Carta abierta a los negociadores: un proceso de paz con participación de las víctimas

Nosotros y nosotras, víctimas de los crímenes del Estado colombiano, encarnando la experiencia de una de las causas fundamentales del conflicto social y armado en nuestro país, consideramos que la negociación política es la salida efectiva a más de 50 años de guerra.

Bogotá, octubre 8 de 2012

Señores negociadores plenipotenciarios del gobierno:

Humberto de La Calle

Luis Carlos Villegas

Óscar Naranjo

Jorge Enrique Mora

Frank Pearl

Sergio Jaramillo

Señores Negociadores plenipotenciarios de las FARC-EP:

Iván Márquez

Rodrigo Granda

Andrés París

Marco León Calarcá

Simón Trinidad

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice-, saluda con mucha esperanza la proximidad del inicio de negociaciones de paz en Colombia y espera que a esta iniciativa se adhiera prontamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nosotros y nosotras, víctimas de los crímenes del Estado colombiano, encarnando la experiencia de una de las causas fundamentales del conflicto social y armado en nuestro país, consideramos que la negociación política es la salida efectiva a más de 50 años de guerra. Sin embargo, creemos que este proceso no compete únicamente al gobierno y a la insurgencia, sino que debe contar con la activa participación de las víctimas y de la sociedad civil en su conjunto, y culminar con cambios estructurales democráticos e incluyentes; así como con reformas económicas, sociales, políticas, culturales y ambientales. También debe concluir con el esclarecimiento de lo ocurrido, con la reparación y reconstrucción de los tejidos sociales destruidos, y con el castigo a los responsables de los crímenes de Estado como elemento fundamental para avanzar en la reconciliación tan anhelada por la sociedad colombiana.

Desde esta perspectiva, queremos manifestar algunas propuestas iniciales que deben ser tenidas en cuenta, en consideración al derecho que nos asiste.

CONSIDERACIONES:

El conflicto social y armado en Colombia hunde sus raíces en la exclusión política, económica y social a la que ha estado sometida la mayoría de la población colombiana. Las desigualdades sociales son el producto de la concentración en una minoría de lo que es producto del esfuerzo y trabajo de toda una colectividad, de allí la necesidad de reconocer el carácter político de este conflicto.

Toda consideración sobre la violencia en Colombia debe partir del reconocimiento de la existencia de crímenes de Estado, y asumir que su esclarecimiento no es sólo un elemento central del derecho que tiene la sociedad de conocer las causas que le han llevado a la violencia, o del derecho de las víctimas a la reparación integral; sino que este reconocimiento conduce también a sostener el carácter político de este conflicto.

Las prácticas genocidas y crímenes de Estado se han justificado con la existencia de un conflicto armado, pero en realidad no han tenido otro propósito que debilitar y eliminar las iniciativas sociales que han realizado propuestas alternativas en torno a la propiedad de la tierra, a la destinación del territorio; a la explotación de la naturaleza y de sus recursos; al fortalecimiento de la economía campesina, a la necesidad de fortalecer la producción nacional, al cambio de modelo político, social y cultural; a la reestructuración y democratización del poder, y a la redistribución de la riqueza como manera de superar todas las formas de exclusión.

En este sentido la criminalidad estatal hace parte de una estrategia de represión, acumulación, exclusión económica, política, social y cultural, que ha tenido como principal excusa al conflicto armado para debilitar y eliminar las iniciativas sociales y propuestas alternativas. De aquí, que las víctimas de los crímenes del Estado en Colombia han sido, y continúan siendo, las expresiones organizadas e inconformes de la población civil, los movimientos políticos de oposición, las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles, los y las defensoras de derechos humanos, entre otros. Quienes al ser señalados como “brazos desarmados y fachadas de la subversión” y como parte de “la guerra jurídica y política de la guerrilla”, son estigmatizados y judicializados para poner en funcionamiento planes y prácticas de eliminación y exterminio. El caso del partido político Unión Patriótica (UP) es uno de los ejemplos más palpables de nuestra historia reciente.

Mientras estas concepciones y prácticas no sean eliminadas de las instituciones del Estado, no se podrá avanzar hacia la paz, ni se harán efectivas las garantías de no repetición.

En la dinámica de la criminalidad estatal, también ha sido determinante el despojo de 10 millones de hectáreas, usurpadas a sus legítimos propietarios o tenedores gracias al desplazamiento forzado. Este despojo, y las amenazas de despojo que en la actualidad subsisten, coinciden con intereses en obras de infraestructura o de explotación de recursos, y dan vía libre a la implementación de proyectos de acumulación de capital en el campo. Un proceso de paz debe entonces redefinir los acuerdos comerciales para que sean democráticos y justos en lo social y en lo ambiental.

