Carta abierta de apoyo a Danilo Rueda secretario ejecutivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y miembro directivo de CTI Tolerancia Zero ante campaña de desprestigio y difamación en contra de él y su organización
6 mayo 2022
En solidaridad con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (J&P), organización colombiana de derechos humanos, las organizaciones e individuos aquí firmantes queremos expresar nuestra más seria preocupación sobre el grave riesgo que enfrenta J&P y su Representante Legal Danilo Rueda. Exhortamos al Estado Colombiano que tome acciones urgentes para acabar con las campañas de deslegitimación y garantizar la seguridad física de los miembros de J&P.
El Sr. Danilo Rueda es un defensor de los derechos humanos y miembro fundador de J&P. A pesar de las continuas amenazas de muerte, intimidaciones y otros ataques en contra de su personai Danilo Rueda trabaja para luchar contra la impunidad y defender los derechos de las comunidades de base. Danilo Rueda es beneficiario de medidas provisionales de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a las amenazas y ataques que ha sufrido.ii J&P es una organización emblemática de promoción y defensa de los derechos humanos y ambientales, y reconocida internacionalmente por sus más de 30 años de trabajo en territorios al lado de 160 procesos de comunidades negras, indígenas y mestizas, y tres procesos urbanos. J&P ha documentado y acompañado diversos casos de afectaciones de los derechos humanos, del entorno natural y de la seguridad alimentaria de comunidades afectadas por las operaciones de empresas agroindustriales de la palma, el banano y la madera, así como industrias extractivas y petroleras. Adicionalmente a la denuncia de casos de violaciones de derechos causadas por empresas, la organización promueve iniciativas de protección colectiva, impulsando y acompañando estrategias comunitarias de protección. Desde su origen brinda protección a víctimas, testigos/as y pruebas bajo criterios incuestionables de ética y profesionalidad.
Durante su historia J&P ha desarrollado iniciativas de memorias y de lucha frente a la impunidad y la construcción de paz con el respeto de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, y garantías de no repetición. En los últimos cinco años J&P representa víctimas en la justicia transicional, precisamente en los casos 03, 04, 06 ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Además, impulsa procesos inéditos para lograr la satisfacción de los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad con metodologías que incluyen a los responsables de sus victimizaciones como ex-paramilitares, exmilitares, agentes de Estado, y otros terceros, así como, personas privadas de la libertad lo que significa el acceso a centros de detención.
En este marco, el 8 de abril 2022 en desarrollo de una visita al Centro Penitenciario de La Picota se le acusó a Danilo Rueda y sus acompañantes, (el filósofo Juan Fernando Petro y el abogado Pedro Niño) de realizar un “pacto de impunidad y acordar rebaja de penas” a cambio de votos, debido a la presencia en esa misión del hermano del candidato presidencial Gustavo Petro. El objetivo de la visita que se ubica en el desarrollo de propuestas de garantías de no repetición con la escucha de privados de la libertad que desarrolla J&P fue distorsionada en las redes sociales por parte del partido de gobierno de Colombia. También quedó claro que Danilo Rueda estaba bajo vigilancia, ya que posteriormente se publicó un noticiero con videos que le fueron tomados irregularmente desde el interior y el exterior de la prisión.
Días después, el defensor de derechos humanos Danilo Rueda se convirtió en blanco de ataques en algunos sectores de los medios de información por parte de una senadora del partido de gobierno y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por el desarrollo de su trabajo, y ha sido blanco de señalamientos, ataques, difamaciones que ponen en riesgo su vida e integridad.iii El exmandatario ha estigmatizado la labor del defensor acusándolo de ser responsable de protección de testigos falsos, que han sido fundamentales en causas judiciales como el juicio que ve involucrado a su hermano, Santiago Uribe Vélez, vinculado a una investigación por concierto para delinquir, homicidio y creación de grupos paramilitares.
Este conjunto de señalamientos con descontextualización y distorsión del papel que ha cumplido legalmente y legítimamente Danilo Rueda, puede generar daños graves e irreparables a su vida e integridad en medio de una operación permanente de grupos armados ilegales que tienen como blanco a líderes y defensores que desarrollan iniciativas de paz y de derechos a la verdad y a la justicia, o por operaciones ilegales de inteligencia como las que se infiere vienen desarrollándose contra este conocido defensor y por la cual se manifestaron hasta 5 Relatores Especiales de la ONU y OEA.iv
Se está además estigmatizando a todas y todos las integrantes de la organización, que desarrollan su trabajo en zonas dónde persiste el conflicto armado con diversas expresiones de violencia, y, dejan en riesgo a las víctimas en los territorios, excombatientes firmantes de paz, e inclusive a ex militares, ex paramilitares, agentes de Estado, empresarios o llamados “terceros” que vienen participando en las iniciativas de memorias transformantes y derecho restaurador que adelanta la J&P para la construcción de verdad, memoria y garantías de no repetición en relación al proceso de paz en Colombia.
Cabe recordar que Colombia es uno de los países más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos: persisten ataques, asesinatos, campañas de difamaciones y estigmatización en contra de quienes defienden los derechos humanos y ambientales. Las personas defensoras de los derechos humanos suelen ser víctimas de campañas de estigmatización y desprestigio. Estas tienen como objetivo atacar su reputación, credibilidad y apoyo. Las campañas de desprestigio suelen preceder al acoso judicial y ataques físicos. En los primeros tres meses del 2022 han sido asesinadas más de 50 personas defensoras y 14 ex combatientes de las FARC-EP firmantes del Acuerdo de Paz, asimismo que se cometieron más de 30 masacres con 122 víctimas. Esta violencia impacta el derecho a defender los derechos humanos, y genera en la actual coyuntura electoral un clima de fuerte polarización social e inestabilidad política.
Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta la Resoluciónv recientemente aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que reconoce la inconmensurable labor de las personas defensoras de derechos humanos en contexto de conflicto y posconflicto, y exhorta a los Estados a que “Se abstengan de
dirigir campañas de deslegitimación, criminalización o difamación contra los defensores de los derechos humanos por documentar violaciones y abusos de los derechos humanos, y también por comunicarse con agentes no estatales, como grupos armados, a tal fin”, instamos al Estado Colombiano a:
• Manifestar su apoyo y respaldo públicamente a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y en particular a la Comisión de Justicia y Paz, subrayando la legitimidad de su trabajo.
• Asegurar garantías de seguridad para Danilo Ruedo y el equipo de la Comisión de Justicia y Paz.
• Asegurar que la labor de las personas defensoras de derechos humanos no sea objeto de campañas de desprestigio y manipulación con fines políticos, y sancionar a los/las responsables.
• Investigar sobre los procedimientos que hayan permitido la grabación en espacios no permitidos y los responsables de estas filtraciones que ponen en grave riesgo la integridad física de las personas defensoras a la vez que interfieren y perjudican su labor legal y legítima de defensa de los derechos humanos.
Firmado:
1. Acción Ecológica, Ecuador
2. Ação dos Jovens Indígenas de Dourados (AJI), Brasil
3. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), Paraguay
4. Forest Peoples Programme, Reino Unido
5. Front Line Defenders, Irlanda
6. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP), Nepal
7. Michel Forst, Former UN Special Rapporteur on the Situation for Human Rights Defenders
8. Project HEARD, Holanda
9. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), México
10. Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta Riosucio y Supía Caldas, Colombia
11. Sierra Leone Land Alliance, Sierra Leone
12. Tebtebba/Indigenous Peoples International Center for Policy Research and Education, Filipinas
13. The International Service for Human Rights (ISHR)
14. Rainforest Action Network, EE.UU
15. Yaku, Italia