Carta Abierta a los y las jefas de estado de Estados Americanos en ocasión de la 51° sesión ordinaria de asamblea general de la OEA
La Organización de Estados Americanos (OEA), en su 51° Sesión Ordinaria de la Asamblea General, ha decidido discutir sobre los elementos para contar con “una América renovada”. Dicho título busca agrupar las principales preocupaciones de las Américas en virtud de la pandemia del COVID-19.
Amnistía Internacional considera que, en las Américas, como lo ha resaltado en otras oportunidades, la pandemia tuvo consecuencias significativas en materia de derechos humanos, poniendo en evidencia graves falencias estructurales del continente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero, además, varios Estados del continente volvieron a recurrir a la represión de aquellos que se manifestaron en favor de reivindicaciones de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo los derechos a salud y educación, así como otras medidas para mitigar los efectos de la pandemia.
Si la Asamblea General quiere ver un continente auténticamente renovado, tiene que buscar soluciones integrales a los problemas históricos y estructurales de la región. El multilateralismo americano tiene que centrar sus esfuerzos en hallar soluciones a sus problemas que provengan de la garantía y respeto de los derechos humanos. Así, los derechos humanos deben traducirse en políticas públicas de inmediato cumplimiento. En esta oportunidad, Amnistía Internacional reitera a los Estados miembros de la OEA y al Secretario General las siguientes consideraciones sobre algunas situaciones urgentes de los derechos humanos en el hemisferio:
- Respuesta a los efectos de la pandemia COVID19
No es sorprendente que las Américas ha sido la región más afectada por la pandemia de COVID-19. Las graves crisis de derechos humanos por los que el ya continente atravesaba crearon tierra fértil para que eventualmente se convirtiera en el epicentro del nuevo coronavirus. El impacto de la pandemia no solo se siente por los números de contagios y víctimas fatales, que representan aproximadamente el 46% del total en el mundo. Este impacto también se siente por las consecuencias inmediatas y futuras con relación al ejercicio de derechos humanos, sobre todo de grupos históricamente marginalizados, como los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las mujeres y niñas, y las personas migrantes y refugiadas, entre otros; pero esos impactos son también el resultado de las respuestas equivocadas y poco efectivas de los propios Estados.
Al comenzar el año 2020, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que sólo empeoró con la pandemia, al producir por lo menos 22 millones más de personas en situación de pobreza. El COVID-19 golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que la falta de medidas gubernamentales diferenciadas con frecuencia ha exacerbado la situación de marginalización de muchos grupos de población.
La carrera para distribuir vacunas contra el COVID-19 en la región, que parecía brindar una luz al final del túnel, hoy cobra más el ánimo de una crisis adicional. Los Estados tienen que recurrir de manera urgente a mecanismos de cooperación internacional, y colaboración que permitan garantizar que el acceso a las vacunas será universal. Amnistía Internacional hace un llamado también a los Estados que garanticen a toda la población la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los centros médicos y los medicamentos. Las autoridades deben adoptar leyes y políticas para garantizar que las empresas farmacéuticas se ajustan a las normas de derechos humanos.
- Situación de personas migrantes y en necesidad de protección internacional
El continente americano continúa albergando varios de los movimientos transfronterizos de personas más importantes del mundo, sea producto de la crisis de derechos humanos en Venezuela que ha expulsado a más de 5.6 millones de personas buscando protección internacional, o de crisis política y humanitaria en Haití que provoca el movimiento de miles de personas atrapadas en diferentes fronteras en el continente, o la situación de violencia generalizada, a la que se ha sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, propiciando que decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente.
Ante la imperiosa necesidad de protección, varios Estados están respondiendo con políticas restrictivas y muchas veces inhumanas, deteniendo a personas migrantes y refugiadas en condiciones precarias, mientras que otros llevan a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta sus solicitudes de asilo o la imposibilidad de retorno, como en el caso de Haití. La militarización de las fronteras se ha convertido en una constante en varios países de la región, generando un contexto de violaciones a los derechos humanos no solo de las personas que intentan buscar protección, sino de las propias comunidades de acogida.
