Colombia necesita investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos en Tumaco
Washington, DC — El 5 de Octubre, entre 200 a mil campesinos se reunieron en Tumaco, departamento de Nariño, para protestar la erradicación forzosa de coca por la fuerza pública. Estos campesinos protestaban porque el gobierno se ha negado a abordar los conflictos locales que han afectado una mejorar implementación del programa del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, PNIS. En vez de abordar las preocupaciones de estas comunidades, para que un programa efectivo se sustitución pueda ser implementado, la fuerza pública disparó indiscriminadamente al grupo de campesinos, resultando en por lo menos seis muertos reportadas y más de cincuenta heridos. La fuerza pública sostiene que estaban respondiendo a un ataque iniciado por disidentes de las FARC. Sin embargo, las declaraciones y testimonios que ha recibido la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), indica que esto no fue el caso. WOLA pide el gobierno de los Estados Unidos condenar inmediatamente este masacré y urge a los autoridades colombianas investigar y sancionar a los responsables de este abuso.
También urgimos a funcionarios de los Estados Unidos a que reduzcan el tono de la retórica y ofrezcan soluciones constructivas a la cuestión de la coca. Las amenazas recientes del Presidente Trump de desertificar a Colombia dado al aumento de cultivos de coca han puesto presión a Colombia a demostrar resultados a cualquier precio. Cincuenta años de conflicto interno armado y abusos cometidos durante el Plan de Colombia demuestran que cuando el gobierno de los Estados Unidos le da a Colombia un cheque en blanco para el uso de fuerza para resolver problemas de seguridad y problemas criminales, esto conduce a la aumento de abusos contra civiles. Con los años, oficiales estadounidenses han aprendido que esto no es el mejor modo de promover cambio en Colombia. Experiencias anteriores también han enseñado que mientras la erradicación forzosa de coca puede ceder resultados a corto plazo, es inefectiva en el medio a largo plazo si los campesinos no reciben una fuente de ingreso alternativa. En lugar de enaltecer la retórica poco útil sobre el tema de las drogas, los funcionarios estadounidenses deberían concentrarse en proveer a Colombia con los fondos y las herramientas que necesita para implementar el acuerdo de paz en las áreas de cultivo de la coca. Construir infraestructura, fortalecer las instituciones gubernamentales, abordar la corrupción y crear oportunidades económicas para campesinos llevará tiempo. Sin embargo, este enfoque tendrá mejores resultados a largo plazo.
La parte más complicada de implementar el acuerdo de paz con FARC es el capítulo sobre drogas. Las FARC acordaron dejar de involucrarse en el narcotráfico y ayudar a reducir el cultivo de coca, a cambio de que el gobierno colombiano abordara los problemas socioeconómicos que impulsan a los campesinos a cultivar coca. Creación de economías sostenibles y lucrativas para los agricultores rurales en estas áreas remotas del país -donde hay poca infraestructura para llevar mercancía a los mercados y una mala presencia estatal (si es que existe) en términos de educación, salud y otros servicios- es difícil. La producción de coca y las economías ilícitas no florecen en el vacío. Se desarrollan cuando hay pobreza, marginación, condiciones socioeconómicas extremas y falta de respuesta efectiva del Estado a las necesidades y problemas de las comunidades. Con frecuencia, son las comunidades más marginadas, pobres, rurales y vulnerables donde la coca se cultiva debido a la falta de otras opciones económicas.
El acuerdo de paz de Colombia con las FARC es único, ya que incluye un esfuerzo para abordar la cuestión de las drogas. Esto proporciona una gran oportunidad para repensar e implementar políticas de drogas que son más humanas y más efectivas. Este cambio atrevido y necesario no es fácil. Requiere una fuerte voluntad política, el respaldo de la sociedad colombiana, la inversión de recursos y la plena integración de los líderes de las comunidades donde se cultiva la coca. Los enfoques deben adaptarse a las necesidades específicas de cada región, al potencial económico y a la composición étnica, y tener en cuenta una perspectiva de género.
Como WOLA ha evidenciado durante años, los programas de desarrollo alternativo implementados hasta la fecha en las regiones productoras de coca y un enfoque punitivo y militarizado no han logrado sus metas declaradas. Además, han violado de manera desproporcionada los derechos de campesinos, las minorías étnicas y cada vez más mujeres, especialmente los hogares encabezados por mujeres.
Las autoridades colombianas deben investigar y sancionar rápidamente a los miembros de la fuerza pública responsables de matar a los manifestantes. Además, en última instancia sólo el desarrollo rural equitativo ofrece la posibilidad de reducir significativamente el cultivo de coca en Colombia. Por eso es esencial que el gobierno colombiano se asegure de que todas las instituciones estatales respeten el espíritu del acuerdo de paz, trabajen para lograr acuerdos de sustitución de cultivos en las comunidades que las han solicitado y dejan de erradicarlas forzosamente en áreas donde se han firmado o donde las comunidades locales han expresado interés en firmarlos. El gobierno colombiano también debe apoyar el diálogo genuino con las comunidades a fin de alcanzar acuerdos de sustitución de cultivos para superar las inevitables dificultades que surgirán en su implementación.
Por último, el gobierno de los Estados Unidos debe brindar su pleno apoyo al proceso de paz colombiano y poner fin a sus agresivas demandas de erradicación forzosa de coca, lo que impone presiones innecesarias a la fuerza pública colombiana y podría traer más tragedias parecidas a lo que ocurrió en Tumaco.