CIDH advierte su preocupación sobre el concepto de guerra jurídica y unidad de protección

En relación a Colombia, varias organizaciones expresaron su preocupación porque autoridades estarían utilizando el término “guerra jurídica” contenido en glosarios utilizados por las fuerzas armadas, para descalificar las denuncias interpuestas por defensoras y defensores y asociarlas con actividades destinadas a desalentar la paz social.

Anexo al Comunicado de Prensa 36/12 emitido al culminar el 144 Período de Sesiones

30 de marzo de 2012

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 144o Período ordinario de Sesiones del 19 al 30 de marzo de 2012. La CIDH está integrada por José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, Rosa María Ortiz y Rose-Marie Belle Antoine. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.

Durante el 144o Período de Sesiones se celebraron 41 audiencias y 23 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños y las niñas, los migrantes, los defensores y las defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas, los Afrodescendientes, las mujeres, las personas privadas de libertad y las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, entre otros asuntos.

En primer lugar, la CIDH saluda la aprobación, el 13 de marzo de 2012 por el Senado de México, de una reforma constitucional que facultaría a las autoridades federales de dicho país a investigar y juzgar los delitos que “limiten o menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”. La reforma ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, y ahora espera la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Por otro lado, el 15 de marzo fue presentada en el pleno del Senado de la República una iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Según la información recibida, la iniciativa fue suscrita por un número importante de senadores, y fue el producto de un trabajo conjunto entre el órgano legislativo y organizaciones de la sociedad civil. La CIDH manifiesta su satisfacción por estas iniciativas y considera que, de concretarse, constituirían avances importantes hacia el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010 en materia de protección de periodistas y lucha contra la impunidad.

Asimismo, la Comisión valora y reconoce el cumplimiento sustancial por parte del Estado de Argentina de las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo en el Caso 12.324. En dicho informe, la CIDH concluyó que el Estado argentino era responsable por haber condenado al señor Rubén Luis Godoy a la pena de prisión perpetua y al pago de una indemnización como resultado de un proceso en que se habrían violado sus garantías judiciales. El Estado dio cumplimiento sustancial a las recomendaciones formuladas en el Informe de fondo sobre el caso, en particular mediante la interposición de una acción de revisión de la sentencia condenatoria, la reapertura de la investigación por las denuncia de tortura en perjuicio de la víctima y la conmutación de la pena de prisión perpetua. En consecuencia, la CIDH aprobó la publicación del Informe de Fondo sobre el caso.

De igual manera, la CIDH saluda los avances registrados en los últimos meses en el combate contra la impunidad para graves violaciones a los derechos humanos. En Uruguay, el 21 de marzo el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y pidió disculpas a su hija, María Macarena Gelman, quien nació cuando su madre estaba secuestrada y en cautiverio, durante la dictadura militar uruguaya. De esta manera, el Estado uruguayo cumplió con uno de los aspectos de la sentencia de la CorteIDH, que también ordenó al Estado a investigar los hechos a fin de esclarecerlos, determinar las responsabilidades penales y aplicar las sanciones que correspondan.

En este mismo sentido, la CIDH saluda los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y pedido de perdón realizados por diversos Estados. El 10 de diciembre de 2011, el Estado de El Salvador realizó un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada 30 años atrás. El Estado de Guatemala realizó el 20 de octubre de 2011 un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en el caso de Juan Jaboco Arbenz Guzmán, y el 15 de diciembre realizó una ceremonia de pedido de perdón a familiares y sobrevivientes de la masacre de la comunidad de Las Dos Erres, en Petén. Por su parte, el Estado de México realizó un acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas a Valentina Rosendo Cantú y su hija el 15 de diciembre de 2011. La CIDH saluda estos avances y espera que se continúe avanzando en el cumplimiento de las decisiones del sistema interamericano en estos y otros casos.

Por otra parte, la CIDH expresa su preocupación ante información recibida respecto de Haití y de Suriname respecto de retrocesos en el combate contra la impunidad para crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, el 30 de enero de 2012 el juez de instrucción a cargo de la causa iniciada contra Jean-Claude Duvalier en Haití, decidió no procesar a Duvalier por violaciones a los derechos humanos. Las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas bajo el régimen de Jean-Claude Duvalier fueron documentadas por la CIDH en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, publicado en 1979, preparado con base en la visita de observación in loco realizada en dicho país en agosto de 1978. La Comisión Interamericana reitera lo indicado en su pronunciamiento de mayo de 2011, en el sentido que el Estado haitiano tiene la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de Duvalier.

En relación con Suriname, la Comisión recibió información de que el gobierno de coalición del Presidente Desi Bouterse ha presentado al Parlamento de Suriname un proyecto de ley que busca dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos de la era militar (1982-1992). Este proyecto busca eliminar la excepción contenida en la Ley de Amnistía de 1992, que aplica a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra. Iniciativas de esta naturaleza obstaculizarían el cumplimiento de casos ya decididos por el sistema interamericano, incluido el caso de la Masacre de Moiwana, entre otros. La Comisión recuerda la incompatibilidad de las leyes de amnistía relacionadas con violaciones graves de derechos humanos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ya que impiden a los Estados investigar y castigar a los responsables.

Participación de Estados y de Sociedad Civil en las Sesiones

La participación en audiencias y reuniones de trabajo de representantes de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de quienes lo hicieron en carácter de víctimas o peticionarios, constituye una contribución importante al fortalecimiento del trabajo de protección de los derechos humanos de los habitantes del Hemisferio. Además de las 41 audiencias y las 23 reuniones de trabajo celebradas sobre peticiones, casos y medidas cautelares, se realizaron más de 40 reuniones adicionales, algunas de ellas con representantes de los Estados Miembros, y otras con representantes de las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana valora y agradece dicha asistencia y participación.

El jueves 22 de marzo de 2012, la Comisión Interamericana recibió en su sede una delegación del Estado de Chihuahua encabezada por el Gobernador, Cesar Duarte Jáquez. La delegación hizo referencia a la voluntad del Gobierno del Estado de Chihuahua para profundizar las estructuras de protección de los derechos humanos en el referido Estado. El Gobernador mencionó asimismo a una serie de programas que se estarían implementando en el Estado a fin de trabajar con las problemáticas que se presentan en el mismo. En particular, se refirió a la estrategia de lucha contra la impunidad, a proyectos de educación, a la reforma integral del sistema judicial y a la atención de salud, entre otros.

Por su parte, la CIDH destacó la importancia de que exista un diálogo vigoroso con los Estados, y que en los países que, como México, tienen un sistema de gobierno federal, este diálogo no se limite al nivel federal de gobierno. La Comisión considera positivo que se implementen programas de protección de los derechos humanos, en especial teniendo en cuenta la información preocupante que la Comisión continúa recibiendo con respecto a la situación de los derechos humanos en el Estado de Chihuahua, que incluyen denuncias de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos en perjuicio de mujeres y niñas, y altos índices de violencia e impunidad, entre otros graves problemas.

Por otra parte, el 29 de marzo de 2012, la CIDH recibió a una delegación del Gobierno de Ecuador, integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño; el procurador General del Estado, Diego García; la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Johana Pesántez; el Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado; entre otros altos funcionarios.

Tras tomar conocimiento de una convocatoria a una rueda de prensa con el Canciller ecuatoriano titulada “Gobierno del Ecuador expondrá ante la CIDH su posición sobre el pedido de medidas cautelares por el caso El Universo”, el Presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco, recordó a la delegación que la reunión había sido solicitada exclusivamente para discutir asuntos de carácter general, y explicó que la referencia a asuntos en trámite sin la presencia de la otra parte no podría ser tenida en cuenta por la CIDH dado que violaría el principio de igualdad procesal entre las partes.

La Comisión Interamericana lamenta que, pese a esto, los representantes del Estado hayan optado por hacer referencias a la medida cautelar y el caso relacionados con el diario El Universo (Petición 1436/11 y MC 406/11). Asimismo, expresa ante la opinión pública, tal y como se alertó a la respectiva delegación del Estado, que dichas referencias no serán tenidas en cuenta en la evaluación de peticiones o casos concretos, y que no han sido ni serán registradas en sus archivos.

Represalias contra personas que acuden a la CIDH

La Comisión expresa su más profunda preocupación ante las amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de altas autoridades estatales.

La Comisión considera inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. La Comisión Interamericana condena estos hechos, y les recuerda a los Estados el artículo 63 del Reglamento , que establece que éstos deben “otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter” y no pueden “enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión”.

