04 Nov 2012
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Carta pública al Gobierno de Santos y al Secretariado de las FARC

El pasado 4 de septiembre dirigimos nuestra primera comunicación a ustedes, al ELN y al presidente Santos. Dado que nos asumimos respondidos en sus respuestas públicas y en las del ELN entre septiembre y noviembre, y a pesar que el gobierno no ha dado respuesta a diversos derechos de petición, hoy a pocos días de la reunión que sostendrán en la Habana dentro del Acuerdo General para la superación del conflicto, queremos compartir nuestras inquietudes frente a la discusión metodológica del próximo 5 de noviembre.


Diversos lugares de Colombia, noviembre 4 de 2012

Señor
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de Colombia
y delegados del gobierno para conversaciones con las FARC – EP

Señor
TIMOLEÓN JIMÉNEZ
Secretariado de las FARC – EP
y Delegación de las FARC para las conversaciones de Paz

Ref: Solicitud de participación y debate metodológico

Reciba un saludo respetuoso de la Red de Alternativas, Comunidades Construyendo la paz con vida en los Territorios, conformada por diversas organizaciones y comunidades que en diversas regiones de Colombia.

El pasado 4 de septiembre dirigimos nuestra primera comunicación a ustedes, al ELN y al presidente Santos. Dado que nos asumimos respondidos en sus respuestas públicas y en las del ELN entre septiembre y noviembre, y a pesar que el gobierno no ha dado respuesta a diversos derechos de petición, hoy a pocos días de la reunión que sostendrán en la Habana dentro del Acuerdo General para la superación del conflicto, queremos compartir nuestras inquietudes frente a la discusión metodológica del próximo 5 de noviembre.

Insistimos que ningún proceso hacia la paz con justicia será legítimo sin la participación de la sociedad, de las organizaciones que somos víctimas y que hemos construido propuestas humanitarias y de paz. Sin acuerdos con garantías precisas de igualdad y de equidad para la vida y la libertad de expresión en los medios electrónicos masivos, y la factibilidad financiera no será viable un proceso hacia la paz en democracia en un proceso de mediano plazo.

Por eso les planteamos que en la discusión metodológica de mañana 5 de noviembre se asuman, además de sus puntos de vista, los siguientes: Acuerdo Especial, participación, contenidos y otras garantías.

A. SOBRE UN ACUERDO ESPECIAL
Hemos conocido la propuesta de Acuerdo Especial de Colombianas y Colombianos por la Paz, la que interpreta nuestra situación presente, no solo la del pasado. Hemos vivido los efectos de la guerra, y continuamos habitando territorios que son escenarios del conflicto armado. Continuamos siendo víctimas de crímenes de Estado en medio de la militarización dentro de los planes de Control Social Territorial y afectados profundamente por las confrontaciones armadas y el desarrollo de los dos modelos de guerra.

Bajo el pretexto de la persecución al movimiento insurgente o bajo el pretexto de ataques a las guerrillas continuamos siendo víctimas inermes. Reiteramos que en medio de la grave militarización se continúa beneficiando sectores empresariales de nuestra situación pues se aseguran sus inversiones y en nosotros un despojo de los recursos de la nación o una destrucción de nuestras propuestas.

Así que ¿Más allá de los cálculos de fuerza si se va a pactar la paz porque no se ahorran daños irreparables? O si lamentablemente se llegara a prolongar la guerra se podría avanzar ya en la concreción de lo humanitario. Concretar un Acuerdo Especial en medio de las confrontaciones posibilitaría:

a. Libertad de expresión
Nuestra posibilidad para pensar, participar, poder compartir y discutir nuestras propuestas en el escenario de las conversaciones se imposibilita en razón de la continuidad de las hostilidades y confrontaciones armadas y de actuaciones paramilitares.

Proponemos:

1. el cese de operaciones armadas ofensivas y la imposibilidad del uso de bienes y de espacios de la población civil para operaciones armadas.

2. Resultados inmediatos frente a estructuras paramilitares.

3. Respuesta de la Unidad de Protección a nuestras propuestas de esquemas de protección colectiva y de líderes y de respeto a las iniciativas humanitarias.

b. Protección de Derechos territoriales.

Proponemos:

1. No realización de actuaciones armadas que protejan las operaciones empresariales, de modo que los habitantes tradicionales tengamos una condición básica de libertad para consultas previas y populares, para levantar diagnósticos técnicos y veraces sobre los efectos humanos y ambientales y la viabilidad o no de operaciones extractivas, obras de infraestructura y otras definiciones del uso de la tierra en todos los territorios de las comunidades que suscribimos esta misiva.