Es urgente que los Estados miembros de la OEA adopten una respuesta coordinada con el fin de proveer de protección a personas migrantes y refugiadas, fortaleciendo su capacidad e infraestructura en respuesta a los flujos transfronterizos y poniendo los derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana en el centro de su acción.
- Países de especial preocupación
La “América renovada,” a la que aspira la OEA, necesita que los Estados miembro redoblen sus esfuerzos para que la observancia y el respeto de los derechos humanos sean una realidad para quienes habitan en el hemisferio. En particular, Amnistía Internacional pone especial atención en la situación de las personas que habitan tres países del hemisferio, cuyas complejas condiciones de derechos humanos son emblemáticas sobre la necesidad de abordar estos temas de manera integral durante la Asamblea General:
- Brasil
El impacto que la pandemia del COVID-19 ha dejado en Brasil se puede explicar, en gran medida, por las acciones y omisiones de las autoridades estatales en la crisis sanitaria. Así, la falta de un genuino compromiso por parte del gobierno federal en la propuesta y coordinación intergubernamental de medidas y políticas efectivas en temas de salud y asistencia social ha sido la constante durante la pandemia.
Las condiciones sociales preexistentes y la frágil capacidad de respuesta e inversión del gobierno federal en políticas públicas y acciones de emergencia para enfrentar el COVID-19 han traído consigo un impacto desproporcionado en grupos históricamente discriminados y en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Además de la escasa disponibilidad de las pruebas para detectar el COVID-19 y la falta de coordinación y planificación en su realización, así como el acceso a las pruebas para detectar el virus, fue más difícil para la población de bajos ingresos. En noviembre de 2020, por ejemplo, las personas situadas en el tramo de ingresos superior a cuatro salarios mínimos consumieron cuatro veces más pruebas que el segmento de población que vive con menos de medio salario mínimo1.La falta de medicamentos e insumos para el tratamiento de las personas infectadas también permea constantemente la realidad de los establecimientos de salud del país. En enero de 2021, 51 personas murieron en Manaos, en el estado de Amazonas, debido a la falta de oxígeno en los hospitales. La escasez de los llamados “kits de intubación” sometió a pacientes y a profesionales a situaciones de estrés y sufrimiento que podrían haberse evitado.
La insuficiencia de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos (UCI) para el tratamiento del COVID-19 también figura entre las principales dificultades a las que se enfrentó la población brasileña a lo largo de la pandemia. En diciembre de 2020, 20.642 muertes por COVID-19 se produjeron en unidades prehospitalarias o de emergencias. Estas muertes en espera de vacantes adecuadas se produjeron más entre las poblaciones afrodescendientes, indígenas y de ascendencia asiática (13,1% del total de pacientes ingresados) que entre quienes pueden ser considerados como blancos (9,2%), y se concentraron, casi exclusivamente, en los centros públicos.
El 67% de las personas que dependen exclusivamente del Sistema Único de Salud (SUS), el sistema sanitario público, son afrodescendientes. La población afrodescendiente también configura la mayoría de los pacientes pertenecientes al grupo de riesgo para el COVID–19 y la mayoría de quienes trabajan en el sector informal y de servicios esenciales, estando más expuestos al virus y a la falta de asistencia. No es casual que la proporción de personas afrodescendiente y blancas muertas a causa del coronavirus fuera del 55% y el 38% sobre el total de la población, respectivamente.
También, debe señalarse que la pandemia ha contribuido a que las cifras de indigencia e inseguridad alimentaria se hayan disparado en 2020. Casi el 9% de los brasileños y brasileñas, equivalente a la población total de Chile, vive con falta de comida en sus platos. En otras palabras, el hambre tiene género, color y población: afecta al 11% de los hogares encabezados por mujeres, al 10% de los hogares encabezados por personas afrodescendientes y se concentra principalmente en las regiones del norte y el nordeste del país y en las barriadas y periferias urbanas y zonas rurales.
