Cese a la infamia contra las víctimas y sus acompañantes
Carta enviada por la Comisión Ética al presidente colombiano Juan Manuel Santos, en la que expresan su preocupación ante las infamias del Estado en tribunales internacionales a víctimas de la operación Génesis. Así mismo hace un llamado al Estado por la seguridad y garantías de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.
Cese a la infamia contra las víctimas y sus acompañantes
Varias ciudades del mundo, febrero 22 de 2013
Señor Presidente Juan Manuel Santos
Reciba un respetuoso saludo.
Queremos compartir nuestra profunda preocupación por la forma tan despiadada, humillante, distante de cualquier consideración humana y de la ética en el ejercicio del derecho que se está desarrollando en litigios internacionales y en los tribunales nacionales contra víctimas de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, así como contra sus organizaciones acompañantes, como la Comisión de Justicia y Paz.
Conocemos de cerca las comunidades de Cacarica, en el Chocó, y en particular la Asociación de Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad, CAVIDA, en donde se originó la Comisión Ética de la que hoy formamos parte. Hemos ido allí y recorrido sus territorios, hemos sido parte algunos de nosotros del Tribunal de los Pueblos que sesionó en ese bello lugar de afrocolombianos; hemos ido a lugares donde fuimos testigos de los restos que quedan del desplazamiento forzado, de la quema de sus ranchos y hemos escuchado sus testimonios, los hemos cotejado y en sana crítica y debido proceso, no es posible dudar de los graves atropellos vividos por grupos de paramilitares en conjunto con la brigada 17 y de las empresas madereras como Maderas del Darién Pizano S.A que se benefició de esas actuaciones, guardando silencio para proteger sus intereses o compartiendo la estrategias criminales.
Conocemos de cerca la situación de las comunidades negras de Curvaradó, territorios a los que hemos conocido de cerca sus iniciativas de protección de la vida y de sus territorios, sus actuaciones en el derecho interno, y los graves atropellos, de los que como en la situación anterior existe una responsabilidad evidente de la brigada 17, la que uso también de estrategias paramilitares.
En ambos territorios hemos escuchado testimonios, hemos realizado cotejos técnicos y hemos constatado fácticamente situaciones que expresan la gravedad de la situación, entre ellas, las operaciones paramilitares en Curvaradó y en los accesos a Cacarica como en Tumaradó sobre el río Atrato.
Conocemos el valor ético de estas comunidades que en medio del conflicto armado han enfrentado graves infracciones al derecho humanitario cometida por el Estado y la guerrilla y desde allí han construido experiencias inéditas como las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, pagando un alto costo en sus vidas, en estigmatización, en montajes judiciales.
Después de haber observado el desarrollo de la Audiencia en la Corte Interamericana sobre el caso Marino López y otros (operación Génesis) no podemos más que expresar nuestra profundo rechazo a las actuaciones de agentes del Estado de Colombia desconociendo los mínimos de humanidad en los contra interrogatorios a los testigos Bernardo Vivas y Sofia Roa. Afrocolombianos a quienes se les atacó, se les negó su condición rural, se les re victimizó y se le pretendió mostrar como testigos falsos.
Situación que se ha repetido con la complicidad de agentes estatales contra las comunidades de Curvaradó y los testigos que han sustentado las operaciones militares, paramilitares y empresariales de despojo para agronegocios de palma, de banano, de yuca, de ganadería extensiva, de desforestación mecanizada.
Todas estas situaciones con la vulneración flagrante a las y los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, que apoyan a estas comunidades como el padre Alberto Franco, Liliana Ávila, Abilio Peña, Manuel Garzón, Danilo Rueda, y del CINEP, el padre Javier Giraldo. El defensor Franco, hace unos días, atacado con armas y silenciador en un atentado frustrado con un mensaje amenazante, con difamaciones contra los demás defensores de derechos humanos, quienes también han sido amenazados y blanco de operaciones ilegales de seguimiento. Hoy Danilo Rueda, su honra y su libertad seriamente lacerada en la picota pública para que organismos de “inteligencia” fabriquen un montaje en el que este defensor de derechos humanos quedé como un comprador de testigos para acusar a los militares de la brigada 17, el general Rito Alejo del Río, paramilitares y empresarios de Maderas del Darién como responsables del desplazamiento en Cacarica en febrero de 1997; mecanismo urdido para desconocer la verdad de las víctimas y el acervo probatorio que existe contra los responsables del desplazamiento de esta comunidad negra que para su regreso en 1999 conformó la organización CAVIDA.
Señor Presidente, una cosa es en debido proceso defender los intereses del Estado y otra cosa es desarrollar una estrategia jurídica de guerra psicológica en un estrado judicial; la verdad de las víctimas en esta caso, es una verdad real, histórica, verdad colectiva que no puede ser inventada y que no puede ser atacada contra la dignidad de quiénes fueron testigos.
