Comisión Ética rechaza amenazas y difamaciones contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz
Nosotras y nosotros integrantes de la Comisión Ética de la Verdad hemos conocido de manera directa el trabajo que por la Verdad, la Justicia y la Reparación que la Comisión de Justicia y Paz, parte del Movimiento de Víctimas, realiza en Colombia.
Este conocimiento nos permite censurar la campaña de difamaciones y amenazas de muerte contra sus integrantes, y afirmar que detrás de estas se encuentran sectores del ejecutivo, militares, y los empresarios beneficiarios del paramilitarismo. En particular, empresas como Urapalma, Palmado, Palmas de Curvaradó, Extractora Bajirá, La Tukeka, Asoprobeba, la familia López, la familia del ex Coronel Molano, que han usado o se han beneficiado de la violencia paramilitar para agronegocios de palma, la ganadería extensiva y el banano se benefician del desprestigio.
Bajo la mentira quieren desvirtuar la verdad real que nosotros hemos constatado en Curvaradó y Jiguamiandó. Allí se evidencia aún la responsabilidad estatal en la comisión de crímenes de lesa humanidad, en la reingeniería paramilitar. Hoy con la difamación y la calumnia usan a desmovilizados como alias “Samir” y “Karina” como estrategia perversa de persecución judicial y desprestigio, acompañada de operaciones psicológicas de intimidación.
Las pintas inscritas en paredes de la ciudad de Bogotá buscan aislar a la Comisión de Justicia y Paz y ocultar la verdad de lo que sucede en el bajo Atrato. Señalar a “Justicia y Paz Terrorista”, o “Justicia y Paz = Muerte” o amenazar de muerte al Cura Marxista, calificados así en la página web Avanti Ragazzi al Padre Alberto Franco CSsR y el Padre Javier Giraldo S.J. es una expresión más del desbordamiento del enquistamiento de las lógicas paramilitares y de las prácticas de persecución y espionaje ofensivo del DAS.
Todo es coincidente con los manuales de operación ilegal y arbitraria del DAS, definidos desde el 2003, tales como “Transmilenio”, “Internet”, “Intercambio” y con la intención del general ® Rito Alejo del Río Rojas, de desarrollar una campaña de desprestigio contra la Comisión de Justicia y Paz, como se conoció en octubre de 2008.
Desde el 2003 se conoce que la comunidades del bajo Atrato y la Comisión de Justicia y Paz han sido blanco de operaciones de espionaje ofensivo e ilegal del DAS, a través del G 3. Este grupo de espionaje arbitrario recibió falsas informaciones de Johana Cabezas, ex – abogada de Maderas del Darién-Pizano S.A que operó en el Cacarica – Chocó, protegida por estructuras paramilitares.
Meses después y con la participación del Comandante General de las Fuerzas Militares de ese entonces, Jorge Enrique Mora Rangel se realizó una rueda de prensa contra los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, quiénes eran procesados sin su conocimiento por el delito de terrorismo.
Mora Rangel, es conocido por ser protector del general Rito Alejo del Río Rojas, conocido como “El Pacificador de Urabá”, desagraviado por Álvaro Uribe Vélez.
La reciente campaña nacional e internacional se ha acompañado en el 2008, del secuestro de Jimmy Jansasoy; amenazas de muerte contra Luz Marina Arroyabe, Elizabeth Gómez, y Zenaida Parra (QEPD), Fabio Ariza y Elkín Sarria, , que obligaron a su salida del bajo Atrato; amenazas de muerte de Jhon Jairo Betancourt y Nubia Acosta, en Putumayo; amenazas de muerte a su equipo de trabajo en el bajo Naya, Popayán y Dabeiba y un plan de atentado contra la vida del Padre Alberto Franco CSsR, Abilio Peña y Danilo Rueda.
No hay que olvidar, que la Comisión de Justicia y Paz es representante de víctimas de Crímenes de Estado, como parte civil a través de su abogada Liliana Andrea Ávila en el proceso por el cual se encuentra detenido el ex militar del Río Rojas.
Este alto oficial comandante de la brigada 17 es responsabilizado por más de 400 crímenes de lesa humanidad cometidos en las comunidades de Alto Guayabal, Cacarica, Curvaradó, Dabeiba, Jiguamiandó entre 1996 y 1997, como lo hemos conocido en nuestra misión como integrantes de la CEV.
La persecución contra las comunidades y la Comisión de Justicia y Paz pretende imposibilitar los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación; imponer una verdad construida a la medida de los victimarios; imponer el modelo de desarrollo con disfraz de ética empresarial, asegurar la impunidad en crímenes de lesa humanidad, el desplazamiento forzado, daños ambientales, fraude procesal; criminalizar las iniciativas de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad.
Advertimos que cualquier daño a la vida y la integridad personal y comunitaria, a la libertad y al derecho a la intimidad es responsabilidad gubernamental y no es suficiente un comunicado de prensa con equívocos de fondo
Solicitamos ante tanta infamia, que el gobierno colombiano responda de manera inmediata al requerimiento elevada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por parte de la Comisión de Justicia y Paz.
Ella ha requerido que el Alto Comisionado de Paz, Frank Pearl, de manera inmediata cite en presencia de la Cidh a los desmovilizados Nelly Ávila Moreno, alias “Karina” y Daniel Sierra Martínez, alías “Samir” para que enfrente de sus integrantes sostengan las difamaciones y falsas acusaciones, para las que ellos han sido usados.
Mayo 4 de 2010
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de Paz, SERPAJ Argentina
Francois Houtart, Director del Cetri, Coordinador del Foro Social Mundial, Bélgica
Bernardine Dhorn, abogada, profesora universitaria de NorthWest en Chicago, Estados Unidos
Alberto Giraldez, Andrés Redondo, Pilar Sánchez, Comunidad Cristiana de Santo Tomas de Aquino, España
Carlos Fazio, investigador y catedrático de la UNAM; periodista, Méjico
Eduard Nachmann, maestro, hijo de desaparecido; integrante de H.I.J.O.S. ciudad de Buenos Aires, Argentina
Enrique Nuñez, Coordinadora de Ex presos y Ex presas Políticos de Chile
Elizabeth Deligio, Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH) EEUU
Enrique Santiago, abogado, Instituto de Estudios Políticos de América Latina y África, España
France Amerique Latine; Francia
Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático de la UNAM, Méjico
Juana Aguilera, por equipo de trabajo Comisión Ética Contra la Tortura – Santiago de Chile
Libertad Sánchez, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España
Lorenzo Loncon; werken comunidad mapuche newen mapa, pueblo Mapuche
Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, México
Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Argentina
Pierluigi Di Piazza, Centro Balducci, Udine, Italia
Rainer Huhle, Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, Alemania
Rick Ufford Chase; Iglesia Presbiteriana, EEUU
Stephen Haymes, Universidad de dePAul, EEUU
Sean Hawkey, Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, Suiza
Vicente Font de Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España