Personas Afrodescendientes

La Comisión recibió información sobre la continuidad de los obstáculos que las personas Afrodescendientes deben enfrentar en la región, en relación con la protección de sus derechos humanos. Estos obstáculos se vinculan tanto con cuestiones de discriminación racial como con violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. En particular, las personas afrodescendientes se encuentran desproporcionadamente afectadas en asuntos migratorios y se encuentran en grave riesgo de convertirse en apátridas. Asimismo, las personas afrodescendientes enfrentan desafíos particulares debido al incremento de las industrias extractivas, que desplazan comunidades con modos de vida tradicionales y culturas propias y que en algunos casos, ponen en peligro su vida e integridad personal. La Comisión también recibió información que indica que las mujeres afrodescendientes enfrentan desafíos especiales en cuanto a sus derechos humanos, en particular, en contextos de conflicto armado y desplazamiento. Estos desafíos incluyen principalmente actos de violencia sexual y de acceso a la justicia.

Durante el transcurso de las sesiones, la Comisión tomó nota de la amplia cobertura de prensa sobre la muerte del joven Tryvon Martin en Florida, Estados Unidos. Los artículos indican que el 26 de febrero de 2012, George Zimmerman, un autodenominado guardián de la comunidad, decidió seguir a Trayvon Martin, un joven afrodescendiente de 17 años de edad, porque se veía “sospechoso”. Aunque los hechos del caso aún deben ser esclarecidos, la información disponible indica que Zimmeraman mató de un disparo al adolescente, que no estaba armado. No ha habido arrestos en el caso. Las autoridades de Florida han anunciado que un gran jurado va a ser convocado en abril. A nivel federal, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y el FBI han anunciado el inicio de investigaciones. El caso involucra temas importantes sobre el deber de las autoridades locales y federales en cuanto a la debida diligencia para responder a actos de violencia que podrían estar basados en la discriminación racial. La Comisión urge a las autoridades competentes a realizar pronto una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y que asegure que se haga justicia.

Personas migrantes

En la audiencia sobre la situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México, organizaciones de la sociedad civil de México, El Salvador y Honduras, así como familiares de migrantes desaparecidos en México, manifestaron su preocupación respecto de la falta de criterios homologados para la identificación de migrantes no localizados y restos no identificados, los obstáculos que enfrentan los familiares de migrantes no localizados o que han desaparecido en su tránsito por México para acceder a información acerca del paradero de sus familiares, así como la falta de asistencia por parte de sus gobiernos y del Estado mexicano en la búsqueda de sus seres queridos. Las organizaciones peticionarias manifestaron que de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se estima que, entre los años 2007 y 2011, hay más de 8.800 cuerpos no identificados y al menos 1.230 cadáveres recuperados en México, provenientes de 310 fosas clandestinas. Las organizaciones peticionarias manifestaron que esta situación hace necesaria la implementación de nuevos mecanismos forenses para lograr una respuesta más satisfactoria en términos de verdad y justicia para los varios miles de familiares de migrantes mexicanos y centroamericanos desaparecidos en México en su camino hacia los Estados Unidos. Propusieron la formación de una comisión multidisciplinaria de expertos forenses internacionales independientes para colaborar con sus pares mexicanos en la identificación de restos aún no identificados, recuperados en agosto de 2010 y abril de 2011 en Tamaulipas, México. Asimismo, indicaron que es necesario establecer bancos de datos forenses, a nivel nacional y regional. Por su parte, los representantes del Estado de México manifestaron su disposición a dialogar con las organizaciones peticionarias respecto de esta materia, al tiempo que reconocieron la compleja situación que se vive con relación a las personas no localizadas en México y explicaron las medidas que han adoptado para hacer frente a la problemática. En este sentido, destacaron el avance institucional que representa la reciente aprobación de la Ley sobre el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Extraviadas. En igual sentido, el Estado informó acerca de las acciones en materia pericial y forense para identificar los cuerpos y restos localizados, entre los cuales se encuentren personas migrantes, en particular de uno de los laboratorios periciales más grandes de América Latina. La CIDH reitera la necesidad de establecer mecanismos efectivos para la determinación de la identidad de las personas migrantes que han sido halladas muertas en México, así como de sancionar a los responsables de estas muertes. Asimismo, la Comisión expresó su disposición en colaborar con el Estado mexicano y otros Estados de la región para colaborar y acompañar en el establecimiento de estos mecanismos.

La Comisión también celebró una audiencia sobre la situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos. Las organizaciones peticionarias de la audiencia informaron acerca de abusos y violaciones a los derechos humanos que se comenten en perjuicio de los migrantes por parte de miembros de la Patrulla Fronteriza, así como la impunidad de estos hechos y las falencias existentes en términos de las políticas y prácticas en las que se basan los procedimientos para el procesamiento y sanción de los miembros de la Patrulla Fronteriza que cometen estos actos. Por su parte, los representantes de la delegación de los Estados Unidos informaron acerca de los procedimientos y cuidados que se brindan a los migrantes una vez que se encuentran bajo su custodia. Adicionalmente, señalaron que los procedimientos establecidos en la actualidad al interior de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no promueven ni toleran abusos en contra de las personas migrantes y que en caso de que éstas ocurran son debidamente reportadas, procesadas y sancionadas.

Defensoras y defensores de derechos humanos

En las sesiones se recibió información sobre la persistencia de la violencia en algunos países en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, la cual se manifiesta en los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra su vida e integridad, el uso de procesos penales injustificados en su contra, discursos de descrédito dirigidos a desalentar sus labores, así como las restricciones indebidas para el ejercicio de la libertad de asociación.

En relación con Cuba, la CIDH recibió denuncias sobre reiteradas detenciones y hostigamientos en contra de defensoras de derechos humanos. Se informó que en el marco de las detenciones ocurridas durante manifestaciones de protesta social, los métodos de represión infringidos tendrían un especial ensañamiento contra las mujeres. En lo que va del año, habrían ocurrido mas de mil arrestos arbitrarios contra defensores de derechos humanos en Cuba, de los cuales, más del 50% corresponderían a arrestos contra mujeres defensoras. Durante el fin de semana del 24 y 25 de marzo de 2012 se reportaron 104 detenciones de Damas de Blanco en Cuba, presuntamente para evitar el desarrollo de actividades en el aniversario de la llamada Primavera Negra de 2003. Según la información recibida en la audiencia, los actos de agresión que las mujeres defensoras sufren en la isla por parte de agentes de seguridad del Estado se habrían recrudecido desde 2011. Según la información proporcionada, a las constantes golpizas, allanamientos de viviendas, amenazas de muerte y arrestos arbitrarios de las que son constantemente víctimas, se agregaron actos de acoso y amenazas sexuales, desnudos forzados y mordidas, tanto en la calle como en centros de detención. Según las solicitantes de la audiencia, las amenazas y maltratos también se habrían extendido a las y los hijos de las mujeres defensoras.

En relación con Guatemala, la Comisión recibió información sobre la especial exposición al riesgo en que se encontrarían líderes y lideresas sindicales, defensoras y defensores de personas cuyos derechos fueron violados durante el conflicto armado, así como defensoras y defensores del derecho al medio ambiente. Asimismo, se recibió información sobre la falta de implementación efectiva de un Programa de Protección para Defensoras y Defensores en Guatemala y sobre la fragilidad que tendría su Instancia de Análisis de Ataques contra Defensoras y Defensores, al no tener una base legal que asegure su funcionamiento y continuidad. Igualmente, la Comisión continuó recibiendo información sobre la especial exposición a sufrir agresiones en que se encontrarían líderes y lideresas sindicales en Venezuela.

Asimismo, la CIDH recibió información sobre la falta de adopción de medidas efectivas de protección por parte de los Estados y sobre los obstáculos en la implementación de medidas de cautelares o provisionales dictadas por los órganos del sistema interamericano, particularmente, en cuanto a la práctica de algunos Estados de sujetar a un nuevo análisis de riesgo las solicitudes de adopción de medidas para determinar su procedencia. La Comisión reitera lo establecido en su Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores en las Américas en el sentido de que “la fase que le corresponde al Estado ante una solicitud de medida de protección proveniente del sistema interamericano, es la de su implementación y seguimiento, pero no así la valoración de los elementos que dan motivo a la solicitud, dentro de los cuales se enmarca la calificación del nivel de riesgo”.

En relación a Colombia, varias organizaciones expresaron su preocupación porque autoridades estarían utilizando el término “guerra jurídica” contenido en glosarios utilizados por las fuerzas armadas, para descalificar las denuncias interpuestas por defensoras y defensores y asociarlas con actividades destinadas a desalentar la paz social. Asimismo, la Comisión recibió información sobre las medidas adoptadas y los esfuerzos realizados por la nueva Unidad Nacional de Protección a fin de proteger la vida e integridad de defensoras y defensores en riesgo, no obstante, organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de idoneidad y efectividad de algunos esquemas de protección, especialmente, cuando se trata de beneficiarios de carácter colectivo, como lo son las organizaciones de defensoras y defensores de derechos humanos y las comunidades indígenas y campesinas.

La CIDH también recibió información sobre algunos de los obstáculos que debilitan la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia en Centroamérica. Entre los obstáculos, la falta de aplicación efectiva de marcos normativos relacionados con la carrera judicial impediría en algunos Estados que los ascensos de jueces y magistrados se hagan tomando en cuenta criterios objetivos y predecibles. Asimismo, según se informó, en algunos países habría precarias condiciones salariales para los operadores de justicia y persistiría la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y protección ante actos de agresión provenientes de agentes externos, tales como del crimen organizado.

La Comisión recibió información sobre los obstáculos a la libertad de asociación en la región, particularmente en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Perú. Según la información aportada en algunos países existirían prácticas complejas y requisitos onerosos y discrecionales que han llevado al rechazo de varias solicitudes de personalidad jurídica solicitadas por organizaciones de defensoras y defensores. Se informó, asimismo, que en algunos países el financiamiento internacional por parte de las organizaciones de defensoras y defensores habría tenido por consecuencia la iniciación de investigaciones penales en contra de sus miembros así como la disolución de las organizaciones.

Durante el presente período de sesiones, se recibió información sobre la presentación de una iniciativa de ley para la creación de un mecanismo de protección a defensoras y defensores en México. La CIDH ha dado seguimiento a la implementación de este mecanismo y espera que en el proceso de su construcción se garantice la participación activa de defensoras y defensores y tenga en consideración los estándares establecidos por la CIDH en su Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores en las Américas.

Pueblos Indígenas

Durante el 144o periodo ordinario de sesiones de la Comisión, se realizaron ocho audiencias sobre derechos de los pueblos indígenas, en concreto relativas a los derechos sobre sus tierras y recursos naturales, y a derechos de mujeres indígenas.

En particular, se llevaron a cabo audiencias sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales en Argentina, Colombia, Panamá y Suriname. Con base en la información recibida, la Comisión reitera que la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales es un asunto de especial importancia, dado que el goce efectivo de este derecho implica no sólo la protección de una unidad económica, sino de los derechos humanos de una colectividad que basa su desarrollo económico, social y cultural, así como su vida espiritual e identidad, en la relación con la tierra. Por ello, la CIDH llama a los Estados a adoptar mecanismos legales e institucionales que garanticen los derechos de propiedad colectiva de los pueblos indígenas. Asimismo, la CIDH insta a los Estados a dar cumplimiento efectivo a su obligación de consultar a los pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios.

Por otro lado, tuvieron lugar audiencias relativas a los derechos de mujeres indígenas en Argentina, Canadá, Colombia, Guatemala y México. Al respecto, la CIDH reitera la triple discriminación histórica que han enfrentado las mujeres indígenas, por ser mujeres, por ser indígenas, y por ser pobres. En atención a ello, la CIDH enfatiza la importancia de que los Estados incorporen las necesidades específicas de las mujeres indígenas en sus actuaciones, respetando su identidad cultural, etnia, lengua e idiosincrasia, incluso creando sistemas y métodos de peritaje cultural en casos de violencia. Asimismo, la Relatora destaca que las manifestaciones de discriminación y violencia que afectan a las mujeres indígenas se ven agravadas durante el conflicto armado, por lo que enfatiza la importancia del esclarecimiento judicial de estos hechos, así como la adopción de una política de reparaciones acorde con la situación de las víctimas y su pertenencia étnica, que incluye estructuras de asistencia a las mujeres y niñas durante el proceso de denuncia y demanda de reparaciones.

Es de especial preocupación para la Relatora la información recibida respecto del alto número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas indígenas en Canadá. La CIDH valora positivamente los planes de prevención e investigación adoptados para atender la situación, tal como el establecimiento de la Comisión de Investigación de Mujeres Desaparecidas; asimismo, la CIDH llama al Estado a realizar esfuerzos dirigidos a desarrollar e implementar un plan integral y coordinado que permita responder de modo efectivo a la seriedad de la violencia y la discriminación de la que son víctimas las mujeres y niñas indígenas. La CIDH destaca la importancia de eliminar las condiciones sociales y económicas causantes de esta situación, así como del cumplimiento de las obligaciones de prevenir, investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables.

Asimismo, durante el periodo de sesiones, la CIDH recibió información de suma preocupación sobre la situación del pueblo indígena Nasa en los Resguardos de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló; y del pueblo indígena Awá de los Departamentos de Nariño y Putumayo, en Colombia, ambos beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. De acuerdo a la información recibida, la grave situación de riesgo existente estaría asociada a múltiples factores, tales como la disputa territorial entre diferentes actores armados, actividades de narcotráfico, el otorgamiento de licencias por parte del Estado para la extracción de recursos naturales, los ataques hechos por grupos armados ilegales y el fuego cruzado generado por la respuesta del Ejército Nacional.

Al respecto, la CIDH condena enérgicamente la muerte de los miembros del pueblo Nasa Luis Ever Casamachín y Milciades Trochez Conda, así como la afectación a la integridad de tres niños por la manipulación de artefactos explosivos encontrados en la escuela de Jambaló. Condena igualmente el asesinato de los miembros del pueblo Awá Armando Guanga Nastacuas, Bolívar Guanga, Gilberto Paí Canticús y Giovanni Rosero. La Comisión Interamericana considera de suma gravedad la muerte de estas personas, más aún teniendo en cuenta las medidas cautelares vigentes otorgadas por la CIDH y la situación de amenazas, hostigamiento y asesinatos a la que han sido sujetas. La CIDH insta al Estado colombiano a dar cumplimiento a su obligación de investigar de oficio estos crímenes y sancionar a los responsables, así como también llama al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los otros beneficiarios de estas medidas.

Es de especial preocupación para la Comisión la información recibida respecto a enfrentamientos armados que habrían tenido lugar el 23 de marzo de 2012 entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y miembros de grupos armados ilegales en zonas rurales y urbanas del Resguardo de Jambalo, hechos que habrían ocasionado lesiones al menos a dos personas. En vista de ello, la CIDH hace un llamado a los actores del conflicto armado a cumplir las reglas del Derecho Internacional Humanitario, y en particular, insta al Estado colombiano a evitar la realización de acciones armadas que pongan en peligro la vida o integridad de la población civil.

Personas privadas de libertad

La CIDH convocó por iniciativa propia a una audiencia en este período de sesiones sobre la situación de las personas privadas de libertad en Honduras, después del incendio en la Penitenciaría Nacional de Comayagua el 14 de febrero de 2012 en el que murieron 361 personas. El Estado reconoció los graves problemas que enfrenta la situación penitenciaria e informó que cumplirá con el acuerdo de solución amistosa firmado en el marco del Rafael Arturo Pacheco Teruel ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Estado de Honduras se comprometió a avanzar en las investigaciones conducentes a establecer la verdad de los hechos ocurridos en el penal de Comayagua y a establecer las responsabilidades penales correspondientes. La CIDH dará estrecho seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. Asimismo, los representantes del Estado informaron que entre las medidas adoptadas, se declaró estado de emergencia en varias cárceles del país, en julio de 2010 y marzo del 2012. A este respecto, el Relator enfatizó que los estados de emergencia se deben decretar en situaciones coyunturales, pero que lo que actualmente enfrenta Honduras es un problema estructural.

Durante la celebración de las sesiones, el 29 de marzo de 2012 fueron asesinados 13 internos de la Penitenciaría de San Pedro Sula, incluido uno decapitado, y otros habrían resultado heridos en un motín iniciado desde horas de la mañana. De acuerdo con la información disponible, en el contexto de estos hechos se produjo un conato de incendio en una de las áreas del penal, se dispararon armas de fuego y el orden fue restablecido luego de la acción mediadora del Obispo Auxiliar de San Pedro Sula y Presidente de la Pastoral Carcelaria, Rómulo Emiliani. La CIDH condena la muerte violenta de 13 reclusos e insta al Estado a adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares, y para investigar y sancionar a los responsables.

