CIDH Visita Colombia
Durante 5 días de la semana pasada estuvo de visita en Colombia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su visita al bajo Atrato en el Chocó, el jueves dialogaron con los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó y Jiguamiandó, quiénes realizaron con danza, con música, con alabaos una reconstrucción de memoria histórica. Con la palabra, los rostros, las manos, los movimientos del cuerpo resignificaron la violencia sistemática que han sufrido, los riesgos en los que hoy se encuentra frente a su vida e integridad personal y colectiva debido a los intereses económicos sobre sus territorios y las operaciones militares y de las “Autodefensas Gaitanistas” en medio del conflicto armado interno.
En la Zona Humanitaria de “Nueva Esperanza” sobre el río Jiguamiandó también participaron con testimonios, que permiten esclarecer la situación regional delegados de las Comunidades indígenas del río Jiguamiandó y de la Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad de Cacarica, Cavida. Los delegados indígenas se refirieron a la amenaza de militarización que se cierne sobre ellos debido a la exploración, que sin consulta previa, real y transparente, que ha anunciado la empresa Muriel Mining Corporation. Los delegados de Cacarica se refirieron al historial de señalamientos, falsas acusaciones y judicializaciones, bajo las cuales se persigue a las comunidades y acompañantes, que afirman derechos fundamentales a la Vida y al Territorio.
Adjuntamos el comunicado de prensa de la visita de la Comisión Interamericana. Los afrocolombianos esperaran el informe que la Comisión Interamericana presentará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bogotá, D.C Noviembre 27 de 2008
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
Comunicado de Prensa No. 54/08
CIDH CULMINA VISITA A COLOMBIA
Washington, D.C., 26 de noviembre de 2008 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a la República de Colombia del 17 al 21 de noviembre de 2008. La delegación de la CIDH estuvo encabezada por el Comisionado Víctor Abramovich, Relator para Colombia, quien contó con el apoyo técnico de funcionarios de la Secretaría Ejecutiva.
Durante la visita, el Comisionado Abramovich mantuvo reuniones con autoridades nacionales y locales, visitó la ciudad de Bogotá y el departamento del Chocó. En la ciudad de Bogotá mantuvo encuentros con el Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde; el Ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio; funcionarios de la Fiscalía General de la Nación; y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. En estas reuniones, el Relator planteó sus inquietudes y preocupaciones con relación a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el proyecto de ley sobre reparación a las víctimas del conflicto armado, y las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, así como sobre situaciones de riesgo que afectan a defensores de derechos humanos. La delegación de la CIDH mantuvo asimismo encuentros con el Presidente de la Corte Suprema, Francisco Ricaurte, y con el Presidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra, de quienes recibió información sobre la situación del Poder Judicial en Colombia. El Relator manifestó su reconocimiento a la importante labor desplegada por ambos órganos en la protección de los derechos fundamentales en el país. Asimismo, mantuvo una reunión con funcionarios de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de compartir información sobre temas de interés común.
El Relator recibió diversos testimonios de estudiantes universitarios, representantes comunitarios y miembros de organizaciones de la sociedad civil respecto de la situación de los derechos humanos en Colombia y el creciente número de amenazas proferidas por las llamadas Águilas Negras y otros grupos ilegales. En una reunión con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) el Relator recibió información sobre muertes y desplazamientos forzados que han afectado a los pueblos indígenas, así como sobre la precaria situación alimentaria y de salud que afecta el derecho de estos pueblos a la supervivencia. También mantuvo una reunión con familiares de tres jóvenes residentes de la localidad de Soacha que habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Durante la visita, el Relator de la CIDH resaltó los desafíos que enfrenta el Gobierno en el esclarecimiento de denuncias contra miembros de la Fuerza Pública implicados en la comisión de ejecuciones extrajudiciales y en la adopción de medidas efectivas para la prevención de estas conductas. Asimismo, en cumplimiento del mandato otorgado a la CIDH por el Consejo Permanente de la OEA a través de la Resolución 859 (1397/04) Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, el Relator de la CIDH dio seguimiento a versiones libres rendidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, así como a la puesta en marcha del programa administrativo de reparaciones establecido mediante el Decreto 1290 de 22 de abril de 2008. El Relator observó y valoró como positivo el debate sobre políticas públicas de reparación a favor de las víctimas del conflicto armado. Durante la visita, el Relator se informó a fondo de la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley que aborda la reparación de víctimas. El Relator observó que este proyecto de ley excluye de los programas administrativos de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, al obligarlas a agotar en forma previa la vía judicial y establecer un tope indemnizatorio para esa reparación. El Relator manifestó a las autoridades su preocupación frente a la diferencia de trato entre las víctimas de conductas ilegales perpetradas por grupos al margen de la ley, y de aquéllas perpetradas por agentes del Estado, diferencia que podría resultar discriminatoria. Por lo demás, señaló que el tope previsto por el proyecto de ley afecta el principio de reparación integral, lo cual constituye un retroceso respecto de los derechos que hoy pueden ejercer esas víctimas. Durante la reunión mantenida con el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, éste manifestó la intención del Gobierno de impulsar ante el Congreso una enmienda al proyecto tendiente a la eliminación de los topes indemnizatorios y a la instauración de procesos judiciales abreviados para este tipo de casos.
