Carta abierta al Presidente de la Republica ALVARO URIBE VELEZ
No era inesperable, es decir, era de esperarse. En el entorno del escenario donde se realizó el Segundo Encuentro de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones de derechos humanos, Genocidio del Estado se hicieron explícitas las intimidaciones, la gestación de una estrategia cualitativa que usa diversos medios y técnicas, usando la prensa, la publicidad callejera de expectativa. Una estrategia localizada desde Bogotá hasta Trujillo, también en otros lugares de la Costa, el temor pretende silenciar, se teme a que lo evidente se haga pública, se teme a la fuerza ética y moral de las víctimas, se teme a la verdad, al clamor de Justicia.
Adjuntamos una carta del Grupo de Impulso al Movimiento Nacional de Víctimas del Estado frente a lo que sucedió en desarrollo de la Asamblea en la afueras del recinto del Hotel Bacatá y que ha continuado más allá de ese lugar.
Bogotá, D.C. 7 de julio de 2005
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá D.C., 6 de julio de 2005.
Señor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República de Colombia
Ciudad
Señor Presidente:
En el marco “II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los Derechos Humanos y Genocidio” celebrado en Bogotá entre el 23 y 25 de junio de 2005, las personas, comunidades y organizaciones afectadas por la violencia estatal, conformamos el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Esta amplia coalición se afirma en la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de crímenes atroces cometidos históricamente bajo la responsabilidad del Estado, por su acción u omisión.
El II Encuentro mostró un panorama de generalizadas violaciones a los derechos humanos y de creciente control paramilitar en vastas regiones del país. Así lo testimoniaron víctimas provenientes de diversos puntos de la geografía nacional: representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, miembros de organizaciones sindicales y políticas sometidas a procesos de exterminio, viudas y huérfanos que ha dejado la acción paramilitar auspiciada y tolerada por el Estado.
Esta situación sin duda se verá avalada por la ley llamada de “Justicia y Paz” que, diga lo que diga el Gobierno, no toma en consideración a las víctimas, deja en total impunidad la responsabilidad del Estado y premia a reconocidos criminales y narcotraficantes con cómodos beneficios.
Nuestra postura pública de rechazo a la legalización de la impunidad es la razón por la cual, en contra de quienes hacemos parte del Movimiento de Víctimas, de Crímenes de Estado se están desarrollando operaciones sistemáticas de persecución y amenaza. Se trata de acciones que hacen parte de una campaña de terror dirigida también contra comunicadores sociales, líderes políticos y sociales, y organizaciones de derechos humanos que han expresado posturas divergentes a las políticas que lleva a cabo su administración.
Nos dirigimos a usted con el objeto de poner en su conocimiento que el Movimiento de Víctimas del Estado viene siendo sometido a actos de intimidación, hostigamiento y amenaza, que permiten anticipar posibles acciones de hecho contra quienes hacemos parte de esta iniciativa.
Los hostigamientos recientes tienen antecedentes en otros actos de persecución. Durante el primer encuentro que realizamos en Bogotá, en mayo de 2004, miembros del Ejército Nacional señalaron que se les había informado que nuestro evento era una reunión de “grupos guerrilleros”. Esto a pesar de que las autoridades saben perfectamente que las organizaciones que hacemos parte de este proceso somos entidades reconocidas nacional e internacionalmente, y que cumplimos todos los requisitos exigidos por la ley para nuestra legítima labor pública en el campo de los derechos humanos.
Igualmente, el 28 de julio de 2004, fecha en la que, como usted recordará, tres jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron recibidos en sesión solemne por el Congreso de la República, agentes de la Fuerza Pública en compañía de miembros de la nutrida comitiva que trajeron los grupos paramilitares, golpearon a familiares de desaparecidos y a desplazados que protestaban en la Plaza de Bolívar ante la presencia de los victimarios en el Parlamento.
A estos preocupantes antecedentes se han venido añadiendo recientemente otros graves hechos, algunos de los cuales relacionamos a continuación.
Los días 13 y el 14 de mayo de 2005 fueron publicados en la sección de clasificados del diario El Tiempo dos avisos pagos que aludían a “vacantes” en la organización de derechos humanos Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. Uno de estos avisos, hacía coincidir la hora y el lugar de la supuesta recepción de hojas de vida, con el desarrollo de una de las actividades preparatorias del II Encuentro de Víctimas, la cual contaba con la participación de personas cuyos casos acompaña jurídicamente el Colectivo de Abogados.