Señor Presidente, el mensaje de sus agentes es absolutamente nefasto para las víctimas, para la sociedad, para la comunidad de naciones. ¿Cómo se puede entender que usted proclame una ley de víctimas, y al mismo tiempo, las actuaciones de sus agentes desconozcan los principios básicos de ese reconocimiento?
Señor Presidente, ¿Cuál es su posición ante las víctimas?, ¿la defensa ciega de las instituciones y la mentalidad en qué se formaron millares de agentes estatales en las Fuerzas Militares y policiales, que se negaron actuar en derecho, que obraron encubiertamente, basados en su autoridad para desarrollar estrategias criminales?.
Señor Presidente, ¿Con qué garantías de su gobierno cuentan las víctimas de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, cuándo los efectivos militares les acusan de ser guerrilleros, de ser cómplices o auxiliadores?, sin fórmula de juicio, con montajes judiciales basados en Informes de Inteligencia muchos sabemos qué consecuencias hay para estas sufridas comunidades.
Señor Presidente, como usted lo sabe, un Estado Democrático de Derecho se distingue de un Estado de barbarie por las actuaciones respetuosas de las autoridades respecto a sus ciudadanos? usted considera que la actuación de sus delegados ante la Corte Interamericana así lo refleja? Lo que sucede en los territorios de las comunidades negras en el bajo Atrato y lo que sucedió en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es absolutamente vergonzante, y repudiable, no supera una mirada ética ni en derecho, y envió ya un pésimo mensaje para las víctimas.
Ante este conjunto de situaciones creemos que urge una directiva presidencial que sea asumida por altos mandos militares y policiales de respeto irrestricto a las víctimas y organizaciones que les apoyan y les acompañan. Damos fe que las actuaciones de las comunidades de Cacarica, asociadas en CAVIDA, y de los consejos comunitarios que habitan en las Zonas Humanitarias y de Biodiversidad en Curvaradó y Jiguamiandó distan mucho de las formas de actuación indebida, irrespetuosa, altisonante y también contra la ética y el derecho de quiénes dicen defender desde el Estado las instituciones democráticas.
Señor Presidente cualquier atentado contra la vida e integridad, cualquier operación encubierta psicológica y física solo es responsabilidad estatal, si su deseo es pasar a la historia como el hombre de la paz, lo mínimo que debe ocurrir en este caso, es que se asegure y se brinden las garantías para que las defensoras y defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz, puedan continuar con su labor, luego de 25 años de historia con alta legitimidad y reconocimiento ético de su trabajo en 13 regiones conflictivas de Colombia; lo mínimo que debe ocurrir es que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y la condición de no repetición se generen con un mensaje claro frente a hombres y mujeres cuya mentalidad continúa inspirándose en el odio y la convicción de que los enemigos internos son los ciudadanos que exigen la reconstrucción del Estado de Derecho, en la justicia y el respeto a los bienes comunes de la humanidad,
De toda consideración, por la Comisión Ética de la Verdad,
Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nobel de La Paz – Argentina
Bernardine Dhorn, abogada y docente en la Universidad Northwest Chicago, directora del Centro de Justicia para los niños y la familia, Estados Unidos
Bernardino Camilo da Silva – Abogado del Movimiento Sin Tierra – MST, Brasil
Carlos Fazio, catedrático Universidad Autónoma de Méjico – UNAM, Méjico
Comisión Ética contra la Tortura de Chile
Comunidad de Santo Tomas de Aquino, Pilar Sánchez, Andrés Redondo, España
Enrique Santiago Romero – Abogado, España
Enrique Nuñez, Agrupación de expresos y expresas políticas de Chile
Escuela de las Amerícas Watch (SOA WAtch), Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, EEUU
Espai Catalunya-Comissió Ètica, Vicenta Font de Gregori, Antonio Pigrau España
France Amérique Latine, Francia
Gilberto López y Rivas; profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Méjico
Libertad Sánchez Gil , Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España
Lorenzo Loncon, pueblo Mapuche, Argentina
Mary Bricker-Jenkins, PhD, Professor Emeritus, Temple University, Campaña de los pobres por los derechos económicos y derechos humanos (Poor Peoples Economic Human Rights Campaign), Estados Unidos
Miguel Álvarez, SERAPAZ, experto en temas de Paz y Negociación, Méjico
Madres de la Plaza de Mayo – línea fundadora, Mirta Baravalle, Argentina
Pierluigi Di Piazza – Responsable Centro Balducci – Udine – Italia
Rick Ufford-Chase, Director Ejecutivo, Presbyterian Peace Fellowship, Estados Unidos
Stephen Haymes, Universidad de Paul, Chicago, Estados Unidos