673 personas desplazadas de los sectores de Juan Núñez, San Bartolo, El Cacao, Aguas Mansas, El Pastico, Santa María, Primavera y El Lana. Otras personas, familias y comunidades se refugian en la selva o los esteros, en condiciones de absoluta precariedad y emergencia.

3.2.15. Con motivo de estos hechos y desde el 18 de abril, la mayoría de habitantes de la comunidad indígena Eperá del resguardo Joaquincito, —ubicado en la vereda del río Naya—, se desplazó. A la fecha de la visita, la Comisión constató la presencia de 26 personas en su mayoría mujeres y niños. En Buenaventura están 46 niños y 29 adultos de esta comunidad y en el resguardo de Micay están 181 personas.

3.3. Cuenca del Yurumanguí

3.3.1. El 19 de abril del año en curso, se llevó a cabo en la ciudad de Buenaventura un Consejo de Seguridad Municipal en la que participaron los Comandantes del VII Distrito de la Policía, de la III Brigada del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, del GAULA, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con la presencia de representantes de la Cruz Roja y del Comité Departamental de Desplazados. En este Consejo de Seguridad representantes del Proceso de Comunidades Negras alertaron sobre las amenazas existentes en la zona por arte de grupos paramilitares y se solicitó que se tomaran medidas al respecto.

3.3.2. Pese a lo anterior, el domingo 29 de abril, un grupo de paramilitares provenientes de Buenaventura, a las 00:00 horas, llegaron al caserío de El Firme, vestidos con prendas militares llegaron al caserío en dos embarcaciones una de ellas con motor 200 y con el nombre de SAMURAI.

Los paramilitares reunieron a todos los hombres de las treinta familias, tomaron a siete de ellos (recoger por lo menos sus nombres) y los atacaron con hachas (el primer golpe en la cabeza) y luego procedieron a desmembrarlos. Dos de las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego cuando intentaron emprender la huida para salvar sus vidas. A esta incursión sobrevivieron dos personas que lograron adentrarse en la selva.

3.3.3. En el marco de estos hechos, dos paramilitares irrumpieron en la casa de una mujer y en presencia de su hija de 3 años de edad, rasgaron su vestimenta, la arrastraron de los cabellos, la internaron en la maleza y la violaron alumbrándole permanentemente la cara con linternas.

3.3.4. Luego de la masacre, el grupo de paramilitares quemó dos guarderías infantiles y una de las casas aledañas a estas, pintaron graffitis en las paredes en los que se hace alusión a la actuación paramilitar en el Alto Naya y amenazan a los pobladores.

3.3.5. Ante la renuencia y la falta de voluntad en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de las autoridades judiciales de Buenaventura, el levantamiento de los cadáveres fue realizado por el inspector de policía de la población más cercana (El Barranco) y por parte de uno de los sacerdotes de Puerto Merizalde.

3.3.6. Estos hechos ocurrieron a pesar de que, de acuerdo con la información suministrada por representantes de la Iglesia y miembros de la infantería de marina, hay una importante presencia militar del Ejército y Armada Nacional en la zona.

3.3.7. Con posterioridad a la salida de los paramilitares, la población se desplazó hacia zonas aledañas de la cuenca del Yurumanguí y al casco urbano del municipio de Buenaventura. 70 familias de Veneral del Carmen, cuenca del Yurumanguí, luego de conocer los hechos de El Firme y por temor a una incursión paramilitar, desde el 29 de abril se desplazaron hacia San Antonio y Buenaventura.

IV.Efectos Humanitarios de la Masacre

4.1. Hambre, bloqueo y terror

Se suma a los ataques de los grupos paramilitares, los bloqueos de alimentos, combustibles y medicinas implementados por la Armada Nacional y el Ejército como fuerzas estatales que agravan la profunda crisis alimentaria por la que atraviesan miles de personas, familias y comunidades negras, indígenas y campesinas de las Cuencas del Naya y del Yurumanguí, que se refugian en selvas, esteros y zonas de caza no aptas para la permanencia duradera debido a las difíciles condiciones de salubridad y albergue.

