Coincidencias de señalamientos presidenciales
Reenviamos el texto de suscrito por organizaciones comunitarias, sociales, de investigación, de paz y derechos humanos ante el ambiente de “legitimación” de nuevas tácticas de tipo paramilitar que niegan las posibilidades reales de afirmación de los derechos de las víctimas a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral y las posibilidades reales del ejercicio de la oposición y de la democracia.
Adjunto el texto escrito
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
SE INCREMENTAN AMENAZAS QUE COINCIDEN CON SEÑALAMIENTOS DEL PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ CONTRA ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS, DEFENSORAS DE DERECHOS
HUMANOS, ENTRE OTRAS
Dos días después de que el presidente Álvaro Uribe Vélez acusó de “terroristas vestidos de civil” a políticos del antiguo M-19, fue enviada a varias organizaciones sociales, sindicales, universitarias y a medios de alternativos, una nueva amenaza suscrita por supuestos frentes paramilitares, que se autodenominan Nueva generación Águilas Negras. El Presidente hizo estas alusiones injuriosas en el discurso que pronunció en un consejo comunitario realizado en Tierraalta, Córdoba. Luego ratificó sus señalamientos en varias entrevistas concedidas a medios de comunicación.
Al respecto es bueno mencionar que incluso el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en un comunicado de fecha 5 de febrero y emitido desde la Cárcel de Itagúí, donde se encuentra recluido, aceptó que “(…)el rearme de las autodefensas es una cruda realidad que no podemos soslayar o minimizar(…)”.
No obstante, es un hecho notorio que no se trata de un rearme de organizaciones paramilitares, sino que el llamado proceso de “negociación” y “desmovilización” no condujo al desmonte real de sus estructuras, que hoy siguen intactas.
Esta amenaza se ha dirigido contra el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales, que lideran abiertamente denuncias sobre el manto de impunidad que se esconde tras el “proceso de negociación” con los grupos paramilitares, y que han solicitado se investigue a fondo la responsabilidad de políticos de los partidos tradicionales, funcionarios públicos y gremios económicos en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Este correo amenazante llega, además, días después de que el senador Gustavo Petro anunció la realización de un debate en el Congreso de la República sobre los vínculos de políticos, empresarios y otros sectores, con el paramilitarismo en Antioquia, y luego de que afirmó que Santiago Uribe, hermano del Presidente de la República, ha sido investigado penalmente por vínculos con paramilitares, y particularmente, por hacer parte del grupo “Los doce Apóstoles”.
A estos hechos se suman los asesinatos de líderes sociales, dirigentes de asociaciones de víctimas, como los de YOLANDA IZQUIERDO y FREDDY ABEL ESPITIA, representantes de los desplazados en los procesos que se vienen adelantando en contra de los cabecillas de los grupos paramilitares. De igual forma, se añaden a los atentados y amenazas contra diversas organizaciones, como la Liga de mujeres desplazadas de Bolívar, cuyo centro multifuncional, ubicado en Turbaco, fue objeto de un incendio, y las amenazas contra los integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado de los municipios de San Onofre y Montes de María, así como lo ocurrido el pasado 23 de enero de 2007 a la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz que, una vez más, fue objeto del robo de su base de datos y fotografías de miembros de las organizaciones que hacen parte de esta plataforma. La Asamblea ha solicitado reiteradamente medidas de seguridad a la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia sin que hasta la fecha estas peticiones hayan sido atendidas.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, para que se dirijan a las autoridades colombianas para exigir:
1o. Se garantice la integridad física y psicológica de todos y cada uno de los miembros que hacen parte de las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, universitarias, sindicales, indígenas, entre otras, a quienes les fue remitida dicha amenaza vía electrónica.
2o. Se garantice el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, de pensamiento, y de participación política, así como el derecho al disenso, sin que ello sea causa de persecución alguna.
3o. Se investigue, juzgue y sancione con el rigor legal que corresponde a los responsables de los actos de persecución aquí denunciados.