Asimismo, en el marco de una audiencia sobre los derechos de las personas privadas de libertad en México, los solicitantes hicieron énfasis en la persistencia de serios problemas estructurales que afectan a la generalidad de las cárceles en ese Estado, como por ejemplo: la falta de gobernabilidad y los altos índices de violencia en determinadas cárceles; el hacinamiento; la falta de provisión de agua potable y alimentos; los golpes y malos tratos del personal penitenciario hacia los reclusos; la aplicación arbitraria de castigos disciplinarios, como las restricciones a las visitas de los presos; los actos reiterados de corrupción por parte de las autoridades penitenciarias; y las violaciones cometidas contra mujeres y personas LGTBI. En la audiencia, el Relator sobre Personas Privadas de Libertad hizo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para garantizar la seguridad en las cárceles del Norte de México, donde operan grupos del crimen organizado y de donde se ha recibido información sobre actos de violencia, incluso de naturaleza sexual, cometidos contra las mujeres privadas de libertad.

Por otro lado, la Comisión Interamericana celebró una audiencia de seguimiento a la visita de trabajo que realizó el Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad a Uruguay en julio de 2011. En esta audiencia el Estado aportó información acerca del nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la CIDH luego de dicha visita. Los Comisionados, por su parte, hicieron énfasis en el cierre de los módulos 1, 2 y 4 de COMCAR y la clausura de la Cárcel Departamental de Rocha; en la adopción de medidas concretas para reducir el uso generalizado y sistemático de la detención preventiva; y en la atención a los adolescentes internados en la Colonia Berro. La Comisionada Rosa María Ortiz manifestó su interés en que el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario de Uruguay tenga también entre sus funciones el monitoreo de la situación de niñas, niños y adolescentes privados de libertad.

Mujeres

La Comisión observa con gran preocupación información recibida durante el presente periodo de sesiones destacando formas de discriminación, violencia y exclusión que las mujeres a través de las Américas enfrentan de forma persistente que afectan el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. La Comisión ha recibido información de forma consistente que revela que estos obstáculos son particularmente graves en el caso de las mujeres indígenas, dada la intersección de formas de discriminación que han sufrido de forma histórica por su etnia, raza, sexo y situación de pobreza.

Diferentes organizaciones han reportado ante la Comisión en varias audiencias sobre las múltiples formas de discriminación que sufren las mujeres indígenas en base a su sexo, raza y etnia; el impacto pernicioso de la violencia en su vida cultural y espiritual; los vacíos existentes en el sistema universal de derechos humanos para abordar sus necesidades específicas; y la necesidad de identificar metodologías distintas para abordar sus preocupaciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Comisión recibió información sobre 600 desapariciones y asesinatos de mujeres aborígenes documentadas en Canadá; el efecto desproporcionado del conflicto armado en Colombia en las mujeres indígenas, incluyendo el uso de la violencia sexual como una estrategia de guerra; y la ausencia de una educación intercultural y bilingüe en la provincia de Jujuy en Argentina, aún con la más alta población indígena en el país, entre otros asuntos prioritarios. La Comisión recuerda a los Estados de su obligación de garantizar que toda legislación, política pública y programa orientado a abordar los derechos de las mujeres, considere las necesidades específicas y la concepción del mundo de las mujeres indígenas; tome en consideración el riesgo incrementado que enfrentan a violaciones de derechos humanos; e incorpore la dimensión colectiva e individual de sus derechos humanos.

La Comisión también expresa su preocupación por información recibida en el contexto de las audiencias verificando el incremento de los niveles de violencia contra las mujeres en países a través del hemisferio. En concreto y como ejemplo, la Comisión recibió información sobre los altos niveles de violencia en Colombia; la gravedad del problema de la violencia sexual en contra de las adolescentes en Bolivia; y el legado de los actos de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado en Guatemala. Aunque la Comisión reconoce esfuerzos significativos de parte de los Estados a través de las Américas en abordar este problema, la Comisión manifiesta su preocupación sobre el hecho que muchos de estos actos no son sancionados y culminan en la impunidad. La Comisión exhorta a los Estados a continuar adoptando esfuerzos legislativos, políticos, y programáticos con debida diligencia para enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres en colaboración con las mujeres afectadas y sus representantes. Estos esfuerzos deben incluir el otorgamiento adecuado de reparaciones desde una perspectiva de género a las víctimas – con la participación de los beneficiarios involucrados – y el mejoramiento de esfuerzos de recopilar información para abordar la dimensión real de este problema a un nivel nacional. La Comisión también promueve que los Estados continúen llevando a cabo esfuerzos para erradicar las barreras legislativas, políticas, sociales, económicas y geográficas que las mujeres y las niñas aún enfrentan para recibir una adecuada protección judicial cuando son víctimas de violencia y discriminación; un componente crucial de su obligación de actuar con debida diligencia.

La Comisión está también preocupada por el riesgo particular a violaciones a los derechos humanos enfrentado por mujeres que trabajan en la defensa de los derechos en base a su género. Información fue recibida de Bolivia, Cuba y Colombia en el contexto de audiencias sobre actos de intimidación, violencia y amenazas que aún afecta a este grupo de mujeres. La Comisión reitera la necesidad de legitimar y proteger las acciones de las defensoras de los derechos de las mujeres, y recuerda a los Estados de su obligación positiva de crear las condiciones necesarias en que las defensoras puedan ejercer de forma plena su trabajo, libre de toda forma de violencia y discriminación basada en su género.

Lesbianas, Gays y Personas Trans, Bisexuales e Intersexuales

En la audiencia sobre Derecho a la Identidad de las Personas Trans, la CIDH recibió información preocupante sobre el grave impacto negativo que tiene la falta de reconocimiento de la identidad de género en el pleno goce y ejercicio de los derechos de las personas transgénero. El transgenerismo es una categoría dentro de la identidad de género, que incluye a su vez las subcategorías transexualidad y travestismo, así como otras variaciones. La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Una mujer trans es una persona cuyo sexo biológico es de hombre y la identidad de género de mujer; un hombre trans es cuando el sexo biológico es de mujer y la identidad de género de hombre; una persona trans es cuando no existe una convicción de identificarse dentro de una categorización binaria de hombre o mujer.

Como resultado de la falta de reconocimiento de su identidad de género, las personas transgénero se ven sometidas, por su identidad de género, a una situación de exclusión y marginación en todos los aspectos de la vida pública. En particular, preocupa a la CIDH la información recibida en relación con los obstáculos que enfrentan en las esferas de participación política, y en el acceso a la justicia, a los servicios de salud, a la educación y al trabajo, entre otros. Se denunció asimismo la impunidad de los crímenes contra las personas trans, incluyendo la gran cantidad de homicidios en toda la región, lo cual ha sido relevado en varias ocasiones por la CIDH.

La Comisión expresa su preocupación por la información recibida sobre las violaciones a sus derechos humanos, en particular la violencia y discriminación extrema a la que son sometidas por parte de miembros de la fuerza pública, incluyendo detenciones arbitrarias y abusos policiales. Estas situaciones se deben, entre otras razones, a que no cuentan con un documento de identidad que refleje legalmente su identidad de género. Esta situación se agrava por los obstáculos que enfrentan en el acceso a la justicia, ya que muchas veces no se les reciben las denuncias, al presentar documentos de identidad que no se corresponden con su identidad y expresión de género. Asimismo, la Comisión considera alarmante la información recibida en relación con las violaciones a la integridad personal, a la vida privada, y dignidad de las personas intersexuales.

La CIDH recibió asimismo información preocupante en relación con la imposibilidad de las personas trans de acceder a servicios de salud que tomen en cuenta sus necesidades específicas, las cuales son distintas a las de los hombres, las mujeres y las personas lesbianas y gays. Por otro lado, la Comisión se encuentra preocupada por información relacionada con los obstáculos que enfrentan en el ámbito educativo, relacionados, entre otros, con la imposibilidad que tienen de manifestar libremente su expresión de género. Ello conlleva a un alto nivel de deserción escolar, lo que aumenta el analfabetismo y la desigualdad de oportunidades laborales, incrementándose su situación de exclusión. La Comisión se encuentra también preocupada por la información de las barreras que enfrentan las personas trans para ejercer plenamente sus derechos políticos como el derecho al voto en los países que distinguen los puestos de votación por sexo biológico. La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RED LACTRANS) y la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad le pidieron a la Comisión, entre otros, que dé seguimiento a esta materia y presente recomendaciones para su integración en el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad.