Poblaciones enteras continúan aisladas y a la deriva. Al momento de realizar la visita de la Comisión ninguna institución estatal ni gubernamental había ingresado a la zona con apoyo humanitario de emergencia. La situación de las comunidades negras e indígenas, así como algunos campesinos y colonos es sumamente crítica. A los bloqueos alimentarios se suma la imposibilidad de salir de la zona, puesto que las movilizaciones requieren de medios de transporte idóneos (lanchas y motores aptos para la travesía en alta mar y en el calado del Bajo Naya) o por el temor a salir a zonas de control paramilitar.

Mas de 1.600 personas permanecen confinadas y aisladas en el sector de La Playa (Alto Naya), las cuales se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, sin las condiciones mínimas para satisfacer necesidades básicas de alimentación, saneamiento, salud y albergue, situación agravada por la presencia en este grupo de gran cantidad de niños y mujeres. Otro tanto permanece en difíciles condiciones de vulnerabilidad y desprotección en las veredas de Timba, Santander de Quilichao y La Paila.

Desde la incursión paramilitar en el alto Naya y los operativos desplegados por la II Brigada de la Infantería de Marina que iniciaron el lunes 23 de abril en la zona del Bajo Naya, las comunidades han sido literalmente sitiadas. No les es permitido el paso de alimentos, insumos y combustibles sino en muy pequeñas cantidades (apenas para unos días) con la justificación de que podrían ser asaltadas por cualquiera de los actores armados ilegales y sustraerles la mercancía para su propio abastecimiento. Además, el temor que reina y la desprotección en el cauce de los ríos, no dejan muchas posibilidades para que las distintas comunidades se desplacen a abastecerse.

Sirva de ejemplo el caso de la reserva indígena de Joaquincito, quienes llevan más de 20 días alimentándose con “papa china” (malanga), la que antes vendían a las comunidades cercanas para adquirir arroz, sal y otros productos y que como consecuencia del cierre de los circuitos de intercambio se ha generado desabastecimiento e inseguridad alimentaria.

La mayoría de las comunidades que permanecen en la zona ya sea en condición de receptoras o de población desplazada, tratan de evitar el desplazamiento masivo hacía Buenaventura o Cali. Se niegan a salir de sus corregimientos, primordialmente porque no tienen los recursos para ello, y por que no conocen una forma distinta de vida que la que les ofrece el río y la selva.

Es decir, son comunidades en resistencia, que como parte de procesos organizativos y de titulación colectiva de territorios, no se resignan a abandonar su terruño y proyectos de vida. Las comunidades temen que sus territorios sean expropiados o usurpados, como ha sido la repetida práctica paramilitar en otras zonas del país.

V.La Responsabilidad del Estado Colombiano en estos hechos

5.1. Estos hechos fueron cometidos a pesar de que ONG colombianas, organismos de control del Estado, el Ministerio del Interior y la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, habían alertado de manera temprana sobre la inminencia de una incursión paramilitar en la región del Alto y Bajo Naya, alertas que fueron desatendidas con las trágicas consecuencias que se conocen, lo que sin duda compromete la responsabilidad del Estado Colombiano en cabeza del señor Presidente de la República y sus altos mandos militares tales como el Comandante de la III Brigada del Ejército y de la II brigada de la infantería de Marina, por lo menos por omisión, pues en su fuero se encontraba la toma de medidas concretas para proteger a la población amenazada y a pesar de haber sido advertidos, omitieron tomar dichas medidas. De definirse dicha responsabilidad, nos encontraríamos ante la comisión de un nuevo crimen de lesa humanidad cometido contra las comunidades indígenas, negras y campesinas de la región del Naya.

Por ello, requerimos que junto con las investigaciones tendientes a la determinación de los autores intelectuales y materiales de este crimen, de manera inmediata se de inicio a las correspondientes investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios que fueron alertados y no desplegaron acciones tendientes a la prevención y a las que la ley y la Constitución los obliga.

5.2. Por los argumentos y versiones recogidas de las comunidades, la Comisión mantiene su preocupación no sólo por la lentitud con que las autoridades civiles, judiciales y de control han respondido a la grave situación de la región, sino principalmente por la posible participación de las autoridades militares en los hechos ocurridos en la región del Naya (hechos consistentes en masacres, desapariciones, torturas, violaciones, saqueos, etc.).

5.3. Aunque es conocido por la opinión pública la detención –o mejor, la rendición- de una parte del grupo de paramilitares que en días pasados habían actuado en la región del Naya, sabemos que este número es irrisorio comparado con los hombres que con la colaboración de las fuerzas militares continúan haciendo presencia en la zona, inclusive en cercanías a los sitios de concentración donde se encuentran las personas desplazadas. Por lo tanto, consideramos urgente se tomen medidas inmediatas de protección y atención integral a esta población.

VI. Preocupaciones de la Comisión

6.1 Los pobladores de región del Naya y Yurumanguí han sido víctimas de una política de exterminio que se concreta a través de la comisión de crímenes de Lesa Humanidad acompañada de una diversidad de mecanismos de impunidad que se han podido constatar a lo largo de este proceso. En primer lugar, la utilización de agentes paraestatales para desviar la responsabilidad del Estado y generar también con ello desinformación, la inoperancia de los organismos judiciales (Fiscalía, C.T.I.) que se evidencia en su incapacidad para siquiera realizar los levantamientos de los cadáveres, que en el caso de la masacre del Firme, hacen temer que no exista siquiera investigación penal, lo que se traduce en desconfianza frente a las instituciones legalmente constituidas y a la consecuente deslegitimación de las mismas, lo que acrecienta la “crisis” del estado social de derecho que padece nuestro país desde hace mucho tiempo.

6.2 El tratamiento de orden público que le ha dado el Estado colombiano a la situación de emergencia humanitaria por la que atraviesa la región, conociendo del miedo que la presencia militar genera en la población, cuestionan el papel que instituciones nacionales de ayuda humanitaria – Red de Solidaridad social y a sus ongs operadoras principalmente- deben brindar a las poblaciones afectadas, más cuando este hecho de sangre ha sobrepasado las fronteras y ha generado un fuerte rechazo de toda la comunidad internacional.

Además, las precarias ayudas de emergencia que se han hecho llegar a las comunidades desplazadas y sitiadas, particularmente a las que resisten en el alto Naya, han sido entregadas a miembros de la III Brigada, para que esta sea la encargada de hacerla llegar a las comunidades, hecho irregular que se constituye en una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

6.3 A pesar del impacto y gravedad de la masacre ocurrida en el Naya durante la semana del 9 al 13 de abril, el Estado no hizo presencia ni tomó acciones eficaces de protección para las comunidades, que por un lado siguieron siendo víctimas de acciones de terror como la masacre de 7 personas en El Firme, el asesinato de dos personas y la desaparición de otra en Santander de Quilichao y el cruel asesinato de una señora en El Ceral, y por otro, sufren la sistemática violación de todos sus derechos al ser desplazados forzadamente además de la desatención respecto de la emergencia humanitaria como necesidad prioritaria para su supervivencia. Circunstancias éstas que indican claramente que la vida e integridad de las comunidades permanece en grave riesgo.

6.4 La captura de presuntos paramilitares, a pesar de representar un elemento positivo en el esclarecimiento y sanción de los responsables, resulta irrisorio ante la amenaza que representa la numerosa presencia que continúan haciendo unidades paramilitares en diversos puntos de la región, ante la pasividad de Ejército y Armada Nacional. De otra parte, es inquietante la notoria desproporción entre el material que en medios de comunicación es presentado como incautado a los paramilitares detenidos, frente a la cantidad y características del armamento que de acuerdo con la versión de las víctimas portaban los asesinos.

6.5 De los diálogos con las comunidades victimizadas se percibe una suerte de autoresponsabilización de las comunidades por los hechos, en la medida en que explican la masacre como una acción de represión de los cultivos de uso ilícito, a los que la falta de inversión, infraestructura, opciones productivas y en general la desatención del Estado, los han conducido. Por ello, el tema de los cultivos de uso ilícito se debe ser tratado teniendo en cuenta soluciones a las causas estructurales que llevan al campesino al cultivo. En este sentido las propuestas de erradicación deben contemplar, en primer lugar, la inversión social y alternativas que tengan viabilidad y posibilidades de continuidad con garantías para las comunidades, entre ellas la erradicación voluntaria, manual, gradual, progresiva de los cultivos de uso ilícito presentes en la zona.

