Carta abierta de CONPAZ sobre el derecho de las víctimas
Al gobierno Nacional, al conjunto de organizaciones de víctimas, a las guerrillas de las FARC, del ELN y del EPL, y a la sociedad. “El derecho a la no repetición será realizable, si hay una nueva democracia en Colombia, con libertad de expresión en igual de condiciones para todos, justicia social, con justicia ambiental, lo demás, serán acuerdos de papel” . Encuentro Regional Gálapa, 13 de julio de 2014
Al gobierno Nacional, al conjunto de organizaciones de víctimas, a las guerrillas de las FARC, del ELN y del EPL, y a la sociedad.
”El derecho a la no repetición será realizable, si hay una nueva democracia en Colombia, con libertad de expresión en igual de condiciones para todos, justicia social, con justicia ambiental, lo demás, serán acuerdos de papel” . Encuentro Regional Gálapa, 13 de julio de 2014
Quizás como ha jugado Colombia en este mundial de fútbol en Brasil, podamos ser un proyecto de país distinto. Un país donde nunca más se vuelva a repetir lo que hemos vivido, donde el juego sea repartido, el balón sea distribuido entre todos y todas, y que todos nos sintamos parte de una selección, en donde negros, indígenas, mestizos, habitantes de las ciudades y del campo nos sintamos orgullosos de ser parte de una misma nación, porque hay democracia y justicia integral, ese es el mejor homenaje que nos podemos dar y podemos dar a millones de víctimas del Estado y del conflicto armado que hemos padecido.
Los saludamos en memoria de nuestros asesinados, torturados, desaparecidos, el desplazamiento forzado, de los perseguidos judicialmente con montajes, de lo que hemos vivido, y las múltiples violaciones de nuestros derechos a nuestras vidas, a los territorios y a las fuentes de vida que han ocurrido, unas claramente en desarrollo del conflicto armado y otros por fuera del conflicto armado, la mayoría de ellas.
Les escribimos y participamos en este Foro no con la pretensión de hacer cuentas cobro sino llenos de esperanza de que por fin será posible una nueva vida para nuestro país, conscientes de que la mejor reparación es el reconocimiento de responsabilidad y la constitución de un Estado justo y democrático para todas y todos en los que los derechos de los que hemos sido violentados, los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación sean respetados.
La convocatoria de éste Foro es importante, pero no debe ser el único mecanismo de participación para la discusión de esta problemática que es transversal al resto de puntos como es el de participación y territorio.
Los derechos que demandamos como víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación integral no se resuelve sin decisiones políticas que enfrenten la ausencia de mecanismos eficaces de participación, y sin el respeto a los derechos territoriales, protección y apoyo de las iniciativas de protección, producción, preservación territorial que significan adopción de políticas coherentes para el arraigo y la calidad de vida integral, de los seres humanos y comunidades y de la naturaleza biológica.
Nosotros hemos padecido la violencia del Estado. Dentro de nuestras comunidades hemos vivido el desplazamiento forzado a causa de operaciones militares por aire, por tierra y por agua, sin que haya guerrilla en nuestros territorios, o en otros casos, bajo el pretexto de persecución de la guerrilla sea de las FARC o del ELN. Por eso hemos sido asesinados, desaparecidos, torturados, bombardeados, desplazados, perseguidos injustamente judicialmente con base en documentos de inteligencia militar o policial o hemos sido arrasados por estrategias de tipo paramilitar, desarrollado por estructuras estatales. Algunas veces por militares disfrazados como paramilitares, otras en combinación de militares con paramilitares y otros con el campo de los paramilitares protegido por los militares
Nosotros hemos sido víctimas del Estado por reclamar el derecho a la tierra, por proteger el territorio habitado, a veces titulado, o individual o colectivamente, o por expresarnos pacífica y civilmente en diversas manifestaciones religiosas, políticas, ambientales demandando nuestros derechos a la vida, al territorio, a la alimentación, a la expresión, a un ambiente sano. Estos ataques oficiales se han dado con la existencia y sin la existencia de la guerrilla para lograr asegurar los intereses de actores privados, empresas multinacionales o nacionales, que tienen intereses de explotación o extracción, montaje de obras de infraestructura y agronegocios.
Evidentemente, en segundo lugar, hemos sido víctimas de confrontaciones armadas, que nos han impedido la libre movilización, que han causado muertes de algunos de los integrantes de nuestras comunidades y eventualmente desplazamientos forzados temporales. Aquí la responsabilidad ha sido de las fuerzas estatales y las guerrillas.
Y en tercer lugar, hemos sido víctimas de la violencia guerrillera cuando ésta ha amenazado han hostigado o a juzgado bajo sus normas a personas civiles a quienes considera como parte de las fuerzas estatales o paraestatales.
Al mirar el conjunto de las violencias es muy significativo aceptar una lamentable realidad en nuestras comunidades, el Estado se ha vuelto contra nosotros, en esta larga violencia, ha violado nuestros derechos humanos, ha cometido crímenes de lesa humanidad contra nuestras comunidades, sus violaciones han sido contra nosotros poblaciones inermes. Esta violencia con la fuerza ha hecho que el Estado pierda su legitimidad, y que su identidad de autoridad se haya vuelto de terror, de barbaridad. Sus crímenes son cuantitativa y cualitativamente mayores que los cometidos por las guerrillas e insistimos se han cometido por fuera del desarrollo del conflicto armado.
Las fuerzas militares nos comprenden como enemigos internos, mucho más, si somos comunidades organizadas que exigimos nuestros derechos, a los militares los actores políticos les han enseñado eso, les han aprobado una doctrina que les enseña a torturar, a desaparecer, a ejecutar extrajudicialmente, a cambiar las escenas de sus crímenes, a desarrollar campañas cívico militares.
En desarrollo de la guerra de guerrillas se han cometido abusos, infracciones graves al derecho humanitario y ejecuciones extrajudiciales por parte de estas, entre otras, amenazas.
Conforme a nuestra memoria histórica denuncias y demandas, el 90% de torturas y de asesinatos es responsabilidad del Estado. EL 99% de las desapariciones es responsabilidad del Estado. El 90% del desplazamiento forzado es por parte del Estado y el 10 % restante por parte de las guerrillas. El despojo es 95% propiciado por el Estado.
Hoy desde esa realidad que debemos reconocer, que debemos discutir para sacar adelante nuestro país, más que para asumir culpas, para asumir responsabilidades y en enderezar de los raíz lo torcido, las más de 110 comunidades y organizaciones locales y regionales que somos parte de Comunidades Construyendo Paz desde los territorios, CONPAZ, desde hace 14 años, consideramos como imperativo ético y político hoy las siguientes decisiones:
1. Cese bilateral del fuego.
A nosotros nos duele y nos continúa llenando de desesperanza el que nuestros territorios existenciales sean espacios físicos para la persecución a nosotros afros, mestizos e indígenas, habitantes rurales; nos afecta el hecho que bajo el pretexto de la persecución a las guerrillas, se nos bombardee, se nos bloque o se continúen violando derechos humanos o que en desarrollo de las hostilidades en una guerra desigual se continúen cometiendo infracciones al derecho humanitario-
Una garantía la vida de todas y de todos, para creer, para expresarnos, para habitar en tranquilidad y sin zozobra, para sentir la posibilidad de la solución del conflicto armado es un cese bilateral del fuego. Respecto al pasado posibilitará realizar un ejercicio de memoria colectiva y frente al presente evitará más heridos o más muertos civiles, militares, policías y guerrilleros, todos ellos nacionales, con la sangre de éste mismo país
Este cese bilateral debe ser para que podamos acometer acciones para la búsqueda y hallazgo de nuestros desaparecidos, para el hallazgo e identificación de fosas, para el mapeo de minas, para acciones humanitarias con los injustamente detenidos en las cárceles, para el cese de amenazas y de hostigamientos, todo como parte de un Acuerdo Especial.
Un cese bilateral además de las condiciones psicológicas que generará brindará condiciones para el desarrollo de iniciativas y procesos de memoria colectiva en la construcción de la paz con justicia social y ambiental.
Ese Cese Bilateral debe permitir reconocer que personas naturales, pequeñas, medianas y grandes empresas continúan con el acaparamiento de tierras por parte de empresarios y terratenientes, por medio de la estrategia militar y paraestatal, lo que ha ocasionado desplazamientos forzados, asesinatos, destierro, pérdidas culturales, daños psicológicos, la ruptura del tejido social, violando el derecho fundamental de la soberanía alimentaria, favoreciendo y enriqueciendo a estas estructuras para que continúen implementando los mismos mecanismos de muerte a la población campesina, indígena y afrodescendiente en todo el territorio nacional como lo vivimos no será posible creer que estamos en camino hacia la paz. Si las extorsiones del movimiento guerrillero persisten a esas empresas se seguirá alimentando la guerra, por eso se requiere un cese bilateral e integral al fuego para resolver de fondo eso asuntos y acompasarlos desde nuestras realidades con lo que se discuta y acuerde en las mesas de conversación.
Les decimos respetuosamente: al presidente Santos y a las guerrillas que colocamos a su disposición nuestros territorios para que se inicien experiencias piloto de Cese Bilateral del fuego y de hostilidades. Presidente Santos arriésguese, militares crean, no somos sus enemigos, guerrillas confíen en nuestra propuesta.
2. Desmonte de las lógicas de enemigos internos.
Lamentablemente las fuerzas institucionales han sido educadas y formadas en el pensamiento de un enemigo interno al que hay que derrotar y desde esa premisa se ha aprobado la violación de derechos humanos y dentro de esos mecanismos de violación tortura, desaparición, ejecución extrajudicial, montajes judiciales, desplazamiento, se ha usado el paramilitarismo. Esa lógica de lo encubierto ha sido militar, política, económica y cultural y ha desarrollado mecanismos de asegurar su continuidad en la impunidad, en el mantenimiento del poder político y económico o en la protección de intereses políticos y económicos, hacerse a la riqueza y al poder político.
Así que urge el desmonte de las lógicas de operación paramilitar que aún se encuentra en sectores militares, policiales, de agencias de inteligencia, de políticos y de empresarios.
3. Discusión sobre la Comisión de la verdad
Como procesos organizativos y comunidades víctimas, vemos necesario, que se conozca la verdad de todo lo sucedido en nuestro país con las violaciones de derechos humanos y el conflicto armado ¿Qué paso? ¿Por qué paso? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes participaron?, ¿Qué ha sucedido con las investigaciones?, ¿Cómo y qué debe ser reparado?
Desde estas preguntas construimos nuestra propuesta de Comisión de la Verdad la cual dimos a conocer el día 4 de Abril de 2014, y que se inició con la Comisión Ética de la Verdad en el año 2000 con el apoyo de la Comisión de Justicia y Paz.
Esta iniciativa no sustituye el derecho a la justicia, pero desde la Comisión Ética ya arroja resultados e iniciativas importantes en materia de justicia como por ejemplo, la creación de Tribunales Especiales para a Paz, la redefinición de la conducta penal como pensada en una sanción carcelaria, una serie de modificaciones para la posibilidad del deber de la memoria.
Hoy urge una decisión de gobierno de protección de archivos, de recuperación de los archivos del DAS, que se han extraviado y otras medidas de protección de declaraciones de los exparamilitares en la ley 975, en la Corte Suprema de Justicia y en procesos de justicia ordinaria.
Nuestra propuesta de Comisión de la Verdad no solo comprende a quienes usaron las armas para defender y proteger al Estado si no a quienes legislaron, ordenaron, legitimaron, hostigaron, instigaron con ropaje civil. Igualmente, en el caso de los alzados en armas.
Esta es nuestra propuesta de Comisión de la Verdad: http://issuu.com/comisionjusticiaypaz/docs/propuesta_comision_de_la_verdad_-_c?e=3231018/8419595
4.Propuestas y reflexiones sobre Justicia e Impunidad
La mayoría de las violaciones de Derechos Humanos, crímenes de Lesa Humanidad, las graves infracciones al Derecho Humanitario, cometida por estructurales estatales se encuentran casi en total impunidad, con excepción de dos casos. Las infracciones al derecho humanitario, atentados a la vida, a la integridad cometidos por las guerrillas, casi todos han sido investigados y sancionados.
Para la solución del conflicto armado y graves violaciones de derechos humanos se requeire un Tribunal Ad Hoc para la paz, en la que comparezcan agentes estatales y los guerrilleros, a quienes se les impute crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Dichas imputaciones comprenderán los contenidos de derecho interno e internacionales sobre violaciones de dh infracciones al derecho humanitario, la diferencia entre delito político y delito común, entre otros aspectos.
Nosotras y nosotros desde nuestra condición de víctimas, exigimos que en el marco de los procesos de esclarecimientos de aquellos hechos violatorios de ddhh donde resulten vinculados funcionarios públicos como agentes responsables en cualquiera de los niveles de responsabilidad, para efecto de la reparación, estos respondan hasta con su patrimonio, así mismo, sean inhabilitados de forma vitalicia de la función pública; todo esto a demás de las sanciones de orden penal a que tengan lugar o fuere sujeto en el Tribunal Ad Hoc para la Paz con Justicia.
Como víctimas y desde nuestro derecho a la verdad, exigimos que estos funcionarios públicos no sean objeto de extradición, especialmente aquellos que ostentan altos cargos.
Los daños ambientales y sociales, se encuentran en la impunidad. Cualquier construcción de paz debe partir entonces de una política ambiental que posibilite el resarcimiento comunitario y social de compañías que se han beneficiado de estrategias en el conflicto armado o que ellas mismos impulsaron La mejor prevención de la comisión de nuevos delitos de lesa humanidad, graves violaciones de derechos humanos partirá del esclarecimento judicial y del sometimiento de sectores empresariales al Tribunal Ad Hoc para la Paz, además, de su comparecencia ante la Comisión de la Verdad.
La coherencia de esa política ambiental dependerá de que se asuma por motivación propia del gobierno de Colombia y de la coalición de gobierno de la Unidad Nacional, los principios rectores sobre derechos humanos y empresas, asumiéndolos como obligatorios para los inversionistas nacionales y extranjeros.
Nosotras y nosotros desde nuestra condición de víctimas, exigimos que en el marco de los procesos de esclarecimientos de aquellos hechos violatorios de ddhh en el marco del conflicto armado donde resulten vinculados funcionarios públicos como agentes responsables en cualquiera de los niveles de responsabilidad, para efecto de la reparación, estos respondan hasta con su patrimonio, así mismo, sean inhabilitados de forma vitalicia de la función pública; todo esto a demás de las sanciones de orden penal a que tengan lugar o fuere sujeto.
Como víctimas y desde nuestro derecho a la verdad, exigimos que estos funcionarios públicos no sean objeto de extradición, especialmente aquellos que ostentan altos cargos.
Desde nuestra perspectiva hemos ido construyendo iniciativas que fortalecen el sentido de la justicia desde lo comunitario. Pero nosotros hemos ido encontrando que la cárcel no corrige, puede ser que intimide pero no más, que restringa muy parcialmente unos derechos a los sentenciados, pero no cambia ni las personas ni la instituciones.
Incluso, los lugares de reclusión tienen privilegios, y se sigue delinquiendo desde las cárceles. En este sentido, proponemos un cambio al modelo de justicia existente una vez conociendo que el modelo imperante está diseñado para proteger a los victimarios y señalar a las víctimas, que quienes tienen dinero y poder pueden cambiar la justicia a su beneficio.
Es por ello, que estamos proponiendo cambiar modelo de las cárceles por constitución de espacios temporales de contrición, de reconocimiento de responsabilidad y de sanción comunitaria, luego de que los responsables tanto armados como civiles políticos, empresarios sean juzgados por un Tribunal Especial para la Paz y la Justicia
Los victimarios deberán ir a las comunidades donde se sucedieron los hechos y asumir responsabilidad frente a las víctimas y realizar trabajos comunitarios utilizando trajes que recuerden el porqué de su sanción y el reconocimiento de los hechos.
La creación de espacios de la memoria (monumentos, casa de memoria, museos, escuelas centros de memoria) en las ciudades, pueblos y comunidades y la realización de las conmemoraciones anuales en todos los lugares donde se presentaron hechos violentos, donde se reivindiquen las víctimas.
Las instituciones educativas deben de crear asignaturas en la que se mantenga viva la historia de las víctimas.
Nosotros y nosotras como víctimas del Estado en el marco del conflicto armado, exigimos que la justicia transicional se aplique a todos los responsables que participaron en los hechos tanto materiales como intelectuales, y planificadores y estos sean obligados a que cuenten toda la verdad de sus acciones en las que participaron.
Como CONPAZ trabajaremos propuestas de justicia para enfrentar la impunidad estructural que hemos vivido. Nosotros y nosotras como CONPAZ no estamos de acuerdo con el fuero militar, ni justicia penal militar
5. Reparación integral y cambios a la ley 1448.
Debe conformarse una comisión independiente, con participación de organizaciones de víctimas para que sea evaluada la aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierras.
Esta ley tiene serias limitaciones en materia de reparación, Dada la prioridad de preservar los derechos de la economía de mercado, de los derechos del sistema fiscal ha convertido la reparación en una mercancía, en una reducción a una indemnización de limosna y a la reparación en una palabra para una estrategia de mercadeo.
