Carta abierta al presidente Santos y entes del Estado: Día nacional de víctimas? Manuel, Samir y Rogelio Martínez

EL ESTADO DEBE RECONOCER SU RESPONSABILIDAD

Hoy día oficial de homenaje a las víctimas, a su y nuestra memoria histórica y la solidaridad con quienes hemos sido objeto de la violencia sociopolítica, con señalamientos, manipulaciones mediáticas masivas, amenazas, torturas, desapariciones forzadas…

bloqueos económicos, operaciones encubiertas paramilitares, interceptaciones ilegales de comunicaciones, montajes y persecución judicial, bombardeos indiscriminados, desplazamientos y desarraigos forzosos, despojo violento y fraudulento, ocupaciones empresariales ilegales e inconsultas de nuestros territorios, crímenes ambientales contra el agua, reservas forestales, especies en vía de extinción, nuestra riqueza biológica, víctimas de la exclusión y de formas de discriminación proscritas en el derecho internacional y la propia constitución de las que clarísimamente en calidad, en cantidad, en gravedad y sistematicidad ha sido responsable el Estado colombiano.

Verdad desconocida en los principios de la ley 142 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En ella se concibe que nosotras y nosotros somos víctimas de actuaciones de grupos ilegales, donde el Estado o sus agentes son las víctimas, cuando hemos constatado que el Estado antes de la existencia de las guerrillas y con la persistente existencia de las guerrillas de las FARC y del ELN, bajo el pretexto de perseguirlas nos ha perseguido a nosotros sin misericordia. Así pretendiendo con su violencia imponer un modelo de sociedad, de desarrollo y de democracia con exclusión de nuestras ideas, de nuestros modos de habitar y de proteger y convivir con los ecosistemas y otros modos de vida.

Evidentemente hemos sido también víctimas, en situaciones específicas de las guerrillas, que han cometido graves infracciones al derecho humanitario y contra sus propios principios y ética de cambio, las que hemos rechazado y condenamos, hechos sobre los cuales hay investigaciones abiertas, condenadas y condenados.

Sin embargo, ante la sistematicidad de crímenes cometidos por estructurales estatales, la tergiversación mediática, la desviación investigativa, las absoluciones, la preclusiones, la inacción estatal y la inversión de la carga en que las víctimas se convierten en victimarios, hoy 9 de abril, en sensatez, en generosidad el Estado debería reconocer su responsabilidad en la espiral de violencia que deviene desde 1948 y la que ha generado desde hace 200 años, los sectores dirigentes de este país, para preservar los intereses y los privilegios de un grupo minoritario del poder político, económico, social en Colombia y de algunos poderosos del planeta.

Si esta verdad no es aceptada, ni asumida por el Estado, este homenaje a las víctimas es vano, y distante el camino hacia una paz estable, sustentable y duradera, es un día que no trasciende en la memoria, y es solamente otra estrategia publicitaria, circense en los propósitos de la “prosperidad democrática”. Esa verdad de apuño, negada, deber ser reconocida para que sea posible una democracia incluyente.

Si esta responsabilidad del Estado, como expresión ética y política no es reconocida, estamos en un nuevo abismo de palabras y realidades, de recomendaciones y de implementaciones.

Nuestras organizaciones y comunidades siguen siendo víctimas de Estado por acción y por omisión, comisión por omisión, cuando no directamente con sus auxiliares paramilitares. Los asesinatos de Manuel y Samir Ruíz son una constatación.

No es cierto, como lo hace el gobierno, que se ha logrado romper la impunidad en el asesinato de Rogelio Martínez. Hay una sentencia judicial, que no afecta la estructura paramilitar ni los responsables estatales de su asesinato, el sentenciado se encuentra prófugo a pesar de la advertencia que se hizo a la Fiscalía General. Esto es lo que vivimos diariamente en nuestros territorios, que son parte de los 410 con operaciones de las llamadas BACRIM, que son los mismos de antes, con los mismos apoyos militares y policiales.

Cuando hemos habitado los territorios y hemos sido desterritorializados, las empresas beneficiarias del paramilitarismo u otras empresas se encuentran allí, saqueando o imponiendo el uso de la tierra, del suelo, del subsuelo y del espectro electromagnético. Cuando ni siquiera se nos ha titulado, a pesar de tramitar titulación y de ocupar tradicionalmente los territorios, sin consulta de ningún tipo, si con militarización y copamiento de fuerza regular, empiezan las operaciones empresariales.

