Carta abierta en apoyo a la defensora de Derechos Humanos y el medio ambiente Jani Silva y denuncia de las amenazas en su contra

Escribimos esta carta abierta como miembros del Laboratorio de Rendición de Cuentas Empresarial para una Paz Sostenible (“CLASP Lab”, por sus siglas en inglés) para expresar nuestra solidaridad con nuestra colega, amiga y miembro del CLASP Lab, Jani Rita Silva. Jani y su organización, la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA), han recibido recientemente amenazas del grupo armado criminal Comando de la Frontera. El Comando de la Frontera ha desafiado el trabajo que Jani y ADISPA han hecho para defender del abuso corporativo la Reserva Campesina de la Perla Amazónica del Putumayo, Colombia. Estas amenazas se producen en medio de un aumento alarmante de violencia contra líderes y lideresas sociales en Colombia, y buscamos acciones inmediatas para proteger a Jani y la organización que lidera.

El CLASP Lab es un “laboratorio social” convocado por Corporate Accountability Lab, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la African Coalition for Corporate Accountability y Dejusticia. Nuestros miembros son líderes y lideresas comunitarias, defensores de los derechos humanos y abogados de justicia social de más de veinticinco países que colaboran para desarrollar estrategias para abordar la impunidad de los abusos ambientales y de derechos humanos cometidos por empresas en situaciones de conflicto como Colombia.

Jani es una lideresa comunitaria y defensora del medio ambiente de la Reserva Campesina de la Perla Amazónica del Putumayo, Colombia. Jani fue invitada a participar en este laboratorio social internacional en base a su experiencia y conocimientos como lideresa que ha defendido a su comunidad y su entorno contra los daños causados por el gigante petrolero Amerisur Resources Plc desde principios de la década del 2000. Amerisur ahora es propiedad de GeoPark Colombia, que recientemente firmó acuerdos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para sus proyectos en Putumayo. Los daños que se alegan incluyen la contaminación del agua y la tierra, el desplazamiento y las violaciones al proceso de consulta previa. A pesar de las amenazas pasadas en su contra, Jani continúa defendiendo incansablemente el ecosistema amazónico y su comunidad. Como miembro de CLASP Lab, Jani ha hecho contribuciones invaluables al trabajo del laboratorio, incluso compartiendo la experiencia de su comunidad y el análisis de los actores económicos y estatales que han contribuido a la degradación del medio ambiente, la salud, la seguridad y la calidad de vida de su comunidad.

A pesar de las amenazas pasadas contra ella y contra ADISPA, Jani continúa defendiendo incansablemente el ecosistema amazónico y su comunidad en Colombia, uno de los lugares más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos y el medio ambiente. Al menos 52 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va del año y más de 1.100 defensores de derechos han sido asesinados desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Paz en 2016.

En diciembre de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares para proteger a Jani. A pesar de ello, la entidad colombiana encargada de brindar estas medidas, la Unidad Nacional de Protección (UNP), interrumpió algunas de estas medidas de protección en diciembre de 2020. Si bien la UNP después restauró las medidas, nos preocupa profundamente la falta de consistencia y voluntad política en proteger a los defensores de los derechos humanos que están en peligro de sufrir amenazas y violencia.

En días pasados, Jani recibió nuevas amenazas en su contra y en contra de ADISPA por parte del Comando de la Frontera. El Comando de la Frontera afirma que cuenta con el apoyo de actores militares, políticos y económicos para controlar áreas del Putumayo. El sábado 24 de abril, una fuente dentro del Comando de la Frontera informó que un jefe del Comando de la Frontera, alias “Leonel”, ordenó que mataran a Jani y eliminaran a ADISPA. Según los informes, la fuente declaró que el Comando de la Frontera negocia directamente con la petrolera Amerisur y que no se tolerará la oposición al desarrollo extractivo. En el pasado, otro grupo criminal, La Mafia, también amenazó a Jani.

Debido a la evidente impunidad por las amenazas contra Jani y ADISPA, y al aumento de la violencia en la región de Putumayo, solicitamos con urgencia:

● Que el gobierno colombiano tome medidas integrales para proteger la seguridad de Jani y brinde estas medidas sin interrupción, de acuerdo con el derecho colombiano y el derecho internacional;

● Que el gobierno colombiano tome medidas integrales para proteger a todos los miembros de ADISPA y garantice que no se infrinja su libertad de asociación;

● Que el gobierno colombiano aborde el aumento significativo de amenazas y violencia contra los defensores y las defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente en Colombia, les brinde mejores protecciones y aborde las causas subyacentes de las
amenazas y la violencia;

● Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitoree esta situación.

En solidaridad con Jani y ADISPA y en agradecimiento por su trabajo por un mundo mejor,

Miembros del CLASP Lab:
(Firmas organizacionales abajo)

Aaron Weah, PhD Researcher, University of Ulster, NI/UK
Abu Brima, Network Movement for Justice & Development (NMJD)
Alaa Talbi, Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux
Alfredo Souza Dorea, Instituição Beneficente Conceição Macedo – IBCM, Instituição Família
Telemaco Solidariedade
Andressa Oliveira Soares, Homa – Human Rights and Business Centre
Avery Kelly, Staff Attorney, Corporate Accountability Lab
Bettina Braun, Corporate Accountability Lab
Blanca Velazquez, Coordinación General de Centro de Apoyo al Trabaj@dor
Charity Ryerson, Executive Director, Founder, Corporate Accountability Lab
Cynthia Denisse Arco Amarillo Lohr, Abogada, PODER
Dr Tara Van Ho, Lecturer, University of Essex School of Law and Human Rights Centre*
Elizabeth Deligio, PhD
Eric Kajemba, République Démocratique du Congo
Gabriel Pereira, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios
Sociales (ANDHES)
Isabella Ariza, Legal Fellow, Corporate Accountability Lab
Javier Malpartida
Juan Carlos Ruiz Molleda, Abogado, Instituto de Defensa Legal, Coordinador del área de litigio
constitucional
Karinna Fernández Neira, Abogada defensora de derechos humanos, Chile
Laura Posada Correa, EarthRights International
Milvian Aspuac Cón, Mujeres de AFEDES
Mouhanad Sharabati, Syrian Lawyer & Human Rights Defender
Nathalie Menyimana
Pablo Gargiulo, Abogado, Coordinador Área Empresas y DDHH, ANDHES
Tatiana Devia, Staff Attorney, Corporate Accountability Lab
Laura Duarte Reyes, Abogada especializada en derechos humanos, Colombia
Nathalia Bonilla, Acción Ecológica
* Afiliación dada sólo con fines de identificación.

Firmas organizacionales:

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales
(ANDHES)
African Coalition for Corporate Accountability
African Resource Watch (AFREWATCH)
Centre for Inclusive Governance, Peace and Justice (CIGPJ)
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Corporate Accountability Lab
Dejusticia
EarthRights International
European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR)
Forest Peoples Programme, UK
FORUM MAROCAIN DES ALTERNATIVES SUD
H.I.J.O.S. Mar del Plata, Argentina
Homa – Human Rights and Business Centre
Initiatives for Peace and Human Rights (iPeace)
Network Movement for Justice & Development (NMJD)
Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER)

Mayo 7 de mayo de 2021