El 13 de mayo de 2005, la Presidenta de la misma organización, recibió en su casa un paquete que contenía una muñeca decapitada, descuartizada, quemada en algunas partes y con esmalte de color rojo esparcido por todo el cuerpo. El macabro objeto estaba acompañado por una nota manuscrita que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela, no la sacrifique”.
El martes 31 de mayo de 2005, fecha en la que se realizaba una rueda de prensa por parte del Proyecto Justicia y Vida, denunciando los crímenes que se cometen contra los jóvenes de Ciudad Bolívar, un hombre llegó a la sede de la organización, se identificó como miembro de la guerrilla, inquirió sobre el trabajo que allí realizan y profirió amenazas contra los directivos de la entidad.
El miércoles 22 de junio de 2005, día anterior al inicio del II Encuentro Nacional, integrantes del Comité de Impulso pertenecientes al Frente Social y Político y a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) recibieron llamadas telefónicas en las que una persona les solicitaba los nombres y números de cédula de los participantes en el evento.
El jueves 23 de junio de 2005, a las 6:00 p.m., cuando se retiraban del recinto en el que sesionaba el II Encuentro, algunos miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) fueron seguidos por varios hombres en la carrera 7ª con avenida 19.
El viernes 24 de junio de 2005, a las 8:30 p.m., en el Hotel Bacatá, sitio en el que se realizaba el II Encuentro de Víctimas, un grupo de personas participantes en el evento y miembros de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), fueron abordados por una mujer que les aseguró que ellos asistían a un evento de “puros guerrilleros”, y que las fotos de las víctimas exhibidas en la entrada de la sala donde se reunían las delegaciones eran también de miembros de la guerrilla. Asimismo, la Fundación Comité de Solidaridad ha informado que personas extrañas han visitado la sede de su organización inquiriendo por el trabajo que realiza.
El sábado 25 de junio de 2005, en el Hotel Bacatá se distribuyeron hojas con la leyenda: “Crímenes de Lesa Humanidad – Terrorismo en el Nogal – Puerto Rico Caquetá, FARC – ¡asesinos de trabajadores! Derechos Humanos…? (sic.) Y no hacen nada…. Y….. (sic.) La sociedad civil muda. Unámonos ¡Así derrotaremos el terrorismo! Ya viene… Frente Social Común por la paz”. Los volantes contenían el tricolor nacional y fotografías de los sucesos a los que se aludía. Afiches con las mismas inscripciones e imágenes fueron fijados en los muros de las edificaciones adyacentes al hotel desde el miércoles 22 de junio.
El mismo día, en horas de la mañana, cuatro miembros de ASFADDES que salían del II Encuentro, fueron abordados por dos hombres, quienes les entregaron los volantes mencionados. Los mismos individuos fueron vistos cuando intentaban identificar a otros participantes del evento.
También el 24 de junio, en horas de la tarde, ocurrió un extraño robo en casa de la presidenta de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS). Los sujetos que incursionaron en su vivienda sustrajeron algunos artículos de valor, dejando otros de mayor valor y colocaron sobre la mesa de la entrada de la casa el libro Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos.
El domingo 26 de junio de 2005 en la edición dominical del diario El Tiempo (página 16 – sección 5), apareció un aviso clasificado de un sexto de página con el título “DENUNCIA PÚBLICA”. En el aviso se suplantó a ASFADDES y a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, atribuyéndoles un texto en el que se presentaban falsas conclusiones de la asamblea de víctimas. El encabezado del aviso decía: “En el marco de la clausura del II Encuentro Nacional de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones a los Derechos Humanos, manifestamos a la opinión pública y sociedad nacional e internacional que…” y a continuación se presentaban como decisiones del evento afirmaciones que desvirtúan su carácter, y que buscan silenciar la responsabilidad del Estado y de los grupos paramilitares en crímenes contra la humanidad. El estilo y el contenido del anuncio en la prensa es el mismo que tenían las hojas volantes distribuidas en el II Encuentro Nacional.
El lunes 27 de junio de 2005, en el casco urbano del municipio de Trujillo (Valle), a las 10:00 a.m., un menor de edad se acercó al lugar de trabajo de una de las personas que acompaña la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, quien participó en el II Encuentro Nacional. El niño le entregó un volante de aquellos que circularon el día 25 de junio en el evento en Bogotá. Al preguntársele por la procedencia del documento, el menor respondió que un hombre se lo había entregado para que se lo diera a la persona acompañada por la organización de derechos humanos.
