Carta sobre Colombia, de organizaciones norteamericanas a Obama

The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Estimado Presidente Obama:

Usted nos ha desafiado a asumir los retos importantes que enfrenta nuestra nación y a
hacer un cambio genuino en la forma como Estados Unidos se relaciona con el resto del
mundo.


En Colombia, un cambio real en política comienza por reconocer que el enfoque militar al tráfico de drogas de los últimos ocho años ha sido un absoluto fracaso y que se necesita una nueva política. Este enfoque, llamado Plan Colombia, ha buscado reducir la producción de hojas de coca a la mitad para afectar el precio y la disponibilidad de cocaína en nuestras comunidades y, en últimas, reducir el uso de cocaína y los problemas sociales que éste genera. Para tal fin, Estados Unidos ha gastado más de $6 miles de millones de dólares desde 2000, cerca del 80% en las fuerzas armadas colombianas.

Mirado desde todos esos indicadores, el plan ha sido un desperdicio de recursos. La cocaína que entra a Estados Unidos cuesta lo mismo que costaba hace ocho años, en algunos sitios es más económica y más fácil de conseguir. La aspersión aérea ha causado un desastre medioambiental y menoscabado la salud y cultivos de campesinos colombianos pobres, en tanto que la cantidad de hojas de coca cultivada se ha mantenido constante, lo que sugiere que Plan Colombia tiene muy poco impacto con cualquier fluctuación del precio.

Mas de tres cuartos de la asistencia de Estados Unidos a Colombia se ha dirigido a una erradicación de drogas fallida. Los promotores de la asistencia también aducen que el plan también ha resultado en una disminución de secuestros por la guerrilla, menos masacres y
la desmobilización de 30,000 paramilitares. Sin embargo, para millones de colombianos su seguridad ha sido arrasada. Desde que Plan Colombia inició, más de 2.5 millones de colombianos han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia, dando lugar a la peor
crisis humanitaria del hemisferio. Indígenas cuyas identidades están en riesgo de extinción y afrocolombianos representan número desproporcionado de desplazados internos. Y el desarraigo de desplazados internos de sus comunidades continúa con igual intensidad: más de 270,000 huyeron en el primer semestre de 2008. Para esas familias, ésta no es una guerra contra el terror, sino el mismo terror.

Ambos bandos del conflicto armado en Colombia han cometido atrocidades terribles. Las fuerzas armadas financiadas por Plan Colombia tienen el peor récord en abusos de derechos humanos en las Américas, y el asesinato de civiles por el ejército –casi la mitad
cometidos por unidades apoyadas por Estados Unidos ‐ ha aumentado en los dos últimos años. Por consiguiente, Estados Unidos no debería armar bando alguno en un guerra sin fin en cual la mayoría de quienes sufren son civiles.

En mayo pasado, usted dijo “a la persona que vive con miedo a la violencia no le importa si está amenazada por un paramilitar de extrema derecha o por un terrorista de izquierda…

por un cartel de la droga o una fuerza de policía corrupta. A ellos solamente les importa que … sus familias no pueden vivir y trabajar en paz.” Nosotros compartimos ese pensamiento. Para nosotros, y pensamos que para Usted, sí importa que la gente esté amenazada por fuerzas armadas corruptas y brutales que han sido entrenadas y equipadas con el dinero de nuestros impuestos. Nosotros queremos que eso cese.

No tiene que ser de esa manera. Nuestra nación podría promover la tan anhelada paz en Colombia si estamos dispuestos a usar nuestros recursos en diplomacia para apoyar una paz negociada. Mientras miles de millones fluyen a la guerra en Colombia, los programas
de salud para tratar la adicción a las drogas y la economía grande aquí en casa sufren de un profundo déficit social. De la población que abusa de las sustancias, siente la necesidad de tratamiento y está lista a dejar de usar las drogas, más de la mitad no pueden pagar el costo
del tratamiento. La actual crisis económica hará que la situación para esas personas y sus familias sea aún peor, a menos que actuemos.

Por las anteriores razones, le instamos a:

* Reconsiderar la fallida “guerra contra las drogas” en Colombia. En lugar de gastar miles de millones en una fallida estrategia “del lado de la oferta” que financia abusos a los derechos humanos, destruye el medio ambiente y alimenta un conflicto armado que lleva décadas, Estados Unidos debería terminar la ayuda militar al ejército colombiano.
Comenzar por suspender toda la asistencia para fumigación y entrenamiento militar.

