Colombia comienza el año 2022 con una violencia alarmante
La situación de seguridad en Colombia se ha deteriorado de forma alarmante en enero de 2022. Hasta el 31 de enero, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ) ha registrado un total de 13 líderes sociales asesinados, 13 masacres, 3 excombatientes muertos, 214 homicidios selectivos, 98 amenazas de muerte, 58 intentos de homicidio, 25 episodios de hostigamiento, 17 desapariciones forzadas y 16 desplazamientos internos masivos. Aunque las violaciones se están produciendo en múltiples zonas, los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo parecen ser focos de tensión. En el caso de Arauca, la violencia y el desplazamiento se deben a la ruptura de la tregua que existía entre el ELN y las FARC. Las disidencias de las FARC y el ELN mantienen un combate armado entre sí y por ello se están desquitando con la población civil, especialmente con los movimientos sociales. WOLA, junto con otras organizaciones internacionales que trabajan en y sobre Colombia, emitió declaraciones condenando la violencia en Arauca y Cauca.
WOLA también está muy preocupada por el aumento del desplazamiento interno en Colombia. A principios de enero, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) publicó un informe que encontró que 72.300 personas fueron desplazadas internamente en 2021. Esto representa un aumento del 62 por ciento de los eventos de desplazamiento y un aumento del 196 por ciento en el número de personas desplazadas en comparación con 2020.
Instamos firmemente a los responsables políticos de Estados Unidos, a la comunidad diplomática y a la sociedad civil a que den visibilidad a la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia. Asimismo, les instamos a emprender acciones de denuncia de la violencia, pidiendo su cese y que todos los actores implicados apoyen los mínimos humanitarios y los esfuerzos de paz.
A continuación encontrarán un resumen de los incidentes reportados a WOLA:
Líder indígena y fundador de la guardia asesinados (Cauca)
El 24 de enero, el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC asesinó al fundador y ex coordinador de la Guardia Nacional Indígena José Albeiro Camayo. El asesinato ocurrió en el resguardo Las Delicias, ubicado en el municipio de Buenos Aires, departamento del Cauca. Los actores armados, entre ellos alias ‘El Paisan’, obligaron a los miembros de la comunidad a reunirse en una reunión y procedieron a matar al líder indígena. Según INDEPAZ en octubre de 2019, Camayo se convirtió en el objetivo de las disidencias de las FARC que lo estigmatizaron y torturaron.Las comunidades indígenas de todo el departamento del Cauca exigen protección y justicia por este asesinato.
Hallan muerta a lideresa arrastrada de su casa por hombres armados (Cauca)
El 29 de enero, el cuerpo de la líder comunitaria Deisy Sotelo Anacon de El Plateado, departamento del Cauca. Seis días antes, hombres armados la sacaron a la fuerza de su casa junto con su esposo. El marido sigue en paradero desconocido. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana a finales de 2021 sobre el riesgo de daños a la población civil debido a las actividades de los grupos ilegales para Argelia y Tambo, Cauca.
Hombres armados masacran a cuatro personas (Cauca)
El 28 de enero, cuatro hombres cuya identidad aún se desconoce fueron masacrados en la zona afrocolombiana de Timbiquí, departamento del Cauca. Los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi hacen parte de una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo.
Tres miembros de una misma familia asesinados y una niña de diez años herida (Cauca)
El 27 de enero, tres miembros de una misma familia fueron masacrados y una niña de 10 años resultó herida por hombres armados en Buenos Aires, departamento del Cauca. Se presume que las víctimas son afrocolombianos. El municipio de Buenos Aires forma parte de una alerta temprana emitida previamente por la Defensoría del Pueblo.
Asesinan a líder social y a su viuda (Arauca)
El 25 de enero, hombres armados asesinaron al líder social Álvaro Peña en Tame, departamento de Arauca. Al día siguiente, su viuda, Rosalba Tarazona, estaba llorando a su marido cuando los hombres armados volvieron y la mataron.
Tres hombres asesinados en Cúcuta (Norte de Santander)
El 25 de enero, tres hombres aún no identificados de entre 25 y 38 años fueron asesinados en Cúcuta, Norte de Santander, en la frontera colombo-venezolana.
Líder social asesinado (Putumayo)
El 24 de enero fue asesinado el líder social Pedronel Sánchez Gallego, de la Junta de Acción Comunal de Las Perlas, departamento de Putumayo.