4º. Se garantice el inmediato y efectivo desmonte de las estructuras militares, políticas y económicas del paramilitarismo, ya que hoy se asiste a la institucionalización y reingeniería de las mismas.
5º. Se garantice la realización de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y se respeten sus organizaciones.
Así mismo, responsabilizamos directamente al Gobierno Nacional de cualquier hecho en contra de los miembros de las organizaciones que hemos recibido dichas amenazas y exigimos garantías efectivas para continuar en la lucha en contra de la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Comisión Colombiana de Juristas
Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez”
Fundación Manuel Cepeda Vargas
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Comité Permanente por los Derechos Humanos
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria- ANDAS –
Asociación para la Promoción Social Alternativa, MINGA
Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia – Sintraunicol –
Asociación de Profesores Universitarios- ASPU-
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro –
Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC-
Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia
Comunidad Indígena Kankuama desplazada en Bogotá
Instituto de Servicios Legales Alternativos – ILSA-
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos “Reiniciar”
Corporación Yira Castro
Justicia y Vida
Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz
Frente Social y Político
Periódico VOZ
Prensa Rural
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-
7 BIOCOMBUSTIBLES DE LA PALMA ECOLOGICAMENTE INSOSTENIBLE.
Mientras la actual política pública en Colombia incentiva la siembra de palma, destruyendo la biodiversidad como ocurre en el pacífico y ha ocurrido en el bajo Atrato en el Curvaradó, a nivel mundial científicos, grupos de ecologistas están cuestionando los efectos positivos de la siembra de palma y su conversión en bio combustibles.
La deforestación, la descertización, la modificación estructural de sistemas de vida natural y de pueblos originarios o campesinos, necesarios e indispensables, para las siembras extensivas de palma que procesadas generarán biocombustibles y la preservación de la vida del planeta no son equilibrados y justos con los propósitos “altruistas” que se pretenden defender. Han ido quedado manifiesto y constatado en los casos de Malasia, Indonesia, lo que se observa en Ecuador y Colombia, es que los costosísimos daños ambientales causados por las siembras de palma, no disminuyen la emisión de CO2 ni logran siquiera equilibrar los efectos de las destrucciones ambientales.
En las plantaciones de palma sembradas ilegalmente en el Curvaradó, además de los Crímenes Ecológicos, hay que sumar la destrucción de vidas humanas y el riesgo de extinción de pueblos afrocolombianos por la persecución sistemática a través de Crímenes de Lesa Humanidad y la legalización de la apropiación de tierras colectivas por estructuras paramilitares toleradas por la institucionalidad.
Es posible que las argumentaciones ecológicas y ambientalistas, que afectaran los intereses económicos y las proyecciones en ganancias de las empresas privadas petroleras y energéticas de los Estados Unidos y Europa con los biocombustibles, llame a la sensatez ante la constatación presente del calentamiento global.
Igualmente, los cuestionamientos a los biocombustibles de la palma por ser ecológica y en el fondo económicamente insostenible en las lógicas del mercado mundial, puede ser un factor para que las estructuras paramilitares y el Estado Colombiano que ha propiciado su conformación y su impunidad, y estimulado su participación en el mercado de la palma en el Curvaradó y el Catatumbo, encuentren una razón económica, más que de humanidad y de preservación del planeta que poco les importa, para restituir la tierra a sus legítimos dueños.
Adjunto artículos
Scientists are taking 2nd look at biofuels By Elisabeth Rosenthal, International Herald Tribune Wednesday, January 31, 2007; traducción al español de JJ Justicia y Paz;
La Palma africana un proyecto mundial, social y ecológicamente destructor, François Houtart
La insostenibilidad de los monocultivos agro-industriales como la palma de aceite; Tom Kuchar, Ecologistas en Acción
Agronegocios de palma y banano en el Bajo Atrato Impactos ambientales y socioeconómicos, Justicia y Paz. Colombia