Cerca de 200 líderes comunales han sido asesinados en el país

El Movimiento Comunal de Colombia denunció que desde 2016 a la fecha han sido asesinados cerca de 200 de sus dirigentes en todo el país. Solo en lo corrido de este año las víctimas han sido 120.

Por ello, el domingo 12 de noviembre, al conmemorarse el 59 aniversario del Movimiento Comunal de Colombia, hubo concentraciones en las principales ciudades del país para conmemorar el Día de la Acción Comunal, jornada en la que participaron asociados de las 60.000 Juntas de Acción Comunal que con diversas actividades rindieron un homenaje a sus víctimas para llamar la atención del Estado.

En Bogotá, más de 500 comunales se concentraron en un plantón en la Plaza de Bolívar para conmemorar el día comunal con tres propósitos: reconocer el trabajo abnegado de sus dirigentes, llamar la atención del Estado y rendir homenaje a sus líderes asesinados.

“La acción comunal en Colombia ha jugado un papel estratégico en el desarrollo de las comunidades. Para nadie es un secreto que alrededor de 40% de la infraestructura de barrios y veredas, ha sido construida de la mano de la organización comunal. De esta manera se han realizado acueductos y alcantarillados, carreteras, colegios y jardines infantiles, parroquias, salones comunales, parques y vías, en los últimos 50 años”, dijo Alejandro Rivera, vocero de la Federación de Acción Comunal de Bogotá, organización que agrupa las 1.773 Juntas de Acción Comunal de la Capital.

En los parques de las ciudades capitales el movimiento comunal organizó comparsas, grupos juveniles, música y teatro.

Así mismo, en el ‘Carnaval por la vida y la esperanza’ se rindió un homenaje a los líderes comunales que por su trabajo decidido en defensa de sus comunidades han sido asesinados. Sólo en octubre, de acuerdo con esta agremiación, fueron asesinados cuatro líderes sociales y comunitarios en menos de 48 horas: José Jair Cortés (Tumaco, Nariño); Liliana Astrid Ramírez Martínez (Coyaima, Tolima); Eliécer Carvajal (Puerto Guzmán, Putumayo); y Liliana Patricia Cataño Montoya (Medellín, Antioquia).

Y de acuerdo con el movimiento político Marcha Patriótica, en lo que va de 2017 han sido asesinados 120 líderes sociales en el país y según la Defensoría, desde enero de 2016, los líderes sociales y de derechos humanos han sido blanco de ataques que dejaron 190 muertos.

HISTORIA DE LAS JAC EN COLOMBIA

El origen de las Juntas de Acción Comunal en el país se remonta a finales de la década de los cincuenta en la Universidad Nacional de Colombia y fue en la vereda de Saucito, en el municipio de Chocontá, donde tuvo su aparición la primera.

Allí, en la pequeña vereda de minifundistas, los vecinos decidieron organizarse para construir una escuela comunal que hoy es un monumento nacional porque fue el laboratorio donde se determinaron algunas de las primeras reglas en lo concerniente a la conformación de juntas de acción comunal.

Este proceso se forjó en el seno de la recién creada Facultad de Sociología de la Universidad, de la cual era Decano el sociólogo Orlando Fals Borda (1925-2008).

En aquel momento, el Ministro de Educación, Abel Naranjo Villegas, pidió a la institución que plasmara por escrito la experiencia vivida en esta vereda.

Tiempo después se convirtió en un capítulo de la Ley 19 de 1958, la primera norma que se expidió en Colombia sobre la acción comunal, en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, sancionada el 25 de noviembre de ese año, la cual autoriza a los concejos municipales las asambleas departamentales y al gobierno nacional, encomendar a las juntas de acción comunal conformadas por vecinos organizados, para ejercer funciones de control y vigilancia de ciertos servicios públicos.
Actualmente la organización comuna a nivel nacional cuenta con más de 60.000 Juntas de Acción Comunal y más de ocho millones de afiliados.

Las juntas de acción comunal se rigen por la Ley 743 de 2002 y el Decreto Reglamentario 2350 del 2003 que fijó el segundo domingo de noviembre de cada año para la celebración del Día Nacional de la Acción Comunal, evento que anualmente debe ser realizado, según la norma, por el Ministerio del Interior, las Gobernaciones y las Alcaldías.