Las desigualdades observadas en el ámbito de la educación también son graves. Más de 1,8 millones de estudiantes no disponen de equipos electrónicos para estudiar y unos 6 millones carecen de acceso a internet, lo que hace inviable o dificulta la enseñanza a distancia. Unos 4 millones de estudiantes abandonaron sus estudios en 2020. Entre los alumnos que abandonaron este año, el 80% procedía de escuelas públicas, que atienden mayoritariamente a los estratos más pobres de la población. Los datos también son alarmantes cuando el tema es la vivienda y la seguridad. Entre marzo de 2020 y junio de 2021, al menos 14.000 familias fueron desalojadas de sus hogares.
Además de las violaciones de derechos humanos inherentes al uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, las operaciones policiales en la ciudad de Río de Janeiro provocaron, según los datos recopilados por la organización Fogo Cruzado, 221 interrupciones o cambios en el funcionamiento de los centros de salud y 57 suspensiones de los servicios de vacunación contra el Covid-19.
El 27 de abril de 2021, se creó una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en el Senado Federal para investigar las acciones y omisiones del Gobierno Federal en las medidas para hacer frente a Covid-19. Aunque el IPC aún está en proceso, hay elementos y evidencias que apuntan a la responsabilidad de la gestión de Jair Bolsonaro en la situación de calamidad sanitaria y humanitaria que vive Brasil. El discurso y las estrategias anticientíficas, la insistencia en el “tratamiento precoz”, el colapso del sistema sanitario y la negligencia en cuanto a la vacunación masiva refuerzan el argumento que Amnistía Internacional ha venido defendiendo a lo largo de este periodo: las muertes evitables tienen una responsabilidad atribuible.
- Colombia
En abril del 2021, lo que comenzó con una manifestación en contra de una ley de reforma tributaria se fue diversificando en causas y propagando por casi todo el país. Colombia es uno de los países más desiguales de la región, las personas manifestantes demandaban mayor igualdad y la garantía de derechos económicos sociales y culturales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, en un contexto de pandemia por COVID 19. A la vez, miles de personas se manifestaron por el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en el 2016 y el recrudecimiento de la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales.
Si bien la mayoría las manifestaciones fueron pacíficas.2 También se tiene registro de daños en los bienes públicos y privados, como daños a estaciones y buses de servicio de transporte público. Algunas personas manifestantes construyeron barricadas, lo que supuso obstrucción temporal de las vías públicas en varias ciudades de Colombia. Pese a lo anterior, el gobierno del presidente Iván Duque Márquez respondió con estigmatización, criminalización y represión policial severa de la protesta. La presencia de militares con más de seis décadas de formación en conflictos armados, en las calles de centros urbanos, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas.
En ese contexto, organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian la muerte de al menos 28 personas desde fines de abril hasta fines de junio, como resultado del accionar ilegal de la Fuerza Pública. Además, han documentado al menos 81 casos de lesiones oculares y 28 casos de violencia sexual en el marco de manifestaciones. Las cifras de detenciones arbitrarias denunciadas por organizaciones de la sociedad civil ascienden a unos 2.000 casos. Además de 300 personas presuntamente dadas por desaparecidas en el marco de la protesta.
Una investigación de Amnistía Internacional da cuenta del uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas. Asimismo, la organización documenta una incursión de agentes de Policía Nacional en conjunto con agentes de Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), que usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm contra manifestantes pacíficos en el barrio Siloé de la ciudad de Cali. Esta investigación también ha puesto en evidencia la existencia de ataques de civiles armados, quienes, con la aquiescencia y tolerancia de agentes de la Policía Nacional, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos, constituyendo así expresiones de paramilitarismo urbano.
Por último, Amnistía Internacional considera que las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada de personas, cometidos por agentes de la fuerza pública en Colombia o por grupos que contaron con su aliento o tolerancia, no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento, destinado a infligir miedo y desincentivar la protesta pacífica.
- Nicaragua
La crisis de derechos humanos de Nicaragua ha continuado, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional, de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, y de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de víctimas. En mayo de este año, el gobierno de Daniel Ortega inició una nueva fase de su estrategia represiva. Así, se efectuó la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al gobierno. Desde mayo hasta el 2 de agosto del corriente año, más de 30 personas fueron privadas arbitrariamente de su libertad, entre ellas siete aspirantes a la presidencia, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos. Entre las personas detenidas recientemente también se encuentran activistas políticos, figuras públicas de la vida política del país, ex-trabajadores de organizaciones de la sociedad civil, líderes estudiantiles, representantes campesinos y periodistas, entre otros.
En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que su contendido limita indebidamente el ejercicio de los derechos políticos protegidos por las normas internacionales de derechos humanos.3 En la mayoría de las detenciones recientes, las personas están siendo investigadas por incitar la “injerencia extranjera” – concepto vago y subjetivo – en los asuntos internos, en aplicación a la referida ley.
La organización advierte casos de desaparición forzada de persona, un crimen de derecho internacional, como forma de represión. Así, Amnistía Internacional pudo documentar que al menos 10 de las personas detenidas sufrieron de desaparición forzada por un cierto período de tiempo. De igual forma, la organización reconoce que, gracias a la presión internacional, el gobierno de Daniel Ortega permitió que familiares de tales víctimas pudieran al fin reunirse con algunas de estas personas detenidas. Sin embargo, sus familias continúan denunciando las precarias condiciones de detención y la falta de visitas regulares.
Como se ha señalado con anterioridad, el camino a las elecciones nicaragüenses se ha caracterizado por el recrudecimiento de la crisis de derechos humanos en el país. Este deterioro cada vez más alarmante incluye violaciones a la libertad e integridad personal, la libertad de expresión y asociación, la libertad de prensa, entre otros reiterados obstáculos al ejercicio de derechos civiles y políticos.
- El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un patrimonio a salvaguardar en las Américas
El Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ambos entes autónomos e independientes de la OEA, es una pieza fundamental para la realización de los derechos humanos en las Américas.
En esta Asamblea General, la OEA tendrá la oportunidad de elegir a más de la mitad de quienes conformarán tanto la CIDH como la Corte IDH. Que el Sistema Interamericano continúe siendo una herramienta útil para combatir la impunidad y permita investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios sometidos a la jurisdicción de los Estados, cuando los Estados de la región no han podido o no han querido, y que, además, las víctimas cuenten con un mecanismo de protección independiente y capaz de garantizar la verdad, la justicia y la reparación, pende directamente de contar con personas con las más altas credenciales y con el compromiso inequívoco de defensa de los derechos humanos para asumir el reto de dirigir este sistema.
Al respecto, Amnistía Internacional hace un firme llamado a los Estados miembros de la OEA a elegir a quienes conformarán la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, teniendo presente los principios de rectores de transparencia, imparcialidad e idoneidad. Quienes además de contar con los principios antes mencionados, deben tener un alto compromiso a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares, pues en muchas oportunidades el Sistema Interamericano ha representado la última esperanza de obtener justicia, verdad y reparación en este continente.
1 Veáse Werneck, G.L; Bahia, L; Moreira, J:P.L; Scheffer, M. (Grupo do Alerta) “Mortes evitáveis por Covid-19 no Brasil”, jun- 21, http://idec.org.br/sites/default/files/mortes_evitaveis_por_covid-19_no_brasil_para_internet_1.pdf
2 Declaración de la Vicepresidenta y Canciller, Marta Lucía Ramírez, al término de la reunión con la Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Juliette de Rivero, 25 de junio de 2021, disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/video/declaracion-vicepresidente-canciller-marta-lucia-ramirez-termino-reunion (último acceso el 5 de julio de 2021).
3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH rechaza la aprobación de la norma que restringe derechos políticos en Nicaragua. Disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/003.asp 6 de enero de 2021.
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