Carta al Presidente de la Corte Penal Internacional
Hace pocos días a través de los medios de información nos enteramos de su presencia en Colombia. Para nosotros hubiera sido muy importante que se nos escuchara, pero hasta hoy no hemos recibido información alguna para poder dialogar brevemente con usted.
Es de conocimiento del gobierno colombiano que nuestras familias, comunidades, organizaciones mestizas, indígenas, afrodescendientes de diversas partes de Colombia, hemos acudido a instancias internacionales en búsqueda de protección, de verdad, de justicia y de reparación y somos parte de organizaciones de víctimas como el Movice, de iniciativas de Paz como Colombianos por la Paz y de dinámicas de solidaridad nacional e internacional para enfrentar la impunidad y la exclusión como la Red de Alternativas, por lo que nos sentimos excluidos.
SANG HYUN SONG
Presidente Corte Penal Internacional
Ciudad
Un respetuoso saludo.
Durante 17 años hemos sido víctimas de Estado con planes sistemáticos de persecución desarrollados por las fuerzas militares y con el concurso de estructuras dependientes de estos como los paramilitares bajo el pretexto de perseguir a las guerrillas.
Hemos acudido infructuosamente a la fiscalía de nuestro país en búsqueda de sentencias que develen responsabilidades individuales y desarmen las estructuras criminales de poder y los beneficiarios económicos de millares de torturas, asesinatos selectivos y colectivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desarraigo forzado, despojo de tierras y ocupaciones empresariales ilegales, accesos carnales violentos, interceptaciones ilegales de comunicaciones, campañas de desprestigio, montajes judiciales, destrucción ambiental, entre otros delitos, que hemos padecido.
Solamente una ejecución extrajudicial cometida por las fuerzas militares ha sido sancionada en niveles medios, protegiendo los altos mandos militares.
De las operaciones paramilitares en que se consumaron desapariciones, asesinatos, solamente ha existido una sanción en niveles medios de la empresa criminal. Ningún empresario ni militar beneficiario o responsable de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra ha sido sancionado.
El 99.9% de lo que hemos denunciado se encuentra en absoluta impunidad. Algunos de los testigos que han declarado la comisión de estos crímenes han sido asesinados, otros se han visto obligados al exilio y lo más grave, los victimarios influenciado a la fiscalía han iniciado una persecución judicial, acusando sin fundamentos fácticos a nosotros como responsables de crímenes contra la impunidad. Así, montan procesos judiciales y dictan órdenes de captura que protegen a los beneficiarios de la violencia estatal.
Así, la Fiscalía no ha querido investigar esta persecución sistemática. Todos los elementos de prueba que se encuentran a su vista, no han sido recolectados, por miedo a enfrentar a la estructura criminal. O simplemente como lo podemos probar, se inician investigaciones formales tendientes a decir que se está investigando pero que no conducen a nada, pasa el tiempo, la fiscalía se niega a investigar otro tipo de pruebas, y luego para justificar sostiene que somos los responsables de la impunidad.
Un factor que ha contribuido a la impunidad es el recurrente mecanismo de protección de militares a través de la jurisdicción militar bajo la cual se pretende juzgar crímenes de lesa humanidad. Se simula una investigación y se evita la intervención de una jurisdicción que pueda ser independiente.
En el gobierno de Uribe desde el 2002 a 2010, a través del congreso dominado por la bancada de gobierno, constituyó la jurisdicción especial de alternatividad penal, mal llamada para la “justicia y la paz”, ley 975.
Bajo ella supuestamente más de 2500 paramilitares que se desmovilizaron, mandos altos, responsables de más de 41 mil desapariciones forzadas, más de 2000 masacres, y de 200 mil crímenes, desplazamientos forzados y más de 7 millones de hectáreas despojadas serían investigados con una sanción de máximo 8 años.
La ley 975 se convirtió así en el pilar de una simulación de justicia. A la fecha solamente 2 de los imputados han sido sentenciados parcialmente. La obligación de decir la verdad plena sopena de perder los beneficios se ha desconocido. Otros 31 mil miembros de los paramilitares se desmovilizaron sin ni siquiera rendir alguna versión libre.
Las versiones de estos mandos paramilitares no se convirtieron en acervo de investigaciones serias y eficaces para enfrentar y develar la estructura criminal de la que han formado parte empresarios, militares y policía de alto rango, sectores de iglesias. Es decir, la fiscalía no ha investigado con celeridad ni eficacia a los gestores de una estrategia criminal que ha carcomido el país.
Más de 16 de los beneficiarios de esta ley penal fueron extraditados a los Estados Unidos, en mayo, hace 3 años, por los delitos de narcotráfico hace 13 años, cuando empezaban a expresar la verdad sobre la estrategia criminal, en la que manifestaron la relación de sectores empresariales, militares, policías, agencias de inteligencia y seguridad, políticos y círculos cercanos al expresidente Uribe. A pesar del compromiso de los gobiernos de los dos países el acceso de nosotros y de nuestros apoderados no ha sido posible para lograr acceder a la verdad.