Asesinada una lideresa de derechos sobre la tierra (Meta)
El 17 de enero, después de estar desaparecida durante seis días, los miembros de la comunidad identificaron el cuerpo sin vida de la líder de derechos sobre la tierra Luz Marina Arteaga en Puerto Gaitán, departamento del Meta. La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro informaron que el cuerpo sin vida de Arteaga fue encontrado en la vereda La Esmeralda, a orillas del río Meta. Su asesinato se produjo a pesar de que había solicitado, sin éxito, medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El activismo de Arteaga en el emblemático caso del derecho a la tierra El Porvenir justificaba su protección. Las organizaciones de derechos humanos exigen que las autoridades realicen inmediatamente una investigación transparente sobre el asesinato de Luz Marina. También se requieren medidas inmediatas de protección para los defensores de derechos humanos involucrados en la búsqueda de justicia por este asesinato.
Activista comunitario asesinado (Antioquia)
El 17 de enero, actores armados asesinaron a Mario Jonathan Palomino Salcedo, de 35 años, activista comunitario y profesor de agricultura de la Universidad Monseñor Ramón Arcila Ramírez. El asesinato ocurrió en el municipio de El Carmen de Viboral, departamento de Antioquia. Actores armados interceptaron a Palomino Salcedo cuando se bajó de su motocicleta a altas horas de la noche y lo atacaron con fuego abierto. Su cuerpo fue encontrado posteriormente por las autoridades en la carretera.
Cuatro personas masacradas (Antioquia)
El 17 de enero, actores armados desconocidos masacraron a tres hombres y una mujer entre los municipios de Santo Domingo y Barbosa, en el departamento de Antioquia. Los grupos armados que operan en la región son el Clan del Golfo, los Pachelly y el Valle de Aburrá.
Tres miembros de una familia asesinados en Magdalena
El 8 de enero, según INDEPAZ, sicarios masacraron a tres personas de una misma familia en el municipio de Zona Bananera, departamento del Magdalena. Las víctimas fueron identificadas como Jorge Hernández; Patricia Margarita de Armas Gallarda, quien estaba embarazada; y William Hernández, de 17 años. La Defensoría del Pueblo había publicado previamente la Alerta Temprana 044/2019, a la que siguieron informes de noviembre de 2021 en los que se identifican amenazas y atentados contra quienes denuncian el desvío de ríos, la contaminación de los recursos hídricos con productos químicos como fertilizantes y plaguicidas agroindustriales, el dragado de ciénagas para provocar desbordamientos de agua, los daños en las carreteras por la maquinaria en épocas de lluvia y la venta coaccionada de fincas o propiedades. Indepaz señala que en la región operan los paramilitares del Clan del Golfo y otras facciones criminales.
Disidentes de las FARC atacan edificio que alberga organizaciones de derechos humanos (Arauca)
El 19 de enero, el frente 28 de las disidencias de las FARC detonó un carro bomba frente a un edificio que alberga seis organizaciones sociales y dos medios de comunicación en Saravena, departamento de Arauca. Las organizaciones afectadas fueron la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro ASONALCA, la Asociación Amanecer de Mujeres por Arauca AMAR, la Asociación Juvenil y Estudiantil Regional ASOJER, la Central Unitaria de Trabajadores CUT y la Corporación de Comunicaciones Trochando Sin Fronteras.
La bomba mató a un guardia de seguridad del edificio contiguo, hirió a 40 (entre ellos 5 dirigentes sociales) y dañó la infraestructura en un radio de cuatro manzanas. En ese momento, más de 40 líderes sociales de la región estaban reunidos en un taller de formación en autoprotección. Los defensores de los derechos humanos habían denunciado que las disidencias de las FARC habían distribuido panfletos en los que se afirmaba que atacarían a cualquier ONG o grupo social sospechoso de estar alineado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se comunicó a la policía que podía ocurrir un incidente grave. Sin embargo, un defensor de los derechos humanos informó recientemente a WOLA que: “la policía se limitó a ir a echar un vistazo al edificio, pero no se tomó ninguna otra medida para salvaguardar su seguridad”.
Actores armados ilegales secuestran a seis civiles (Arauca)
El 22 de enero, actores armados ilegales secuestraron a seis miembros de la comunidad en el municipio de Tame, departamento de Arauca . En un inquietante mensaje de audio, los miembros de la comunidad relatan haber presenciado el secuestro, en el que los hombres armados obligaron a los seis individuos, que no pertenecen a ninguno de los grupos armados, a subir a una camioneta. A pesar de la fuerte militarización del Estado en la región, las autoridades estatales no han abordado el episodio.
