Colombia: asesinatos de activistas de derechos humanos
#Colombia: Estamos profundamente preocupados por el significativo número de defensores de #DDHH asesinados en 2019. Llamamos al Gobierno para que investigue cada uno de los casos y enjuicie a los responsables, incluidos los responsables de incitar, instigar y ayudar violaciones. pic.twitter.com/QdZrJ7stOi
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 14, 2020
Nota informativa de prensa sobre Colombia
Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Marta Hurtado
Lugar: Ginebra
Fecha: 14 de enero de 2020
Asunto: Colombia
Estamos profundamente preocupados por la asombrosa cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019. Según nuestros registros, 107 activistas fueron asesinados el año pasado, y nuestro personal en Colombia todavía está en el proceso de verificar 13 casos adicionales reportados durante 2019 que, si se confirma, aumentaría el total anual a 120 asesinatos. Los ataques contra defensores de los derechos humanos ya se habían intensificado durante 2018, cuando la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia confirmó 115 asesinatos. Y esta terrible tendencia no muestra desaceleración en 2020, con al menos 10 defensores de derechos humanos que, según los informes, ya fueron asesinados durante los primeros 13 días de enero.
Renovamos nuestro llamamiento al Gobierno colombiano para que haga un esfuerzo extenuante para prevenir ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para investigar todos y cada uno de los casos y enjuiciar a los responsables de estas violaciones, incluso instigar o ayudar y alentar violaciones. El ciclo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones.
La gran mayoría de los 107 asesinatos en 2019 ocurrieron en áreas rurales, casi todos (98%) en municipios con economías ilícitas donde operan grupos criminales o grupos armados, y el 86% del número total tuvo lugar en aldeas con una tasa de pobreza superior El promedio nacional. Si bien más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en solo cuatro provincias: Antioquia, Arauca, Cauca y Caquetá, los asesinatos se registraron en 25 provincias diferentes. El grupo más específico fue el de los defensores de los derechos humanos que abogaron en nombre de grupos étnicos específicos y basados en la comunidad, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos. Los asesinatos de defensoras de los derechos humanos aumentaron en casi un 50 por ciento en 2019 en comparación con 2018.
Las cifras reflejan la gravedad del problema, pero ocultan las causas estructurales que sostienen la violencia contra los defensores de los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos reitera que cualquier ataque contra los defensores de los derechos humanos es inaceptable y constituye un asalto contra la democracia, socavando la participación y el acceso de las personas a sus derechos humanos.
Hubo una serie de otros factores que contribuyeron, incluida la penetración de grupos criminales y grupos armados vinculados a economías ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP, y el favorecimiento de una respuesta militar del Gobierno para controlar la violencia. Los continuos desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente el desmantelamiento de grupos con vínculos paramilitares, la situación de seguridad en las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y la reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas también han jugado un rol.
Reconocemos algunos pasos positivos, como la reciente reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad convocada por el Gobierno a principios de este año, para abordar este problema. Sin embargo, el número de asesinatos muestra claramente que aún queda mucho por hacer.
Pedimos a las autoridades que redoblen sus esfuerzos para garantizar un entorno libre y seguro para la participación cívica y para aumentar la presencia de las autoridades estatales civiles en las zonas rurales para proporcionar servicios básicos como la salud y la educación. Las disparidades en el disfrute de todos los derechos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en las zonas rurales, deben abordarse con urgencia. Deben desarrollarse aún más las medidas de carácter colectivo destinadas a proteger las zonas geográficas o las comunidades.
Para obtener más información y solicitudes de medios, comuníquese con: Rupert Colville – + 41 22917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence – + 41 22917 9383 / jlaurence@ohchr.org o Marta Hurtado – + 41 22917 9466 / mhurtado @ ohchr.org Etiquete y comparta – Twitter: @UNHumanRights y Facebook: unitednationshumanrights
Fuente: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25461&LangID=E