Al respecto la Comisión observa que el derecho a la identidad de género de las personas trans es esencial para el ejercicio de sus derechos humanos. La CIDH insta a los Estados a tomar las medidas necesarias en todas las esferas de la intervención pública para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas trans, sin discriminación alguna. Para ello, es esencial, entre otros, la adopción de políticas públicas y protocolos que incluyan una perspectiva que tome en cuenta la identidad de género de las personas trans y sus necesidades específicas.

Por otro lado, en una audiencia relacionada con los derechos humanos en Perú, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado peruano, avanzar en la adopción de medidas que permitan generar cambios y sancionar la violencia contra las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales; y en particular, la construcción de un registro oficial de casos de crímenes de odio contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans.

Niños, niñas y adolescentes

La Comisión celebró audiencias en las cuales se presentó información sobre situaciones que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en la región. Específicamente, se recibió información sobre la situación de niños, niñas y adultos en instituciones de salud mental en México y sobre los problemas que enfrentan las adolescentes en Bolivia cuando intentan acceder a la justicia en casos de violencia sexual.

La Comisión recibió información preocupante sobre la segregación a la cual están sometidas las personas con discapacidad que ingresan a instituciones en México, con una alta incidencia de niños, niñas y adolescentes afectados. La Comisión recuerda que de conformidad con los estándares internacionales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, específicamente el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño habitualmente utilizada por los órganos del sistema interamericano para interpretar disposiciones de la Convención Americana, los niños y niñas no deben ser separados de sus padres, salvo que tal separación se encuentre debidamente justificada en el interés superior el niño o niña y se establezca preferentemente de manera temporal. Durante la audiencia, la Comisión enfatizó en la importancia de que la presencia de niños, niñas y adolescentes en estas instituciones obedezca a estos principios básicos y se dispongan los medios necesarios para explorar alternativas a la institucionalización. Además, la Comisión hizo referencia a la necesidad de desarrollar mecanismos de prevención y detección temprana de discapacidades, enfatizando el enfoque interdisciplinario y comunitario. La Comisión se encuentra actualmente elaborando un informe temático sobre la institucionalización de niños, niñas y adolescentes en las Américas. En el proceso de elaboración de dicho informe la Comisión ha recibido información que incluye la situación de niños, niñas y adolescentes en instituciones de salud mental.

Además, la Comisión recibió información preocupante sobre la continuidad de los obstáculos que enfrentan adolescentes víctimas de violencia sexual en Bolivia cuando intentan acceder al poder judicial. Dentro de los obstáculos se encuentran cuestiones normativas y de práctica. Así, por ejemplo, se planteó la situación de revictimización a la que se enfrentan desde el momento de presentar la denuncia, los estereotipos que afectarían la imparcialidad de diversas autoridades a cargo de recibir y procesar estas denuncias, como por ejemplo, la presunción de que las denuncias contienen mentiras, la falta de capacitación de las autoridades de investigación para esclarecer casos de violencia sexual en cuanto a un enfoque de género y abordaje culturalmente adecuado, y la demora en los procesos, entre otros. Según lo denunciado, existe una situación de impunidad frente a este tipo de violaciones con una mínima incidencia de condenas en comparación con las denuncias recibidas. La Comisión ha dado seguimiento cercano a este tema a través de diversos medios. Así, en su informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social en Bolivia, del año 2007, en el capítulo sobre situación de acceso a la justicia de las mujeres y en el capítulo sobre la situación de niñas y niños, la CIDH tomó nota de algunas de estas problemáticas y formuló recomendaciones. De igual forma, en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, la Comisión abordó el tipo de obstáculos descritos en la audiencia. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación.

Libertad de expresión

El 27 de marzo la Comisión celebró una audiencia pública sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, a solicitud del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Asociación Civil Espacio Público, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Venezuela (SNTP). Los solicitantes de la audiencia señalaron que en Venezuela existen restricciones ilegítimas que reducen el efectivo ejercicio de la libertad de expresión, entre las cuales mencionaron: agresiones y ataques a periodistas, problemas de acceso a la información pública, autocensura, usurpación a cuentas electrónicas de críticos del gobierno, transmisiones obligatorias de radio y televisión, y restricciones y sanciones judiciales y administrativas contra medios de comunicación y periodistas. El Estado venezolano por su parte afirmó que en Venezuela existe la más amplia libertad de expresión y que no existe la más mínima limitación a este derecho. La Comisión manifestó preocupación por diversos temas, entre ellos la ausencia de investigaciones sobre agresiones contra periodistas, las restricciones al goce efectivo del derecho de acceso a la información, el alcance de las normas de desacato, y el estado de procesos judiciales como el que se adelanta contra los directivos del semanario Sexto Poder.

Próximos Períodos de Sesiones

El 145º Período de Sesiones será del 16 al 20 de julio; en dichas sesiones no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo.

El 146º Período de Sesiones se realizará del 29 de octubre al 16 de noviembre de 2012; el plazo para solicitar audiencias y reuniones de trabajo se anunciará oportunamente.

I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos. A continuación se ofrece la lista de peticiones y casos sobre los cuales se aprobaron informes durante el 144 Período de Sesiones. Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará en su página en Internet los informes en que la decisión sea de carácter público.

A. Informes de Admisibilidad

Durante el 144 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de admisibilidad:

• 4115-02 – Ricardo Javier Kaplun, Argentina

• 12.315 – Carlos Alberto Fernández Prieto y Carlos Alejandro Tumbeiro, Argentina

• 93-05 – Analía Verónica Tapia y familia , Argentina

• 609-98 – Guillermo Armando Capo, Argentina

• 302-07 – Flavio Mendes Pontes et al., Brasil

• 341-01 – Márcio Manoel Fraga y Nancy Victor da Silva, Brasil

• 6-07 – Jurandir Ferreira de Lima et al., Brasil

• 1447-05 – Omar de Jesús Lezcano y otros. Colombia

• 1064-05 – Luis Fernando Guevara Diaz, Costa Rica

• 670-06 – Carlos Andrés Rodríguez Cárdenas, Ecuador

• 786-02 – Ester Avigail Fajardo Garcés y Claudio Alfonos Naser Leal, Ecudor

• 1528-11 – Ivan Teleguz, Estados Unidos

• 900-08 – Djamel Ameziane, Estados Unidos

• 161-06 – Adolescentes condenados a candena perpetua sin libertad condicional, Estados Unidos

• 1127-05 – Familia de Sergio Arturo Canales Gálvez, Honduras

• 1119-02 – Aura de las Mercedes Pacheco Briceño y Balbina Francisca Rodríguez Pacheco, Venezuela

• 266-03 – Lilia Aljejandra García Andrade y otros, México

• 1471-05 – Yenina Esther Martínez Esquivia, Colombia

• 179-05 – Jesús Amado Sarria Agredo e hijos, Colombia

• 1762-11 – Virgilio Maldonado Rodríguez, Estados Unidos

• 1671-02 – Alejandro Peñafiel Salgado, Ecuador

B. Informes de Inadmisibilidad

Durante el 144 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de inadmisibilidad:

• 11.996 – Márcia Cristina Rigo Leopoldi, Brasil

• 885-03 – Valentina de Andrade, Brasil

• 398-02 – José Xavier Gando Chica, Ecuador

• 1180-04 – Edgar Manuel de León Lemus, Guatemala

• 859-03 – María Elena Macedo García viuda de Uribe, México

• 700-04 – Aurora Cortina González, México

• 736-03 – Hernán Alberto Chumpitaz Vásquez, Perú

• 12.222 – Sindicato Unitario de trabajadores del servicio de agua potable y alcantarillado de Arequipa, Perú

• 170-00 – José Hernán Susanivar Susanivar y otros, Perú

• 12.202 – Sindicato de Docentes ordinarios de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Perú

• 513-04 – José Carlos Ramírez, México

C. Informes de Solución Amistosa

Durante el 144º Período de Sesiones, la Comisión aprobó los siguientes acuerdos de solución amistosa, al considerar que los acuerdos alcanzados por las partes se ajustan al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos:

• 12.546 – Juan Jacob Arbenz Guzmán, Guatemala

• 12.174 – Israel Geraldo Paredes Acosta, República Dominicana

• 11.706 – Pueblo indígena Yanomami de Haximú, Venezuela

D. Informes de Fondo

Durante el 144 Período de Sesiones, la CIDH aprobó 4 informes sobre el fondo.

Asimismo, aprobó una decisión de publicación de informe de fondo, en el Caso 12.324, Rubén Luis Godoy, Argentina.

