CNRR no nos representa

Ayer martes 4 de octubre en Bogotá se instaló la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está conformada por cinco miembros escogidos por el Presidente Álvaro Uribe Vélez y dos representantes de asociaciones de víctimas con funcionarios del Estado, como aplicación del artículo 52 de la ley de “Justicia y Paz” Paz,

El artículo 52 de la cuestionada ley, alude de acuerdo con la interpretación de uno de sus integrantes al diseño de políticas necesarias para reparar a las víctimas del conflicto tanto las víctimas de los grupos paramilitares, como las víctimas de los grupos guerrilleros, en el plano simbólico, material y judicial; crear mecanismos éticos para que no haya más víctimas mañana, y la construcción seria y planificada de un posconflicto “benigno”.
En la presentación de la CNRR uno de sus integrantes no desconoció de fondo que la misma fuera una Comisión de Verdad. Solo preciso a afirmar que a diferencia de las Argentina, instalada durante el gobierno de Alfonsín; de la de Chile, en el período del presidente Alwin Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; de El Salvador, Comisión de la Verdad; en Guatemala Comisión para el esclarecimiento histórico, y en Sudáfrica la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta CNRR se da en un contexto de guerra, que mira las víctimas del pasado y pretende “impedir que haya más víctimas mañana”. Agregando que la CNRR parte de un principio el “punto de equilibrio” entre los requerimientos de la justicia y la necesidad de alcanzar la paz”.
En este discurso de instalación, como en el del Presidente Alvaro Uribe Vélez, que invitó a dejar a un lado las críticas y echar a andar la aplicación de la ley 975, se apela a la construcción de varios imaginarios.
Por un lado se presenta una velada y a veces manifiesta preocupación por que el no partir de dicho equilibrio, es decir, afirmar el sentido profundo de la Verdad, de la Justicia y la Reparación significaría exacerbar el conflicto armado y el crecimiento inusitado de las víctimas. Patentemente se atribuye de dicha responsabilidad. el partir de un punto de partida que el gobierno concibe como maximalista y afirmado por las víctimas organizadas, sus familias, las organizaciones que las acompañan, y la comunidad internacional que exige una auténtica ley fundamentada en los principios de contenido del Derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación Integral.
Es evidente que los puntos de partida son absolutamente diferenciados, disimiles y hasta contradictorios.
El discurso institucional parte de desconocer, de ocultar, de obviar o tergiversar varias realidades
1. la responsabilidad estatal en el desarrollo de la estrategia paramilitar
2. la paramilitarización del país o la institucionalización del paramilitarismo en lo económico, lo político, lo social, lo espiritual
3. la transición de una democracia concebida como Estado de Derecho a una democracia de orden autoritario, restrictivo de derechos y de garantías
4. la imposición de una paz –pacificación- realizada a través de la estrategia de control social con desarrollo de mecanismos fácticos de reconciliación con proyectos agroindustriales
5. las víctimas que afirman sus Derechos a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación no son la responsables de la violencia en el pasado ni de la imposibilidad de la Reconciliación en el futuro. La paz es fruto de la justicia.
6. oculta que la reingeniería militar es la cualificación de modelos de represión que combina prácticas de participación en los que se diluye la diferencia entro lo civil y lo armado
7. la coincidencia entre el ajuste estructural y la mercantilización de los territorios con la flexibilización en los derechos de las comunidades territoriales indígenas, afrodescendientes, mestizas, la ley de tierras, la ley forestal, la ley de páramos, la ley de aguas, asegurada por la posesión ilegal o la seguridad parainstitucional.
Ante esta CNRR la expresión de un sector de las víctimas, de las organizaciones y de organizaciones acompañantes adjunto comunicado del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Bogotá, D.C. Octubre 5 de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

COMISIÓN DE REPARACIÓN
NO REPRESENTA
NI LA VOLUNTAD
NI LA POSICIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Declaración pública
sobre la conformación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

En días pasados el Gobierno Nacional creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación; una instancia cuya composición ha sido determinada unilateralmente por el Poder Ejecutivo, y cuyo carácter está definido en los artículos 50 y 51 de la ley No. 975/05, llamada de “justicia y paz”.

Este organismo se constituye en momentos en que, lejos de producirse el efectivo desmantelamiento de las estructuras paraestatales, continúa evidenciándose un proceso de crecimiento y extensión del poder paramilitar en vastas zonas del país. Sin haber entregado nada sustancial en contraprestación, y sin que hayan encarado sus responsabilidades judiciales, los jefes paramilitares ya se presentan como candidatos a los cuerpos colegiados o al poder local, en listas que en su mayoría pertenecen a las diversas corrientes del uribismo. En varios departamentos, especialmente los de la Costa Atlántica, se hace patente el desmoronamiento del Estado de Derecho, y la proliferación de situaciones de corrupción en las que aparecen involucradas redes mafiosas sostenidas en la sombra por paramilitares supuestamente desmovilizados. La connivencia entre agentes estatales y paramilitares se mantiene intacta, y además, se fortalece con la inclusión de desmovilizados en las filas de la Fuerza Pública y en los distintos componentes de la política de “seguridad democrática”.

Al tiempo que se conforman las entidades que ejercerán la reducida investigación y el otorgamiento de “penas alternativas” previstas en la ley de “justicia y paz”, una gigantesca operación de testaferrato y de legalización de fortunas fraudulentamente adquiridas se produce sin que las autoridades emprendan ninguna clase de iniciativa que permita decomisar los capitales y bienes usurpados.

Todo esto con el fin de que las tierras arrebatadas a los desplazados, la posesión ilegal de territorios, los capitales del narcotráfico y los dividendos de otros negocios ilícitos, escapen exitosamente a toda acción judicial.

En estas condiciones, las víctimas de la violencia oficial y paramilitar sólo logran hacer efectivas sus exigencias de justicia y reparación por la vía de acciones organizadas, o del recurso a la justicia internacional. De esta manera ocurrió, por ejemplo, en el caso de la masacre cometida contra funcionarios judiciales en el corregimiento de La Rochela en 1989, cuyos familiares debieron acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos para lograr que el Estado reconociera su responsabilidad en esos hechos. Así aconteció también con las comunidades indígenas del Cauca, que se han movilizado para que el Gobierno cumpla con sus compromisos internacionales de devolverles las tierras arrebatadas luego de la masacre perpetrada en la hacienda “El Nilo” en 1991.

Como lo ha expresado reiteradamente el Movimiento de Víctimas del Estado, la ley 975/05 no propicia la superacion de la impunidad de los crímenes cometidos en Colombia, ni tampoco la paz o la democracia. Sus mecanismos y disposiciones eluden intencionalmente el esclarecimiento y la sanción de la responsabilidad estatal en el patrocinio y desarrollo de la estrategia paramilitar, así como posibilitan a los autores materiales e intelectuales de graves violaciones a los derechos humanos seguir encubriendo sus identidades, sus motivaciones estructurales y los beneficios que han obtenido por medio de métodos de criminalidad sistemática. La ley de impunidad, que se presenta como una norma de “justicia y paz”, impide a las víctimas ser sujetos procesales que actúen con garantías ante los estrados judiciales, y que participen ampliamente en la toma de decisiones sobre los procedimientos que conciernen sus derechos fundamentales. Los recursos que dispone la ley no permiten lograr el p! leno esclarecimiento de los hechos, la aplicación rigurosa de la justicia ni la satisfacción integral de los daños ocasionados. Por éstas, entre muchas otras razones, el movimiento de víctimas de la violencia estatal ha solicitado a las autoridades la excepción de inconstitucionalidad de las medidas consagradas en la ley, y ha entablado una acción pública de inconstitucionalidad ante el tribunal competente.

A la luz de estos argumentos críticos del proceso de impunidad que encubre el fortalecimiento en la legalidad de estructuras paramilitares, es que el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado evalúa la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Este organismo no reúne las condiciones mínimas de independencia y representación democrática, que deberían sustentar la creación de un órgano de su naturaleza. Su conformación ha sido hecha sin un proceso previo de participación y consulta de las asociaciones de víctimas, familiares y sobrevivientes, que representan realmente a los grupos políticos, étnicos y sociales agredidos por la violencia estatal y paramilitar. El procedimiento de integración de la Comisión es fruto de las predilecciones del actual Gobierno, y no de una interlocución democrática con la sociedad civil.

El Poder Ejecutivo no puede ser a la vez juez y parte en temas como el esclarecimiento de la responsabilidad histórica del propio Estado. De ahí que las funciones de dilucidación de algunos aspectos de la verdad histórica – que la ley le asigna a la Comisión- sólo compete a una instancia que cuente con el reconocimiento de su idoneidad ética por parte de las víctimas, la sociedad y la comunidad internacional. Esta instancia no es legitima, porque su creación la ha efectuado un Gobierno seriamente comprometido en graves violaciones a los derechos humanos, no es el organismo llamado a determinar las responsabilidades sociales y políticas en los casos de crímenes de lesa humanidad, genocidio político y crímenes de guerra, cometidos por servidores públicos en connivencia de grupos paraestatales y mercenarios.

De igual modo, no puede ser digna una reparación que parte del criterio de que deben ser los fondos de la cooperación internacional -o peor aún, los empréstitos internacionales- los que otorguen indemnizaciones a una mínima parte de las familias y comunidades que soportan el impacto de la acción criminal. Acudir a la ayuda internacional, y dejar intactas las inmensas fortunas de quienes detentan bienes que han sido arrebatados por la fuerza a los desplazados, a los “desaparecidos”, a los torturados y a los asesinados, es sin lugar a dudas una nueva afrenta para las víctimas y la
sociedad.