La Unidad de víctimas se ha convertido en un ente burocrático, que desconoce realidades, que estigmatiza y en muchos casos protege despojadores, una cosa son las palabras y otras las realidades, en lo concreto, las víctimas no somos reparadas colectivamente, no se respeta nuestras diferencias culturales, y podamos recuperar los espacios de encuentro y esparcimiento que fueron destruidos para reparar los lazos sociales en las comunidades y barrios. (Parques, tiendas, esquinas).
LA ley de victimas suma lo que es responsabilidad del Estado Social con la indemnización y desconoce la comprensión integral de derechos destruidos. Urge un estudio en donde se especifique qué tipos de atención para qué tipos de afectación (social, humano, ambiental, económico, espiritual, cultural y psicológico) y la reparación de estos daños se está haciendo por parte del gobierno en esa ley 1448
El Estado debe comprender que la mejor reparación posible y real es la constitución de un Estado Social de Derecho, y esto significa: una verdad real e integral en una Comisión de la Verdad, un estatuto de desarrollo rural moderno con respeto a los derechos humanos y ambientales y articulado con políticas urbanas del buen existir con alimentación y ambiente sano para los habitantes de las ciudades; un desembolso de recursos para la implementación de propuestas agroecológica y de etno educación de nuestras comunidades desde primaria hasta universidades, una modificación en el sistema de salud y una posibilidad de asignación de emisoras y de canales de televisión a nuestras comunidades y organizaciones, y la implementación de nuevos y eficaces mecanismos de participación social y política, y un cambio y revisión de los tratados de libre comercio.
6. Sobre los proyectos de desarrollo
Consideramos que el Gobierno Nacional debe asumir como obligatorios los principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos conocidos como principios Ruggie. La aplicación de los mismos llevara a la creación de criterios y de políticas públicas que posibiliten el desarrollo de iniciativas que demuestran nuestras capacidades y potencial que requieren Empresas respetuosas de derechos humanos y del ambiente.
Del mismo modo recibimos con beneplácito la recién aprobada resolución de la ONU para la investigación a empresas vinculadas con crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestros territorios. Esperamos que se pueda desarrollar a favor de nuestros pueblos.
Las 110 comunidades y familiares de víctima que hacemos parte del CONPAZ hemos elaborado y desarrollado propuestas de agroecología que no han contado con recursos eficaces del Estado ni de actores privados para su implementación.
7. Propuestas de participación como CONPAZ.
Nosotros y nosotras deseamos participar activamente en la búsqueda de la paz con justicia social y como víctimas somos parte fundamental en este proceso y como víctimas sujeta de Derecho. En numerosas ocasiones hemos solicitado reunión con el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo con el fin de que conozca nuestra organización y poder presentar nuestras propuestas, sin que esto sea posible. Por esto reiteramos esta solicitud.
El Gobierno Nacional instalo el Consejo Nacional de Paz el día 28 de Mayo de 2014, desde que nos enteramos de esta posibilidad hemos solicitado asiento para participar en este espacio de contribución a la paz.
Proponemos a las organizaciones de víctimas, a las organizaciones de paz y derechos humanos, al sector empresarial a que desarrollemos durante el segundo semestre cinco Malokas por la paz, y luego cinco Embarcaciones por la Paz, en los que durante jornadas de tres días, en emisión por medios institucionales y medios virtuales, en 5 regiones abordemos lo que debería ser una política para la paz y un proyecto de país donde se asiente la paz. Estas Malokas deben desarrollarse en cinco regiones del país con los siguientes temas: Para el país qué soñamos con paz, que políticas deben ser realizadas en materia de derecho a la verdad y a la justicia; en materia ambiental y de hidrocarburos; en materia de educación, cultura y medios de información; en materia de salud y de vivienda; en materia de producción limpia de alimentos y de agroecología; en materia de seguridad urbana y rural; derecho a la protesta y/o seguridad humana y de relaciones internacionales.
La paz es mía, es tuya, es nuestra. La paz es un deber y un derecho, la justicia integral es el único principio que hará realidad los derechos de nosotros las víctimas y los de la paz sustentable, sostenible y duradera.
A todas y todos gracias por escucharnos, hagamos creíble y real la esperanza, reconocimiento espacial por su escucha a Colombianas y Colombianos por la Paz y muy especialmente a la Comisión de Justicia y Paz y las y los integrantes de la Comisión Ética de la Verdad.
Barranquilla, 16 de julio de 2014
CONPAZ