Carta del TPP en apoyo a Luis Eduardo Sarmiento y Liliana Gutiérrez

Este apoyo fue firmado por importantes juristas internacionales y defensores de los DDHH, entre otros Adolfo Perez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980

Fiscal General de la Nación

GUILLERMO MENDOZA DIAGO

contacto@fiscalia.gov.co

Telefax 5702000 ext. 2017 – 2022

Honorable Fiscal General de la Nación:

Los abajo firmantes, representantes de la comunidad académica y jurídica, se dirigen
a Ud. en carácter de miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP),
organismo internacional no gubernamental establecido en el año 1979 con la misión
específica de transformar en permanente la función de los Tribunales Russell sobre
Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976). El TPP
llevó a cabo la Sesión “Empresas transnacionales y derechos de los pueblos en
Colombia, 2006-2008”, con la participación de un amplio espectro de representantes de
la sociedad colombiana, y el largo proceso de audiencias instructorias concluyó en la
sesión deliberante realizada entre los días 21 y 23 de julio de 2008 y su Dictamen Final.

En tal virtud, queremos expresar toda nuestra solidaridad con el Profesor Libardo
Sarmiento Anzola, eminente profesor universitario, periodista representante de Le
Monde Diplomatìque en Colombia, y director del periódico Desde Abajo por la injusta
detención de su hijo Luis Eduardo Sarmiento y su compañera sentimental, Liliana
Gutiérrez, ambos estudiantes activos de la UPTC en los programas de Lenguas
Modernas y de Ciencias Sociales, respectivamente. Esta privación de libertad se
perpetró el 16 de octubre de 2009 bajo los cargos falsos de terrorismo, extorsión y
rebelión, e incluyó la acusación por el atentado contra el candidato a la presidencia
Germán Vargas Lleras, a pesar de que la autoría de este crimen fue reconocida
expresamente por un jefe paramilitar, en entrevista grabada en una cárcel de los EEUU.

Es de nuestro conocimiento que la acusación se sostiene solamente en testimonios
anónimos y en datos supuestamente extraídos de un computador perteneciente a un
comandante guerrillero, metodología probatoria que no satisface las exigencias mínimas
del debido proceso legal, porque propicia montajes y pruebas fraguadas. Asimismo, y
como es notorio, la nueva ley procesal penal Colombiana permite formular acusaciones
sin exhibir pruebas concretas, y los abogados defensores solamente pueden tomar
conocimiento de las actuaciones al cabo de 30 días, lo que conspira contra la protección
judicial y el derecho a un recurso sencillo y rápido consagrado en el Art.25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Las citadas irregularidades constituyen también un grave atentado al derecho a la
libre expresión, porque la detención del hijo de Libardo Sarmiento no puede
interpretarse sino como una represalia contra la persona del Periodista, en claro intento
de acallar su voz crítica y su valiente mensaje democrático.
Por último, la detención de Luis Eduardo Sarmiento y Liliana Gutiérrez constituye
un nuevo ataque a la Universidad Pública, en el marco de un proceso de ataques contra
la universidad evidenciada en detenciones arbitrarias en operativos desmesurados,
desaparición de estudiantes y docentes, y profusión de acusaciones por rebelión en
juicios rápidos con restricción de acceso al material probatorio, habiendo cobrado
notoriedad internacional el caso del intelectual Miguel Angel Beltrán, detenido en
México en operativo conjunto entre fuerzas militares mejicanas y colombianas.

La larga experiencia y conocimiento que los miembros del TPP tenemos de la
realidad colombiana nos hace pensar que el caso aquí expuesto no corresponde a un
hecho aislado. Ya en otras ocasiones el Tribunal ha manifestado su preocupación frente
a los obstáculos para el desarrollo de la libre protesta, en particular de organizaciones
sociales, sindicados, y comunidades indígenas, frente a la criminalización y
persecución permanente sufrida por los defensores de los derechos humanos. En este
sentido, las actuaciones ilegales del DAS ponen en grave peligro el trabajo de
esclarecimiento de las graves violaciones de los derechos humanos e infracciones del
derecho internacional humanitario en el País, ampliamente documentados en la
Sentencia Final dictada en ocasión de la mencionada sesión deliberante del TPP.
Como miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos y representantes de la
sociedad civil que trabajan en el marco de la defensa de los derechos humanos,
consideramos que la criminalización de la protesta social se torna aún más grave cuando
se extiende a jóvenes estudiantes, los cuales tienen un papel central en la creación del
pensamiento crítico y en el desarrollo cultural y social del País.
Rechazamos por tanto cualquier tipo de instrumentalización de la acción de los
estudiantes, que pretenda por medio del menosprecio y la persecución de su accionar,
desacreditar lo que ellos representan, el derecho a la libertad de opinión y de
pensamiento, a la libertad de expresión, y a la libertad de reunión y asociación,
contemplados en la Constitución Política de Colombia del 1991. Afirmamos que la
instrumentalización de la protesta de los estudiantes por parte de los medios de
comunicación pretende confundir a la comunidad internacional, en asuntos que afectan
el goce de los derechos humanos, en particular de los derechos económicos, sociales y
culturales.

Por lo tanto, pedimos:

– Se garantice a Luis Eduardo Sarmiento y Liliana Gutiérrez el goce de sus
derechos a la protección judicial, debido proceso legal, acceso a un recurso sencillo.

y rápido, e integridad personal.
– Se garantice el derecho a la libre expresión en general, y en particular en lo que
respecta al periodista Libardo Sarmiento Anzola.
Al mismo tiempo, remarcamos la obligación por parte de las autoridades
competentes de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y en particular, de
respetar el derecho humano al debido proceso de cualquier detenido y la garantía del
amparo de la inocencia, hasta no recibir la decisión de un juez imparcial e
independiente.

En nombre de los miembros del Tribunal Permanente de los Pueblos, firman:

Marcelo Ferreira

Franco Ippolito

Adolfo Pérez Esquivel

Bruno Rütsche

Antoni Pigrau Solé

Philippe Texier

Gianni Tognoni