Comercio sexual, comercio de drogas local, la nueva fase paramilitar urbana

Alguno son llamados reciclables, otros son despreciables, otros son simplemente desechables y otras son las llamadas pre pago. Y uno, dos, y tres… y más, muchos más desde el 2008, uno de los rostros de esta fase paramilitar se develó entre agosto y noviembre de este año por los asesinatos de jóvenes en serie, de un grupo de 69 que fueron amenazados en redes de facebook.

La naturalización de la muerte violenta, justificada en valores democráticos, religiosos, estéticos es frecuentemente invisibilizada. El silenciamiento del grupo social victimizado y el ocultamiento de las pretensiones de fondo con el mercado sexual y local de drogas es una secuela del terror, del uso de la fuerza. Las razones que se ocultan detrás de una máquina criminal de exterminio de lo otro, es la instauración de un orden por parte de quién ejerce un rol policivo, represivo, justiciero, de bondad y de estética.

Las bases de una cultura del complejo de pirámide, ascenso social, sobre carencias materiales y su satisfacción de cualquier manera; la definición de unos roles ciudadanos consumidores en la lógica del poder y la estética traqueta y paramilitar son el asidero para comprender el control narcoparamilitar de estos sectores de población.

En 2008 se conocieron los primeros casos de esa nueva tendencia urbana del paramilitarismo en medio de la fase de consolidación de plan Colombia apoyado por los Estados Unidos. Esta etapa combina la represión y la seducción, la consideración de blanco militar, control psicológico y comercial de las y los niños y niñas y jóvenes.

Como en la década de los 90, hace dos años, las estructuras paramilitares reiniciaron el asesinato de jóvenes habitantes de sectores marginales, sobrevivientes en la vida en la calle, o con su cuerpo y huyendo como un ritual semanal en el consumo de drogas. Todos los muertos con una historia común de exclusión, mientras los victimarios estaban asegurados en sus pagos y en la actuación sobreseguro, operaban de día y de noche, favorecidos por el silencio y complicidad de la fuerza pública.

Evidentemente ese círculo de silencio por el terror, de acostumbramiento a la muerte se infringe, se rompe en pocas o en muchas ocasiones, cuando ello ocurre se logra dimensionar lo qué ha pasado, su gravedad.

Relatos de las víctimas indicaban como se pasaba de la extorsión comercial paramilitar, que aún hoy se mantiene en el Putumayo, al inicio de un negocio sexual con el uso de niñas para la prostitución y una fase de distribución local de drogas para sectores juveniles, que estuvo antecedida de fases de la mal llamada “limpieza social”.

Los espacios urbanos se convirtieron en escenarios de actuaciones indiscriminadas de control social con amenazas, muertes violentas de habitantes de la calles en 2008, una concepción de la estética urbana fundada en el crimen. Luego estas, desde el 2009 se focalizaron en mujeres y hombres jóvenes e incluso niñas y niños. La definición de estos como blancos de represión o de seducción por o para el comercio sexual o el comercio de drogas son parte de la reingeniería paramilitar.

La doble moral vehicula en lo público la virtud de controles y normas de comportamiento tradicional no sexualidad pagada, no prostitución no consumo de drogas con el control por parte de las mismas estructuras criminales del negocio.

Los jóvenes no pueden ser consumidores se les amenaza con panfletos paramilitares y después se les mata. Pero al mismo tiempo, quiénes les amenazan de muerte son los que controlan y reciben las ganancias de los circuitos de distribución y consumo. Como ocurrió con las trabajadoras sexuales, con algunas redes de taxistas, con habitantes de las calles.

Las jóvenes deben ser pagadas previamente para su uso sexual, previamente, autorizadas o abusadas por el paramilitarismo o mando paramilitar, que opera en medio de la presencia y con conocimiento de la fuerza pública, de las autoridades civiles y los gremios económicos. Luego, después de su uso, se define su buen retiro o exilio.

Algunas de ellas luego de ser introducidas en ese negocio del cuerpo mercantilizado en los moldes del consumo varonil del poder narcoparamilitar, fueron extorsionadas y amenazadas de muerte, por los mismos criminales que la obligaron a ser parte de su sucio negocio. Matones con balas y matones del cuerpo. Cuando estas se resistían a seguir siendo víctimas de esa explotación y abuso sexual, eran asesinadas. Usadas, abusadas y tiradas. Algunas lograron escapar a ese circuito de muerte, a ese negocio, donde fueron también explotadas.

Los crímenes que ahora se conocen de jóvenes significan que la política contrainsurgente amplio sus ámbitos de control a lo juvenil. La aplicación de la política de seguridad “democrática” que en lo rural ha significado un sin número de violaciones de derechos humanos de campesinas y campesinos bajo la modalidad de la ejecución extrajudicial y desplazamientos forzados familiares, amenazas de muerte, militarización cotidiana, sitiamiento, entre otros; se transforma en lo urbano en control social para el uso y consumo en los circuitos económicos del mercado sexual y de las drogas.

La muerte de disidente político era y es algo justo, es mejor que herirlo o capturarlo. La muerte del opositor legal es justa. Lo distinto, lo disidente, lo disfuncional no tiene derecho a existir. Si la lucha contra el alzamiento armado no tiene límites, o mejor, en las palabras de la inseguridad, “los terroristas”, mucho menos, tales límites pueden beneficiar a quienes son poco adecuados para un orden social.

Mientras persiste el conflicto armado interno en particular o con mayor intensidad en las áreas rurales de Putumayo, las operaciones de tipo paramilitar en lo urbano se destinan, ya no solo a lo que conciben como base social, apoyo o auxilio en las operaciones guerrilleras si no sobre todo a aquellos sectores sociales, que bajo un lógica moralista, se concibe como sujetos de la inseguridad, sujetos de peligrosidad pero al tiempo como mercancía y consumidores

En pleno corazón de la implementación del Plan Patriota, Plan de Consolidación la estrategia paramilitar continúa existiendo alentando la “buena conciencia” que justifica el asesinato o la amenaza a sectores juveniles.

Los blancos de los asesinatos conocidos en agosto pasado fueron anunciados cínicamente en redes de internet como Facebook. El listado de los nombres de los jóvenes era preciso y la amenaza también a quienes les daban tres días de plazo para abandonar el pueblo.

Días después a menos de un minuto de una base militar de la brigada móvil 13 fue asesinado un joven, ese mismo día se habla de un listado, pero semanas atrás ya habían sido asesinados varios jóvenes con los mismos modos de operación de los victimarios. Días después un consejo de seguridad. Sus resultados la historia oficial. En Puerto Asís nada pasa, todo está normal y lo que sucede eventualmente son las reacciones de una culebra herida de muerte (las FARC) que han asesinado por problemas de drogas. Esa noche del Consejo de Seguridad otro joven fue asesinado

La gente de a pié, el común, afirma que detrás de estas muertes y lista está la misma policía, la SIJIN, los paramilitares. Otras personas creen que estas muertes son represalias tomadas por la policía por el asesinato de los dos policías..

Este mismo día, en Puerto Caicedo, llegaron decenas de paramilitares con el retorno de alias “Mata Siete”, y allí también jóvenes están siendo asesinados.

Y dos días después en la estrategia de la confusión circular un panfleto PUERTO ASIS PUEBLO DE MUDOS…MUERTE A POLICÍAS. En el cual se responsabiliza a la policía por las muertes de jóvenes y se les amenaza: “”por cada joven asesinado, será asesinado un policía”.

La respuesta deja nuevas sombras de duda. Se incrementó la fuerza militar y policial en el casco urbano de Puerto Asís, sin embargo, llegada la noche éstos se repliegan, desaparecen de los barrios.

Los secretos a voces indican que las lógicas paramilitares continúan. Comerciantes y “dueños” del pueblo avalan este tipo de actuaciones, se trata de mantener una imagen buena sin drogadictos, con prepagos que aseguren intereses económicos, proyecciones turísticas y/o hospitalarias para las petroleras y sus funcionarios.

El Defensor del Pueblo hizo lo mínimo condenó las amenazas, intimidaciones y muertes violentas de adolescentes en el municipio de Puerto Asís y precisó a medios internacionales que en la zona de Puerto Asís, al sur colombiano, actúan desde las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hasta las llamadas Aguilas Negras y Los Rastrojos. Esos grupos “hacen presencia en algunos barrios de la cabecera municipal de Puerto Asís, ejecutando acciones violentas, dirimiendo conflictos comunitarios, imponiendo normas de conducta y de convivencia, intimidando, aplicando castigos contra personas socialmente estigmatizadas”, dijo Pérez en entrevista telefónica. http://www.elnuevoherald.com/2010/08/23/788027/defensoria-alerta-sobre-muerte.html#ixzz0xScAUbb1

Toda esa tragedia se asocia a la lógica del mercado global. El aseguramiento de la confianza inversionista se propicia con la militarización, la oferta sexual de primera y el consumo de drogas combinada con una buena imagen, la de la buena moral publicitaria. Los operadores internacionales deben contar con un espacio “adecuado”, “decente” para su relax y su diversión. Todos pueden ganar, ellos y sus casas matrices, los que matan con balas y los que pagan por matar, los creyentes en la estética maniquea que ven protegidas hipócritamente, las buenas costumbres, los que venden la “merca” a los jóvenes para su consumo mientras sean rentables. Estos son los costos colaterales del “progreso”, la muerte aleccionadora de los jóvenes, la estética urbana conforme a la globalización.

Bogotá, D.C. 5 de septiembre de 2010