Colombia se somete a examen ante el mundo en materia de Derechos Humanos
Las familias de las víctimas denuncian un grave deterioro en la situación de los Derechos Humanos. Foto: Archivo Cambio
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El pasado 21 de noviembre el vicepresidente Francisco Santos presentó ante la Comisión Europea, en Bruselas, un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia, en el que con cifras argumentó por qué en los últimos cinco años la política de Seguridad Democrática ha contribuido a que existan grandes avances en esa materia, entre otras cosas por la ostensible reducción en los homicidios y secuestros.
Sin embargo, al término de esa reunión fue asediado por decenas de periodistas internacionales que lo cuestionaron sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales por las que se investigaba a algunos miembros de la Fuerza Pública. Pero Santos fue tajante: “Sentimos vergüenza de que eso haya pasado” y anunció que el Gobierno ya había tomado los correctivos necesarios.
Pese a las críticas en esa materia, Santos es optimista de que el próximo 10 de diciembre, a las 8:30 de la mañana y con transmisión en tiempo real para todo el mundo a través de Internet, Colombia pase una prueba de fuego: el Examen Periódico Universal (EPU) que hace el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, a los 192 Estados que lo conforman. Dicha evaluación a la que se somete el Gobierno de forma voluntaria es considerada la máxima instancia de la ONU para revisar que los países miembros estén cumpliendo con los parámetros de respeto a los Derechos Humanos.
Pero pasarla no será tan fácil. El Examen Periódico Universal lo realiza un grupo de trabajo integrado por 47 países cuya relatoría estará a cargo de Italia, Burkina Faso y Bahrain. Allí se revisarán dos informes. El primero lo prepara el propio Estado que envía una delegación encabezada por el vicepresidente Francisco Santos y el director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, Carlos Franco. El segundo es el resultado de una combinación de documentos elaborados por distintas ONG, centros de estudios, defensores de los Derechos Humanos, organizaciones regionales e internacionales, y representantes de la sociedad civil del país.
La discusión se centra en cinco puntos: derecho a la vida, la integridad personal y la libertad; paramilitarismo y bandas emergentes; verdad, justicia y reparación; desplazamiento forzado y derechos económicos, sociales y culturales. Como era de esperarse, los informes del Gobierno y de las ONG -900 agrupadas en las plataformas y redes de Derechos Humanos y paz- no coinciden.
Mientras que el Gobierno centra su análisis en los logros alcanzados con la política de Seguridad Democrática durante los últimos años, el segundo presenta críticas a los resultados y evidencia de graves violaciones, la mayoría de ellas relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
La comparación de los dos informes demuestra que más allá de la disparidad de cifras existe un grave deterioro en la situación de Derechos Humanos que se evidencia no solo en las denuncias de los llamados “falsos positivos” atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, sino en el aumento de las cifras de desplazamiento forzado y en el rearme paramilitar tras la desmovilización de las autodefensas desde 2003.
A qué costo
El documento de 20 páginas preparado por el Gobierno -que ya está en manos de la ONU- indica que desde 2002, cuando empezó el primer mandato del presidente Álvaro Uribe, hubo 28.837 homicidios, para una tasa anual de 66 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero en 2007 la cifra llegó a 17.198 homicidios y una tasa de 36,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a una reducción del 45,2 por ciento.
Agrega que los homicidios colectivos disminuyeron de manera aún más pronunciada: de 115 casos con 680 víctimas en el 2002, a 26 casos con 128 víctimas al finalizar el 2007 para una reducción del 77,4 por ciento. Mientras que los atentados terroristas pasaron de 1.645 en 2002, a 387 y hubo una reducción del 87 por ciento en los secuestros
Colombia se somete a examen ante el mundo en materia de Derechos Humanos
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Pero las ONG, en 10 páginas, tienen otra lectura: en los últimos cinco años hubo un aumento del 67,71 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de Seguridad Democrática. Precisa el documento que entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002.