Afrocolombianos e indígenas desplazados (Valle del Cauca)
El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades estatales a atender a los cientos de desplazados internos que llegaron a Cali desde la ciudad portuaria de Buenaventura. Desde principios de 2022, al menos 704 familias desplazadas, entre afrodescendientes e indígenas wounaan, llegaron a Cali debido a las acciones bélicas de los grupos armados ilegales, entre los que se encuentran los paramilitares del Clan del Golfo, disidentes de las FARC y facciones criminales locales. En noviembre de 2021, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) habían denunciado el desplazamiento de al menos 500 familias de la cuenca baja del río Calima, en una zona rural de este puerto, tras una incursión de los paramilitares del Clan del Golfo.
Grupos armados ilegales secuestran y desplazan a civiles (Arauca)
El 24 de enero, la Defensoría del Pueblo denunció el secuestro de tres personas en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Este secuestro se produjo en el marco de un estallido de violencia que comenzó a principios de año en Arauca debido a los enfrentamientos armados entre las disidencias de las FARC y el ELN. La Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) informó que un total de 1.531 personas fueron desplazadas internamente por la reciente crisis en Arauca.
Paramilitares y guerrilleros matan a varios civiles (Putumayo)
El 19 de enero, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) alertó de que se están produciendo combates entre el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC y el grupo paramilitar Comandantes de la Frontera en el departamento del Putumayo. Los municipios más afectados son Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Los miembros de la comunidad viven con miedo. Varios incidentes letales son reportados por la CIJP. El 18 de enero, en Piñuña Negro, se encontró el cuerpo sin vida de un hombre degollado a orillas del río Putumayo. El 17 de enero, actores armados ilegales asesinaron a tres personas e incendiaron una casa en Cerito, municipio de Puerto Guzmán. El 13 de enero, cinco cuerpos descompuestos y sin vida llegaron a las costas de Puerto Asís. Esto ha provocado el desplazamiento interno de 455 lugareños. La CIJP pide al gobierno de Duque que supere su enfoque militarista para resolver el conflicto. En su lugar, debe implementar las demandas de la sociedad civil para adherirse a un acuerdo humanitario.
Desplazamiento masivo y confinamiento de afrocolombianos (Chocó)
El 17 de enero, el Consejo General Comunitario de San Juan (ACADESAN) advirtió que la actividad de los grupos armados ilegales está provocando un aumento de los desplazamientos, confinamientos, amenazas de muerte y asesinatos. Los afectados son los afrocolombianos que residen en los municipios de Istmina, Sipí, Medio San Juan y Litoral del San Juan en el departamento del Chocó. Desde el inicio de 2022, ACADESAN documentó que los grupos armados ilegales participaron en seis casos de violencia en territorios afrocolombianos, Al menos 660 personas se convirtieron en desplazados internos y otras 1.400 están confinadas en sus hogares. ACADESAN expresó su preocupación por los peligros que suponen las minas terrestres y la falta de respuesta humanitaria por parte del Estado.
Indígenas desplazados son amenazados de muerte por participar en protestas (Cundinamarca)
El 25 de enero, más de 450 familias indígenas desplazadas que protestaban en el parque nacional de Bogotá denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Los indígenas, desplazados de los departamentos de Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia, llevan meses protestando en el parque para exigir que se tomen medidas para solucionar su situación. Los que amenazan a los indígenas se identifican como pertenecientes a una facción disidente de las FARC. Sin embargo, los indígenas creen que las amenazas pueden proceder en realidad de grupos paramilitares.
Actores armados ilegales torturan y asesinan a jóvenes indígenas (Cauca)
El 10 de enero, el Consejo Regional del Cauca (CRIC) informó del hallazgo del cuerpo sin vida del joven indígena Jhon Alexis Collazos. Formaba parte de la guardia indígena en Caldono, departamento del Cauca. Fue encontrado con signos de tortura en el cuerpo, con las manos atadas y con heridas de bala en la cabeza. El CRIC condenó el asesinato de Collazos y expresó su preocupación por la escalada de violencia contra las comunidades indígenas que ha tenido lugar desde la firma del acuerdo de paz de 2016. El CRIC instó a la comunidad internacional a activar todos los mecanismos de protección posibles para los indígenas en el Cauca.
Grupos paramilitares aterrorizan a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (Antioquia)
El 14 de enero, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó (SJA) detalló hasta qué punto los grupos paramilitares se han apoderado de Apartadó, departamento de Antioquia. Los grupos están imponiendo su voluntad a la comunidad y se habrían alineado con funcionarios públicos. Son responsables del asesinato de Huber Velásquez el 17 de diciembre de 2021. La construcción de una carretera de dos kilómetros entre Apartadó y San José está plagada de corrupción. La comunidad de SJA alega que las malas prácticas de los funcionarios están provocando que las casas estén dañadas y sin reparar y que haya pocas oportunidades de empleo para los lugareños. Consideran al alcalde Felipe Benicio Canizalez responsable de la muerte de Velásquez y creen que es un simpatizante de los paramilitares. La comunidad de paz de SJA informa que quienes desafían a los paramilitares deben elegir entre la vida o la muerte.
Afrocolombianos desplazados por un retén paramilitar (Valle del Cauca)
El 11 de enero, la CIJP informó de que paramilitares pertenecientes al Clan del Golfo establecieron un bloqueo fluvial en la comunidad afrocolombiana de San Isidro, situada a lo largo del río Calima. A continuación, procedieron a impedir que las embarcaciones cruzaran el río y transportaran personas y mercancías, afectando profundamente a las comunidades. A partir de febrero de 201 los paramilitares entraron en la zona e impusieron su voluntad b en las comunidades de Pichima Playa que residen a lo largo del río San Juan. Esto ha provocado el desplazamiento interno de afrocolombianos e indígenas wounaan ubicados en Santa Rosa de Guayacán, Guadual y Ceibito. La comunidad indígena de Cocalito también está afectada. Los combates entre el ELN y los paramilitares han generado una crisis humanitaria para estas comunidades que no pueden cazar ni pescar. Según la CIJP, el gobierno nacional es cómplice porque ha negado la asistencia humanitaria a estas comunidades. Señalan que el presidente Iván Duque se ha negado a pactar un acuerdo humanitario en la región y ha hecho poco para responder a la crisis de derechos humanos.
INDEPAZ publica informe sobre la violencia (Arauca)
El 8 de enero, INDEPAZ publicó un informe sobre la violencia en Arauca, subrayando que ésta persiste en formas que van más allá de los enfrentamientos de los grupos armados. Reveló que en la primera semana de enero, 28 personas fueron masacradas. Entre las víctimas había dos mujeres, dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos. Según la Defensoría del Pueblo, en la primera semana de enero hay actualmente 57 desplazados internos, 2.000 en riesgo de desplazamiento y 50 desaparecidos en las zonas de Arauquita, Tame, Fortul y Saravena. La sociedad civil ha reclamado una acción humanitaria urgente para las familias de las víctimas, la atención a los civiles desplazados y confinados, la presencia de organizaciones internacionales de apoyo humanitario, entre otras propuestas. El informe también expone fechas y estadísticas sobre las zonas más afectadas por la violencia actual en 2021, proporcionando explicaciones y datos contextuales sobre la crisis actual.
La Comisión Colombiana de Paz urge a actuar sobre la crisis humanitaria en Arauca
El 7 de enero, la Comisión de Paz y Posconflicto del Senado de Colombia realizó una sesión virtual de evaluación de la crisis humanitaria que se vive en el departamento de Arauca, en la que pidió un cese al fuego entre el ELN y las disidencias de las FARC. Aunque la Comisión había invitado a participar al Ministro de Defensa, al Alto Comisionado para la Paz, al Comandante del Ejército Nacional y al Defensor del Pueblo, ninguno asistió. La Comisión dio tres recomendaciones: fortalecer la institucionalidad civil en todo Arauca, aumentar la inversión pública para fortalecer las respuestas sociales y generar espacios donde se fomente el diálogo y la participación. La Comisión también solicitó la ayuda de la comunidad internacional, de los misioneros diplomáticos y de los gobiernos de Colombia y Venezuela para proteger la vida de los habitantes de la frontera, al tiempo que prometió otra sesión virtual para escuchar los aportes de las autoridades locales, los miembros de la comunidad y las organizaciones civiles.
Fuente: Colombia Begins 2022 with Alarming Violence (wola.org)