CIDH concluye el 157º Período de Sesiones
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 157º Período ordinario de Sesiones del 2 al 15 de abril de 2016. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 49 audiencias públicas, 34 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región. Asimismo, durante estas sesiones la CIDH presentó cinco informes temáticos (…).
CIDH concluye el 157º Período de Sesiones
15 de abril de 2016
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró su 157º Período ordinario de Sesiones del 2 al 15 de abril de 2016. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron 49 audiencias públicas, 34 reuniones de trabajo, y reuniones con Estados y organizaciones de la sociedad civil de la región. Asimismo, durante estas sesiones la CIDH presentó cinco informes temáticos: “Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”; “Violencia, Niñez y Crimen Organizado”; “Estándares Jurídicos: igualdad de género y derechos de las mujeres; “Violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) en América” y “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos”. La CIDH también sostuvo un diálogo con los Estados Miembros sobre buenas prácticas en materia de derechos de personas LGBTI.
La CIDH valora el creciente interés en la región sobre la situación de derechos humanos y en los mecanismos de los que dispone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que una vez más se vio reflejado en el interés generado en este período de sesiones. Más de 7 millones de personas siguieron las audiencias a través de la transmisión en vivo o de medios sociales.
En las audiencias públicas, la CIDH recibió información sobre diversas temáticas de derechos humanos en 19 países y a nivel regional. Siete de las audiencias fueron para recibir argumentos de las partes sobre casos en etapa de fondo. Se realizaron 49 audiencias, cinco de ellas a solicitud de los Estados de Brasil, Costa Rica, México, Perú y Venezuela; 40 a solicitud de organizaciones de la sociedad civil, y cuatro por iniciativa propia de la CIDH. La CIDH saluda y valora la participación activa de las delegaciones de los Estados Miembros de la OEA, así como aproximadamente 350 organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, la CIDH lamenta que los Estados de Cuba y Nicaragua no participaron en las audiencias a las que fueron convocados, y que el Estado de Ecuador participó en una de las dos audiencias convocadas. En este sentido, la Comisión Interamericana destaca la importancia de que los Estados participen en todas audiencias, de buena fe y con información sustantiva adecuada, a fin de avanzar en forma constructiva hacia soluciones a los problemas de derechos humanos que enfrenta la región.
La Comisión Interamericana valora muy especialmente la participación en sus períodos de sesiones de agencias e instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La CIDH destaca la importancia del trabajo conjunto de los sistemas regionales y el sistema internacional de derechos humanos a los efectos de mejor proteger y promover la vigencia de los derechos humanos, y se complace que esta cooperación sea cada vez más estrecha y concreta. En esta ocasión, la Relatora de la ONU sobre Violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, participó como experta en una audiencia. Asimismo, Juan Méndez, Relator Especial sobre la tortura; Mónica Pinto, Relatora Especial sobre la independencia de jueces y abogados; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de defensores; Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias y Dubravka Simonovic participaron en una consulta regional con sociedad civil organizada en conjunto por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la CIDH. La sesión fue inaugurada por Ivan Simonovic, Secretario General Adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, el Vicepresidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, y el Presidente de la CIDH, James Cavallaro, y participaron más de 80 organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos. Finalmente, el 11 de abril la CIDH recibió a una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos liderada por Iván Simonovic, e integrada por Amerigo Incalcaterra, Representante de la Oficina Regional para Sudamérica, y Vladlen Stefanov, jefe de la Sección de Instituciones Nacionales, Mecanismos Regionales y Sociedad Civil, así como las oficiales de derechos humanos Claudia Gerez y Liza Sekaggya. Dicha reunión se hizo en seguimiento a la declaración conjunta de colaboración firmada en 2014. Asimismo, se celebró un diálogo sobre Política Fiscal y Derechos Humanos en Tiempos de Austeridad, al que asistieron, entre otros expertos, Ricardo Martner, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Rodrigo Uprimny, Miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.