Añaden que entre julio de 2002 y diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas civiles perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 eran niños. De esas 13.634 personas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente, aspecto que no aborda en su documento el Gobierno de Colombia.
Frente a estos hechos, el Gobierno se defiende en su informe y admite que “motivo de gran preocupación han sido las denuncias respecto a presuntos homicidios cometidos por la Fuerza Pública en personas protegidas o por fuera de combate”. En tal sentido explica que al 30 de julio de 2008 estaban vinculados a investigaciones penales 748 miembros de la Fuerza Pública, se habían expedido órdenes de captura contra 242 de ellos, fueron acusados 110 ante los jueces y se dictaron 14 sentencias condenatorias a 42 miembros del Ejército.
De otro lado, mientras el Gobierno insiste en el fin del paramilitarismo a partir de la desmovilización colectiva de 31.671 paramilitares, las ONG consideran que no ha sido desmantelado. En su informe para el EPU, el Gobierno presenta el fenómeno desde la perspectiva de nuevos grupos armados, “denominados bandas criminales emergentes”. Pero para las ONG hay todavía por lo menos 9.000 paramilitares. Según un informe de la Comisión Colombiana de Juristas, citado en el documento, entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 por lo menos 4.019 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares.
En contraste con el Gobierno, las ONG insisten en que con la política de Seguridad Democrática se han desconocido principios básicos establecidos en la Constitución y “se ha circunscrito la seguridad a respuestas militares y policivas, ignorando con ello que debe fundarse en el respeto por los Derechos Humanos”. Ahora la última palabra la tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que luego de revisar los documentos formulará recomendaciones e iniciará un proceso de seguimiento a la situación en Colombia.
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“Colombia espera que le reconozcan avances en DD.HH.”: Carlos Franco
El director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia, precisa los avances en esta materia antes de viajar a Ginebra al Examen Periódico Universal que hará la ONU el 10 de diciembre.
¿Considera que la política de Seguridad Democrática favorece la protección de los Derechos Humanos?
La política de Seguridad Democrática está concebida con el objetivo de garantizar el ejercicio de derechos y libertades y el combate a los grupos ilegales, principales violadores de derechos humanos. También favorece la vigencia de los Derechos Humanos, así como el propósito de garantizar el imperio de la institucionalidad en todo el territorio. La disminución de los homicidios en un 45 por ciento entre 2002 y 2007; de las masacres en un 77 por ciento, de los atentados en un 76 por ciento, del desplazamiento y del secuestro en un 87 por ciento, así lo demuestra. La integralidad de la Política con acciones en lo económico y social refuerza esta apreciación.
¿Qué repercusión tiene para Colombia el Examen Periódico Universal que se hace en Ginebra?
Colombia aspira a que los cambios que se han operado en la situación de derechos humanos se reconozcan. La principal repercusión es esa: una nueva mirada sobre Colombia sin ocultar nuestros problemas. Por ello hemos incluido de manera voluntaria 67 compromisos que asumimos ante la comunidad internacional.
Paralelamente, las ONG presentaron un informe en el que se esboza un panorama de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales realmente preocupante, que supera en cifras las presentadas por ustedes…
Las ONG han presentado 21 documentos de Informe sobre Colombia para este ejercicio. El Estado los contestará todos y las convocará en el mes de febrero para analizar los compromisos asumidos por Colombia. Esos fenómenos se presentan pero es igualmente cierto que hay una decidida acción del Estado para combatirlos y que cada vez son menos.
¿Qué peso tiene el informe de las ONG en Ginebra?
Bastante. El examen periódico es un ejercicio entre Estados pero se requiere la participación de la sociedad civil en su preparación y los informes de las ONG son difundidos de la misma manera que el Informe del Estado. El asunto es que si esos informes no contemplan toda la dinámica y el panorama pierden credibilidad. Lo lógico es que se destaquen los problemas pero se reconozcan los avances; pero algunas ONG pretenden ver todo peor que antes y el pueblo colombiano no lo ve así y la realidad es clara.
http://www.cambio.com.co/portadacambio/805/4702793-pag-2_2.html