E. Informes de Archivo Durante el 143 Período de Sesiones se aprobaron los siguientes informes de archivo:

• 907-03 – Ricardo Alberto Barreda, Argentina

• 12.227 – Maria Madalena Goulart Soares et al., Brasil

• 12.276 – Jose P. dos Santos, Brasil

• 12.588 – Alexandre Ribeiro de Oliveira, Brasil

• 11.841 – Paraplegic persons deprived of liberty in Auxiliary Hospital of the State Penitentiary of Sao Paulo, Brasil

• 689-04 – Eduardo Jiménez Jiménez, Costa Rica

• 871-01 – Francisco Moya Solano y otros, Costa Rica

• 3226-02 – María Yamileth Scott Hernández, Costa Rica

• 12.364 – Luís Mazón y trabajadores del Ministerio de Salud, Ecuador

• 55-03 – Hugo Napoleón Sánchez Garcés, Ecuador

• 661-01 – Pedro Muñoz Ulloa y Miriam García Gutiérrez, Ecuador

• 146-03 – Williams Neftaly Valenzuela Saravia, El Salvador

• 12.352 – Bruce Campbell Harris Lloyd, Guatemala

• 12.438 – Guy André Francois, Haití

• 468-03 – Asdrúbal Araujo Castillo, México

• 1145-05 – Jorge Alberto Huezo, Nicaragua

• 11.836 – Feliciano Orue Coronel, Paraguay

• 12.186 – Luis Clodomiro rojas Arias, Perú

• 904-98 – Miembros de ASESSP, Perú

• 908-98 – Carlos Felipe Améxaga Mattos, Perú

• 12.216 – Luis Enrique Guillén Bendezú y otro, Perú

• 616-04 – Carlos Alberto Nieto Palma, Venezuela

II. AUDIENCIAS

Los días 23, 26, 27 y 28 de marzo de 2012 se celebraron audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y temáticas de derechos humanos. Los videos, las grabaciones de audio y las fotografías de las audiencias públicas están disponibles en la página web de la CIDH. Queda autorizada su utilización siempre que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA. En este período de sesiones se realizaron las siguientes audiencias públicas (lista según el orden de realización):

• Acceso a la justicia para las mujeres en las Américas

• Amenazas a la independencia judicial en Centroamérica

• Situación de los derechos humanos de las personas que viven con VIH en los países de la región del Caribe

• Derecho a la identidad de las personas trans

• Derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos indígenas en Panamá

• Caso 12.354 – Kuna de Mandungandi y Embera de Bayano, Panamá

• Denuncias sobre segregación institucional y sobre abusos de niños y adultos con discapacidad en México.

• Situación de los derechos de las personas privadas de libertad en México

• Situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México

• Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina

• Denuncias sobre agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos en Cuba

• Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras

• Situación de las libertades fundamentales y su efecto en la protección de los derechos humanos en Honduras

• Caso 12.816 – Guillermo López Lone y otros, Honduras

• Situación general de derechos humanos en Nicaragua

• Derecho a un recurso efectivo para la investigación de graves violaciones de derechos humanos en Colombia

• Situación general de derechos humanos en Antioquia, Colombia

• Caso 12.711 – Wilfredo Quiñónez Bárcenas y otros, Colombia

• Situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia

• Caso 12.794 – Wong Ho Wing, Perú

• Situación general de derechos humanos en Perú

• Acceso a la información en la investigación de casos de graves violaciones de derechos humanos en Perú

• Situación de los derechos humanos de migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur de Estados Unidos

• Petición 1762/11 – Virgilio Maldonado, Estados Unidos

• Cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Convención Americana por parte de Venezuela

• Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

• Situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Uruguay

• Caso 12.639 – Pueblos Kaliña y Lokono, Suriname

• Caso 12.777 – Claudina Velásquez y familia, Guatemala (Perito)

• Situación de la independencia judicial en El Salvador

• Situación de defensores de derechos humanos y el acceso a la justicia en Guatemala

• Situación de las mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno en Guatemala

• Restricciones legales a la libertad de asociación en las Américas

• Denuncias de violencia sexual contra niñas adolescentes en Bolivia

• Denuncias sobre mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas en British Columbia, Canadá

• Discriminación contra las mujeres indígenas en las Américas

• Situación de derechos humanos de las personas afectadas por las industrias extractivas en las Américas

• Proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos

Asimismo, se realizó una audiencia privada sobre Situación general de derechos humanos en Venezuela

III. REUNIONES DE TRABAJO

En el marco del 144 Período de Sesiones se llevaron a cabo las siguientes reuniones de trabajo:

• Medida Cautelar 255/11 – Pueblo Indígena Nasa, Colombia

• Medida Cautelar 134/00 – CREDHOS, Colombia

• Medida Cautelar 128/00 CCAJAR

• Medida Cautelar 97/10 179 Familias de las veredas El Vergel y El Pedregal de Cauca, Colombia

• Medida Cautelar 368/10 María Tirsa Paz, Colombia

• Medida Cautelar 641/02 – SINALTRAINAL, Colombia

• Medida Cautelar 61/11 – Pueblo Awá, Colombia

• Petición 12.376 – Alba Lucía Rodríguez, Colombia

• Medida Cautelar 452/11 – Pueblos indígenas de Cajamarca y sus líderes, Perú

• Seguimiento de Casos incluidos en el Comunicado de Prensa Conjunto de 22 de febrero de 2001

• Caso 12.689 – JSCH y MGS, México

• Caso 12.204 – Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Argentina

• Medida Cautelar 404/10 – Comunidad Indígena Qom Navogoh ¨Primavera¨, Argentina

• Caso 12.626 – Jessica Lenahan (Gonzales), Estados Unidos

• Medida Cautelar 5/11 – Deportación de haitianos, Estados Unidos

• Medida Cautelar 259/02 – Detenidos en la Base Naval de Guantánamo, Estados Unidos

• Caso 12.200 – Trindade y otro, Brasil • Caso 12.277 – Fazenda Ubá, Brasil

• Caso 12.066 – Fazenda Brasil Verde, Brasil

• Medida Cautelar 185/10 – Manuel Silva Torres, Ecuador

• Medida Cautelar 17/10 – Habitantes de la Comunidad de Omoa, Honduras

• Caso 12.787 – Natividad de Jesús y otros, El Salvador

• Medida Cautelar 393/10 – Luis Álvarez Renta, República Dominicana

IV. RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS

Esta sección contiene un resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH, a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas, desde su 143º período de sesiones, que tuvo lugar en octubre y noviembre de 2011, hasta la fecha. Las Relatorías trabajan en tareas de promoción, elaboran y publican informes temáticos, ofrecen apoyo en el sistema de peticiones y casos individuales y en el trámite de medidas cautelares, así como en audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras actividades.

a. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial

La Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, a cargo de la Comisionada Rose-Marie Belle Antoine, participó del evento “Afro XXI – Encuentro Iberoamericano del Año Internacional de los Afrodescendientes”, realizado en Salvador, estado de Bahia, Brasil, del 16 al 19 de noviembre de 2011. El especialista de la Relatoría impartió una charla sobre marcos legales nacionales e internacionales sobre discriminación racial y acceso a la justicia para las personas afrodescendientes. El evento fue organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), junto con el Gobierno Federal de Brasil, el Gobierno Estadual de Bahia, la Fundación Alexandre de Gusmão, así como diversas agencias especializadas de la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo general del Encuentro Iberoamericano fue visibilizar la presencia de los afrodescendientes en el Hemisferio, las principales dificultades enfrentadas por ellos, los aportes sociales, culturales y económicos que las comunidades afrodescendientes realizan a Iberoamérica, resaltar políticas públicas inclusivas y buenas prácticas, así como debatir estrategias de inclusión social de los afrodescendientes en los diversos contextos nacionales y sus contribuciones al desarrollo.

El 18 de enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe sobre la situación de las personas afrodescendientes en las Américas, que se elaboró en el marco de las actividades realizadas por la CIDH en 2011 por el Año Internacional de los Afrodescendientes. El informe presenta una evaluación inicial respecto de la situación de las personas afrodescendientes en las Américas y formula recomendaciones a los Estados para avanzar en la protección de sus derechos humanos. Durante este año, la Relatoría planea realizar y participar en diversas actividades subregionales para promover la difusión del informe de la Comisión Interamericana.

b. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres

La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, a cargo de la Comisionada Tracy Robinson, continuó implementando acciones de distribución de cinco informes temáticos publicados en el transcurso del 2011, los cuales identifican los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos libre de discriminación en distintos contextos. Los informes son los siguientes: El Camino Hacia Una Democracia Sustantiva: La Participación Política de las Mujeres en las Américas; El Trabajo, la Educación y los Recursos de las Mujeres: La Ruta Hacia la Igualdad en la Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Acceso a la Información en Materia Reproductiva desde una Perspectiva de Derechos Humanos; Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo y Aplicación; Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en Mesoamérica.

La Relatoría se encuentra en el proceso de publicar el informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual: La Salud y la Educación, el cual aborda la violencia sexual en los ámbitos de la educación y la salud en las Américas, y las principales barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia cuando son víctimas de este tipo de violencia y en estos contextos. Recogiendo registros e información proveniente de los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales, la prensa y las universidades de la región, el informe presenta un balance preliminar de las dimensiones de la violencia sexual en estos ámbitos. Con la perspectiva de los derechos humanos y de las obligaciones contraídas por los Estados en esta esfera, el informe aborda además la forma como la violencia sexual contra las mujeres constituye un obstáculo para el ejercicio de sus derechos a la educación y a la salud, e inicia una discusión acerca de las barreras principales que las mujeres enfrentan en su acceso a recursos judiciales efectivos para remediar este problema.

Los seis informes temáticos mencionados han sido trabajados por la Relatoría con el apoyo de los gobiernos de España, Finlandia, Canadá, y UNFPA.

c. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

El 17 y 18 de noviembre de 2011, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Comisionada Dinah Shelton, participó en el Taller sobre “los derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano” dirigido a líderes indígenas y funcionarios de gobierno que trabajan dicha temática, el cual se realizó en Lima, Perú. Fue organizado por el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. El taller contó con la presencia de representantes indígenas provenientes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela.

Entre el 7 y 10 de marzo de 2012, la Relatoría realizó una visita de trabajo a Guatemala, la cual tuvo por objetivo recabar información sobre la situación de los pueblos indígenas en dicho país, tras lo cual se emitió el comunicado de prensa: CIDH valora avances contra la impunidad en Guatemala y expresa preocupación por la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y las mujeres.

Por otra parte, durante la visita, la Relatoría llevó a cabo un taller de capacitación sobre el sistema interamericano de derechos humanos, dirigido a líderes y lideresas indígenas de Mesoamérica. Participaron en el taller líderes y lideresas y abogados indígenas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, México, Costa Rica y Nicaragua.

d. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez

La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo de la Comisionada Rosa María Ortiz, participó en el evento Children and the administration of justice in Latin America: a regional perspective, celebrado el 8 de marzo de 2012 en Ginebra, Suiza, con motivo de la reunión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños y niñas.

Asimismo, del 27 al 29 de marzo de 2012, la Relatora participó en una misión a Haití, conjuntamente con UNICEF y el Presidente del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. En el contexto de esta visita, la cual se centró exclusivamente en las irregularidades en las adopciones internacionales, la Relatora se reunió con Richel Lafaille, Ministro de Asuntos Sociales y del Trabajo; Frantz Bellerice, Director de Gabinete del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública; un magistrado de la Corte de Primera Instancia; y miembros del Senado. Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con el Instituto de Bienestar Social y de Investigaciones (IBSR), con Embajadores representantes del Grupo Montreal (Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Francia, entre otros). Por otra parte, la delegación visitó una crèche, lugar en el cual se encuentran niños y niñas que serán sujetos a adopción internacional.

Previamente, en noviembre de 2011, se realizaron actividades de presentación del Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas. El 11 de noviembre de 2011 se presentó el informe en República Dominicana, el 17 de noviembre en Uruguay y el 18 de noviembre de 2011 en Argentina. En Buenos Aires, el informe fue presentado ante la Defensoría General de la Nación y Legisladores Nacionales y la posteriormente ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

En febrero de 2012 la CIDH seleccionó a una ciudadana brasileña para una beca de 10 meses con la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Esta beca es financiada por la organización Save the Children.

e. Relatoría sobre Derechos de los Migrantes

En el marco de este Periodo de Sesiones, la Comisión decidió modificar el mandato de la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes, a cargo del Comisionado Felipe González. En respuesta a la multiplicidad de desafíos que plantea la movilidad humana en la región, el nuevo mandato está enfocado en el respeto y garantía de los derechos de los migrantes y sus familias, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados internos, así como otros grupos de personas vulnerables en el contexto de la movilidad humana.

La Relatoría continuará abocada a proteger y promover los derechos humanos de los migrantes en el contexto de los numerosos desafíos que genera la movilidad humana en términos de derechos humanos. Entre los más apremiantes de estos desafíos se cuentan, entre otros: la criminalización de los migrantes en situación irregular; las situaciones que plantean los flujos migratorios mixtos; la denegación de protección judicial y de garantías procesales en procedimientos migratorios; la violencia generada por parte de actores no estatales, tales como organizaciones de la delincuencia organizada, cárteles del narcotráfico, maras o grupos paramilitares. Por otra parte, en algunos países se han introducido reformas o proyectos legislativos relativos a sus sistemas de determinación de la condición de refugiados, destinados a restringir el acceso a la protección internacional para los solicitantes de asilo, los refugiados y los solicitantes de protección complementaria. Otros de los desafíos que se dan alrededor de la movilidad humana en el hemisferio tienen que ver con la persecución y la violencia a la que están sujetos grupos en situación de vulnerabilidad, tales como las mujeres, los niños, las niñas, los y las adolescentes, las lesbianas, los gays, y las personas trans, bisexuales e intersexuales, los afrodescendientes y los indígenas. Asimismo, fenómenos como la migración como consecuencia del cambio climático, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el desplazamiento interno son otros de los desafíos que requieren respuestas en materia de derechos humanos.

En relación con las actividades que ha desarrollado la Relatoría sobre Migrantes en los últimos meses, el 16 de noviembre de 2011 participó en la Reunión de trabajo del Programa de Defensa e Incidencia Binacional de la Iniciativa Frontera Norte, en la cual realizó una capacitación acerca de los mecanismos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para promover y proteger los derechos de las personas migrantes, así como del mandato y las funciones de la Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH y del impacto de Opinión Consultiva 18-03. Esta actividad contó con la participación de miembros de organizaciones ubicadas a lo largo de las entidades federativas que integran la Frontera Norte de México. Asimismo, la Relatoría estuvo presente en el Coloquio sobre Políticas de Seguridad en la Frontera y Derechos Humanos de los Migrantes, organizado por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California, México.

El 16 de febrero de 2012, en el marco de la Reunión Conjunta de la Comisión de Asuntos Jurídicos Y Políticos (CAJP) de la OEA y la Comisión Especial de Asuntos Migratorios (CEAM) sobre la Implementación del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, el Relator realizó una intervención ante estos órganos y presentó el Informe Anual de Actividades de la Relatoría para el año 2011. Este informe fue preparado en concordancia con los lineamientos establecidos por la Asamblea General en su Resolución 2669 (XLI-O/11). La reunión se llevo a cabo en Washington D.C.

El 17 de febrero de 2012, se presentó ante la Corte Interamericana el escrito de Observaciones de la Comisión Interamericana con relación a la opinión consultiva relativa a las obligaciones jurídicas que tienen los Estados con relación a los niños y niñas migrantes, la cual fue solicitada por los Estados miembros del MERCOSUR. La Relatoría sobre Migrantes trabajó en estas Observaciones en conjunto con la Relatoría sobre Derechos de la Niñez y el Grupo de Corte.

El 20 de febrero de 2012 se llevó a cabo la conferencia sobre la “Situación actual de los Derechos Humanos en México”, en el Consejo General de la Abogacía Española. En el marco de este evento, el Relator realizó una presentación sobre el panorama actual de los derechos humanos de los migrantes en México. Este evento fue convocado por el Comité de Solidaridad por México y contó con el auspicio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En el marco del Curso sobre la Seguridad Social en la Globalización, la Relatoría realizó una presentación el 28 de marzo de 2012 por medio de teleconferencia acerca de “Los Derechos Humanos y Laborales de los Migrantes dentro del Sistema Interamericano”. Este curso fue organizado por el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS).

f. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

Los días 2 y 3 de diciembre de 2011 la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, a cargo del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, organizó en la ciudad de Kingston, Jamaica, el Segundo Seminario Latinoamericano de Buenas Prácticas Penitenciarias, el cual en esta versión estuvo dirigido a los Estados del Caribe anglófono. Las memorias y materiales producidos en este evento están disponibles en la página Web de la Relatoría.