2. En los territorios de algunas de nuestras comunidades que cuentan con siembras de coca cese de las fumigaciones aéreas y de grupo de erradicadores e impulso de nuestras propuestas de sustitución.

3. Titulación de territorios colectivos de comunidades negra en Naya y Calima; titulación de Resguardos indígenas a comunidades Nasa de Putumayo; Constitución de Territorios Colectivos Interétnico en Putumayo; titulación de predios individuales y constitución de Zonas de Reserva en el Ariari; Sucre Tequendama; titulación y constitución de Zona de Reserva en La Balsita; titulación a las familias de Trujillo.

4. Adecuación de infraestructura vial por tierra y por agua de las comunidades, en particular cumplimiento a la tutela No T-48257 que ordena el destaponamiento del rio Jiguamiandó por la afectación a las comunidades de esa cuenca y los daños ambientales que provoca a esa área considerada zona de reserva.

5. Condonación de deudas con entidades bancarias públicas y privadas que no pudieron ser pagas por integrantes de nuestras comunidades debido al desplazamiento forzado y el despojo y ocupación de nuestras tierras en Blanquicet, San Onofre, Ariari, Puerto Asís, Curvaradó.

6. Discusión e implementación de aspectos que aseguren las propuestas de nuestras comunidades desde ya y a mediano plazo, tales como: protección forestal y de aguas, acueductos comunitarios, radios y televisión comunitaria, educación comunitaria, producción de alimentos sanos, planes de ordenamiento, vivienda saludable, zonas de reserva de la sociedad civil, intercambios comerciales y ambientales, entre otras.

c. Mecanismos.
Para la verificación del Acuerdo Especial se puede realizar de manera expedita y pronta, con verificación de las propias comunidades, la Defensoría del Pueblo, y algún ente internacional, entre ellos, entidades de los propios países garantes o acompañantes.

B. SOBRE LA PARTICIPACIÓN
El Acuerdo General hace referencia a la posibilidad de contar con la participación de expertos e igualmente indica que se recibirán documentos y propuestas sobre los puntos.

Dado que en los próximos días definirán la metodología se requiere que las organizaciones y comunidades tengamos espacios propios para que nuestras propuestas sean conocidas por ustedes, también debatidas para que hagan parte de una política sostenible de construcción de la paz.

Para asegurar nuestra participación requerimos se nos informe:

1. ¿Cuál es el formato de presentación de la propuesta por medio electrónico?, ¿Las propuestas que se pueden presentar será por cada subtema de los 7 que contempla la ley de Desarrollo Agrario Integral?
2. ¿Cuál es el mecanismo para la presentación oral?

3. ¿Cuál es el mecanismo de discusión con ustedes?

4. ¿Cuál es el mecanismo para conocer la integración o no de nuestras propuestas en la etapa de implementación?

5. ¿Quien corre con los gastos de eventuales desplazamientos y alojamientos para presentar oralmente nuestras iniciativas?

C. SOBRE LOS CONTENIDOS DEL PUNTO 1
Nuestras organizaciones y comunidades frente al punto de las políticas agrarias cuentan con experiencias y proyectos construidos, en algunos casos durante 15 años, entre ellas Planes de Ordenamiento Territorial Alternativos; propuestas agroecológicas (protección de riqueza biológica y ecosistemas, aguas, producción alimentaria limpia, ecoaldeas y ecoturismo); Planes de Desarrollo Sostenibles; propuestas de educación propia y educación rural (primaria, secundaria, universitaria y técnica); construcción de vivienda saludable y de energía eléctrica, acueductos comunitarios, propuestas de mitigación de impactos sociales y ambientales frente a eventuales intervenciones sobre el suelo y el subsuelo en determinados territorios, en otros territorios, argumentos técnicos de por qué no es posible la minería a cielo abierto.

Apuestas todas con viabilidad técnica y financiera que permitirán el mejoramiento de la calidad de vida, democracia social y ambiental, fortalecimiento de relaciones comerciales locales, regionales e internacionales y serian posibles de adopción en una política pública con una redefinición del gasto público para que estas sean viables.

Vemos importante dada las situaciones presentadas luego de la rueda de prensa en Oslo:

1. Necesidad de un acuerdo de contenido de las palabras y de los conceptos a fin de que el punto de partida de comprensión sea el mismo.

