Carta al Ministro de Agricultura
Estamos remitiendo para su adhesión y la de los amigos y amigas del planeta, de la vida, y de los pueblos afrodescendientes Curvaradó y Jiguamiandó que afirman sus derechos al territorio, a su existencia y a la sobrevivencia de la tierra, al Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, solicitando una cita urgente para dejar constancia del incumplimiento de su palabra de restituir y devolver 25 mil hectáreas de tierra, que fueron ocupadas y sembradas ilegalmente de palma de aceite, destruidas ambientalmente, luego de 13 desplazamiento forzados a través de la estrategia paramilitar y protegidas en la actualidad en las nuevas tácticas paramilitares de “águilas negras”, “convivir”, “servicios de seguridad” y por la inacción del ejecutivo para adoptar medidas administrativas.
Si desea apoyar a las comunidades los invitamos a enviar su carta de petición de la reunión al Ministro ANDRES FELIPE ARIAS ministro@minagricultura.gov.co
tel: 00571 3419005 Ex 302-303
Secretaria Privada Andrea Juliana Silva Cortés
Tel 00571 3423602 Ex 307
PBX 00571 3341199
Bogotá, 2 de febrero de 2007
Doctor
ANDRES FELIPE ARIAS LEIVA
Ministro de Agricultura
Ciudad
Ref. Solicitud de cita tema avance Palma aceitera Curvaradó y Jiguamiandó
Cordial saludo
En cinco ocasiones de manera pública, el Señor Ministro, comunicó la voluntad política del Gobierno Nacional de resolver la situación de ilegalidad de la ocupación de predios de las comunidades afrodescendientes del Curvaradó y el Jiguamiandó para la implementación de los monocultivos de palma aceitera. Y hoy en Cartagena en desarrollo de una reunión de Cooperación, el Director de Acción Social, LUIS ALFONSO HOYOS, manifestó que iban a devolver las tierras del Curvaradó y Jiguamiandó
A través de la emisora W radio, la Revista Semana, el Noticiero de televisión CMI anunció la devolución de 25.000 hectáreas de tierras que pertenecían a las comunidades afrodescendientes, situación que sería resuelta en diciembre de 2006.
En la instalación de la Mesa de Tierras en el Hotel Tequendama de Bogotá, el 5 de septiembre de 2006, el Señor Ministro hizo una detenida presentación del caso Curvaradó y Jiguamiandó ilustrando al nutrido auditorio con presencia institucional, la sociedad civil y sectores de la Comunidad Internacional sobre la situación del Curvaradó.
El Ministro señaló tres casos de acrecentamientos de tierras, y en particular el de LINO ANTONIO DIAS ALMARIO que de 18 hectáreas, por la acción de los empresarios, pasó a poseer cerca de 6.000, lo que equivaldría, según palabras del ministro a que el río Curvaradó se hubiese extendido hasta el golfo de Urabá. Agregando que la responsabilidad no era del Estado y del Gobierno como se pretendía señalar en algunos medios, sino que la responsabilidad era del narco terrorismo que delinque en esa zona del país.
Hoy el director de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) y director de Acción Social de la Presidencia de la República, Dr. LUIS ALFONSO HOYOS, señaló en la instalación de la Conferencia Nacional sobre Cooperación y Derechos Humanos de Cartagena, que se ha descubierto la falsedad de situaciones como “la del que tenía 18 hectáreas y apareció teniendo muchas más” y que “las 25.000 hectáreas iban a ser devueltas a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó”. Cuando otro de los ponentes que representaba al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado señaló que eso no estaba ocurriendo, el funcionario respondió que le correspondía al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Defensa iniciar el proceso de entrega de tierras.
Señor Ministro las manifestaciones públicas en nada corresponden a la realidad. las decisiones administrativas del Incoder, la presencia militar de la Brigada 17 en el Territorio Colectivo del Curvaradó, las actuaciones de los empresarios de la palma contra miembros de las comunidades propietarias de la tierra, las amenazas contra las personas que se resisten a perder sus propiedades y las actividades de mantenimiento, extracción de frutos, limpieza de plantaciones y resiembra del cultivo no son coherentes con la voluntad política expresada públicamente a esta problemática, altamente sensible a la opinión nacional e internacional.
En las Resoluciones del Incoder del 5 y 6 de diciembre del 2006 (2658 y 2672 respectivamente), si bien se reconoce el absurdo jurídico de la accesión o acrecentamiento de tres propiedades, que suman mas de 15.000 has., y deja entrever la ilegalidad de las escrituras públicas que a través de ellas se elevaron, y se informa a la Fiscalía para que determine la responsabilidades de tipo penal; no hay ninguna decisión efectiva que signifique la devolución de las hectáreas accedidas a los Consejos Comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, sus verdaderos dueños.
Las aplazadas decisiones, transitan por los laberintos de los procedimientos administrativos de la Superintendencia de Notariado y Registro mientras el monocultivo de palma de los empresarios que usted califica como narco terroristas avanza, amparado por la presencia institucional del Estado a través de los efectivos de Brigada 17, llegando sus frutos hasta la planta procesadora en Bajirá, “Extractora Bajirá S.A”.
Del mismo modo la decisión del Incoder amplió el plazo para validar títulos individuales de 1993 (fecha de la sanción de la ley 70) al 2000 (fijación en lista previa a la adjudicación de los territorios colectivos a las comunidades negras del Curvaradó y Jiguamiandó), posibilitando la legalización de títulos que amparan las siembras ilegales de los palmicultores. También se excluyen de las dos actuales Resoluciones, 12 títulos individuales de campesinos y afrodescendientes que vienen haciendo sus reclamos por que han sido ocupadas sus tierras por el agronegocio en cuestión.
A esta situación se suman, señor ministro, las amenazas recientes de asesinato contra campesinos que reclaman sus tierras en las zonas humanitarias del Curvaradó y Jiguamiandó, por estructuras paramilitares conocidas como “Aguilas Negras” vinculadas a los sectores palmicultores de la zona, como es de conocimiento del Programa Presidencial de Derechos Humanos, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Justicia y de la Fiscalía General de la Nación.
El señor ENRIQUE PETRO junto con acompañantes nacionales e internacionales, después de regresar a las tierras que legalmente le pertenecen y constituir allí un Zona Humanitaria, donde habitan otros afectados por la ocupación de sus predios con palma de aceite, fue demandado por “ocupación de hecho” por parte de los empresarios, argumentando que esas tierras les pertenecían, adjuntando una de las escrituras con la que legalizaron el acrecentamiento de las tierras que hemos citado.
La fecha de diciembre de 2006 fijada por el Señor Ministro para la devolución de las tierras de las comunidades, se aplazó indefinidamente. A partir de este aplazamiento se están beneficiando los empresarios de la palma que diariamente movilizan camiones llenos del fruto que transportan hasta la extractora de Mutatá y diariamente más de 400 operarios realizan actividades de recolección del fruto, limpieza de canales, limpieza de las plantaciones, resiembra de palmas transplantadas de los viveros y adecuación de nuevas tierras para adelantar nuevas siembras.
Aparte de la expropiación de tierras que se repite en multitud de territorios palmíferos en todo el mundo, es muy cuestionada la siembra de este fruto por el daño ambiental más en una región de altísima biodiversidad. El Internacional Herald Tribune publico un artículo en el que científicos replantean la bondad del biodiesel de palma africana, en lo que al calentamiento global del planeta se refiere. El seguimiento del ciclo de vida de este monocultivo, con el comienzo en la desecación y drenaje de las tierras donde el mismo se va a desarrollar, conlleva una liberación a la atmósfera de enormes cantidades de CO2, que para nada son compensadas con las menores emisiones de la combustión del biodiesel obtenido con esta planta. Desde esta óptica ya se están frenando las subvenciones a los cultivos de palma africana en todo el mundo. Quizás nuestro país tarde en darse cuenta de esto.
Esta situaciones, Señor Ministro hace que sea urgente una reunión entre los representantes legales de los consejos comunitarios del Curvaradó y Jiguamiandó, las organizaciones de Derechos Humanos que les vienen acompañando, y miembros de la comunidad internacional que venimos haciendo seguimiento a esta grave situación que padecen las comunidades.
Cualquier información relacionada con la reunión solicitada puede hacerla llegar a la Calle 62 No 17-26 telefax 3463613
Agradecemos su atención y pronta respuesta.
Consejo Mayor de la Cuenca del Curvaradó.
Consejo Mayor de la Cuenca del Jiguamiandó
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz