Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres

Las organizaciones de mujeres y de derechos humanos exigen un mensaje claro y de celeridad en la investigación y proceso judicial ante la denuncia de trabajadora del Programa Presidencial de D.H, víctima de delitos sexuales por el responsable de políticas del mismo programa.

Ante los hechos que se presentaron en días pasados, relacionados con la denuncia presentada por Lina María Castro, trabajadora del área de comunicaciones del Programa Presidencial de Derechos Humanos, contra el señor Tomás Concha Sanz responsable de Políticas del mismo programa, por delitos sexuales, y las subsiguientes declaraciones del señor Vicepresidente de la República, Angelino Garzón, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos firmantes exigimos acciones inmediatas del Gobierno Nacional y de la justicia colombiana, que envíen a la opinión pública un mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres .

Parte de ese mensaje deberá expresarse en la solicitud a quien corresponda de cancelación inmediata del contrato de Tomás Concha Sanz mientras concluye el proceso penal en su contra por el delito sexual que se le ha imputado. Asimismo, la respuesta pronta, efectiva e imparcial de la administración de justicia deberá ser parte de dicho mensaje.

Respetuosamente, nos permitimos informar que como organizaciones hemos tomado la decisión de no tener ninguna interlocución con un funcionario o contratista del Estado sobre el cual se esté adelantando una investigación en las circunstancias antes descritas.

Consideramos preciso señalar que la reacción oficial, materializada en las declaraciones del señor Vicepresidente de la República en su comunicado del 12 de noviembre, en el que textualmente se lee: “Reitera su total respeto a las relaciones sentimentales y familiares que se dan al interior de las entidades públicas y privadas, y a lo único que aspira es que los conflictos que a veces surgen en las mismas no deterioren las relaciones laborales o la credibilidad de las instituciones”[1][1], le restan credibilidad a la víctima que valientemente acudió ante las autoridades competentes para denunciar los hechos y quien, de manera clara, indicó que se trataba de una situación de violencia y de abuso de poder en el ámbito laboral.

De igual manera, sin que el término legal para presentar la denuncia haya prescrito, el Vicepresidente cuestiona a Lina María Castro por la demora en denunciar, alentando de esta forma un arraigado imaginario social que tiende a cuestionar y sancionar a las víctimas de violencia sexual en lugar de a la persona denunciada, sin tomar en consideración las graves afectaciones que estas acciones delictivas generan en la psiquis de la persona afectada y en los esfuerzos desplegados a fin de lograr que las mujeres víctimas de delitos sexuales procedan a denunciar sus casos. Circunstancias ampliamente conocidas por las personas que trabajan en derechos humanos y de las cuales debería tener pleno conocimiento el Vicepresidente, quien dirige el proceso de construcción de política pública nacional de derechos humanos.

Rechazamos que el gobierno colombiano habiendo tenido conocimiento de la denuncia de Lina María Castro por violencia sexual, contra el señor Concha, haya delegado en él la representación del Estado colombiano en la audiencia pública ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —CIDH— sobre violencias contra las mujeres en Colombia que tuvo lugar el 27 de octubre del año en curso.

Conocemos perfectamente el lugar y poder del señor Concha por ello, las afirmaciones del Vicepresidente y del señor Concha en el sentido de que no existe relación de mando entre ellos ni respecto de la denunciante, debido a la contratación por prestación de servicios, son argumentos que hablan de una formalidad que no tiene correspondencia alguna con la realidad. Por todas y todos es conocida la existencia de jerarquía en las relaciones laborales con este tipo de contratos, de manera que, reconociendo la capacidad de discernimiento de colombianos y colombianas, no es admisible que el señor Vicepresidente afirme que no puede solicitar la finalización del contrato[2][2], a menos que debamos asumir entonces que el gobierno colombiano no tiene ninguna autoridad frente a sus contratistas cuando éstos están financiados por la cooperación internacional.

Por lo anterior, las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, exigimos que el gobierno nacional se pronuncie respecto de los anteriores hechos de manera que quede claro para la opinión pública su mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. En el mismo sentido, reiteramos que el Gobierno está llamado a realizar las gestiones correspondientes para que sea cancelado el contrato del Señor Concha y los órganos de justicia a investigar y sancionar las conductas penales denunciadas por Lina María Castro

Suscriben:

Alianza de Organizaciones Sociales y Afines