Para nosotros la tierra es parte del territorio, no es lo mismo. El suelo es susceptible de manera evidente de ser afectado por operaciones industriales de gran escala. El problema del uso no se reducen a un reconocimiento de legalidad o esclarecimiento de la propiedad, la restitución de tierras no es la devolución de un título.

¿Qué es lo que cada una de las partes entiende por esas palabras? ¿Qué es lo consensuado? ¿Qué es lo que de esas palabras para construir la paz es posible acordar como política pública?, ¿En qué tiempos?

2. Necesidad de que los conceptos, sus significados y significantes de las comunidades y organizaciones sean parte de las discusiones.

Nosotros o somos los habitantes de la propiedad o hemos sido los despojados y los integrantes de sus filas también lo son en diversas regiones del país como se puede discutir esos asuntos sin tenernos en cuenta?

D. SOBRE OTRAS GARANTÍAS PARA EL PUNTO 1
Para que las conversaciones sean eficaces se requiere saber qué sucede con aspectos sustanciales que colocan en riesgo los posibles acuerdos y la viabilidad de una paz sostenible y sustentable en el tiempo.

1. ¿Qué sucede con proyectos de ley o reglamentación que afectan los mecanismos de protección o de definición del uso del suelo y del subsuelo y la órbita geoestacionaria?

2. ¿Cómo se enfrentará el tema económico fiscal dado que el gobierno colocó como principio de las decisiones en la política un techo fiscal?

3. ¿Cómo se enfrentará la reforma tributaria que amplia los beneficios de impuestos a empresas extranjeras y que imposibilita una acumulación en manos del Estado de dinero para su redistribución? ¿Cómo se va hacer financiable el punto 1 de la agenda y en qué tiempo?

4. ¿Cuál va a ser la participación en los medios de información públicos y privados para dar a conocer los debates principales, los acuerdos posibles a los que se vaya llegando, los aportes de las comunidades que vivimos en zonas de conflicto?

Deseamos que estos puntos de la discusión metodológica sean discutidos en la Agenda del Acuerdo General que sostendrán en La Habana, esperamos su respuesta a cada uno de los puntos aquí planteados.

Para nuestras comunidades es claro que un proceso hacia la paz verdadera se hace realidad es con la sociedad. La resolución del conflicto requiere el reconocimiento de las especificidades del desarrollo del mismo, sus identidades locales y regionales, y sus propuestas de salida duradera. Nosotros somos una expresión de esa multiplicidad de regiones, sin las que difícilmente un proceso hacia la paz con democracia con derechos territoriales, ambientales, sustentables y sostenibles.

Esperando sus respuestas, de toda consideración comunidades y organizaciones de la Red de Alternativas: Comunidades construyendo la paz en los territorios.

  • Asociación agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA,Trujillo, Valle.
  • Asociación Campesina Agroecológica Bien Andante, Sucre, Cauca.
  • Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca.
  • Asociación campesina de desarrollo sostenible de San Salvador, ASCADES, Puerto Asís, Putumayo.
  • Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta.
  • Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca
  • Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales “Sembradores de Paz”, San Antonio, Inza, Cauca.
  • Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro”, ASPROCAF, Puerto Asís, Putumayo.
  • Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz”, ASPROSEPAZ, Puerto Asís, Putumayo.
  • Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia.
  • Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta.
  • Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia.
  • Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó.
  • Comunidades de Nueva Unión, Pedeguita y Mansilla, Carmen del Darién, Chocó.
  • Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó.
  • Consejo comunitario de la comunidad negra del río Naya, Buenaventura, Valle.
  • Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, Puerto Asís, Villa Garzón, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo.
  • Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco, Toribio, Cauca.
  • Familia Martínez, finca la Alemania, municipio de San Onofre, Sucre.
  • Familia Mausa, Blanquicet y municipio Carmen de Bolívar, Bolívar.
  • Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, municipio Carmen del Darién, Chocó.
  • Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó.
  • Familias del consejo comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla.
  • Familias del consejo comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla.
  • Jóvenes unidos por el Bajo Calima, JUBCA, Buenaventura, Valle.
  • Los familiares de once jóvenes asesinados por el ejército, en los conocidos como “falsos positivos”, municipio de Tolú Viejo, Sucre.
  • Pueblo Kamëntsá de San Francisco, Sibundoy y Colón, Putumayo.
  • Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Carmen del Darién, Chocó.
  • Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle.
  • Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ADISPA, Puerto Asís, Putumayo.
  • Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo.