Colombia y Estados Unidos deben priorizar la protección de los afrocolombianos

Nuestras organizaciones condenan rotundamente los asesinatos, ataques y amenazas de muerte de grupos armados ilegales contra líderes y comunidades afrocolombianas situadas en diferentes territorios y ciudades incluyendo Medellín y Bogotá. Instamos que las autoridades, tanto estadounidenses como colombianas, protejan a los y las líderes afrocolombianos (as) y a las comunidades afrocolombianas en riesgo, ademas de investigar los hechos y llevar los victimarios ante la justicia.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) debe garantizar, con prontitud, la seguridad de los y las líderes y lideresas afrocolombianos y sindicalistas amenazados. La Oficina de la Vicepresidencia en Colombia debe condenar públicamente los asesinatos, las amenazas de muerte y los otros ataques que se han perpetrado contra los afrocolombianos. La comunidad internacional debe fortalecer su apoyo al diálogo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano puesto que dicha negociación pondrá fin al conflicto armado colombiano y, por lo tanto, mejorará la situación de seguridad de los afrocolombianos.

Aun cuando la retórica de las autoridades colombianas con respecto a los afrocolombianos ha cambiado, en la práctica la situación permanece igual o peor para los y las líderes afrocolombianos(as) y sus comunidades. El 1 de febrero de 2014, Carlos Arturo Ospina Córdoba, hijo de Ana Fabricia Córdoba, una reconocida lideresa afrocolombiana que fue víctima de desplazamiento interno forzado y asesinada en 2011, fue asesinado en Medellín. Más de cuatro miembros de la familia Córdoba Ospina han sido asesinados por grupos armados ilegales, presumiblemente por las denuncias que han interpuesto ante crímenes cometidos por grupos paramilitares. Los miembros de la familia Ospina Córdoba que aún sobreviven se encuentran en situación de riesgo pues los perpetradores de la violencia se encuentran en libertad.

Nuestras organizaciones siguen preocupadas por la situación de seguridad que enfrentan los miembros de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y los activistas y líderes afrocolombianos. El 11 y el 13 de Febrero, hombres armados entraron a la sede nacional de AFRODES ubicada en la ciudad de Bogotá, en búsqueda de uno de los miembros de AFRODES que ha recibido múltiples amenazas de muerte (tanto contra él como su familia) por su reclamo de territorios ancestrales que le fueron usurpados por grupos armados ilegales. Los dos hechos mencionados son sólo dos de los más recientes incidentes de seguridad y amenazas que han recibido los miembros de AFRODES. No hemos visto avances en la implementación de medidas de seguridad, tanto con las individuales ni las colectivas, para los líderes y las lideresas de AFRODES. La implementación de medidas de seguridad colectivas se encuentra estancada; mientras que las medidas de seguridad individuales que se han implementado experimentan numerosos problemas para los líderes y las lideresas que siguen siendo amenazados. Miembros del Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF) continúan recibiendo amenazas. La UNP retiró las medidas de seguridad de Harold Viafara González, miembro del CLAF y líder del sindicato USE, pese a que éste sigue siendo víctima de amenazas. El señor Viafara ha llevado su caso ante la Corte. El líder afrocolombiano Raúl Palacios y otros líderes y reclamantes de tierras de Curvaradó y sus acompañantes siguen teniendo problemas con los esquemas de protección que les han sido asignados y, por lo tanto, siguen siendo altamente vulnerables. El 14 de febrero, los escoltas de Manuel Garzón, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Curvaradó, interceptaron a hombres sospechosos de seguir al señor Garzón en la ciudad de Medellín.

Civiles afrocolombianos e indígenas de la costa pacífica continúan siendo perjudicados, desplazados y afectados por el conflicto armado interno. COCOCAUCA, el grupo que representa a los consejos de las comunidades afrocolombianas en Guapi, reporta numerosas acciones armadas que afectan a la población civil en el Cauca. Una de esta acciones sucedió el 6 de enero de 2014 cuando dos jóvenes afrocolombianos que viajaban por el río Saija fueron aprehendidos y luego asesinados por hombres armados. COCOCAUCA también reporta acciones de miembros de las fuerzas armadas contrarias al derecho internacional humanitario que están poniendo en riesgo a 1.500 jóvenes, niños y niñas, en el área
urbana de Guapi. Acciones armadas entre grupos armados en el Atrato Medio han afectado a por lo menos 12 comunidades afrocolombianas y tres comunidades indígenas. Las explosiones en áreas como Tagachi, causadas por bombas puestas por las FARC, han herido soldados y han causado pánico en la población civil.

