‘Chuzadas’, la historia sin fin
Al Gobierno le tocaba amarrarse los pantalones para exigir más rendición de cuentas. No lo hizo y hoy resulta víctima de sus omisiones.
Las ‘chuzadas’ reveladas por la revista Semana ponen en evidencia más de una ironía. Sergio Jaramillo, alto comisionado de Paz, terminó espiado por la misma inteligencia militar que él se abocó a reformar.
A comienzos del gobierno, Jaramillo le dio una impronta de liderazgo a la modernización de los servicios de inteligencia. Cuando asumió la responsabilidad de la negociación, el proceso quedó huérfano y sus funciones fueron enterradas en la Alta Consejería para la Seguridad y la Convivencia.
Solo la Policía aprovechó el escándalo del DAS para reforzar los controles internos de su servicio de inteligencia, ajustando sus procedimientos de protección de datos a los protocolos de Europol. Las unidades de cada una de las fuerzas militares, así como la del Comando General, pasaron de agache y la estrategia consistió en tapar, tapar y tapar.
La Oficina del Ato Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló los peligros de una inteligencia a la deriva. Pero el Gobierno pareció tan sordo a las recomendaciones como su predecesor.
La Ley de Inteligencia y la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, en reemplazo del DAS, constituyeron avances. Pero –sentenció la ONU, en su informe para el 2012– las nuevas normas “no serán por sí solas suficientes para poner fin a la utilización del sector de inteligencia para la persecución de intereses ilegítimos”.
Al Gobierno le tocaba amarrarse los pantalones para exigir más rendición de cuentas. No lo hizo y hoy resulta víctima de sus omisiones.
La disolución del DAS tuvo lugar de espaldas a la opinión. No en vano la ONU exhortó al Gobierno “a dar una explicación pública exhaustiva de por qué y de qué manera se cerró el DAS”. Esta cuenta está pendiente y hay mucho para explicar. Solo algunos de los expedientes de las oficinas oficiales del DAS reposan en el Archivo Nacional. ¿Quién da cuenta de los demás?
Peor aún, se ignora el paradero de la información digital e impresa de las oficinas clandestinas del DAS. Ni siquiera se nos ha informado cuántas de ellas existían, dónde operaban y quiénes lo hacían. Tampoco nos han dicho si las autoridades conocen el destino de los equipos utilizados. Por lo poco que sabemos, la sede de Andrómeda bien podría haber sido reciclada.
El Gobierno no parece interesado en dar cumplimiento a la obligación legal de depuración que impuso la Ley de Inteligencia. Casi un año después de entrada en vigor la Ley de Inteligencia, la Comisión Asesora para la Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia no existe todavía.
Es más, el Gobierno no muestra interés en ningún tipo de depuración. Más de 5.000 funcionarios del DAS fueron destinados de manera automática a otras entidades gubernamentales sin pasar por filtro alguno. Hoy, miles de ellos investigan delitos en la Fiscalía y prestan servicios de protección.
La Comisión Legal de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, también creada por la Ley, tampoco ha sido convocada. Aun con sus débiles facultades, algún tipo de supervisión podría imponer sobre un espacio de acción caracterizado por la reserva.
Para colmo de males, la Fiscalía dejó expirar los términos para las investigaciones por las interceptaciones ilícitas del DAS y, el pasado octubre, la Corte Suprema de Justicia cerró la investigación contra el exdirector del DAS Jorge Noguera por este cargo.
Nada bueno podía salir de estas cenizas. Las ruedas sueltas de los militares que ahora enfilan contra el Gobierno solo recibieron mensajes de tranquilidad. La estrategia del apaciguamiento se agotó y le llegó el momento al Gobierno de acabar lo que parece una historia sin fin.
Laura Gil
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