Adicionalmente, en la actualidad no existen en el país condiciones favorables para la participación de las víctimas, pues ellas continúan siendo silenciadas por las estructuras paramilitares y mafiosas, y sus propiedades siguen siendo usurpadas y legalizadas con presiones. Los procesos de desmovilización encubren prácticas generalizadas de control social y político sobre la población. Bajo tales circunstancias, no existen las premisas indispensables que aseguren la protección de la vida y la integridad de quienes sean involucrados en los procedimientos a que de lugar el trabajo de la Comisión.

El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, expresión organizada y representativa de personas y comunidades que se afirman en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral, llama a propiciar el fortalecimiento de las iniciativas de las victimas en el actual escenario de auge del control social, político y económico de los grupos paramilitares en el país. Asimismo, llama a seguir estimulando todas las formas de desobediencia civil y de acción jurídica nacional e internacional como caminos estratégicos para derrotar la impunidad generalizada y abrir el camino hacia la democracia real en Colombia.

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2005.

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

Fernell Vergel, C.C. 88.142.443 Educador Desplazado de Ocaña, junio 2002

Paulina Mahecha, C.C. 24.571.249 Madre de desaparecida el 19 de abril de 2004

Paola Martínez, C.C. 37.930.101 Víctima de la masacre de la Rochela

Maria del Pilar Navarrete, C.C 39.663260 Familiar de desaparecido en los hechos del Palacio de
Justicia

Sandra Beltrán, C.C. 39.701.338 Familiar de desaparecido en los hechos del Palacio de Justicia

Yuri Enrique Neira, C.C. 19.480.414 Padre de Víctima de la Violencia Policial

Fernando Gutiérrez, C.C. 79.309.882 Víctima de masacre, familiar de 3 desaparecidos forzados, 2
asesinados, un detenido y un judicializado.

Maria Susana Herrera, C.C. hermana de Asesinado el 5 nov 1999

Rosalba Campas, C.C. 41.724.519 Familiar de Desaparecido 23 agosto de 1982

Nury Malagón Hernandez, C.C. 52.837.723 hermana e hija de asesinados 20 junio 1996

Luis Eduardo Espinosa, C.C. 94.446.795 Víctima de tortura y desplazamiento 2002

Miguel Ángel Pérez, C.C. 73.139.198 Víctima de amenazas de los paramilitares y desplazamiento
por tercera vez

Carmen Zúñiga Vásquez, CC. 45.365.979 Familiar de Desaparecido y asesinado, Desplazada

Daniel Maestre, CC. 77.183.523 Miembro del pueblo Kankuamo desplazado

Elkin Movil Alberto, CC 5.164.679 Miembro del pueblo Wiwa desplazado

Neptalí Alfonso Velásquez, CC 17.309.130 Víctima de atentados y desplazado

Aideé Moreno Ibague, CC. 40.393.021. esposa, madre y hermana de asesinados, desplazamiento de toda su familia.

Luz Marina Hache, CC. 41.667.245 familiar de desaparecido 20 nov 1986

Constanza Tobasia C.C. 52.025442

Diana Teresa Muñoz

Margarita Parias, C.C. 41.745.5710

Gladys Avila Fonseca, CC. 51.683.242 de Bogota, hermana de EDUARDO AVILA FONSECA
Detenido-Desaparecido, el 23 de abril de 1993.

Leonel Sanchez Rivera, CC. 8.344.118 De Envigado, Antioquia, padre de Jairo Hernando Sanchez
Gil, Detenido-Desaparecido el 1 de Agosto del 2001

Maria Helena Ruiz de Ospina C.C. 41.440.965, de Bogotá, esposa de HERNANDO OSPINA RINCON, Detenido-Desaparecido el 11 de septiembre de 1982

Milliret Moncada Peña C.C. 55.169.043, hija de HUMBERTO MONCADA, Detenido-Desaparecido, el 6 de junio 1983.

Mercedes Ruiz Higuera, C.C. 51.652.680 de Bogotá, cuñada de HERNANDO OSPINA RINCON,
Detenido-Desaparecido el 11 de septiembre de 1982.

Esperanza Merchán Plazas, C.C. 51.995.833 de Bogotá, compañera de EDUARDO AVILA FONSECA, Detenido-Desaparecido-Asesinado el 23 de abril de 1993.

Comunidades Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA
Comunidad Civil de Vida y Paz del Meta
Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita
Consejo Comunitario Mayor del Curvaradó
Consejo Comunitario Mayor del Jiguamiandó
Familias sobrevivientes del Carmen y San Vicente de Chucurí
Familias de Trujillo Valle
Familias de Víctimas del Cauca
Asociación de familiares de Víctimas de la violencia Política de Riosucio, Chocó, CLAMORES
Secretaria de Derechos Humanos de la Uneb
Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia, ASFADDES
Fundación “Manuel Cepeda Vargas”
Fundación Comité de Solidaridad Presos Políticos
Comisión Intereclesial Justicia y Paz
Proyecto Justicia y Vida
ASPU
FENSUAGRO
SINTRAUNICOL
Andas
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Frente Social y Político
Unión Patriótica
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Asonal Judicial
Siguen firmas…