* Apoyar una terminación negociada al conflicto armado en Colombia, usando todos los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos.

* Invertir en desarrollo alternativo real afuera y en prevención y tratamiento de drogas en casa. La asistencia a Colombia debería incluir mucha más ayuda humanitaria a los millones de desplazados internos, administradas por agencias independientes no ligadas a lo militar
y apoyar la justicia para las víctimas de la guerra. El gobierno federal debe financiar completamente el Bloque de Becas para Abuso de Sustancias e incluir tratamiento a la adicción en la reforma integral a la salud. Dicho tratamiento reducirá, a la larga, los gastos en salas de emergencia y los costos en la justicia criminal originados en la adicción no tratada.

Creemos que esta nación necesita un cambio en su fallida política hacia Colombia. Esto requiere una profunda revisión de cómo se gastan los fondos y qué resultados han producido en lo que lo importa más –respecto de los más vulnerables y las víctimas de la violencia. Esperamos trabajar con Usted y el Congreso para lograr esas metas.

Atentamente,

Instituciones de Fé y Organizaciones Nacionales

Chuck Kaufman, Coordinator

Alliance for Global Justice

Baptist Peace Fellowship of North

America

Zenju Earthlyn Manuel

Executive Director

Buddhist Peace Fellowship

James Jordan, National Coordinator

Campaign for Labor Rights

Adam Isacson

Director of Programs

Center for International Policy

The Church of God Peace Fellowship

Medea Benjamin, Co-founder

Codepink

Mark C. Johnson, Ph.D.

Executive Director

Fellowship of Reconciliation

Philip McManus, Co-Chair

Forging Alliances South and North

Kirsten Moller, Executive Director

Global Exchange

Lutheran Peace Fellowship

Maryknoll Office for Global Concerns

Jim Schrag

Executive Director

Mennonite Church USA

Mennonite Central Committee U.S.

Washington Office

Rev. Kathryn J. Johnson

Executive Director

Methodist Federation for Social Action

Lee Siu Hin, National Coordinator

National Immigrant Solidarity Network

Sylvia Romo, Interim Executive Director

Network in Solidarity with Guatemala

Katherine Hoyt, National Co-Coordinator

Nicaragua Network

Michael Beer, Executive Director

Nonviolence International

Christy Thornton

Director and Publisher

North American Congress on Latin

America

Ken Butigan, Executive Director

Pace e Bene

Dave Robinson, Executive Director

Pax Christi USA: National Catholic Peace

Movement

Paul Kawika Martin

Organizing, Political and PAC Director

Peace Action

Rick Ufford-Chase

Executive Director

Presbyterian Peace Fellowship

The Quixote Center

Pamela Bowman

Legislative Coordinator

School of the Americas Watch

Barbara Gerlach

Colombia Liaison

United Church of Christ Justice and

Witness Ministries

Kelly Nicholls, Executive Director

U.S. Office on Colombia

Alfred L. Marder, President

US Peace Council

Stephen Coats, Executive Director

U.S. Labor Education in the Americas

Project (USLEAP)

Banbose Shango

National Co-Coordinator

Venezuela Solidarity Network

Michael T. McPhearson

Executive Director

Veterans For Peace

Melinda St. Louis, Executive Director

Witness for Peace

Women for Genuine Security

Organizaciones Regionales y Locales

Brooklyn For Peace

James H. Vondracek

Managing Director

Chicago Religious Leadership Network

on Latin America

Colombia Aqui Collective/Bay Area

Colombia Working Group

Colombia Human Rights Committee

Washington, DC

Haiti Action Committee

Berkeley, California

Judy Barry, Co-Chair

IF

Watsonville, California

InterReligious Task Force on Central

America

Cleveland, Ohio

Lehigh-Pocono Committee of Concern

(LEPOCO Peace Center)

Pennsylvania

Movement for Peace in Colombia

New York, New York

Greater New Haven Peace Council

Nicaragua Center for Community Action

(NICCA)

Rev. Deborah Lee, Program Director

PANA Institute for Leadership

Development and Study of Pacific Asian

North American Religion

Berkeley, California

Nada Khader, Executive Director

WESPAC Foundation

Westchester County, New York