En estas sesiones, la CIDH tuvo reuniones, privadas y por separado, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que trabaja en México en torno a las investigaciones del paradero de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, una alta delegación del Estado mexicano y representantes de los familiares. Dichas reuniones tuvieron el propósito de dar seguimiento al acuerdo de asistencia técnica y escuchar la posición de las partes sobre la continuidad del trabajo del GIEI en México. Los familiares de los estudiantes solicitaron a la CIDH la renovación del mandato del GIEI hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se esclarezca el paradero de los estudiantes y se haga justicia. El padre de uno de los estudiantes desaparecidos habló con la CIDH en pleno y dijo: “les pido de corazón que el GIEI siga llevando el caso. La verdad la dirán los muchachos cuando aparezcan”. Por su parte, la delegación del Estado valoró positivamente los aportes del GIEI en la investigación, indicó que aún no se ha determinado el paradero de los estudiantes y expresó su voluntad de concluir el acuerdo de asistencia técnica y que la Comisión haga seguimiento al asunto en el marco de sus competencias. Al respecto, la CIDH lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del GIEI y poner fin al acuerdo, a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los estudiantes desaparecidos. Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del Grupo. Por consiguiente, teniendo en cuenta los hallazgos realizados por el GIEI, tomando en consideración la posición de los familiares de los desaparecidos, teniendo presente las facultades de monitoreo de la CIDH y la medida cautelar vigente, y dada la imperiosa necesidad de continuar vigilantes en este asunto, la Comisión Interamericana ha tomado la decisión de establecer un mecanismo especial de seguimiento hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y recomendaciones establecidos tanto en la medida cautelar como en los informes del GIEI. La CIDH determinará, tras consultar a las partes, los términos específicos sobre cómo operará el mecanismo de seguimiento especial.
Durante estas sesiones, la CIDH recibió el planteamiento de Berta Zúñiga Cáceres y otros familiares y compañeros de la reconocida defensora de derechos humanos Berta Cáceres, lideresa indígena y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), asesinada el 3 de marzo de 2016 siendo beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH. Berta Cáceres había denunciado reiteradamente (más de 30 veces), tanto a las autoridades como públicamente, la situación de grave riesgo y permanentes amenazas en la que se encontraba. La familia de Berta Cáceres solicitó a la CIDH que designe a un grupo interdisciplinario de expertos independientes para coadyuvar a la investigación sobre el asesinato. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, apoyó dicha solicitud tras reunirse con la familia y los representantes de la defensora. La Comisión Interamericana expresó al Estado de Honduras su disposición de designar un grupo de estas características.
El asesinato de Berta Cáceres confirma la grave situación de riesgo en que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras, la cual ha sido y continúa siendo motivo de profunda preocupación para la CIDH. Asimismo, este y otros asesinatos de personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la Comisión ponen en tela de juicio la eficacia del Estado de Honduras para implementar dichas medidas, proteger a las personas beneficiarias y cumplir sus obligaciones internacionales. Esta situación debe ser analizada conjuntamente por las personas protegidas por medidas cautelares y sus representantes, el Estado, y la CIDH, a fin de encontrar soluciones para lograr la efectividad de las medidas de protección en el país.
En las audiencias la CIDH recibió información sobre la situación de inseguridad y riesgo en que viven los defensores y las defensoras de derechos humanos en Brasil, Colombia, Cuba, Honduras, México, Nicaragua, Venezuela y muchos otros países. Los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de hostigamiento contra defensores y defensoras de derechos humanos continúan ocurriendo con el fin de silenciarles y poner un alto a su importante labor. También se realizan señalamientos públicos en su contra, campañas de difamación y descrédito, y se los criminaliza, tema que se analiza en profundidad en uno de los informes temáticos presentados por la CIDH en estas sesiones. La gran mayoría de estos hechos de violencia permanecen en la impunidad, lo cual propicia su repetición. La Comisión Interamericana llama a los Estados a garantizar el derecho a defender derechos.
Defensores y defensoras y otras personas que participaron en audiencias, reuniones de trabajo y otras actividades en el marco del Período de Sesiones, han sido objeto de represalias y amenazas al regresar a sus países. Esta situación ya se había presentado en el pasado en algunos países, y su repetición resulta alarmante. Es absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. Tal como establece el artículo 63 del Reglamento de la CIDH, los Estados deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.
En audiencias y reuniones de trabajo, se recibió información profundamente preocupante sobre los graves obstáculos que enfrentan muchos sectores de la población en América para ejercer sus derechos fundamentales. En una audiencia se plantearon los alarmantes niveles de desnutrición de niños y niñas en Guatemala. Los pueblos indígenas en Ecuador, Panamá y Perú informaron sobre el grave impacto de algunos proyectos de explotación de recursos naturales sobre el ejercicio de sus derechos. Diversos grupos de Estados Unidos plantearon problemas de acceso a agua potable y ausencia de sistemas sanitarios adecuados, los cuales afectan en forma desproporcionada a comunidades afrodescendientes, indígenas y personas en situación de pobreza. En otra audiencia se analizó la crisis económica de Puerto Rico y el impacto diferenciado que tiene sobre las personas que viven en situación de pobreza y extrema pobreza, así como sobre otros grupos en especial situación de vulnerabilidad. Asimismo, se recibió información particularmente alarmante sobre la violencia y la discriminación que sufren las mujeres afrodescendientes en Brasil y las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans o percibidas como tales en Bolivia y Honduras. En especial, preocupan a la CIDH los altos niveles de violencia policial que sufren las mujeres trans en algunos países de la región. En relación con República Dominicana, la CIDH fue informada sobre la grave situación de vulneración de derechos políticos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana, que resulta del proceso arbitrario de desnacionalización de estas personas, así como del racismo estructural y la discriminación de la que son objeto. Adicionalmente, se recibió información sobre violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en los contextos de movilidad humana, incluyendo su detención, en especial cuando forman parte de flujos migratorios irregulares o cuando huyen de contextos de violencia buscando refugio en otros países, situación que se habría visto agravada por medidas de seguridad adoptadas por varios Estados de la región. En muchos casos, las políticas públicas que los Estados han adoptado en respuesta a la inseguridad ciudadana, conocidas como “políticas de mano dura”, han enfatizado el aspecto represivo, tales como reducción de la edad de imputabilidad, penas más largas o el uso extendido de la prisión preventiva, lo cual favorece la intolerancia, la estigmatización y la exclusión social. En estas sesiones, se realizó una importante audiencia sobre medidas alternativas a fin de reducir el uso de la prisión preventiva.
