Carta pública de los familiares de los desaparecidos en el palacio de justicia

27 años después de ocurrido el Holocausto del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, los familiares de los desaparecidos continuamos exigiendo verdad, justicia, reparación integral, la búsqueda y entrega de los restos de quienes, estando en custodia de miembros de la fuerza pública y de los organismos de seguridad del Estado colombiano, fueron desaparecidos de manera forzada.

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”
–Obispo Desmond Tutu–

No cesamos de exigir la verdad de lo que hicieron con nuestros familiares, por más dolorosa que sea, ya que solo de esta manera podremos acercarnos a una justicia real, acabar con la incertidumbre de su destino y elaborar el duelo que se ha impedido durante tanto tiempo.

Rechazamos de nuevo la injerencia y falta de respeto del Poder Ejecutivo hacia las sentencias. En especial la que profirió el Tribunal Superior de Bogotá, que ordena continuar las tareas de búsqueda de nuestros familiares o sus restos, la realización por el Estado de actos de perdón a los familiares y a la sociedad, así como la solicitud a la CPI para investigara el compromiso del ex presidente Betancur en la comisión de los crímenes, ya que no fue respetada porque el presidente Juan Manuel Santos quien expresó que si se debe pedir perdón, es a los militares y al ex presidente Belisario Betancur, desconociendo las responsabilidades del jefe de Estado y de los encargados del operativo militar. Se continuó así con la misma tónica oficial del ex presidente Álvaro Uribe, actitud que cubre de impunidad un crimen de lesa humanidad que intenta apenas ser esclarecido un cuarto de siglo después.

La justicia ha hecho un avance muy importante con las condenas del ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega en primera y segunda instancia y del ex general Jesús Armando Arias Cabrales en primera instancia; esperamos que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Superior de Bogotá, mantengan las decisiones a pesar de las presiones y dificultades por las que atraviesa la justicia. El Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia (INPEC) ha incumplido con el sitio de reclusión que corresponde de acuerdo a la ley en el caso de crímenes de lesa humanidad, además ha hecho caso omiso a las peticiones que le hemos presentado, los mantiene en dependencias militares, con toda suerte de comodidades, convirtiéndose en un nuevo factor de impunidad.

En el caso del ex general Iván Ramírez Quintero (ex comandante del Comando de Inteligencia y Contra Inteligencia –COICI–) la sentencia de primera instancia es contundente en su contenido respecto a la responsabilidad en las desapariciones, no obstante la juez decidió absolverlo. Esperamos que el Tribunal Superior de Bogotá si sea consecuente entre su argumentación y su decisión, condenando de acuerdo a la responsabilidad del procesado.
Consideramos inadmisible que el proceso contra los cinco ex miembros del grupo de inteligencia del ejército (B-2), en cabeza del ex coronel Edilberto Sánchez Rubiano, no haya llegado a una sentencia debido a las actuaciones dilatorias promovidas por la Procuraduría General de la Nación y los defensores, en un juicio que ya cumple siete años.

Rechazamos rotundamente la ampliación del fuero militar, actualmente en discusión en el congreso. En el caso del Palacio de Justicia la alteración de la escena del crimen bajo el control militar y la posterior injerencia de la justicia penal militar que terminó con absoluciones, han contribuido en gran medida a la impunidad y dificultaron la investigación por parte de la Fiscalía.

Exigimos que el Estado colombiano asuma de manera responsable la búsqueda de nuestros familiares, respete las decisiones judiciales y junto con su aparato militar le cuente a Colombia la verdad de lo que hicieron con nuestros familiares y el sitio en donde se encuentran ellos o sus restos.

Hoy, más de un cuarto de siglo después de la tragedia la mayor parte de madres y padres de los desaparecidos ha fallecido sin que se les haya respetado sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.

El crimen de Estado que desapareció a nuestros familiares en el Palacio de Justicia y ejecutó a Carlos Horacio Urán no encontrará su epílogo hasta que se obtenga Verdad, Justicia y Reparación integral.

Hacemos un llamado a la comunidad de naciones, a la solidaridad internacional, a los grupos y movimientos de defensa de los Derechos Humanos, para que se mantengan vigilantes en el desarrollo del caso y velen porque el Estado cumpla con:

• Garantías para la independencia judicial y el cumplimiento de las sentencias.

• El cese de proyectos de ley, de reforma constitucional o de mecanismos como reformas a la justicia y al fuero militar para asegurar la impunidad.

• Adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida e integridad de operadores judiciales, nuestras familias y nuestros representantes legales.

¿Dónde están los Desaparecidos del Palacio de Justicia:

27 años de impunidad