La situación en Buenaventura, en donde está ubicado el puerto internacional comercial más importante del país, es grave. Desde enero de 2014, cuatro mujeres han sido brutalmente asesinadas. El 2 de Febrero, el cuerpo de una de las mujeres víctimas fue encontrado desmembrado y sin cabeza en la Bocana. El 8 de febrero, Maria Yenny Ortiza Camacho fue asesinada debido a repetidos golpes en el barrio Olimpio. El 9 de Febrero, otra mujer fue asesinada en un salón de billar en el área de las Américas. En el barrio de San José se evidencian desplazamientos debido a la violencia perpetrada por grupos armados. Miembros de la comunidad son forzados a dormir afuera de sus casas por el miedo a ser asesinados por balaceras que ocurren en medio de la noche. Los homicidios, feminicidios y las amenazas contra líderes en Buenaventura permanecen en impunidad en tanto que las investigaciones adelantadas por las autoridades no han presentado resultados.

Hacemos un llamado a todas las partes del conflicto interno armado para que respeten el derecho internacional humanitario y para que se abstengan de cometer acciones que perjudiquen a civiles y generen desplazamientos forzados. Las autoridades colombianas deben proteger a los líderes y las lideresas afrocolombianos(as) y deben actuar para detener las actividades de los grupos armados que perpetran feminicidios, homicidios y desplazamiento forzado.

Este pronunciamiento tiene el apoyo de las siguientes organizaciones: Washington Office on Latin America (WOLA), Solidarity Center, Presbyterian Church (USA), Latin America Working Group, Global Rights, Colombia Land Rights Monitor, Center for Justice and International law, Center for International Policy (CIP), AFRODES USA, Afro-Colombian Solidarity Network (ACSN), AfroColombia NY y los siguientes individuos*: Tianna Paschel (Neubauer Family Assistant Professor, University of Chicago) Roland Roebuck (Afro-Latino Activist), Paloma Diaz, Ogechukwu Ezekwem (PhD Student, University of Texas at Austin), Ofunshi Oba Koso (Congo Global Voice), Natalie Goodnow (MFA Student, University of Texas at Austin), Maurice Carney (Friends of the Congo), Mary Cuevas, Manuel Guadalupe Galaviz (MA Student, University of Texas at Austin), Kiran Asher (Associate Professor, International Development and Social Change, Clark University), James Early (Institute of Policy Studies Board of Trustees), Gail S. Phares (Witness for Peace-Southeast), Eunice Mina Escobar(Afrocolombian activist, CRLN Board Member), Ernesto Mercado Montero (PhD Student, University of Texas at Austin), Dr. Whit Hutchison (Rutilio Grande House), Dr. Ruth Needleman (Professor Emerita, Indiana University), Dr. Jessica Heineman-Pieper, (Assistant Professor, School of Public Policy, George Mason University), Dan Kovalik (Senior Associate General Counsel, United Steelworkers), Bill Fletcher, Jr. (American Federation of Government Employees), Barbara Gerlach (Colombia Liaison, United Church of Christ Justice and Witness Ministries), Arturo Escobar (Professor of Anthropology, UNC, Chapel Hill), Anthony Dest (PhD Student, University of Texas at Austin), Ambassador Shirley E. Barnes (U.S. Ambassador Ret.), Agustin Lao Montes, PhD (Associate Professor of Sociology, Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies, Afro-American Studies, University of Massachusetts at Amherst)

*Afiliaciones exclusivamente para fines de identificación

http://www.wola.org/es/comentario/colombia_y_estados_unidos_deben_priorizar_la_proteccion_de_los_afrocolombianos