Los crímenes de Estado han combinado métodos legales e ilegales, entre ellos el impulso y apoyo a estructuras paramilitares. La Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) ha reconocido como un hecho probado la responsabilidad del Estado en la creación de estas estructuras criminales, no sólo por haber adoptado una serie de medidas legislativas que permitieron al Ejército colombiano armar a la población civil; sino por los innumerables fallos judiciales que han establecido la complicidad entre grupos paramilitares, fuerza pública, organismos de seguridad del Estado, sectores de la clase política tradicional, gremios económicos, y empresas nacionales y extranjeras. De aquí que el Estado deba responder de forma directa por los crímenes cometidos por estas estructuras así como por los problemas del proceso de desarme y desmovilización.

En la actualidad continúan ejecutándose crímenes de Estado sin que se generen avances satisfactorios para su no repetición y para las garantías de nuestros derechos. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) afirma que entre el 7 de agosto de 2010 y el 23 de julio de 2012 se cometieron 58 homicidios contra sindicalistas; la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) informa que entre enero y julio de 2012 se presentaron 54 homicidios en contra de integrantes de los pueblos indígenas; y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado ha registrado durante el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos 186 agresiones contra sus integrantes.

Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos se han implementado numerosos mecanismos legales de impunidad como el Marco Jurídico para la Paz, la prórroga de la Ley de Justicia y Paz, y la propuesta de fortalecimiento del Fuero Penal Militar. Que más allá de facilitar un diálogo con la insurgencia, buscan aplicar indultos velados a los militares, policías y paramilitares involucrados en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Expresamos nuestra preocupación por la carencia de garantías en materia de participación de la sociedad en los diálogos de paz. A la fecha no conocemos de la existencia de escenarios o mecanismos para escuchar a las víctimas de crímenes de Estado y mucho menos de garantías políticas y materiales para preservar la vida e integridad física de quienes eventualmente pudiesen participar en el proceso.
Conforme a lo anterior expresamos lo siguiente:

Exigimos que se avance hacia el cese bilateral de hostilidades como garantía fundamental para la preservación de la vida de las comunidades en las zonas donde se desarrollan las confrontaciones.
En esa perspectiva, hacemos un llamado a los respectivos actores armados a cumplir con las prescripciones del Derecho Internacional Humanitario y comprometerse a la suscripción de un Acuerdo Humanitario que priorice como mínimo aspectos como la no militarización de centros escolares, la prohibición del desplazamiento forzado, el no reclutamiento de menores de edad, la protección y respecto a la misión médica, la prohibición de las minas antipersonales y la proscripción de ataques a bienes indispensables para la supervivencia de la población.

Exigimos que cesen los hostigamientos contra la población organizada por parte de las Fuerzas Armadas y de los grupos paramilitares. Y exigimos el desmonte real de las estructuras paramilitares.

En virtud del derecho a la participación que corresponde a las víctimas frente a todas las decisiones que les afecten, exigimos la apertura de escenarios de expresión, seguimiento y diálogo en los niveles nacional y regional. Esta participación debe ser regida por el respeto a la autonomía de las víctimas y de sus organizaciones, propender por el fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y garantizar que las propuestas de las víctimas sea tenidas en cuenta en el logro de una paz estable y duradera.

Solicitamos que la participación de las víctimas de crímenes de Estado se de más allá de la participación en el Consejo Nacional de Paz (escenario propuesto por el gobierno nacional), por considerar que este espacio no permite la participación real de las víctimas y es susceptible de la cooptación por parte de los funcionarios del gobierno.

Con el fin de dar pasos adelante, el MOVICE comunica a todas las víctimas, a la sociedad colombiana, al Estado y a la insurgencia, la existencia de un trabajo de más de diez años en la construcción de la verdad y resguardando la memoria de las víctimas de crímenes de Estado en Colombia, sintetizado en propuestas como el Proyecto Colombia Nunca Más y la Comisión Ética por la Verdad. Este trabajo, entre otros, debe fortalecerse, garantizarse e impulsarse como parte de los escenarios de participación que las víctimas exigimos.

Exigimos que cesen los montajes judiciales, las desapariciones forzadas, los hostigamientos y amenazas, y la injusta persecución y judicialización de la protesta social, ya que en la movilización y en ejercicio de la ciudadanía se encuentran las posibilidades de éxito del proceso de paz como proceso de democratización, de no repetición, de garantía de los derechos humanos y de transformaciones estructurales.

Por último, valoramos que se incluya en las negociaciones el tema de los presos y presas(as) políticas, pero este punto debe permitir el abordaje de la problemática carcelaria en general como elemento necesario para la construcción de la paz.
Esperamos que los hombres y mujeres que hemos sufrido las causas y los efectos de esta guerra seamos tenidos en cuenta, y que se consulte de manera prioritaria las propuestas de las iniciativas de la sociedad por la paz, expresadas en el Congreso de Paz, las Constituyentes por la Paz y la Ruta Social Común por la Paz.
Agradecemos la atención.

Cordialmente,

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice