Carta al ELN

Hemos conocido su atenta carta del pasado 23 de septiembre en la que expresan su punto de vista frente al documento “La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla”, que dimos a conocer a la opinión pública, justo horas después que el Presidente Juan Manuel Santos oficializó el proceso de acercamientos y de diálogo con las FARC-EP.

Bogotá, D.C. octubre 17 de 2012

Comandante
Nicolás Rodríguez Bautista
Comando Central

Ejército de Liberación Nacional – ELN
Montañas de Colombia

Reciba un respetuoso saludo en nombre de nuestra lideresa Piedad Córdoba y de los integrantes de Colombianas y Colombianos por la Paz, deseando que se hayan logrado ya encuentros con el Gobierno a fin de ser parte de un proceso de conversaciones para poner fin al conflicto armado y construir la paz con justicia.

Hemos conocido su atenta carta del pasado 23 de septiembre en la que expresan su punto de vista frente al documento “La paz como rehén y la necesidad de un cambio urgente para lograrla”, que dimos a conocer a la opinión pública, justo horas después que el Presidente Juan Manuel Santos oficializó el proceso de acercamientos y de diálogo con las FARC-EP.

En su respuesta nos expresa que el ELN participa del diagnóstico sobre la imperiosa labor de regenerar la política, condición ésta para que la paz pueda ser posible como proceso de cambio que beneficie en verdad a las clases populares. Se refiere también a la insoslayable necesidad de que sea el conjunto de la población colombiana la que a través de sus organizaciones y propuestas llene de contenido y oriente la solución negociada. Compartimos sin lugar a dudas ese horizonte.

Queremos en esta oportunidad compartirle brevemente elementos adicionales que consideramos de la mayor importancia sobre dos temas a los que nos hemos referido: la justicia transicional y el derecho humanitario

Avanzando en el tema de la llamada justicia transicional, consideramos como lo ha planteado la Comisión Ética de la Verdad, en la que participan connotados-as humanistas, que se requiere una discusión mucho más amplia y profunda que la que se ha dado hasta el momento. Como tal, no significa renunciar a la investigación penal y a la sanción debida conforme al derecho internacional, en particular frente a crímenes de lesa humanidad y de guerra; no significa una abdicación a desentrañar las responsabilidades en el conflicto ni hacerle el quite a los derechos de las víctimas. En tal sentido, nada de lo que sea acordado en una mesa de diálogo puede desconocer los derechos de las víctimas ni puede aprobarse sin su consentimiento ¿Dónde están los más de sesenta mil desaparecidos?, ¿qué ha pasado con los responsables de la tortura o de más de cien mil asesinatos en los últimos veinticinco años?, ¿qué ha pasado con los beneficiarios de la violencia, del desplazamiento forzado y el despojo? Ellas y ellos, familiares y comunidades de las víctimas, sus organizaciones, son los sujetos de derecho y de dignificación, quienes deben decidir también sobre los contenidos del valor de la justicia con una discusión libre y transparente.

La justicia transicional puede concebirse para buscar garantías y blindar los derechos de las víctimas, lo cual vale para la población civil, en un contexto de salida dialogada al conflicto armado, para construir salidas imaginativas que enfrenten y desmonten factores estructurales de violencia e impunidad en todos los órdenes. No sólo se trata de reconstruir una parte del historial de los crímenes de guerra o contra la humanidad, sino en general de identificar penalmente las estructuras y las motivaciones por las que se ordenaron crímenes atroces, en cuyas cadenas de mando y de beneficio existen responsables en las esferas económica, política y militar.

Este enfoque punitivo no sustituye el derecho a la verdad que concierne a toda la sociedad y es fundamental para comprender lo que ha pasado, el por qué de esta democracia que se ha cimentado en Colombia y qué o cuál proyecto de sociedad es necesario para superar ese abismo y alcanzar la reconciliación con justicia.

Tema fundamental para la justicia transicional es la discusión sobre el delito político, sobre la conexidad y complejidad del mismo, conforme a avanzadas doctrinas y elementos del derecho internacional y la jurisprudencia, que reconocen sus motivaciones y su clara diferencia con los crímenes que no tienen en absoluto esa connotación y que se inscriben en una lógica contraria.

Por otra parte, en consecuencia con el ambiente creciente para una solución política al conflicto armado y la voluntad manifiesta por ustedes de dialogar para lograrla con base en la justicia, en coherencia con el derecho internacional y los códigos éticos que les regulan, conociendo que el tema del derecho humanitario es asumido en su organización, deseamos que se habiliten espacios y mecanismos eficaces, en un futuro próximo, para poderles trasladar la información respecto a casos y situaciones que hemos ido documentando.

En su misiva nos invitan a que acompañemos con recomendaciones, investigaciones y facilitaciones que estimemos acertadas y que organicemos estudios y asesorías a las mesas que puedan constituirse en estos procesos. En este sentido, estamos avanzando con análisis políticos y técnicos en propuestas desde Colombianas y Colombianos por la Paz, que en su momento conocerá la opinión nacional e internacional.

Como usted, sr. Comandante Nicolás Rodríguez, en nombre del ELN, ratifica la disposición a asumir “la discusión de medidas para la humanización de la guerra, quedando abiertos para escuchar y acoger observaciones críticas”, pedimos una vez más que este tema sea expuesto; que puedan el Gobierno y ustedes considerar lo que ya el pasado 25 de septiembre elevamos como propuesta también dirigida a las FARC: un Acuerdo Especial. Con dicho Acuerdo debe buscarse que operen mecanismos expeditos y eficaces de protección y observación, que no interrumpan para nada las discusiones ni los escenarios para avanzar en las agendas de diálogo.

Consideramos como ustedes, al repudiar que haya combatientes que mueran en las cárceles, que deben propiciarse gestos humanitarios y el cumplimiento de los deberes que las normas señalan para todas las partes contendientes. El Acuerdo Especial es compartido por millones de colombianas y colombianos, en especial por quienes padecen el conflicto armado, así como por miles de personas y organizaciones en el exterior, que entienden la obligación y la ética invocadas para la humanización del conflicto armado mientras éste es superado con la negociación política de fondo. Creemos además, que el Acuerdo Especial generará confianza no sólo entre las partes combatientes, sino también en todo el país, insistimos, y en particular en quienes sufren día a día la cruel confrontación en muchas regiones. Precisamos que dicho Acuerdo no excluye que se discuta la posibilidad de un Cese Bilateral al fuego o pactos parciales que reduzcan las operaciones bélicas y su impacto.

De nuevo, les pedimos den a conocer su valoración y propuestas sobre estos cruciales asuntos. La sociedad colombiana, las víctimas del conflicto y la comunidad internacional saben que cuentan con nuestro concurso para el gran y noble propósito de la paz, así como frente a un eventual Acuerdo Especial de regulación o humanización de la guerra al que las partes lleguen.

Reiteramos nuestro reconocimiento por el diálogo epistolar que mantenemos, su apertura en su cordial comunicación y quedamos a la espera de respuestas a lo acá formulado.

Atentamente,

Colombianas y Colombianos por la Paz