Carta de la Comunidad de Paz de San José de Apartado ante perdón del presidente Santos
” Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio”
El pasado 10 de diciembre, en el contexto de una ceremonia en el Palacio de Nariño con miras al lanzamiento de la Propuesta Política Integral de Derechos Humanos, el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, pidió perdón a nuestra Comunidad de Paz en estos términos:
“Hace algunos años, desde la primera magistratura de la nación, se hicieron acusaciones injustas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto a las cuales la Corte Constitucional ordenó al Estado, en cabeza del propio Presidente, a retractarse. Hoy quiero, en este escenario de los derechos humanos, ante el país y ante el mundo, cumplir con esta retractación. Y lo hago con una firme convicción de demócrata, con todo el sentido de lo que significa esta retractación en términos de justicia moral por una comunidad que ha apostado por un presente y un futuro de paz. Nos retractamos como Estado y como Estado manifestamos el compromiso irrenunciable con el respeto y protección de los derechos humanos así como nuestro acatamiento a los órganos judiciales que velan por estos derechos. Reconozco en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó una valiente reivindicación de los derechos de los colombianos, que no obstante haber padecido el conflicto en carne propia ha persistido en su propósito de alcanzar la paz para el país. No estamos de acuerdo con frases o actitudes de estigmatización de quienes buscan la paz y rechazan la violencia y por el contrario consideramos que todo defensor de la paz y los derechos humanos debe ser exaltado y protegido. POR ESO PEDIMOS PERDÓN. PIDO PERDÓN”.
Con este gesto, el Presidente quiso acatar, extemporáneamente, el mandato consignado por la Corte Constitucional en su Auto 164 del 6 de julio de 2012 en el cual estableció, en su primer punto resolutivo, ordenar al Ministro del Interior que “en el término máximo de un mes contado a partir de la comunicación del presente auto[1], coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación oficial de la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes, y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma, tal como el establecimiento de un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza”.
Nuestra Comunidad de Paz valora positivamente los términos del gesto presidencial y considera que con él se cumple una parte de la Orden No. 1 del Auto 164/12 de la Corte Constitucional.
Si bien valoramos positivamente que, en términos claros que no dejan lugar a la duda o a la ambigüedad, el Presidente Santos reconozca la injusticia cometida y trate de resarcirla con palabras que invitan al país y al mundo a corregir una identidad estigmatizada durante 9 años que sirvió de base justificadora a más de dos millares de crímenes de lesa humanidad que han buscado destruirnos, también echamos de menos el cumplimiento de la segunda parte de la orden impartida por la Corte Constitucional, consistente en la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y establecer un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento y fomente la reconstrucción de la confianza.
Nuestra Comunidad lamenta profundamente que el despacho del Presidente no nos haya contactado en ningún momento, siquiera para avisarnos de su propósito de retractación, hecho del cual nos enteramos posteriormente por medios masivos de comunicación, ni para evaluar de manera real y concreta las dimensiones y efectos que en 9 años han cosechado las calumnias presidenciales. Desde que comenzó el mandato del Presidente Santos nuestra Comunidad ha radicado en su despacho 12 derechos de petición en los cuales ha puesto en su conocimiento los hechos de barbarie a que hemos sido y seguimos siendo sometidos por parte de sus subordinados, sin que jamás hayamos obtenido respuesta alguna de su parte, contentándose su despacho con remitir los documentos a nuestros mismos victimarios, los cuales de manera persistente y contumaz niegan y afirman desconocer lo que sufrimos en carne propia por parte de sus manos criminales.
Esperamos que el Señor Presidente decida conocer y evaluar en directo nuestra victimización y a tomar medidas que lleven, de manera eficaz, a detener el proceso sistemático de exterminio que militares y paramilitares en unidad de acción tratan de consumar contra nosotros.
Nuestra experiencia de 16 años enterrando muertos; enfrentando montajes judiciales de la más alta y refinada perversidad; reparando sin ayuda alguna del Estado las destrucciones producidas por saqueos, incineración y destrucción de viviendas, cultivos y bienes elementales de subsistencia; atendiendo a torturados y amenazados, víctimas de bombardeos indiscriminados y de enfrentamientos bélicos realizados tozudamente en medio de la población civil contra todas las prescripciones de la Corte Constitucional; sorteando con diversas estrategias los envenenamientos de nuestras fuentes de agua, la violación de nuestras mujeres, jóvenes, niños y hasta de nuestros animales; los empadronamientos ilegales y las incursiones conjuntas de militares y paramilitares que sólo miran a sembrar terror, a impedir el ejercicio de los derechos civiles y políticos y a buscar un sojuzgamiento de los civiles a sus planes de control territorial conjunto militar/paramilitar en beneficio de empresas con fines inconfesables; protestando y denunciando la aterradora podredumbre de los poderes judicial y disciplinario en la zona, que pisotea toda norma legal y deja en impunidad absoluta todos los crímenes… todo este sufrimiento nos impone con fuerza el interrogante de si es posible detener esta barbarie sin tomar una sola medida de corrección y de sanción sobre el personal militar y policial que ha controlado la zona durante al menos los últimos tres lustros, en estrecha coordinación con estructuras paramilitares terriblemente criminales. De allí que nos preguntemos con angustia: ¿será que las solas palabras de perdón van a detener el crimen sistemático de lesa humanidad, definido en el Estatuto de Roma como PERSECUCIÓN, sin que ello se proyecte en medidas reales y eficaces que esclarezcan, corrijan, sancionen y reparen?
Nuestra Comunidad sigue esperando al menos lo que la Corte Constitucional en su sabiduría definió como un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra nuestra Comunidad y un canal único de comunicación que reduzca los riesgos de señalamiento.
También seguimos esperando el cumplimiento de las otras 4 órdenes impartidas por la Corte Constitucional en el Auto 164/12, las cuales no fueron acatadas dentro de los términos establecidos por la Corte, quedando pendientes de nuevos plazos:
el establecimiento de una Comisión de Evaluación de la Justicia; el establecimiento de un plan de prevención y protección colectivo de la vida, integridad, seguridad y libertad de la Comunidad de Paz, así como la adopción de un mecanismo de protección que no aumente el riesgo para sus miembros y acompañantes; el establecimiento de un procedimiento expedito y transparente para tramitar las quejas y solicitudes de la Comunidad de Paz, mientras se llega a resultados eficaces en la Comisión de Evaluación de la Justicia y se pueda establecer en la zona una Casa de Justicia; el establecimiento de un procedimiento de revisión y aplicación de los principios del derecho internacional humanitario que respete a la vez el deber constitucional de la fuerza pública y los derechos de la Comunidad de Paz, a la luz del mecanismo adoptado conjuntamente por la fuerza pública y comunidades de paz en 1998, que excluía la presencia de la fuerza pública en zonas humanitarias a no ser para conjurar problemas puntuales de orden público según concepto de las comunidades o de las casas de justicia.
Lamentamos profundamente que las decisiones y omisiones del Señor Presidente, continúen sin aparente comprensión de que nuestra Comunidad de Paz sigue sufriendo un proceso de exterminio y violación de sus derechos fundamentales por parte de sus directos subordinados y que si no toma decisiones drásticas frente a ellos, continuará incurriendo en la responsabilidad de mando sobre perpetradores de crímenes de lesa humanidad, desatendiendo normas concretas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Ejemplo clarísimo de esto es su negativa a exigirle a su Ministro de Defensa el acatamiento de la Sentencia 1025/07, a pesar de nuestras ya numerosas peticiones de que imparta órdenes precisas para que dicha sentencia sea acatada. No entendemos cómo la contumacia del Ministro de Defensa en dicho desacato no ha llevado al Presidente a destituir a un funcionario que no respeta la Constitución y la Ley, pues le sigue tolerando el desacato, en flagrante violación de la Constitución Nacional.
Igual ejemplo de esto es su negativa a darle orden al Ejército de devolver al seno de su familia y comunidad al joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, desaparecido forzadamente el pasado 31 de agosto en la vereda La Hoz de San José de Apartadó por un grupo de paramilitares que actúan en estrecha unidad de acción con tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército, el mismo batallón que perpetró la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El repugnante cinismo con que el Gobierno le responde a los organismos intergubernamentales que le exigen entregar al joven desaparecido, afirmando que lo están buscando en hospitales y terminales de transporte, mientras saben de sobra qué tropas conjuntas militares/paramilitares los sustrajeron a toda protección jurídica de sus derechos y lo sumergieron en una total indefinición existencial, es un caso más que nos lleva a preguntarnos hasta qué punto las palabras –incluyendo palabras sentidas de Perdón- pueden servir de manto encubridor a la barbarie y legitimar a Estados que incluso han suscrito instrumentos internacionales como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, borrando con los hechos lo que se suscribe con solemnidad en el foro de las naciones.
La persistencia inclemente de la PERSECUCIÓN, nos obliga a adicionar a esta constancia los últimos HECHOS que hemos sufrido:
El viernes 6 de diciembre de 2013, hacia las 14:30 horas, se escuchó la detonación de una bomba en la vereda Miramar, lo cual llenó de pánico a los pobladores de dicho asentamiento. Nos vino inmediatamente a la mente el recuerdo de FRANCISCO PUERTAS, coordinador de esa Zona Humanitaria de nuestra Comunidad de Paz, asesinado el 14 de mayo de 2007 en la terminal del transporte de Apartadó, espacio por muchos años sometido al terror por estructuras paramilitares patrocinadas por la Policía de Urabá. Francisco, con ingentes esfuerzos, había construido una enramada protegida con Vallas y banderas de paz donde la población civil se pudiera refugiar en momentos como éste. El Gobierno, en documento aportado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se negó a reconocer dichas Zonas Humanitarias y el asesinato de Francisco arruinó la humilde enramada protectora. Ahora militares y paramilitares insuflan a sus anchas oleadas de terror contra los pobladores.
El domingo 8 de diciembre de 2013, hacia las 14:00 horas, en el centro urbano de San José de Apartadó se produjo un combate entre guerrilleros y fuerza pública. Nuevamente los pobladores del núcleo urbano y quienes transitaban por la zona quedaron en medio del fuego. Una vez más se apreciaron las consecuencias de la negativa del Gobierno a acatar varias sentencias de la Corte Constitucional que prohíben establecer bases militares y policiales en medio de la población civil, pues de hecho, en lugar de servir de protección a los civiles, buscan que los civiles sirvan de escudo a los militares frente a los insurgentes, poniéndolos en alto riesgo.
El miércoles 11 de diciembre de 2013, en horas de la mañana, una mujer integrante de nuestra Comunidad de Paz fue abordada por un funcionario del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, antigua Acción Social de la Presidencia, quien en años anteriores había tenido el cargo de Defensor Comunitario en la zona, y le ofreció la posibilidad de realizar diligencias para lograr una indemnización administrativa por su familiar víctimizado, haciendo todo de manera irregular sin que nadie se enterara ni descubriera los ilegales procedimientos. El funcionario le dio a entender que así lo había hecho con mucha gente, utilizando el mecanismo del “chanchullo”. El funcionario era consciente de que nuestra Comunidad de Paz, a través de asambleas decisorias en las que participan todos sus integrantes, ha optado por no avalar el mecanismo de la reparación administrativa, ya que no tiene en cuenta la justicia y termina considerando a las víctimas como exclusivas mercancías cuya vida y dignidad se intercambian por dinero. Al parecer, dicho funcionario realiza una estrategia clandestina de burla y destrucción de nuestros principios éticos.
En los últimos días hemos conocido respuestas que la Defensoría del Pueblo remite a comunidades y organizaciones de otros países que han reclamado la aparición con vida del joven Buenaventura Hoyos, desaparecido el 31 de agosto de este año por hordas conjuntas de militares y paramilitares. La Defensoría considera acertadas las respuestas del Gobierno en las que afirma que al joven se le está buscando en hospitales, clínicas, terminales de transporte y centros penitenciarios, como si éstas fueran medidas eficaces para obligar a devolver con vida a un joven cuyos captores están íntimamente coordinados con agentes del Estado, como lo comprobó de modo absoluto una peregrinación de 150 personas que viajó a la zona entre el 6 y 10 de octubre pasado a intentar su rescate, en la cual iban integrantes de grupos humanitarios de 8 países, periodistas de diversos medios y delegados de comunidades indígenas y campesinas de diversas zonas del país. La Defensoría no ha cumplido con su obligación de rescatarlo, obligando a los agentes estatales y paraestatateles que lo mantienen desaparecido, a entregarlo. Por ello no podemos sino ver en dichas actitudes formas de complicidad, pues nos asiste la convicción de que la Defensoría fue diseñada en la Constitución de 1991 para actuar y no para ser espectadora atónita de la destrucción de todos los valores nacionales y universales.
Mediante esta constancia nuestra Comunidad de Paz quiere dar a conocer a todas las comunidades y personas que en diversas partes del país y del mundo nos han ayudado a mantener en alto nuestros valores y principios con solidaridad moral insobornable, así como a numerosos medios de comunicación y organizaciones y sectores de la sociedad civil que nos han solicitado, nuestra reacción y análisis de la petición presidencial de perdón y de todo aquello que la contextúa en medio de nuestros sufrimientos. Ningún evento, por importante que sea, puede hacernos perder la perspectiva de la defensa de unos valores y principios que hemos construido en medio de aterradores sufrimientos, en medio de procesos de resistencia que cobraron la vida de varios centenares de nuestros hermanos y hermanas.
Fraternalmente,
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Diciembre 16 de 2013