6.6 Las comunidades plantean como medida de protección a sus proyectos de vida, la permanente veeduría internacional, propuesta que valoramos como altamente pertinente, pero que llama la atención por denotar una notable falta de confianza por parte de las comunidades hacia el Estado, originada por la histórica ausencia estatal en la región. La que a nuestro juicio, debe alertar al estado sobre la urgente necesidad de proveer a la región de inversión social y permanencia de instituciones y autoridades civiles.

VII. Solicitamos

7.1 A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas al gobierno colombiana para proteger a los líderes sociales y a las comunidades vulneradas y amenazadas. Solicitamos su mediación ante el gobierno colombiano, para que éste en el menor tiempo posible, cree una Comisión Interinstitucional integrada por organismos del Estado (vicepresidencia de la república, fiscalía, defensoría, procuraduría, red de solidaridad, ministerio del interior), organismos nacionales e internacionales de ayuda humanitaria (cruz roja, CCICR) y comunidad internacional, que tendrá como objetivo central el esclarecimiento de los hechos y la atención humanitaria de las víctimas y de todas las comunidades afectadas.

7.2 A la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-, a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las ONG nacionales e internacionales brindemos un permanente acompañamiento a estas comunidades y en medio de él, promovamos la activa participación de los desplazados en procesos organizativos a través de programas de capacitación.

VIII.Exigimos

8.1 Que el señor Presidente de la República, en uso de sus facultades discrecionales ordene de manera inmediata, la remoción de sus cargos a los altos mandos de la Fuerza Pública que fueron informados antes y durante la ocurrencia de los hechos y aún así, se abstuvieron de tomar la medidas que están en capacidad de tomar y a las que están obligados para proteger la vida de las comunidades.

8.2 Al Estado colombiano, la destitución y desvinculación efectiva del servicio de todos los funcionarios militares, civiles, judiciales y de control, que enterados de la alerta temprana que se había elevado a favor de las comunidades del Naya no tomaron ninguna medida de carácter preventivo para evitar la ocurrencia de las masacres y de las graves violaciones a los derechos humanos de que fueron víctimas los habitantes de la región.

8.3 Con carácter urgente se envíe una Comisión de fiscales de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y del C.T.I. para que adelanten las pesquisas que lleven al esclarecimiento de los hechos y a la pronta judicialización de los responsables de estos crímenes.

8.4 Se vincule penalmente a los autores materiales, intelectuales y beneficiarios de estos crímenes.

8.4.1 Contra los paramilitares capturados y por capturar debe adelantarse investigación por los múltiples delitos de genocidio, concierto para delinquir, homicidio con fines terroristas, tortura, acceso carnal violento, incendio, desplazamiento forzado, conformación de grupos de autodefensas, etc.

8.4.2 Se inicie una seria investigación penal para determinar la posible responsabilidad que recaiga contra miembros de las fuerzas armadas y de policía -en forma directa o indirecta- en estos graves hechos. Frente a estas investigaciones exigimos que no se apliquen fueros especiales –fuero penal militar-, pues sería inconcebible plantear que lo ocurrido en el Naya puede ser catalogado como un acto del servicio o en relación con el mismo. De igual modo, será inadmisible la justificante de obediencia debida.

8.4.3 Se investigue a los beneficiarios de estos crímenes quienes no son otros que los patrocinadores de estos grupos de exterminio y que tienen reconocidos intereses políticos, militares y sobre todo económicos en la región, es decir quienes han invertido en la puesta en marcha de los diversos megaproyectos o proyectos nacionales de explotación.

La totalidad de estos procesos deben ser adelantados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos con sede en Bogotá, y los capturados deben ser trasladados los más pronto posible a esta ciudad, pues esta claro que la zona no ofrece garantías de imparcialidad. Esto se hará acorde con el fallo 356 de la Corte Constitucional y siguiendo las diversas recomendaciones internacionales.

8.5 Que la Procuraduría General de la Nación inicie acción disciplinaria contra todos los funcionarios públicos (militares, civiles, judiciales y de control), que conocieron las alertas tempranas formuladas en prevención de los hechos y se abstuvieron de tomar medidas de protección y emita las sanciones disciplinarias correspondientes, en un plazo que no debe exceder los tres meses, para superar la impunidad.

8.6 Se le dé garantías a la jurisdicción indígena para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los miembros de sus comunidades y en los territorios que hacen parte de su jurisdicción.