El mismo día, en la sede nacional de ASFADDES, a las 7.15 p.m., los miembros de la asociación se percataron de la presencia de dos hombres que los vigilaban. Cuando los familiares salieron de la sede se les intentó hacer seguimiento, pero ante su reacción, los individuos abandonaron el lugar. Esta misma clase de vigilancia se había presentado ya en la tarde del martes 21 de junio, cuando miembros de ASFADDES vieron que desde un edificio vecino a las oficinas de su organización, dos hombres con cámaras estaban filmando la reunión del Consejo de Coordinación Nacional.
El martes 28 de junio de 2005, la delegada de Asonal Judicial en el Comité de Impulso del Movimiento, tuvo conocimiento de dos llamadas a su señora madre, de parte de una persona que imitaba su voz y en tono agonizante le decía que se iba a morir, y que quería verla por última vez.
Señor Presidente:
Estas amenazas e intimidaciones no son fruto de individuos exaltados ni de “frentes ciudadanos” espontáneos. Antes bien, tienen todos los rasgos de la acción sistemática y cuidadosamente premeditada. Con esta clase de acciones se busca producir el terror, y confundir a la opinión pública sobre quiénes son los autores de las amenazas, y quiénes pueden ser eventualmente blancos de su plan criminal.
Las técnicas de amedrantamiento psicológico utilizadas no son nuevas. La frase: “Ya viene el Frente Social Común por la Paz” es una advertencia que recuerda las amenazas que, durante comienzos de la década de 1980, precedieron las acciones de “guerra sucia” de los grupos paramilitares y de agentes estatales. En 1981, una hoja lanzada desde helicópteros en varias regiones del país anunciaba la llegada del grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS).
Como usted sabe, escuadrones de la muerte como éste, luego de proferir sus amenazas, procedieron a consolidar su control en extensas áreas del país con masacres, asesinatos, desapariciones, torturas, y desplazamiento forzado. Hoy, cuando en muchos lugares se padece la fase de estabilización de estas estructuras encubiertas, se anuncia la llegada del “Frente Social Común por la Paz”, precisamente en el momento en el que las víctimas del paramilitarismo y del Estado hemos decidido lanzar un movimiento nacional.
Nuestra preocupación se fundamenta, además, en el hecho de que usted mismo ha hecho declaraciones en diversos contextos en las que ha formulado graves acusaciones contra organizaciones que hacen parte del Movimiento de Víctimas del Estado. Estas palabras pronunciadas en un contexto de hostigamiento creciente pueden convertirse en una instigación a la acción violenta en contra nuestra.
Los miembros y grupos que hacemos parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado tenemos el legítimo derecho a organizarnos, expresarnos libremente, realizar nuestra acción pública contra la impunidad y exigir de su gobierno, y del Estado colombiano, el cumplimiento de obligaciones, nacionales e internacionales, en materia de verdad, justicia y reparación. Nuestra labor no puede ser objeto de persecuciones bajo el argumento de que reclamamos justicia para las víctimas de los crímenes contra la humanidad y los actos de genocidio perpetrados por agentes estatales y miembros de grupos paramilitares. El ejercicio de nuestros derechos debe ser respetado por el Estado y sus funcionarios.
En consecuencia con estas afirmaciones, hacemos las siguientes exigencias:
a) que se brinden garantías plenas a los procesos organizativos de las víctimas del Estado que buscan defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral;
b) que se garantice una investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, que permita el enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos anteriormente enunciados;
c) que se haga seguimiento al anuncio de conformación del llamado “Frente Común por la paz”, cuyos mensajes distribuidos en volantes, y publicados en la prensa, suplantando a organizaciones impulsoras del Movimiento Víctimas, puede estar anunciando nuevas actuaciones de tipo paramilitar.
Queremos, además, dejar constancia pública de que estamos señalando detalladamente estos hechos ante usted, y que le solicitamos se adopten las medidas preventivas que eviten mayores daños irreparables. Esto significa que colocamos en sus manos la responsabilidad del Estado de garantizar nuestra seguridad, y de tomar las disposiciones necesarias y oportunas que eviten cualquier ataque o atentado que pueda dirigirse contra las personas, comunidades y organizaciones que hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
Atentamente,
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES)
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)
Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU)
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Comisión de Derechos Humanos FECODE
Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Fundación “Manuel Cepeda Vargas”
Frente Social y Político
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro)
Organización Femenina Popular (OFP)
Partido Comunista Colombiano PCC
Proyecto Justicia y Vida
Sindicato Nacional de los trabajadores de la Rama Judicial (Asonal)
Sintraunicol
Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria de Alimentos (Sinaltrainal). Siguen firmas…
C.C.
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Representaciones diplomáticas en Colombia
Alto Comisionado para la Paz
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Misión de la OEA para apoyar el “proceso de paz” en Colombia
Secretario General de la OEA
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos
Comunidad Internacional.