Uno de los objetivos principales de la visita del Relator fue recabar información sobre la situación de comunidades afrocolombianas que habitan en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, en el Departamento del Chocó, a fin de dar cumplimiento a una solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los miembros de dichas comunidades se encuentran protegidos por medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003, y en el presente año la Corte solicitó a la Comisión presentar un informe en el marco del seguimiento de estas medidas. La delegación de la CIDH visitó una zona humanitaria ubicada en territorios colectivos en los márgenes del río Jiguamiandó y mantuvo una serie de reuniones en la ciudad de Riosucio. Durante su visita a la zona humanitaria, la delegación recibió información y testimonios sobre actos de violencia e intimidación perpetrados por parte de grupos ilegales que operan en la zona y constató la persistencia de los factores de riesgo que motivaron la intervención de la Corte. Estas comunidades se han visto afectadas por la ocupación del territorio colectivo por parte de empresas dedicadas a la explotación de palma aceitera. El Relator de la CIDH recibió información sobre las gestiones de autoridades del Estado colombiano destinadas a brindar protección a las comunidades y a hacer efectiva la restitución material del territorio colectivo.
La CIDH agradece al Gobierno su colaboración durante el desarrollo de la visita, así como su disposición al diálogo constructivo y abierto sobre la situación de los derechos humanos en el país y las medidas propuestas para mejorarla. Durante la visita, la delegación de la CIDH contó con garantías para efectuar su labor de observación con total libertad y en condiciones de seguridad, así como con la mejor disposición por parte de los ministros, funcionarios y miembros de la Fuerza Pública entrevistados.
La CIDH es un órgano principal de la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington DC, con el mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región. La Comisión Interamericana es un ente colegiado, compuesto por siete expertos elegidos en su calidad individual por los Estados miembros de la OEA, y su jurisdicción se deriva de la Carta de dicha Organización y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales Colombia es parte desde hace ya varias décadas.
Enlaces Utiles
Lineamientos Principales para una Política Integral de Reparaciones (2008)
Informe sobre la implementación de la ley de justicia y paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización de las AUC y primeras diligencias judiciales (2007)
Pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia (2006)
Comunicado de Prensa 26/05: La CIDH se pronuncia frente a la aprobación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia
Informe sobre el proceso de desmovilización en Colombia (2004)
Press Release No. 54/08
IACHR CONCLUDES VISIT TO COLOMBIA
Washington, D.C., November 26, 2008 – The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) conducted a working visit to the Republic of Colombia from November 17 to 21, 2008. The IACHR delegation was headed by Commissioner Víctor Abramovich, Rapporteur for Colombia, who had technical support from staff members of the Executive Secretariat.
During the visit, Commissioner Abramovich met with national and local authorities and visited the city of Bogotá and the department of Chocó. In Bogotá, he held meetings with the Minister of Foreign Affairs, Jaime Bermúdez Merizalde; the Minister of Interior and Justice, Fabio Valencia Cossio; officials of the Office of the Public Prosecutor and officials of the Attorney General’s Office. In these meetings, the Rapporteur expressed his unease and concerns regarding the application of the Justice and Peace Law, the draft legislation on reparations for victims of the armed conflict, and reports of extrajudicial executions, as well as the situations of risk faced by human rights defenders. The IACHR delegation also met with the President of the Supreme Court, Francisco Ricaurte, and the President of the Constitutional Court, Humberto Sierra, from whom it received information about the situation of the judiciary in Colombia. The delegation expressed its appreciation for both entities’ important efforts to protect fundamental rights in the country. In addition, it held a meeting with officials of the Colombia Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, to share information about issues of common interest.
The Rapporteur likewise heard testimony from university students, community representatives, and members of civil society organizations regarding the human rights situation in Colombia and the growing number of threats made by the so-called Black Eagles (Águilas Negras) and other illegal groups. At a meeting with the National Indigenous Organization of Colombia (ONIC), the Rapporteur received information on deaths and forced displacements that have adversely affected indigenous peoples, as well as on the dire food and health situation that affects the rights of these peoples to survival. He also held a meeting with relatives of three young residents of Soacha, alleged victims of extrajudicial executions.
During the visit, the IACHR Rapporteur highlighted the challenges the government faces in clarifying the accusations against members of the public security forces implicated in the commission of extrajudicial executions and in adopting effective measures to prevent such conducts. In compliance with the mandate asigned to the IACHR by the OAS Permanent Council through its Resolution 859 (1397/04) Support to the Peace Process in Colombia, the Rapporteur also followed up on voluntary statements rendered in the framework of the Justice and Peace Law, as well as the on the start of the administrative reparations program established under Decree 1290, dated April 22, 2008. The Rapporteur observed and viewed positively the debate over public policies on reparations for victims of the armed conflict. During the visit, the Rapporteur learned in depth about the parliamentary discussion on the draft legislation addressing the reparation of victims. The Rapporteur noted that this draft legislation excludes from the administrative reparation programs those who have been victims of human rights violations committed by agents of the State, by requiring them to previously exhaust judicial recourse and to establish an indemnification ceiling for such reparations. The Rapporteur expressed his concern to the authorities regarding the difference in treatment between victims of illegal conduct perpetrated by groups operating outside the law and those perpetrated by agents of the State, a difference that could end up being discriminatory. Apart from this, the Rapporteur indicated that the ceiling foreseen under the draft legislation adversely affects the principle of comprehensive reparations, which constitutes a step backwards in terms of the rights such victims can exercise today. In the meeting with the Minister of Interior and Justice, Fabio Valencia Cossio, this official expressed the government’s intention to put forward before Congress an amendment to the draft legislation designed to eliminate indemnification ceilings and to institute abbreviated judicial procedures for these types of cases.
One of the main objectives of the Rapporteur’s visit was to gather information about the situation of Afro-Colombian communities that live in the basins of the Jiguamiandó and Curvaradó Rivers, in the department of Chocó, inorder to comply with a request from the Inter-American Court ofHuman Rights. The members of these communities have been protected since 2003 by provisional measures handed down by the Inter-American Court of Human Rights, and this year the Court requested the Commission to present a report in the context of the follow-up to these measures. The IACHR delegation visited a humanitarian zone located in collective territories along the Jiguamiandó River and held a series of meetings in the city of Riosucio. During its visit to the humanitarian zone, the delegation received information and testimony about acts of violence and intimidation perpetrated by illegal groups operating in the zone and confirmed the persistence of the risk factors that led the Court to intervene. These communities have been adversely affected by the occupation of the collective territory by companies in the business of exploiting palm oil. The IACHR Rapporteur received information about measures undertaken by Colombian State authorities to provide protection to the communities and to make effective the material restitution of the collective territory.
The IACHR appreciates the government’s collaboration in the course of the visit, as well as its willingness to engage in constructive, open dialogue on the human rights situation in the country and the proposed measures to improve it. During the visit, the IACHR delegation had the benefit of guarantees to be able to carry out its observation efforts with complete freedom and under conditions of security, as well as the best disposition on the part of ministers, officials, and members of the public security forces who were interviewed.
The IACHR, a principal, autonomous body of the Organization of American States (OAS), derives its mandate from the OAS Charter and the American Convention on Human Rights. The Commission is composed of seven independent members who act in a personal capacity, without representing a particular country, and who are elected by the OAS General Assembly.
Useful Links
Principal Guidelines for a Comprehensive Reparations Policy
Report on the Implementation of the Justice and Peace Law
Statement by the Inter-American Commission on Human Rights on the application and scope of the Justice and Peace Law in the Republic of Colombia
Press Release 26/05
Report on the Demobilization Process in Colombia (2004)
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