El 31 de diciembre de 2011 la CIDH aprobó el Informe regional temático sobre la situación de las personas privadas de libertad en las Américas, cuya publicación y lanzamiento están programados para las próximas semanas.

Por otra parte, durante los días 1 y 2 de febrero de 2012 la Relatoría participó en una mesa de diálogo organizada por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) en el Estado de Oaxaca, destinada a dar seguimiento a implementación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité contra la Tortura (SPT) luego de su misión a México en de 2008. En esta actividad participaron además autoridades públicas del estado de Oaxaca, miembros del SPT, organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente la Relatoría está a cargo del monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad luego del incendio en la Penitenciaría Nacional de Comayagua, lo que involucra entre otras cosas la preparación de una visita de observación a Honduras que se llevará a cabo en abril próximo.

g. Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Los días 5 y 6 de diciembre de 2011 el Relator de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, participaron en el “Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de América Latina” organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En dicha visita, el 7 de diciembre de 2011 la Relatoría impartió un taller dirigido al personal de la Defensoría General de la Nación de Argentina sobre los mecanismos de protección que ofrece el sistema interamericano para defensoras y defensores.

El Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas fue aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de de 2011. El Informe presenta información actualizada sobre la situación de defensoras y defensoras en la región y sobre los estándares de derecho internacional sobre la materia. Asimismo, da seguimiento a las recomendaciones efectuadas en el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas, publicado por la CIDH el 7 de marzo de 2006.

La presentación del informe se realizó el 6 de marzo de 2012 en Ginebra, en el marco del Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Asimismo, durante dicha visita, el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Canton, participaron en un seminario en el cual participó también la Relatora de la ONU, Margaret Sekaggya. Este seminario fue organizado por el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (International Service for Human Rights, ISHR).

El 8 y 9 de marzo, la Relatoría participó en la IV reunión Inter-mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en Ginebra, donde se discutieron temas relacionados con las restricciones indebidas a la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil. En representación de la CIDH participaron el Comisionado José de Jesús Orozco y el Secretario Ejecutivo, Santiago Canton.

El 14 de marzo de 2012 el Relator para Defensoras y Defensores de la CIDH junto con los Relatores sobre defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y los Derechos de los Pueblos (Comisión Africana) emitieron una Declaración Conjunta expresando su preocupación en relación con los actos de represalias contra personas y grupos que buscan cooperar con los sistemas de derechos humanos regionales y de la ONU.

Finalmente, en el marco del 144 período de sesiones de la CIDH, se presentó e Washington el Segundo Informe sobre la Situación de Defensoras y Defensores en las Américas el 28 de marzo de 2012 al cual acudieron defensoras y defensores de toda la región, así como representantes de algunos Estados.

h. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión participó en la audiencia del Caso Néstor José y Luis Uzcátegui, y otros Vs. Venezuela, la cual tuvo lugar durante el 93º periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica. Asimismo, la Relatora Especial participó del II Congreso Latinoamericano sobre Derechos Reproductivos, en la cuidad de San José, Costa Rica en un panel desarrollado en el marco de la Conferencia Magistral: “Acceso a la información: Un derecho para la autonomía reproductiva”. El 9 de febrero, la Relatora Especial participó en el panel organizado por la Universidad Javeriana y FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) en Bogotá, con una intervención sobre el estado de la libertad de expresión en la región. Del 22 al 26 de febrero, la Relatora Especial Catalina Botero y el abogado Michael Camilleri participaron en las audiencias del Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia, las cuales se desarrollaron durante el 94º periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.

i. Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las Personas Trans, Bisexuales e Intersexo

La Unidad para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, creada en noviembre de 2011, ha iniciado sus actividades en torno a tres pilares de trabajo: el tratamiento de casos y peticiones individuales; la asesoría a los Estados Miembros de la OEA y a los órganos políticos de la OEA; y la labor de preparación de un informe hemisférico sobre los derechos humanos de estas personas.

En el marco de la elaboración del informe hemisférico sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, la Unidad ha llevado a cabo una serie de reuniones de expertos y expertas independientes. En junio de 2011, la CIDH, ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud celebraron una reunión de expertos y expertas sobre salud y personas LGTBI, bajo el liderazgo de la Comisionada Dinah Shelton. Durante esta reunión, más de 15 expertos/as presentaron valiosa y amplia información en relación con los obstáculos y desafíos que tienen las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersexuales en el acceso a los servicios de salud y en el ejercicio del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, de conformidad con los estándares internacionales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

El 24 y 25 de febrero de 2012 la CIDH celebró una reunión de expertos y expertas sobre violencia e impunidad, bajo los auspicios de ONUSIDA, la cual estuvo presidida por la Comisionada Tracy Robinson, y en la cual participaron más de 20 expertos/as, quienes aportaron información en relación con la violencia a la que son sometidas las personas por su orientación sexual e identidad de género y la imperante impunidad que existe en torno a estos hechos.

En este contexto, la planificación del trabajo de la Unidad para el año 2012, incluye la realización de reuniones de expertos/as en otros temas, tales como relaciones interpersonales, empleo, cultura, educación y participación política, que permitan relevar las distintas aristas de la problemática y los obstáculos que enfrentan las lesbianas, los gays, las personas trans, bisexuales e intersexuales en el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, garantizados en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.

j. Grupo de Soluciones Amistosas

Con el apoyo de la Comisión Europea, desde el año 2011 se creó el Grupo de Soluciones Amistosas, que tiene como objetivo el fortalecimiento del mecanismo de solución amistosa previsto en los artículos 48.1.f de la Convención Americana y 40.1 del Reglamento de la CIDH. Con esta finalidad, para el año 2012 se tienen previstas diversas actividades como talleres de capacitación para el personal de la Comisión, la elaboración de políticas y protocolos internos con las buenas prácticas llevadas a cabo por este organismo y la publicación de un manual con información sobre los acuerdos de solución amistosa aprobados hasta la fecha.

En relación a los cuestionarios sobre procesos de solución amistosa ante la Comisión publicados el 26 de octubre de 2011, uno dirigido a Estados y organizaciones de la sociedad civil y otro dirigido a expertos/as, programas, escuelas y clínicas de mediación y resolución alternativa de conflictos, se informa que la Comisión ha recibido la respuestas de 16 Estados y 17 miembros de la sociedad civil. Esta información será fundamental para la elaboración del manual sobre soluciones amistosas, que se planifica publicar en el correr del presente año.

V. Trabajo relacionado con la Corte Interamericana

La Comisión Interamericana ha sometido 181 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. Entre enero y marzo de 2012 se sometieron 6 casos: Caso J. (Perú), Liakat Ali Alibux (Surinam), Melba del Carmen Suárez Peralta (Ecuador), Rodríguez Vera y otros-Palacio de Justicia (Colombia), Familia Pacheco Tineo (Bolivia), Allan Brewer Carías (Venezuela).

De la totalidad de casos presentados ante la Corte, los últimos 4 presentados se encuentran en espera de notificación al Estado correspondiente, 15 se encuentran en espera de que se convoque a audiencia pública, 10 en espera de sentencia, 127 en etapa de cumplimiento de sentencia y 19 se encuentran cerrados.

Del 20 de febrero al 2 de marzo de 2012, la Comisión participó en las audiencias del período ordinario de Sesiones de la Corte, celebrado en San José, Costa Rica. En dicho período de sesiones se realizaron audiencias públicas de los casos: Vélez Restrepo y otros (Colombia), Furlán y otros (Argentina), Pacheco Teruel y otros (Honduras), Palma Mendoza y otros (Ecuador), Castillo González y otros (Venezuela). Asimismo, la Comisión participó en las siguientes audiencias públicas sobre medidas provisionales: LM (Paraguay), Gladys Lanza Ochoa (Honduras), y Juan Almonte Herrera (República Dominicana), y en las siguientes audiencias de supervisión de cumplimiento: Castañeda Gutman (México), Pueblo Bello (Colombia) y supervisión de cumplimiento de las medidas de atención médica en 9 casos colombianos.

VI. Aportes financieros

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

En particular, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas en el año 2011 por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y México. También desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: Azerbaiján, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Fondo de Población de Naciones Unidas, de la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), de Save the Children-Suecia y de la Universidad de Notre Dame. Estos aportes contribuyen de manera concreta al fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.

En los primeros tres meses de 2012, la CIDH ha recibido contribuciones de Chile, España, la Comisión Europea, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Save the Children-Suecia.