8.7 La dignificación de las víctimas, en procesos que deben implicar la recuperación de su memoria, el esclarecimiento del por qué fueron asesinados y cuales eran los procesos que junto a su comunidad estaban construyendo y que fueron obstaculizados con la agresión de la que fueron víctimas. Por ello se promoverá la reconstrucción del tejido social fragmentado y se darán garantías a los sobrevivientes para la continuación de los trabajos colectivos que se venían desarrollando hasta la incursión paramilitar.

8.8. Al gobierno nacional, a través de la Red de Solidaridad Social, y a los organismos humanitarios gubernamentales, garantizar de manera inmediata, la ayuda humanitaria de emergencia para las comunidades desplazadas ubicadas en Santander, Timba, el resguardo indígena de La Paila, Buenaventura Puerto Merizalde, Las riveras y bocanas de los Ríos Naya y Yurmanguí y a todas las comunidades que se encuentran en condición de población aislada en el sector de La Playa y El Playón (Naya) y en la Cuenca del Yurumanguí.

8.8.1. Al Estado colombiano y en el marco de la normatividad vigente relacionada con la atención integral a la población desplazada por la violencia (Ley 387 y demás normatividad relacionada) a través de la Red de Solidaridad Social como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia SNAPDV, atender no solo a las personas que se encuentran ya desplazadas en Puerto Merizalde y Buenaventura sino a todas y a cada una de las personas ubicadas a lo largo de las bocanas, esteros y selvas de la zona, algunas desplazadas y otras en inminente riesgo de serlo. La obligación estatal de atención integral abarca también, y con especial énfasis, la prevención de las causas del desplazamiento forzado entre ellas el bloqueo económico y la inseguridad alimentaria en la que se encuentran estas comunidades.

8.8.2. A la Red de Solidaridad Social prestar la atención humanitaria integral concertada con las comunidades que no han abandonado las Cuencas de Yurumangui y El Naya para evitar su desplazamiento ante el temor y la altísima vulnerabilidad en que se encuentran por posibles ataques de los paramilitares que se encuentran en la región.

8.8.3. El Estado colombiano, a través de la Red de Solidaridad como entidad coordinadora del SNAPDV, debe garantizar las condiciones de seguridad, protección, sostenibilidad y voluntariedad para los procesos de retorno de la población desplazada, así como atender y fortalecer a las comunidades que aún permanecen en la zona como comunidades de apoyo para los eventuales retornos.

8.8.4. A las entidades gubernamentales, no gubernamentales y agencias internacionales de atención humanitaria, implementar acciones, con el fin de no involucrar las ayudas humanitarias con las actividades militares que se desarrollan en la zona, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional Humanitario y la filosofía de imparcialidad y humanidad que animan las recomendaciones incluidas en los Principios Rectores de Atención a personas desplazadas (de los desplazamientos internos) de Naciones Unidas.

8.9. A las autoridades civiles y de fuerza pública, del orden nacional, departamental y municipal, a no presionar el retorno involuntario, no seguro y desprotegido de las poblaciones desplazadas ubicadas en los municipios, veredas y resguardos de la región, a través de la entrega o negación de ayuda humanitaria.

8.10. Se garantice por parte del estado colombiano, el retorno con garantías y dignidad para la totalidad de los desplazados de la zona, la que debe estar acompañada de políticas serias de inversión social que superen la grave crisis económica que históricamente ha padecido la población, en reparación por el dolor y la tragedia a la que han sido sometidos por parte del estado, luego del histórico abandono al que estaban condenados.

8.11. Al estado Colombiano, que garantice la indemnización económica a las víctimas y familiares de las víctimas de la masacre paramilitar, de la totalidad de los perjuicios –de todo orden-, causados con los asesinatos, torturas, violaciones, daños a propiedades, robos e incendios que padecieron y al desplazamiento al que fueron forzados.

8.12. A mediano y largo plazo es necesario determinar estrategias y políticas de seguridad, protección, inversión social y desarrollo sostenible para la región. Esto contempla la pronta titulación de tierras y la adopción de planes de desarrollo integral.

Suscriben:

Asociación Nacional de Ayuda Solidaria –ANDAS-.
Asociación para la Promoción Social Alternativa –MINGA-.
Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP-.
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz.
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos –FCSPP-.
Humanidad Vigente Corporación Jurídica.