Esto es un reflejo de la ausencia de garantías y de las distancias, entre las formas y las realidades, una ley de víctimas despojada del fondo de sus contenidos por el vaciamiento de sus sentidos, y la promulgación con otras leyes que van en contra de los derechos a los territorios y de las vidas en ellos. Pero igualmente, acusaciones y descalificaciones desde el más alto nivel del Estado, incluyendo a usted señor Presidente Santos, o sectores de poder empresarial y de los medios, contras las víctimas, sus organizaciones, sus propuestas y sus acompañantes como ha ocurrido con nosotras y nosotros, esto es un desconocimiento de los avances que se quieren mostrar con una ley de víctimas.

Grave situación a la que se suman los privilegios jurídicos a militares responsables de graves violaciones de derechos humanos con el fuero militar y el marco legal para la paz (pacificación); a los beneficiarios de la violencia paramilitar con el artículo 99 de la ley de víctimas, o los beneficios a las empresas privadas con exención de impuestos y flexibilidad laboral, mientras destruyen comunidades, territorios, y sostienen con obras de caridad unas buenas formas de exclusión y de injusticia, o un Estado de Desarrollo Rural en contra de todas las disposiciones ambientales.

¿Para qué un día de homenaje a las víctimas? Solamente creemos, que tiene sentido, para que podamos decirle al Estado que urge reconocer su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, recordarle que debe cesar la persecución, debe enfrentar el paramilitarismo y sus estructuras estatales, debe buscar con la paz en el diálogo con las guerrillas, sin exclusión de nosotras y nosotros, y debe enfrentar ese horror de ser tercer país en el mundo en desigualdad con políticas públicas de justicia social, ambiental, de género, comunicativa. Estas y otras garantías, para que en Colombia, sea posible una paz con democracia incluyente, una paz con justicia integral, una paz en las diferencias. Eso sí, una democracia en transición cuando cese la persecución, se escuchen nuestras propuestas de habitación en los territorios, nuestras apuestas humanitarias y de protección en medio del conflicto armado, se de viabilidad política, técnica y financiera a nuestras propuestas agroecológicas, de comunicación y de género, cuando cese impunidad y sea posible conceder beneficios jurídicos a los victimarios, cuando nuestros desaparecidos puedan ser por lo menos enterrados.

Comunidades Red de Alternativas a la Impunidad y la Globalización del Mercado-Colombia

Asociación de Zonas Humanitarias y de Biodiversidad de la cuenca del Jiguamiandó y Curvaradó: Chocó

Familias de los consejos comunitarios de Cacarica, Asociadas en Comunidades de Autodeterminanción, Vida y Dignidad-CAVIDA-Chocó

Resguardo Indígena de Urada Jiguamiandó-Espacio Humanitario Ambiental – So Bia Drua, Pueblo Embera Katio

Comunidad de Vida y trabajo “la Balsita” Dabeiba-Chocó

Comunidad civil de Vida Y Paz CIVIPAZ. Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad- Meta

Asociación agroecológica Esther Cayapú. ASUAESCA. Trujillo-Valle

Asociación Agroecológica Koinonia-ASOKOINONIA. Trujillo-Valle

Asociación Agroecológica de familiares de víctimas de Trujillo-ASAVIP. Trujillo-Valle

Resguardo indígena Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonaam. Calima-Valle

Comité veredal comunidad el crucero Km 9. Bajo Calima-Valle

Consejo comunitario de la comunidad negra del rio Naya. Valle

Asociacion campesina Bienandantes-Sucre-Cauca

Asociacion campesina Huerto Renacer-Tequendama-Sucre-Cauca

Familias desplazadas de Argelia-Cauca

Asociacion de familiares de victimas de San Antonio-inzá “sembradores de paz”- Cauca

Escuela taller de Derechos Humanos ullucos-Toribío-Cauca

Zona de Reserva Campesina Bajo Cuembí-Comandante-Putumayo

Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA)-Putumayo

Asociación Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo KWE’SX KSXA’W-Putumayo

Zona de Biodiversidad “El Triunfo” vereda Ancurá-Putumayo

Zona de Biodiversidad “La Gurrera” vereda Ancurá-Putumayo

Zona de Biodiversidad “Buenavista” vereda Nariño Nariño-Putumayo

Zona de Biodiversidad “La Cimarrona” Vereda Bajo Cuembí-Putumayo

Asociación de Productores y Procesadores “Semillas de Paz” (ASPROSEPAZ) vereda Bajo Cuembí-Putumayo

Asociación de Productores y Procesadores “Camino al Futuro” (SAPROCAF) vereda Puerto Tuayá-Putumayo

Asociación “Sueños de Esperanza” vereda Puerto Playa-Putumayo

Asociación de campesina vereda Guadalupe-Putumayo

Asociación de Desarrollo Sostenible San Salvador (ASCADES)-Putumayo

Familia Martínez Mercado