La CIDH valora los avances logrados en el proceso de paz en Colombia y en el ámbito de sus atribuciones dará seguimiento y analizará los acuerdos resultantes. La consolidación del proceso de paz y las expectativas de alcanzar una paz estable y duradera son elementos transversales en la situación de los derechos humanos. La CIDH está convencida que el logro de la paz en Colombia es un paso fundamental para la protección de los derechos humanos en el país. Si bien este proceso plantea una compleja dinámica para su consecución, la plena observancia de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos debe ser un aspecto central. Adicionalmente, resulta preocupante la información recibida sobre un aumento de los asesinatos y agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos, así como sobre las actividades de grupos armados ilegales que la CIDH ha identificado como reductos de las estructuras paramilitares, los cuales el Estado tiene el deber de desarticular.
Las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante conflictos armados no pueden quedar en la impunidad. En relación con este tema, durante estas sesiones se celebró una audiencia sobre la situación de impunidad en que continúan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado en El Salvador. Durante dicha audiencia, la CIDH observó que la recuperación de la memoria histórica y la justicia para los graves crímenes del pasado es fundamental para comprender y solucionar la violencia en la actualidad. La CIDH agradece la invitación formulada por el canciller de El Salvador para que la CIDH visite el país.
Respecto de la importancia de combatir la impunidad, la CIDH saluda la decisión de Canadá de establecer una investigación nacional respecto de las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en el país, la cual daría cumplimiento a una de las recomendaciones que la Comisión Interamericana estableció en su informe sobre mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá.
La CIDH también recibió información sobre el derecho a la libertad de expresión en Argentina. La Comisión valora las delegaciones de alto nivel que participaron por parte del Estado y por parte de los solicitantes, así como la información presentada por ambas partes. Las organizaciones de la sociedad civil y medios universitarios y comunitarios plantearon una serie de afectaciones a la libertad de expresión que se habrían producido como consecuencia de las modificaciones introducidas a la Ley de Servicios de Comunicación, a través de tres decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo. La delegación del Estado justificó los cambios en el contexto de violaciones a la libertad de expresión que se verificaban en la anterior administración, la velocidad de los cambios en las tecnologías de la información y la posterior convalidación de estas normas por parte del Poder Legislativo. La CIDH valora el anuncio del gobierno de que abrirá un espacio de consulta y diálogo previo a la promulgación de una nueva legislación respetuosa de los estándares internacionales. Asimismo, la CIDH toma nota de la transitoriedad de la situación vigente y recuerda el principio de no regresividad en materia de derechos humanos, por lo que continuará dando seguimiento al proceso.
En otra audiencia sobre libertad de expresión, la periodista mexicana Carmen Aristegui y varias organizaciones denunciaron una serie de mecanismos de censura indirecta y afectaciones al derecho de acceso a la información que se habrían puesto en marcha en México, lo cual reduce el debate de asuntos de interés público. El Estado mexicano, en tanto, explicó los avances normativos e institucionales para garantizar el acceso a la información y la asignación de la publicidad oficial bajo criterios objetivos.
Uno de los más serios desafíos que actualmente enfrenta la Comisión Interamericana es la falta de recursos para cumplir a cabalidad los mandatos de promoción y defensa de los derechos humanos. La situación financiera de la CIDH, que es muy grave desde hace muchos años se ha agudizado este año. La CIDH recibe sólo el 6% del presupuesto general de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dada la gravedad de la situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un enérgico llamado a los Jefes de Estado de la región para que asuman su responsabilidad con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este sentido, la CIDH urge a los Estados a instruir a los órganos competentes a asignar los recursos financieros requeridos a fin de que la CIDH pueda cumplir cabalmente con su mandato.
La CIDH preparará un informe sobre el 157 Período de Sesiones que se hará público en su sitio Web.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.