Hoy 8 años después del desarrollo de las primeras desmovilizaciones, muchos de los paramilitares desmovilizados se han rearmado, muchos de ellos nunca se desmovilizaron. Es más, como lo denunciamos en su momento a través de la Comisión de Justicia y Paz (organización de derechos humanos), indicamos como jóvenes eran pagados semanas antes, y entrenados, sin haber sido nunca paramilitares para mostrar el poder de estas estructuras, muchas si no la totalidad, como lo hemos visto eran conformadas por efectivos regulares, que se vestían con prendas de paramilitares y otros civiles armados entrenados en las brigadas militares.
Hoy 8 años después, los paramilitares siguen siendo una fatal realidad, hemos sido sus victimas nuevamente, le hemos visto estar al lado, patrullar y hacer operaciones conjuntas con las fuerzas militares y policiales. Es el resultado de una falsa desmovilización, de la impunidad que le ha acompañado.
Hemos sido asesinados, amenazados, desaparecidos, obligados al desplazamiento nuevamente, en muchas de nuestras comunidades por estas operaciones, que el gobierno de Uribe y de Santos, llama Bandas Emergente o Bacrim.
Muchos no hemos podido regresar a nuestro territorio pues estas estructuras paramilitares o sus empresas beneficiarias de la operación criminal se encuentran controlando nuestros predios y beneficiándose de estos. Y no se trata como mal lo dice el gobierno de grupos sin blancos políticos y sin conexión con las fuerzas regulares. Si se trata de eso, de grupos que forman parte de una estrategia criminal protegida por estructuras armadas del Estado.
Grave resulta siendo, que el gobierno actual haya proyectado nuevamente una ley llamada de transición para beneficiar a 31 mil desmovilizados, con la creación de un tribunal, que escuchara la verdad de los victimarios y sin que esa verdad implique algún tipo de sanción o de derivación de responsabilidad penal para develar estructuras de poder.
Así pues, como lo ha manifestado en su último informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúan siendo grave y preocupante la situación de los grupos paramilitares.
Ante tal cúmulo de situaciones anómalas, confusas se ha tejido un entramado de impunidad, en el que nosotros hemos sido víctimas, continuamos siéndolo, en desconocimiento de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y la no repetición. La reingeniería paramilitar continúa siendo un factor determinante de terror. Por tal razón, consideramos que Colombia debe pasar de ser un apartado de informes, de examen, de la CPI a ser parte de un caso, en que ineludiblemente urge juzgar la responsabilidad individual de altos mandatarios, militares, empresarios pues es evidente su responsabilidad en crímenes contra la humanidad y ha sido evidente la incapacidad, la inacción del aparato judicial en Colombia.
Salvo las actuaciones de la Corte Constitucional para modular la estrategia de impunidad en la ley 975, en el desconocimiento del delito político en la estrategia paramilitar, en la cuestión del desplazamiento interno, y la labor de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la investigación de políticos vinculados con el paramilitarismo, y una sentencia de un juez en parapolitica, nada de fondo sobre el paramilitarismo de los últimos 25 años ha sido sancionado.
Ante usted, nuestra profunda preocupación, a través de envío postal presentaremos los millares de casos arriba enunciados, esperando la intervención de la Corte Penal que usted preside,
Firman:
Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó, y Curvaradó-Chocó
Resguardo Indígena de Urada Jiguamiandó-Chocó
Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad – CAVIDA-Chocó
Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES
Comunidad indígena de Juin Phubuur-Chocó
Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”-Dabeiba
Zona Humanitaria CIVIPAZ, Medellín del Ariari – Meta
Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica – ADISPA-Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz” – ASPROSEPAZ-Putumayo
Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro” – ASPROCAF-Putumayo
Asociación Campesina de Desarrollo Sostenible San Salvador. ASCADES-Putumayo
Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica. JURADIPA-Putumayo
Kwe´sx ksxa´w. Consejo Regional Nación Nasa del departamento del Putumayo.
Grupo porvenir–Zona de biodiversidad de Ancura–Putumayo. Familias campesinas vereda Puerto Playa, corregimiento Perla Amazónica–Putumayo.
Familias campesinas vereda Guadalupe, corregimiento Perla Amazónica–Putumayo.
Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya-Valle
Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam-Valle
Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA-Trujillo-Valle.
JUBCA. Jóvenes unidos por el Bajo Calima-Valle
Familiares de víctimas de San Antonio-Inzá-Cauca
Familias desplazadas pro-retorno de Argelia-Cauca
Asociación campesina “Huerto Renacer”-Tequendama-sucre-Cauca
Escuela-Taller Ullucos Zonas de Encuentro, Autonomía y Resistencia
indígena nasa-Resguardo de San Francisco-Toribío-Cauca
Organización campesina de sucre BIENANDANTES-Cauca
Resguardo Urada Jiguamiandó, Pueblo Embera Katio
Espacio Humanitario Ambiental – So Bia Drua, Pueblo Embera Katio
Cabildo Mayor Indigena de los Resguardos Rio Murindo’ Y Turriquitado’ Chagerado Del Pueblo Embera Katio
Resguardo De Chidima- Tolo, Jurisdicción Acandi- Departamento Chocó, Pueblo Embera Katio
Esperamos su repuesta a la Calle 61 A N° 17 – 26 información
adicional al 3118110836 o al correo electrónico
redalternativas21@gmail.com
Fotografìa. Elpaís